El nuevo gobierno debe hacer una reforma fiscal progresiva
Por Ricardo Martner
20 de febrero de 2022
El 11 de marzo, Gabriel Boric asumirá formalmente el Gobierno de Chile.. Imagen: AFP
El país vecino es uno de los más injustos del mundo en términos económicos y su Estado recauda ingresos bien por debajo de la media de la OCDE.
Gabriel Boric aseguró que si “Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba". Para mantener su promesa, el hombre cuya elección es sin duda el acontecimiento político más importante en el país desde el referéndum de 1988, que restauró la democracia tras la dictadura de Pinochet (1973 a 1990), tendrá que abordar una prioridad: el sistema fiscal.
En Chile, el sistema fiscal es el garante de la perpetuación de las desigualdades, que alimentan desde hace varios años tensiones sociales que rozan la explosión. Quienes se jactan de los éxitos del modelo chileno se topan con cifras implacables: el 10 por ciento más rico del país acapara casi el 60 por ciento de la riqueza nacional y la mitad más pobre de la población recibe sólo el 10 por ciento. Es uno de los países más injustos del mundo.
La reducción de las desigualdades no sólo requiere políticas de redistribución, sino también un Estado capaz de financiar servicios públicos de calidad, en particular, que la sanidad y la educación sean accesibles para el mayor número de personas. Estos esfuerzos no son gastos que deban perseguirse en nombre de la austeridad, sino inversiones esenciales para reducir las desigualdades.
El sistema fiscal
Con ingresos fiscales del 19,3 por ciento del PIB en 2020, Chile está muy lejos de la media del 33,5 por ciento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos del que se enorgullece formar parte.
Además, el sistema fiscal chileno es altamente regresivo, con un fuerte énfasis en los impuestos indirectos que gravan principalmente a los sectores de ingresos medios y bajos de la población, al tiempo que dan un trato preferente a las grandes empresas. Asimismo, la evasión fiscal pasa factura: entre 2013 y 2018 el fisco perdió entre 7,5 y 7,9 puntos del PIB al año, lo que equivale a 1,5 veces el presupuesto de educación y 1,6 veces el de salud.
Hay que reconstruir el contrato fiscal. Esto significa reformar el impuesto sobre el valor añadido, reduciendo significativamente las alícuotas para los bienes esenciales, los medicamentos y los libros. Pagar un 19 por ciento menos por la leche o el pan marcaría la diferencia para los hogares más pobres. También requiere la introducción de un impuesto progresivo sobre los activos más altos y un impuesto sobre las grandes fortunas. Menos del 0,1 por ciento de la población, los muy ricos, tienen en sus manos una riqueza equivalente al PIB de Chile. Gravar su patrimonio a una tasa del 2,5 por ciento permitiría recaudar unos 5000 millones de dólares o el 1,5 por ciento del PIB. Por último, hay que derogar ciertas exenciones que sólo benefician a los grupos de altos ingresos.
Es de esperar un tira y afloja en el Congreso, que está controlado a medias por los conservadores. Por ello, la fiscalidad debe estar en el centro de los debates para la nueva Constitución, que se someterá a referéndum en el tercer trimestre de 2022. El texto actual, aprobado en plena dictadura, consagra el modelo neoliberal al limitar la capacidad de los gobiernos para reducir las desigualdades a través de los impuestos y los regímenes de propiedad.
La Constitución
La Constitución debe adoptar el principio de progresividad fiscal con su clara definición: es decir, los tipos impositivos efectivos deben depender del nivel de renta o riqueza, contribuyendo más los ciudadanos más ricos. Por supuesto, estos principios tendrán que ser traducidos en leyes por el Congreso. Pero una Constitución de este tipo haría responsables a los funcionarios elegidos, obligándolos a ser más transparentes.
Consolidar el principio de progresividad fiscal es permitir que una eventual mayoría popular y democrática refunde el pacto fiscal. Así lo explica Thomas Piketty, quien ha trabajado en estos temas dentro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT), durante un intercambio con los constituyentes chilenos. La sociedad civil ha comprendido la urgencia de retomar este debate, que es ante todo político, para no dejarlo como rehén de los burócratas técnicos que favorecen el statu quo. En ese marco, expertos, ONGs y sindicatos acaban de crear una Red Ciudadana de Justicia Fiscal en Chile para presentar propuestas concretas a los constituyentes.
En la redacción de su nueva Constitución, Chile puede mostrar el camino. Porque, aunque es un país de apenas 19 millones de habitantes al borde de la Antártida, simboliza una tendencia mundial. En todas partes se han reducido los tipos marginales máximos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sucesiones, mientras que los impuestos sobre el patrimonio neto, antes relativamente extendidos en los países de la OCDE, han sido abandonados por la mayoría. En todas partes se ha producido una drástica caída de los gravámenes del impuesto de sociedades, ya que las empresas se aprovechan de un sistema fiscal internacional obsoleto para ocultar sus beneficios en los paraísos fiscales.
A escala global, los ricos son aún más ricos dos años después de la pandemia. La riqueza combinada de todos los multimillonarios, estimada en 5 billones de dólares a finales de 2019, ha alcanzado el nivel más alto de la historia, con 13,8 billones de dólares, reveló Oxfam en un informe reciente. El mundo tiene ahora un nuevo multimillonario cada veintiséis horas, mientras que 160 millones de personas han caído en la pobreza durante el mismo período.
Y en todas partes, la explosión de la desigualdad coincide con la del cambio climático. El 10 por ciento más rico de la población mundial, tanto si vive en el Norte como en el Sur, explica casi el 48 por ciento de las emisiones globales y el 1 por ciento más rico produce el 17 por ciento. En cambio, la mitad más pobre de la población mundial es responsable de sólo el 12 por ciento. Reformar el pacto fiscal ya no es una cuestión técnica sino política y, ante la emergencia climática, existencial.
* Economista y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT). Ex jefe del departamento fiscal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El país vecino es uno de los más injustos del mundo en términos económicos y su Estado recauda ingresos bien por debajo de la media de la OCDE.
Gabriel Boric aseguró que si “Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba". Para mantener su promesa, el hombre cuya elección es sin duda el acontecimiento político más importante en el país desde el referéndum de 1988, que restauró la democracia tras la dictadura de Pinochet (1973 a 1990), tendrá que abordar una prioridad: el sistema fiscal.
En Chile, el sistema fiscal es el garante de la perpetuación de las desigualdades, que alimentan desde hace varios años tensiones sociales que rozan la explosión. Quienes se jactan de los éxitos del modelo chileno se topan con cifras implacables: el 10 por ciento más rico del país acapara casi el 60 por ciento de la riqueza nacional y la mitad más pobre de la población recibe sólo el 10 por ciento. Es uno de los países más injustos del mundo.
La reducción de las desigualdades no sólo requiere políticas de redistribución, sino también un Estado capaz de financiar servicios públicos de calidad, en particular, que la sanidad y la educación sean accesibles para el mayor número de personas. Estos esfuerzos no son gastos que deban perseguirse en nombre de la austeridad, sino inversiones esenciales para reducir las desigualdades.
El sistema fiscal
Con ingresos fiscales del 19,3 por ciento del PIB en 2020, Chile está muy lejos de la media del 33,5 por ciento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos del que se enorgullece formar parte.
Además, el sistema fiscal chileno es altamente regresivo, con un fuerte énfasis en los impuestos indirectos que gravan principalmente a los sectores de ingresos medios y bajos de la población, al tiempo que dan un trato preferente a las grandes empresas. Asimismo, la evasión fiscal pasa factura: entre 2013 y 2018 el fisco perdió entre 7,5 y 7,9 puntos del PIB al año, lo que equivale a 1,5 veces el presupuesto de educación y 1,6 veces el de salud.
Hay que reconstruir el contrato fiscal. Esto significa reformar el impuesto sobre el valor añadido, reduciendo significativamente las alícuotas para los bienes esenciales, los medicamentos y los libros. Pagar un 19 por ciento menos por la leche o el pan marcaría la diferencia para los hogares más pobres. También requiere la introducción de un impuesto progresivo sobre los activos más altos y un impuesto sobre las grandes fortunas. Menos del 0,1 por ciento de la población, los muy ricos, tienen en sus manos una riqueza equivalente al PIB de Chile. Gravar su patrimonio a una tasa del 2,5 por ciento permitiría recaudar unos 5000 millones de dólares o el 1,5 por ciento del PIB. Por último, hay que derogar ciertas exenciones que sólo benefician a los grupos de altos ingresos.
Es de esperar un tira y afloja en el Congreso, que está controlado a medias por los conservadores. Por ello, la fiscalidad debe estar en el centro de los debates para la nueva Constitución, que se someterá a referéndum en el tercer trimestre de 2022. El texto actual, aprobado en plena dictadura, consagra el modelo neoliberal al limitar la capacidad de los gobiernos para reducir las desigualdades a través de los impuestos y los regímenes de propiedad.
La Constitución
La Constitución debe adoptar el principio de progresividad fiscal con su clara definición: es decir, los tipos impositivos efectivos deben depender del nivel de renta o riqueza, contribuyendo más los ciudadanos más ricos. Por supuesto, estos principios tendrán que ser traducidos en leyes por el Congreso. Pero una Constitución de este tipo haría responsables a los funcionarios elegidos, obligándolos a ser más transparentes.
Consolidar el principio de progresividad fiscal es permitir que una eventual mayoría popular y democrática refunde el pacto fiscal. Así lo explica Thomas Piketty, quien ha trabajado en estos temas dentro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT), durante un intercambio con los constituyentes chilenos. La sociedad civil ha comprendido la urgencia de retomar este debate, que es ante todo político, para no dejarlo como rehén de los burócratas técnicos que favorecen el statu quo. En ese marco, expertos, ONGs y sindicatos acaban de crear una Red Ciudadana de Justicia Fiscal en Chile para presentar propuestas concretas a los constituyentes.
En la redacción de su nueva Constitución, Chile puede mostrar el camino. Porque, aunque es un país de apenas 19 millones de habitantes al borde de la Antártida, simboliza una tendencia mundial. En todas partes se han reducido los tipos marginales máximos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sucesiones, mientras que los impuestos sobre el patrimonio neto, antes relativamente extendidos en los países de la OCDE, han sido abandonados por la mayoría. En todas partes se ha producido una drástica caída de los gravámenes del impuesto de sociedades, ya que las empresas se aprovechan de un sistema fiscal internacional obsoleto para ocultar sus beneficios en los paraísos fiscales.
A escala global, los ricos son aún más ricos dos años después de la pandemia. La riqueza combinada de todos los multimillonarios, estimada en 5 billones de dólares a finales de 2019, ha alcanzado el nivel más alto de la historia, con 13,8 billones de dólares, reveló Oxfam en un informe reciente. El mundo tiene ahora un nuevo multimillonario cada veintiséis horas, mientras que 160 millones de personas han caído en la pobreza durante el mismo período.
Y en todas partes, la explosión de la desigualdad coincide con la del cambio climático. El 10 por ciento más rico de la población mundial, tanto si vive en el Norte como en el Sur, explica casi el 48 por ciento de las emisiones globales y el 1 por ciento más rico produce el 17 por ciento. En cambio, la mitad más pobre de la población mundial es responsable de sólo el 12 por ciento. Reformar el pacto fiscal ya no es una cuestión técnica sino política y, ante la emergencia climática, existencial.
* Economista y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT). Ex jefe del departamento fiscal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
