El expresidente y su mujer, Nadine Heredia, está acusados en el caso Odebrecht
22 de febrero de 2022
. Imagen: EFE
La Justicia peruana instaló este lunes el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se convirtió así en el primer exmandatario peruano en ser juzgado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, destapado en Brasil en el caso Lava Jato y con repercusión en una docena de países de Latinoamérica.
El juicio por este caso, que también incluye, entre otros, a la esposa de Humala, Nadine Heredia, determinará la responsabilidad penal de los imputados por los aportes presuntamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011.
El exmandatario y su esposa estuvieron presentes en forma virtual en la audiencia de instalación del juicio oral, presidida por la magistrada Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, así como el resto de acusados, a excepción de su exasesor de campaña Martín Belaunde Lossio.
Durante su intervención, Humala, excapitán del Ejército, declaró percibir una pensión como expresidente de la República de 16.000 soles (4.200 dólares) y no tener bienes inmuebles a su nombre. En tanto, Heredia declaró ser microempresaria con ingresos de 12.000 soles (3.180 dólares) aproximadamente.
La Justicia peruana instaló este lunes el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se convirtió así en el primer exmandatario peruano en ser juzgado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, destapado en Brasil en el caso Lava Jato y con repercusión en una docena de países de Latinoamérica.
El juicio por este caso, que también incluye, entre otros, a la esposa de Humala, Nadine Heredia, determinará la responsabilidad penal de los imputados por los aportes presuntamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011.
El exmandatario y su esposa estuvieron presentes en forma virtual en la audiencia de instalación del juicio oral, presidida por la magistrada Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, así como el resto de acusados, a excepción de su exasesor de campaña Martín Belaunde Lossio.
Durante su intervención, Humala, excapitán del Ejército, declaró percibir una pensión como expresidente de la República de 16.000 soles (4.200 dólares) y no tener bienes inmuebles a su nombre. En tanto, Heredia declaró ser microempresaria con ingresos de 12.000 soles (3.180 dólares) aproximadamente.
Caso complejo
Los magistrados remarcaron que se trata de un caso de "naturaleza compleja" y "repercusión nacional", en el que las partes han sido debidamente notificadas, dentro de los plazos establecidos.
Asimismo, los jueces agregaron que los testimonios recogidos por el fiscal en Brasil, referidos a las declaraciones de Marcelo Odebrecht y otros exdirectivos de esa empresa, pueden ser incluidos como prueba nueva en, al menos, otros dos momentos del proceso.
Keiko Fujimori
Las declaraciones del dueño de la constructora y del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata también han sido solicitadas como "prueba anticipada" por el fiscal que investiga a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos en una investigación paralela.
Junto a Humala y Heredia, también están acusadas otras once personas, entre ellas Ilán Heredia y Antonia Alarcón, el hermano y la madre de la exprimera dama, respectivamente, y durante el juicio participarán alrededor de 300 personas, entre testigos e implicados, indicó la sala.
Cuatro expresidentes investigados
Así como Humala, son investigados en Perú los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), pendiente de su extradición de Estados Unidos; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en prisión domiciliaria desde hace cuatro años.
La fiscalía también cercó con sus pesquisas al expresidente Alan García (2006-2011) y cuando se disponía a detenerlo en su casa de Lima en 2019, el exmandatario se suicidó de un disparo en la cabeza.
En Perú, Odebrecht reconoció haber sobornado a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y además financió presuntamente de manera irregular las campañas de numerosos excandidatos.
