¿Es posible en Ecuador un escenario político como el de Bolivia?
NODAL, 24 junio, 2020
Sí, es posible, y a su manera, está en marcha. Ecuador experimenta, desde hace de 3 años, un intenso proceso de judicialización de la política y politización de la justica para implementar una agenda neoliberal sin contradictores, para someterse a la voluntad de las élites económicas y del Fondo Monetario Internacional y para aniquilar a la principal fuerza de oposición del actual régimen: la Revolución Ciudadana y su líder Rafael Correa.
La persecución política en Ecuador se ha desplegado sobre cuatro ejes complementarios: el administrativo, el judicial, el comunicacional y el de la proscripción electoral.
En el primer caso, el juez de cuentas del Estado (Contraloría General) ha activado miles de exámenes de control, muchos de los cuales se desvían de la indispensable revisión del buen uso de recursos públicos y se utilizan para limitar la acción política de opositores con amenazas de millonarias penalidades o sanciones administrativas que incluyen la destitución, incluso de autoridades de elección popular.
En el eje judicial se activan los órganos de investigación y de justicia para indagar indicios de responsabilidad penal que, en última instancia, pueden incluir penas de cárcel o prohibición de participación política por hasta 25 años. Aquí destacan figuras como la cooperación eficaz o procesos de una velocidad extraordinaria. En este andarivel el Expresidente Rafael Correa suma 31 indagatorias penales en su contra.
El plano comunicacional hace lo suyo y una gran cantidad de medios son funcionalizados por el gobierno de Lenín Moreno para reemplazar a los tribunales y sentenciar a diario con sus titulares, sin que en ello cuenten los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Así, Ecuador experimenta un sistemático asesinato reputacional que carga las tintas sobre los opositores y es indulgente con las denuncias que se realizan contra el gobierno. Incluso algunos periodistas que se autocalifican de “independientes”, han dicho que ya no callarán abusos o indicios de corrupción que nunca denunciaron para no beneficiar a Correa.
Si bien estos 3 ejes se han desplegado con toda su fuerza en países como Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, en estos dos últimos la dimensión electoral también ha sido activada. El caso de Bolivia es una vergüenza mundial y tuvo entre sus operadores, intencionados o no, nada más y nada menos que la OEA, denunciando un fraude que nunca pudieron probar con contundencia y que permitió el establecimiento de un régimen de facto que ha dilatado el pronunciamiento democrático del pueblo boliviano.
En Ecuador, por su parte, la proscripción electoral de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana es una obsesión patológica y en estos días ha mostrado su faceta más descarnada.
Desde el inicio del gobierno de Moreno se activó una estrategia donde la militancia y los líderes de la Revolución Ciudadana fueron despojados de su organización política sin resolver las impugnaciones presentadas; al menos en tres ocasiones se impidió, con argumentos risibles, la conformación de una nueva organización; y, en estos días, la Contraloría del Estado dispuso a la autoridad electoral dejar sin efecto la inscripción de la organización política Fuerza Compromiso Social, el movimiento que albergó a la Revolución Ciudadana para las elecciones locales de 2019 y para las próximas nacionales de 2021.
Esta decisión no solo es la muestra más clara de la persecución política sino también una barbaridad jurídica, pues el juez de cuentas no tiene competencia sobre el registro de organizaciones políticas, no puede entrometerse en un proceso electoral en marcha, ni violentar el principio de división de funciones. La legislación ecuatoriana establece que cuando un proceso electoral está en marcha nadie puede generar distorsiones y quien lo haga puede ser objeto de destitución.
Es de esta forma que un escenario como el de Bolivia es probable. En términos político-electorales los juicios contra Rafael Correa tienen la intención de dejarlo fuera de cualquier papeleta electoral en 2021, pero por si los tiempos fallan buscan asegurar su objetivo impidiendo la participación de su movimiento político.
Su obsesión es tal que ya han activado las medidas más desesperadas. En estas semanas los partidos políticos a fines al gobierno empezaron a demandar un aplazamiento de las elecciones manipulando el discurso de la pandemia y en las últimas horas se busca destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral por no dar paso a la eliminación de la organización política de la Revolución Ciudadana: Fuerza Compromiso Social.
América Latina no debe permitir que el neoliberalismo autoritario, que ya destrozó la economía y el Estado de Derecho, pretenda ahora sepultar la democracia.
Por Pabel Muñoz*, especial para NODAL.
*Legislador de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Por Pabel Muñoz
NODAL, 24 junio, 2020
Sí, es posible, y a su manera, está en marcha. Ecuador experimenta, desde hace de 3 años, un intenso proceso de judicialización de la política y politización de la justica para implementar una agenda neoliberal sin contradictores, para someterse a la voluntad de las élites económicas y del Fondo Monetario Internacional y para aniquilar a la principal fuerza de oposición del actual régimen: la Revolución Ciudadana y su líder Rafael Correa.
La persecución política en Ecuador se ha desplegado sobre cuatro ejes complementarios: el administrativo, el judicial, el comunicacional y el de la proscripción electoral.
En el primer caso, el juez de cuentas del Estado (Contraloría General) ha activado miles de exámenes de control, muchos de los cuales se desvían de la indispensable revisión del buen uso de recursos públicos y se utilizan para limitar la acción política de opositores con amenazas de millonarias penalidades o sanciones administrativas que incluyen la destitución, incluso de autoridades de elección popular.
En el eje judicial se activan los órganos de investigación y de justicia para indagar indicios de responsabilidad penal que, en última instancia, pueden incluir penas de cárcel o prohibición de participación política por hasta 25 años. Aquí destacan figuras como la cooperación eficaz o procesos de una velocidad extraordinaria. En este andarivel el Expresidente Rafael Correa suma 31 indagatorias penales en su contra.
El plano comunicacional hace lo suyo y una gran cantidad de medios son funcionalizados por el gobierno de Lenín Moreno para reemplazar a los tribunales y sentenciar a diario con sus titulares, sin que en ello cuenten los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Así, Ecuador experimenta un sistemático asesinato reputacional que carga las tintas sobre los opositores y es indulgente con las denuncias que se realizan contra el gobierno. Incluso algunos periodistas que se autocalifican de “independientes”, han dicho que ya no callarán abusos o indicios de corrupción que nunca denunciaron para no beneficiar a Correa.
Si bien estos 3 ejes se han desplegado con toda su fuerza en países como Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, en estos dos últimos la dimensión electoral también ha sido activada. El caso de Bolivia es una vergüenza mundial y tuvo entre sus operadores, intencionados o no, nada más y nada menos que la OEA, denunciando un fraude que nunca pudieron probar con contundencia y que permitió el establecimiento de un régimen de facto que ha dilatado el pronunciamiento democrático del pueblo boliviano.
En Ecuador, por su parte, la proscripción electoral de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana es una obsesión patológica y en estos días ha mostrado su faceta más descarnada.
Desde el inicio del gobierno de Moreno se activó una estrategia donde la militancia y los líderes de la Revolución Ciudadana fueron despojados de su organización política sin resolver las impugnaciones presentadas; al menos en tres ocasiones se impidió, con argumentos risibles, la conformación de una nueva organización; y, en estos días, la Contraloría del Estado dispuso a la autoridad electoral dejar sin efecto la inscripción de la organización política Fuerza Compromiso Social, el movimiento que albergó a la Revolución Ciudadana para las elecciones locales de 2019 y para las próximas nacionales de 2021.
Esta decisión no solo es la muestra más clara de la persecución política sino también una barbaridad jurídica, pues el juez de cuentas no tiene competencia sobre el registro de organizaciones políticas, no puede entrometerse en un proceso electoral en marcha, ni violentar el principio de división de funciones. La legislación ecuatoriana establece que cuando un proceso electoral está en marcha nadie puede generar distorsiones y quien lo haga puede ser objeto de destitución.
Es de esta forma que un escenario como el de Bolivia es probable. En términos político-electorales los juicios contra Rafael Correa tienen la intención de dejarlo fuera de cualquier papeleta electoral en 2021, pero por si los tiempos fallan buscan asegurar su objetivo impidiendo la participación de su movimiento político.
Su obsesión es tal que ya han activado las medidas más desesperadas. En estas semanas los partidos políticos a fines al gobierno empezaron a demandar un aplazamiento de las elecciones manipulando el discurso de la pandemia y en las últimas horas se busca destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral por no dar paso a la eliminación de la organización política de la Revolución Ciudadana: Fuerza Compromiso Social.
América Latina no debe permitir que el neoliberalismo autoritario, que ya destrozó la economía y el Estado de Derecho, pretenda ahora sepultar la democracia.
Por Pabel Muñoz*, especial para NODAL.
*Legislador de la Asamblea Nacional de Ecuador.
