Tributos regresivos y desigualdades sociales
NODAL, 14 junio, 2020
Los cambios que América Latina y nuestros países experimentaron en la primera década y media del siglo XXI, saliendo de la órbita de políticas de austericidio impulsadas por el puro rentismo y por la banca financiera, y subordinadas a la visión del Consenso de Washington, revelaron que son posibles iniciativas de un nuevo tipo. Y la Argentina en este momento reafirma esta posibilidad.
Estos cambios resultaron en innovaciones a contramano de las políticas de ajuste neoliberales, con rumbo a un desarrollo sustentable para la región, mostrando que existen alternativas al autotitulado “camino único” al que se abocan el neoliberalismo y algunos pseudo-liberales -una vez que los “liberales clásicos” parecen estar en extinción-.
Después de un largo período de resistencia, discusiones y debates expresados en Foros Sociales Mundiales y “Cumbres de los Pueblos”, desde la década del 90 del Siglo XX, comenzó una era marcada por la esperanza concreta de que otro modelo de desarrollo económico y social era posible.
En términos económicos y sociales, los países más dinámicos de la región produjeron un crecimiento constante. Algunos, sustentados en estrategias exportadoras, aprovechando los buenos precios internacionales. Otros, acompañados de una política de sustentabilidad del mercado interno, con ampliación de acceso a bienes y servicios, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Esas experiencias se dieron incluso en los estados, provincias y municipios de nuestros países.
En líneas generales, de forma innegable, estos procesos progresistas permitieron mejorar los indicadores sociales de nuestros países y regiones, promoviendo inclusión y hasta redistribuyendo riqueza. Y esto aún con todos los límites que les eran impuestos, principalmente porque las reformas estructurales no fueron posibles de ser realizadas.
Sin embargo, lamentablemente ese escenario hoy ya nos es extraño; aunque la Argentina, después de la tragedia de Macri, parezca estar retomando el curso progresista anterior. Los avances del proceso virtuoso, que podría ser denominado como “último ciclo de progresismo en América Latina”, se encuentran seriamente amenazados por una enorme contraofensiva de un neoliberalismo tosco, chato y tardío en nuestros países.
Los adversarios de este progresismo se valen de instrumentos de ataque a las instituciones nacionales, de golpes “blandos” (o sea, sin el uso directo de los militares), de sabotaje económico para impedir la gobernabilidad, de una gran articulación de los sectores empresariales transnacionales con los locales entreguistas, y, aún, del decisivo auxilio del monopolio mediático, que difunde esa visión de forma masiva en la llamada opinión pública.
Pero no paran ahí: anclados en la estrategia de judicialización de la política como forma de fragilizarla y deslegitimarla, y basados en sus tentáculos en el Poder Judicial para implementar el inaceptable y antidemocrático método lawfare, efectivizaron, de forma inconstitucional, el uso de la ley y de la máquina judicial como forma de combate y eliminación permanente de sus adversarios políticos.
Todo esto pavimentando el camino para la reorganización de partidos políticos tradicionales del sistema, cuya lógica es consolidar a la política como un espacio de los grandes negocios, totalmente subordinados a las elites económicas y a sus estrategias puramente rentistas, “austeritarias” y “austericidas”.
Se mostró así un período regresivo y conservador, que impidió muchas experiencias democráticas y progresistas en suelo latinoamericano. El momento político es de necesaria resistencia y exige de nosotros, en relación a este retroceso, una lectura y una postura que no pueden obnubilar nuestra visión. Y sobre todo, en algunos casos, exige no ignorar también que en las razones de este retroceso están grabados elementos que deben ser atribuidos a nuestra cuenta, por nuestros propios errores o limitaciones.
Brasil es un caso singular. Una potente articulación de los sectores transnacionales y nacionales rentistas atacaron la Constitución, colocando en el (des)comando del país a una confederación de investigados y denunciados que retiraron derechos y conquistas del pueblo y están entregando nuestra Nación. Esta articulación deja en evidencia que, sin reformas estructurales y movimientos sociales permanentemente movilizados, no avanzamos en los grandes y necesarios cambios y transformaciones. Y hasta incluso los pequeños avances y conquistas ni siquiera son garantizados.
La experiencia brasileña fue ejemplar en este sentido. Después de que ganamos la elección en 2014, venciendo una fuerte disputa contra el neoliberalismo, el gobierno se instaló y comenzó a llevar a cabo la política económica de los que había derrotado en las urnas. Y el argumento utilizado fue el de siempre, el destartalado pragmatismo: “no tenemos la correlación de fuerzas favorable”.
Esto revela que sin haber alterado las estructuras –aun sabiendo que la política es contenido, correlación de fuerzas y capacidad de operar- estábamos pagando el precio de intentar incluir y distribuir la riqueza dentro del marco de un presupuesto encorsetado, ajustado y totalmente atado a la lógica de la banca y el rentismo.
Y, por eso, ganó fuerza la contraofensiva de la derecha neoliberal, pues llegaba el momento de preguntarnos y tomar decisiones estructurales: ¿Quién iba a financiar un Estado con desarrollo sustentable? ¿Con inclusión social? ¿Con distribución de la renta? ¿Con soberanía?
Era evidente que después de casi dos décadas del surgimiento de estas experiencias progresistas, el inconformismo y la angustia de muchos de nosotros nos llevaban a estos cuestionamientos, o éramos hasta empujados hacia ellos.
En definitiva, ahora, cuando reaparece en el horizonte la posibilidad de que vuelvan estas experiencias por la vía de las urnas, como fue el caso argentino reciente y el de otros países latinoamericanos, se impone la definición del cientista Jessé de Souza, según la cual “las elites del atraso son esclavistas”, pues no pueden ver a los del piso de abajo ascender a la Casa Grande.
Sin embargo, no debemos ser ingenuos: tenemos que enfrentar, definitivamente, el asunto de quién debe financiar las políticas públicas para un Nuevo Proyecto de Brasil-Nación, aquello que Argentina retoma y comienza a hacer de nuevo.
Todo se considera y se dice respecto a diversos tipos de reforma y anti-reforma cuando llegamos al gobierno en nuestros países latinoamericanos, pero muy poco se esboza al respecto de una reforma tributaria justa. Y los autoproclamados defensores de la austeridad fiscal y del rentismo huyen de este debate como el diablo de la cruz.
Son los campeones mundiales del “austericidio”, declaran odiar el aumento de impuestos, pero, cuando llegan a los gobiernos adoran aumentar tributos de forma lineal, sin criterios de justicia, para hacer a los más vulnerables pagar la cuenta y aumentar sus negocios y privilegios.
Estas elites solamente se enfocan en la lógica gastada de nuestro modelo tributario regresivo, practicado sobre el consumo y penalizando siempre a los asalariados. Y, para ellos mismos, exención impositiva, elusión y evasión fiscal, y fuga a paraísos fiscales. Que después, para que estos recursos desviados sean repatriados, hay un perjuicio doble: además de lo que fue evadido aquí y no quedó para las arcas del Estado, cuando vuelven al país tienen que dejar un porcentaje en el país donde fue destinada la evasión.
Sin hablar de otra política perversa, injusta y desequilibrada, la llamada “guerra fiscal”. Que para atraer inversiones nacionales o externas sustentadas en recursos públicos de forma agresiva, sin criterio y con muchos privilegios, intercambia estímulos fiscales por renuncia de recursos públicos.
Esto también se asocia, en muchos casos, a Tratados de Libre Comercio (TLCs) y Bilaterales de protección y atracción de inversiones que abren puertas para la evasión y la elusión fiscal, renunciando muchas veces a los tributos fundamentales, dejando así el comercio libre a partir de determinados intereses y privilegios.
Todo esto remite al necesario e irrenunciable debate que tenemos que hacer que produzca nuevas alternativas a este perverso modelo fiscal y tributario, que es regresivo, que es injusto y que hace que los que menos pueden lo sustenten. Partiendo hacia un modelo con más igualdad, más justo económica y socialmente, avanzando hacia el concepto de progresividad. Donde quien puede pagar más, paga; quien puede pagar más o menos, paga más o menos; y quien no puede pagar, no paga.
Y este concepto es el que va a dar incluso los contornos de las alianzas político-programáticas que deberemos construir. A propósito, es el único camino que puede llevarnos a evitar los dos peligrosos extremos siempre presentes y que rondan eternamente la política latinoamericana: por un lado, el mero sectarismo o romanticismo doctrinario, que renuncia a la disputa por los rumbos de la sociedad, y por el otro, el mero pragmatismo de resultados, que hace siempre que nuestras posiciones pierdan la nitidez.
El conocido y derruido sectarismo, que siempre renuncia a la disputa de poder, solo sirve para construir pequeños grupos y está condenado a conducirnos al aislamiento. Y el “viejo” y gastado pragmatismo opera invariablemente en nombre de una ausencia de correlación favorable y, al fin y al cabo, nos lleva a la renuncia sin honra de los compromisos político-programáticos asumidos, desmoralizándonos muchas veces frente a nuestra propia base social.
En este contexto político es fundamental que coloquemos en el centro de la agenda política de los países latinoamericanos este enfoque fiscal estratégico de justicia, que necesita ser incluido también en nuestras concepciones programáticas. Que incida evidentemente en una de las cuestiones centrales de clase de la actualidad, que es el sistema tributario regresivo que lleva a la desigualdad en nuestros países.
Esta visión de justicia tributaria se debe expresar y materializar en el gravamen de lucros, de intereses, de dividendos, de la renta, de las herencias, de los patrimonios, de las propiedades y así en adelante. Pues estas medidas son capaces de, de una vez, practicar justicia fiscal, acabar con la evasión y evitar la fuga de capitales.
Con esto asentaremos las bases reales y necesarias para la construcción de una sociedad económicamente viable, socialmente justa, ecológicamente sustentable, inclusiva, con soberanía, plural y sin prejuicios.
Por Adão Villaverde
NODAL, 14 junio, 2020
Los cambios que América Latina y nuestros países experimentaron en la primera década y media del siglo XXI, saliendo de la órbita de políticas de austericidio impulsadas por el puro rentismo y por la banca financiera, y subordinadas a la visión del Consenso de Washington, revelaron que son posibles iniciativas de un nuevo tipo. Y la Argentina en este momento reafirma esta posibilidad.
Estos cambios resultaron en innovaciones a contramano de las políticas de ajuste neoliberales, con rumbo a un desarrollo sustentable para la región, mostrando que existen alternativas al autotitulado “camino único” al que se abocan el neoliberalismo y algunos pseudo-liberales -una vez que los “liberales clásicos” parecen estar en extinción-.
Después de un largo período de resistencia, discusiones y debates expresados en Foros Sociales Mundiales y “Cumbres de los Pueblos”, desde la década del 90 del Siglo XX, comenzó una era marcada por la esperanza concreta de que otro modelo de desarrollo económico y social era posible.
En términos económicos y sociales, los países más dinámicos de la región produjeron un crecimiento constante. Algunos, sustentados en estrategias exportadoras, aprovechando los buenos precios internacionales. Otros, acompañados de una política de sustentabilidad del mercado interno, con ampliación de acceso a bienes y servicios, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Esas experiencias se dieron incluso en los estados, provincias y municipios de nuestros países.
En líneas generales, de forma innegable, estos procesos progresistas permitieron mejorar los indicadores sociales de nuestros países y regiones, promoviendo inclusión y hasta redistribuyendo riqueza. Y esto aún con todos los límites que les eran impuestos, principalmente porque las reformas estructurales no fueron posibles de ser realizadas.
Sin embargo, lamentablemente ese escenario hoy ya nos es extraño; aunque la Argentina, después de la tragedia de Macri, parezca estar retomando el curso progresista anterior. Los avances del proceso virtuoso, que podría ser denominado como “último ciclo de progresismo en América Latina”, se encuentran seriamente amenazados por una enorme contraofensiva de un neoliberalismo tosco, chato y tardío en nuestros países.
Los adversarios de este progresismo se valen de instrumentos de ataque a las instituciones nacionales, de golpes “blandos” (o sea, sin el uso directo de los militares), de sabotaje económico para impedir la gobernabilidad, de una gran articulación de los sectores empresariales transnacionales con los locales entreguistas, y, aún, del decisivo auxilio del monopolio mediático, que difunde esa visión de forma masiva en la llamada opinión pública.
Pero no paran ahí: anclados en la estrategia de judicialización de la política como forma de fragilizarla y deslegitimarla, y basados en sus tentáculos en el Poder Judicial para implementar el inaceptable y antidemocrático método lawfare, efectivizaron, de forma inconstitucional, el uso de la ley y de la máquina judicial como forma de combate y eliminación permanente de sus adversarios políticos.
Todo esto pavimentando el camino para la reorganización de partidos políticos tradicionales del sistema, cuya lógica es consolidar a la política como un espacio de los grandes negocios, totalmente subordinados a las elites económicas y a sus estrategias puramente rentistas, “austeritarias” y “austericidas”.
Se mostró así un período regresivo y conservador, que impidió muchas experiencias democráticas y progresistas en suelo latinoamericano. El momento político es de necesaria resistencia y exige de nosotros, en relación a este retroceso, una lectura y una postura que no pueden obnubilar nuestra visión. Y sobre todo, en algunos casos, exige no ignorar también que en las razones de este retroceso están grabados elementos que deben ser atribuidos a nuestra cuenta, por nuestros propios errores o limitaciones.
Brasil es un caso singular. Una potente articulación de los sectores transnacionales y nacionales rentistas atacaron la Constitución, colocando en el (des)comando del país a una confederación de investigados y denunciados que retiraron derechos y conquistas del pueblo y están entregando nuestra Nación. Esta articulación deja en evidencia que, sin reformas estructurales y movimientos sociales permanentemente movilizados, no avanzamos en los grandes y necesarios cambios y transformaciones. Y hasta incluso los pequeños avances y conquistas ni siquiera son garantizados.
La experiencia brasileña fue ejemplar en este sentido. Después de que ganamos la elección en 2014, venciendo una fuerte disputa contra el neoliberalismo, el gobierno se instaló y comenzó a llevar a cabo la política económica de los que había derrotado en las urnas. Y el argumento utilizado fue el de siempre, el destartalado pragmatismo: “no tenemos la correlación de fuerzas favorable”.
Esto revela que sin haber alterado las estructuras –aun sabiendo que la política es contenido, correlación de fuerzas y capacidad de operar- estábamos pagando el precio de intentar incluir y distribuir la riqueza dentro del marco de un presupuesto encorsetado, ajustado y totalmente atado a la lógica de la banca y el rentismo.
Y, por eso, ganó fuerza la contraofensiva de la derecha neoliberal, pues llegaba el momento de preguntarnos y tomar decisiones estructurales: ¿Quién iba a financiar un Estado con desarrollo sustentable? ¿Con inclusión social? ¿Con distribución de la renta? ¿Con soberanía?
Era evidente que después de casi dos décadas del surgimiento de estas experiencias progresistas, el inconformismo y la angustia de muchos de nosotros nos llevaban a estos cuestionamientos, o éramos hasta empujados hacia ellos.
En definitiva, ahora, cuando reaparece en el horizonte la posibilidad de que vuelvan estas experiencias por la vía de las urnas, como fue el caso argentino reciente y el de otros países latinoamericanos, se impone la definición del cientista Jessé de Souza, según la cual “las elites del atraso son esclavistas”, pues no pueden ver a los del piso de abajo ascender a la Casa Grande.
Sin embargo, no debemos ser ingenuos: tenemos que enfrentar, definitivamente, el asunto de quién debe financiar las políticas públicas para un Nuevo Proyecto de Brasil-Nación, aquello que Argentina retoma y comienza a hacer de nuevo.
Todo se considera y se dice respecto a diversos tipos de reforma y anti-reforma cuando llegamos al gobierno en nuestros países latinoamericanos, pero muy poco se esboza al respecto de una reforma tributaria justa. Y los autoproclamados defensores de la austeridad fiscal y del rentismo huyen de este debate como el diablo de la cruz.
Son los campeones mundiales del “austericidio”, declaran odiar el aumento de impuestos, pero, cuando llegan a los gobiernos adoran aumentar tributos de forma lineal, sin criterios de justicia, para hacer a los más vulnerables pagar la cuenta y aumentar sus negocios y privilegios.
Estas elites solamente se enfocan en la lógica gastada de nuestro modelo tributario regresivo, practicado sobre el consumo y penalizando siempre a los asalariados. Y, para ellos mismos, exención impositiva, elusión y evasión fiscal, y fuga a paraísos fiscales. Que después, para que estos recursos desviados sean repatriados, hay un perjuicio doble: además de lo que fue evadido aquí y no quedó para las arcas del Estado, cuando vuelven al país tienen que dejar un porcentaje en el país donde fue destinada la evasión.
Sin hablar de otra política perversa, injusta y desequilibrada, la llamada “guerra fiscal”. Que para atraer inversiones nacionales o externas sustentadas en recursos públicos de forma agresiva, sin criterio y con muchos privilegios, intercambia estímulos fiscales por renuncia de recursos públicos.
Esto también se asocia, en muchos casos, a Tratados de Libre Comercio (TLCs) y Bilaterales de protección y atracción de inversiones que abren puertas para la evasión y la elusión fiscal, renunciando muchas veces a los tributos fundamentales, dejando así el comercio libre a partir de determinados intereses y privilegios.
Todo esto remite al necesario e irrenunciable debate que tenemos que hacer que produzca nuevas alternativas a este perverso modelo fiscal y tributario, que es regresivo, que es injusto y que hace que los que menos pueden lo sustenten. Partiendo hacia un modelo con más igualdad, más justo económica y socialmente, avanzando hacia el concepto de progresividad. Donde quien puede pagar más, paga; quien puede pagar más o menos, paga más o menos; y quien no puede pagar, no paga.
Y este concepto es el que va a dar incluso los contornos de las alianzas político-programáticas que deberemos construir. A propósito, es el único camino que puede llevarnos a evitar los dos peligrosos extremos siempre presentes y que rondan eternamente la política latinoamericana: por un lado, el mero sectarismo o romanticismo doctrinario, que renuncia a la disputa por los rumbos de la sociedad, y por el otro, el mero pragmatismo de resultados, que hace siempre que nuestras posiciones pierdan la nitidez.
El conocido y derruido sectarismo, que siempre renuncia a la disputa de poder, solo sirve para construir pequeños grupos y está condenado a conducirnos al aislamiento. Y el “viejo” y gastado pragmatismo opera invariablemente en nombre de una ausencia de correlación favorable y, al fin y al cabo, nos lleva a la renuncia sin honra de los compromisos político-programáticos asumidos, desmoralizándonos muchas veces frente a nuestra propia base social.
En este contexto político es fundamental que coloquemos en el centro de la agenda política de los países latinoamericanos este enfoque fiscal estratégico de justicia, que necesita ser incluido también en nuestras concepciones programáticas. Que incida evidentemente en una de las cuestiones centrales de clase de la actualidad, que es el sistema tributario regresivo que lleva a la desigualdad en nuestros países.
Esta visión de justicia tributaria se debe expresar y materializar en el gravamen de lucros, de intereses, de dividendos, de la renta, de las herencias, de los patrimonios, de las propiedades y así en adelante. Pues estas medidas son capaces de, de una vez, practicar justicia fiscal, acabar con la evasión y evitar la fuga de capitales.
Con esto asentaremos las bases reales y necesarias para la construcción de una sociedad económicamente viable, socialmente justa, ecológicamente sustentable, inclusiva, con soberanía, plural y sin prejuicios.
* Profesor de Gestión del Conocimiento y de la Innovación, Ingeniero, Ex-Secretario de Estado, Ex Diputado (PT) y Ex Presidente de la Legislatura Provincial de Río Grande del Sur, Brasil
