Radiografía de un colapso: cómo los recortes y las privatizaciones anticiparon el desborde del sistema sanitario en Madrid
Raúl Rejón
12/06/2020
Trabajadores sanitarios atienden a numerosos pacientes en una de las UCI del Hospital Ramón y Cajal de Madrid MANU FERNÁNDEZ / AP / GTRES
Los ajustes ejecutados por la Comunidad de Madrid terminaron por hacer que el sistema sanitario se enfrentara a su mayor desafío con los recursos disminuidos: algunos hospitales se colapsaron durante el pico de COVID-19
El 20 de marzo, viernes. Dos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se quebraron. La oleada de pacientes provocada por la pandemia de COVID-19 sobrepasó los centros Severo Ochoa (Leganés) y Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares). Llevaban días en situación "dramática", según contaban sus sanitarios, y aquella jornada solicitaron que trasladaran pacientes a otros hospitales al verse sobrepasada su capacidad de atención.
Otros hospitales bordearon situaciones similares: en el Universitario de Getafe, en Fuenlabrada, en el Doce de Octubre, en La Paz… Además, hasta 70 centros de Atención Primaria (incluidos de urgencias) cerraron para alimentar con sus profesionales el centro provisional de Ifema ante la falta de personal disponible.
La pandemia ha provocado una situación sin precedentes, pero detrás de esa excepcionalidad se escondía en Madrid una debilidad adquirida a conciencia. "Todos los años de recortes han hecho que el sistema se quedara muy adelgazado", reflexiona el responsable del sector sanitario de UGT, Julián Ordóñez. ¿Recortes? La que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, consejera de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, aseguraba que los ajustes presupuestarios impuestos desde 2011 estaban "salvando los servicios públicos de la quiebra" y que su deterioro era una "falacia de la izquierda".
Pero los recortes quedaron plasmados en las cuentas oficiales. La Comunidad de Madrid gastó en sanidad –no presupuestado sino gasto real– 8.438 millones de euros en 2011. Fue el pico. En 2018 el gasto, aunque remontó después de la crisis, fue todavía menor: 8.388 millones, según la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad. Entre medias, esa cifra estuvo por debajo de los 8.000 millones en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Mientras tanto, la "población con derecho a la asistencia sanitaria pública" en la Comunidad de Madrid crecía. En 2008 eran 6,31 millones de personas y en 2018 llegó a los 6,78 millones. Un 7,4% más, según los datos del Gobierno regional.
Menos camas de hospital
Detraer recursos tuvo consecuencias mensurables en el sistema sanitario público de la región. Los colapsos en el máximo de esta oleada de COVID-19 se han focalizado en los hospitales. La llegada de pacientes a las urgencias desencadenaba una secuencia de embudos. Sin suficientes camas en las plantas para ingresar enfermos aislados, se concentraban en los servicios de urgencias que se vieron obligados a habilitar zonas impensables en otro momento. "Se han puesto casi todas las plantas y el personal disponible", describieron en Fuenlabrada. En el Severo Ochoa se colocaron camas en el gimnasio, sillones en lo quirófanos, las habitaciones individuales se transformaron en dobles.
Mientras tanto, en los últimos días de marzo se sucedían las indicaciones desde la Consejería de Sanidad para que no se trasladara a mayores con enfermedades desde los servicios de Atención Primaria. En la comunicación aseguraban estar "procurando el mayor bien al mayor número de personas posible", pero en realidad señalaban como candidatas a no merecer atención hospitalaria a personas de 80 años. Lo mismo sucedía en las residencias, que recibieron protocolos indicando que no se trasladara a los enfermos de COVID-19 por la falta de camas disponibles.
La cuestión es que, en 2018, el último ejercicio recogido en las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), había menos camas de hospital en la Comunidad de Madrid que una década antes: 14.334 frente a 14.957 en 2008, según reflejan esas memorias oficiales. Se da la particularidad de que, durante esos años, el Gobierno de la Comunidad adjudicó e inauguró tres nuevos hospitales de gestión privatizada en Móstoles (el Rey Juan Carlos), Collado Villalba y Torrejón de Ardoz.
El plan de Aguirre supone para las arcas de Madrid un desembolso de 6.800 millones de euros, aproximadamente, desde 2010 a 2040. Son 1.800 millones por el hospital de Collado Villalba, 2.900 por el de Móstoles (ambos de Quirón Salud) y 2.100 por el de Torrejón (Ribera Salud).
En la pandemia de 2020, la región no ha podido contar con 250 camas hospitalarias comprometidas en los planes obligatorios de ampliación de los siete hospitales semiprivatizados puestos en marcha por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2008. Las concesionarias que construyeron los edificios y gestionan la parte no sanitaria de los centros a cambio de un canon anual no han cumplido las exigencias que debieron completarse en 2017. La merma está en los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla) del Sureste (Arganda del Rey), del Tajo (Aranjuez) y del Henares (Coslada), más el trasladado Puerta de Hierro. La Consejería de Sanidad explicó en marzo pasado que esas ampliaciones estaban planeadas, pero "lleva varios meses acometer" las obras.
Plantillas menguadas
"Necesitamos recursos materiales, pero también humanos", pedía una sanitaria del Severo Ochoa el 23 de marzo pasado. La exigencia sobre médicas y enfermeros en la Comunidad de Madrid ha sido máxima. Una plantilla obligada a tomar decisiones sobre a quién dar una cama de UCI, gestionar áreas de urgencia saturadas o comprobar cómo los contagios entre los sanitarios se multiplicaban. "No va a haber psiquiatras para cuando todo esto acabe", describían los profesionales.
Raúl Rejón
12/06/2020
Trabajadores sanitarios atienden a numerosos pacientes en una de las UCI del Hospital Ramón y Cajal de Madrid MANU FERNÁNDEZ / AP / GTRES
Los ajustes ejecutados por la Comunidad de Madrid terminaron por hacer que el sistema sanitario se enfrentara a su mayor desafío con los recursos disminuidos: algunos hospitales se colapsaron durante el pico de COVID-19
El 20 de marzo, viernes. Dos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se quebraron. La oleada de pacientes provocada por la pandemia de COVID-19 sobrepasó los centros Severo Ochoa (Leganés) y Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares). Llevaban días en situación "dramática", según contaban sus sanitarios, y aquella jornada solicitaron que trasladaran pacientes a otros hospitales al verse sobrepasada su capacidad de atención.
Otros hospitales bordearon situaciones similares: en el Universitario de Getafe, en Fuenlabrada, en el Doce de Octubre, en La Paz… Además, hasta 70 centros de Atención Primaria (incluidos de urgencias) cerraron para alimentar con sus profesionales el centro provisional de Ifema ante la falta de personal disponible.
La pandemia ha provocado una situación sin precedentes, pero detrás de esa excepcionalidad se escondía en Madrid una debilidad adquirida a conciencia. "Todos los años de recortes han hecho que el sistema se quedara muy adelgazado", reflexiona el responsable del sector sanitario de UGT, Julián Ordóñez. ¿Recortes? La que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, consejera de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, aseguraba que los ajustes presupuestarios impuestos desde 2011 estaban "salvando los servicios públicos de la quiebra" y que su deterioro era una "falacia de la izquierda".
Pero los recortes quedaron plasmados en las cuentas oficiales. La Comunidad de Madrid gastó en sanidad –no presupuestado sino gasto real– 8.438 millones de euros en 2011. Fue el pico. En 2018 el gasto, aunque remontó después de la crisis, fue todavía menor: 8.388 millones, según la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad. Entre medias, esa cifra estuvo por debajo de los 8.000 millones en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Mientras tanto, la "población con derecho a la asistencia sanitaria pública" en la Comunidad de Madrid crecía. En 2008 eran 6,31 millones de personas y en 2018 llegó a los 6,78 millones. Un 7,4% más, según los datos del Gobierno regional.
Menos camas de hospital
Detraer recursos tuvo consecuencias mensurables en el sistema sanitario público de la región. Los colapsos en el máximo de esta oleada de COVID-19 se han focalizado en los hospitales. La llegada de pacientes a las urgencias desencadenaba una secuencia de embudos. Sin suficientes camas en las plantas para ingresar enfermos aislados, se concentraban en los servicios de urgencias que se vieron obligados a habilitar zonas impensables en otro momento. "Se han puesto casi todas las plantas y el personal disponible", describieron en Fuenlabrada. En el Severo Ochoa se colocaron camas en el gimnasio, sillones en lo quirófanos, las habitaciones individuales se transformaron en dobles.
Mientras tanto, en los últimos días de marzo se sucedían las indicaciones desde la Consejería de Sanidad para que no se trasladara a mayores con enfermedades desde los servicios de Atención Primaria. En la comunicación aseguraban estar "procurando el mayor bien al mayor número de personas posible", pero en realidad señalaban como candidatas a no merecer atención hospitalaria a personas de 80 años. Lo mismo sucedía en las residencias, que recibieron protocolos indicando que no se trasladara a los enfermos de COVID-19 por la falta de camas disponibles.
La cuestión es que, en 2018, el último ejercicio recogido en las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), había menos camas de hospital en la Comunidad de Madrid que una década antes: 14.334 frente a 14.957 en 2008, según reflejan esas memorias oficiales. Se da la particularidad de que, durante esos años, el Gobierno de la Comunidad adjudicó e inauguró tres nuevos hospitales de gestión privatizada en Móstoles (el Rey Juan Carlos), Collado Villalba y Torrejón de Ardoz.
El plan de Aguirre supone para las arcas de Madrid un desembolso de 6.800 millones de euros, aproximadamente, desde 2010 a 2040. Son 1.800 millones por el hospital de Collado Villalba, 2.900 por el de Móstoles (ambos de Quirón Salud) y 2.100 por el de Torrejón (Ribera Salud).
En la pandemia de 2020, la región no ha podido contar con 250 camas hospitalarias comprometidas en los planes obligatorios de ampliación de los siete hospitales semiprivatizados puestos en marcha por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2008. Las concesionarias que construyeron los edificios y gestionan la parte no sanitaria de los centros a cambio de un canon anual no han cumplido las exigencias que debieron completarse en 2017. La merma está en los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla) del Sureste (Arganda del Rey), del Tajo (Aranjuez) y del Henares (Coslada), más el trasladado Puerta de Hierro. La Consejería de Sanidad explicó en marzo pasado que esas ampliaciones estaban planeadas, pero "lleva varios meses acometer" las obras.
Plantillas menguadas
"Necesitamos recursos materiales, pero también humanos", pedía una sanitaria del Severo Ochoa el 23 de marzo pasado. La exigencia sobre médicas y enfermeros en la Comunidad de Madrid ha sido máxima. Una plantilla obligada a tomar decisiones sobre a quién dar una cama de UCI, gestionar áreas de urgencia saturadas o comprobar cómo los contagios entre los sanitarios se multiplicaban. "No va a haber psiquiatras para cuando todo esto acabe", describían los profesionales.
A la pandemia de COVID-19, los servicios sanitarios madrileños han llegado menguados también en recursos humanos. Las mismas memorias del Sermas muestran que, al acabar 2018, había 54.531 sanitarios de todas las categorías, frente a los 55.433 consignados en 2010. Tras los recortes, en 2015 y 2016 la plantilla se recuperó un poco, pero no lo suficiente.
Así, cuando se diseñó el hospital de campaña de Ifema, la Comunidad de Madrid llegó a dejar sin servicio unos 70 centros de Atención Primaria para reorganizar el personal y asignar sanitarios al hospital provisional. La Atención Primaria ha experimentado los ajustes presupuestarios y le cuesta mucho recuperar terreno. La memoria del Sermas de 2008 recuenta 457 centros de Primaria entre centros de salud, consultorios locales y de atención rural. La de 2018 consigna 430.
La Comunidad de Madrid tuvo que ampliar de urgencia la plantilla en las semanas mas exigentes de la COVID-19. Después, planeó dejar extinguirse muchos de los contratos que eran temporales. La denuncia pública del sindicato CCOO hizo rectificar esos planes. La Consejería de Sanidad se comprometió a ir prolongando unos 10.000 contratos hasta el 31 de diciembre. La semana pasada, el sindicato médico Amyts aseguró que muchos profesionales estaban renunciando a la prolongación por las nuevas condiciones diseñadas: contratos sin lugar asignado que permiten destinar al sanitario a múltiples centros durante la duración del compromiso laboral. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondió que el que no ha renovado es porque no ha querido.
Así, cuando se diseñó el hospital de campaña de Ifema, la Comunidad de Madrid llegó a dejar sin servicio unos 70 centros de Atención Primaria para reorganizar el personal y asignar sanitarios al hospital provisional. La Atención Primaria ha experimentado los ajustes presupuestarios y le cuesta mucho recuperar terreno. La memoria del Sermas de 2008 recuenta 457 centros de Primaria entre centros de salud, consultorios locales y de atención rural. La de 2018 consigna 430.
La Comunidad de Madrid tuvo que ampliar de urgencia la plantilla en las semanas mas exigentes de la COVID-19. Después, planeó dejar extinguirse muchos de los contratos que eran temporales. La denuncia pública del sindicato CCOO hizo rectificar esos planes. La Consejería de Sanidad se comprometió a ir prolongando unos 10.000 contratos hasta el 31 de diciembre. La semana pasada, el sindicato médico Amyts aseguró que muchos profesionales estaban renunciando a la prolongación por las nuevas condiciones diseñadas: contratos sin lugar asignado que permiten destinar al sanitario a múltiples centros durante la duración del compromiso laboral. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondió que el que no ha renovado es porque no ha querido.
