El lawfare y el poder mediático
La manipulación de la opinión pública según Freud
Por Sergio Zabalza
3 de febrero de 2022
Imagen: Leandro Teysseire
El pasado martes 1° de febrero de 2022 se realizó una multitudinaria marcha frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Palacio de Tribunales por la democratización de la Justicia. La larga serie de irregularidades, arbitrariedades, complicidades, faltas y omisiones en la que esta Corte --un órgano compuesto por apenas cuatro hombres-- ha incurrido en los últimos años es tan larga y escandalosa que dificulta una completa reseña. Por empezar se trata de un cuerpo cuya constitución está viciada desde el arranque en virtud de que en diciembre de 2015 dos de sus miembros aceptaron integrarse por un decreto del Poder Ejecutivo, en lugar de ser nombrados por el Congreso de la Nación, tal como estipula la Constitución.
Todo lo que siguió resultó fatalmente coherente con ese temprano signo de desprecio por la ley fundante de la Nación. Durante los cuatro años del desgobierno macrista se sentaron las bases del lawfare en Argentina, es decir, ese dispositivo por el cual la administración de justicia se tornó en el brazo ejecutor de la persecución, amedrentamiento y dictado de prisión a opositores por un lado, y encubrimiento de los negociados de los Ceos por otro. Un mecanismo que no podría haberse establecido sin la escandalosa connivencia con el poder mediático. Como mera muestra basta recordar que el diario Clarín llegó a publicar el número de celular de la hija de la doctora Alejandra Gils Carbó --entonces Procuradora General de la Nación-- al solo efecto de presionar su renuncia al ministerio público fiscal.
De la misma forma, vale citar que un periodista estrella del diario La Nación reveló en un programa de televisión que las ominosas prisiones preventivas aplicadas a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas obedecieron a la presión ejercida por ese diario sobre los jueces --vaya coincidencia-- de la Nación. La homofonía significante entre el diario La Nación y la Nación (argentina) no podría ser más elocuente. Más allá de toda consideración sobre los nefastos intereses de una empresa mediática, lo que está en juego es nada menos que la dignidad y probidad del Poder en el que se asienta la paz social: la Justicia. Los jueces de la Nación que desde hace años aplican el lawfare en la República Argentina han demostrado estar más apegados a los caprichos del poder mediático que a la Constitución. Desde ya, esto no será posible si en este contubernio no hubiese mediado el poder político neoliberal que alentó tamaña infamia de la cual sacó provecho para el saqueo ignominioso que perpetró en las arcas públicas.
Hace más de noventa años, cuando todavía no se hablaba de lawfare ni de fake news , Freud ya ilustraba con un ejemplo este oscuro entramado entre el poder político y el mediático para influir sobre los ciudadanos. Decía: “Supongamos que en un Estado cierta camarilla quisiera defenderse de una medida cuya adopción respondiera a las inclinaciones de la masa. Entonces esa minoría se apodera de la prensa y por medio de ella trabaja la soberana 'opinión pública' hasta conseguir que se intercepte la decisión planeada”.[1]
Vale destacar el concepto de opinión pública al que hace referencia la cita, el cual en buen romance significa los votos y la aquiescencia de los ciudadanos para que el déspota encuentre campo fértil para sus fechorías. Esto tiene una explicación en términos filosóficos y subjetivos que explica el lugar que a la Justicia le corresponde en un orden civilizado.
Por empezar, la apropiación de conceptos como Democracia, República, Honestidad, Justicia, etc, en aras de satisfacer los intereses de familias, grupos de interés o de influencia, horada lo que Kant llama “el uso público de la razón”[2], es decir las referencias a partir de las cuales cada persona dentro de una comunidad puede discernir una acción desde el punto de vista ético.
El psicoanálisis señala las raíces subjetivas de la convivencia civilizada. Esto es: los pilares que otorgan vigencia a un estado de derecho --sea la ley, la administración de justicia, el parlamento, etc.-- descansan en el asco, la vergüenza y la compasión que, tal como refiere Freud, nos impiden consentir hechos aberrantes: la conciencia moral, para decirlo todo. Superadas estas barreras solo nos espera la barbarie del sálvese quien pueda. En ese caso, las acciones viles y ruinosas se naturalizan de tal manera que la capacidad de asombro e indignación se debilitan al punto de que el sentido común pasa a incorporar la idea de que es todo lo mismo. Esto es algo así como la muerte de una democracia, la aniquilación del aire que alimenta el cuerpo vivo de una Nación, su capacidad ética. El sostén último del estado de derecho es la Justicia. Es tiempo de poner un Corte a esta Suprema infamia que de Justicia poco y nada.
Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.
Notas:
1 . Sigmund Freud, “Inhibición, síntoma y angustia”, en Obras Completas, A. E. tomo XX, p. 88.
2. Immanuel Kant, Filosofía de la historia. Qué es la ilustración. La Plata, Terramar, 2004, pp. 33 y 34.
El pasado martes 1° de febrero de 2022 se realizó una multitudinaria marcha frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Palacio de Tribunales por la democratización de la Justicia. La larga serie de irregularidades, arbitrariedades, complicidades, faltas y omisiones en la que esta Corte --un órgano compuesto por apenas cuatro hombres-- ha incurrido en los últimos años es tan larga y escandalosa que dificulta una completa reseña. Por empezar se trata de un cuerpo cuya constitución está viciada desde el arranque en virtud de que en diciembre de 2015 dos de sus miembros aceptaron integrarse por un decreto del Poder Ejecutivo, en lugar de ser nombrados por el Congreso de la Nación, tal como estipula la Constitución.
Todo lo que siguió resultó fatalmente coherente con ese temprano signo de desprecio por la ley fundante de la Nación. Durante los cuatro años del desgobierno macrista se sentaron las bases del lawfare en Argentina, es decir, ese dispositivo por el cual la administración de justicia se tornó en el brazo ejecutor de la persecución, amedrentamiento y dictado de prisión a opositores por un lado, y encubrimiento de los negociados de los Ceos por otro. Un mecanismo que no podría haberse establecido sin la escandalosa connivencia con el poder mediático. Como mera muestra basta recordar que el diario Clarín llegó a publicar el número de celular de la hija de la doctora Alejandra Gils Carbó --entonces Procuradora General de la Nación-- al solo efecto de presionar su renuncia al ministerio público fiscal.
De la misma forma, vale citar que un periodista estrella del diario La Nación reveló en un programa de televisión que las ominosas prisiones preventivas aplicadas a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas obedecieron a la presión ejercida por ese diario sobre los jueces --vaya coincidencia-- de la Nación. La homofonía significante entre el diario La Nación y la Nación (argentina) no podría ser más elocuente. Más allá de toda consideración sobre los nefastos intereses de una empresa mediática, lo que está en juego es nada menos que la dignidad y probidad del Poder en el que se asienta la paz social: la Justicia. Los jueces de la Nación que desde hace años aplican el lawfare en la República Argentina han demostrado estar más apegados a los caprichos del poder mediático que a la Constitución. Desde ya, esto no será posible si en este contubernio no hubiese mediado el poder político neoliberal que alentó tamaña infamia de la cual sacó provecho para el saqueo ignominioso que perpetró en las arcas públicas.
Hace más de noventa años, cuando todavía no se hablaba de lawfare ni de fake news , Freud ya ilustraba con un ejemplo este oscuro entramado entre el poder político y el mediático para influir sobre los ciudadanos. Decía: “Supongamos que en un Estado cierta camarilla quisiera defenderse de una medida cuya adopción respondiera a las inclinaciones de la masa. Entonces esa minoría se apodera de la prensa y por medio de ella trabaja la soberana 'opinión pública' hasta conseguir que se intercepte la decisión planeada”.[1]
Vale destacar el concepto de opinión pública al que hace referencia la cita, el cual en buen romance significa los votos y la aquiescencia de los ciudadanos para que el déspota encuentre campo fértil para sus fechorías. Esto tiene una explicación en términos filosóficos y subjetivos que explica el lugar que a la Justicia le corresponde en un orden civilizado.
Por empezar, la apropiación de conceptos como Democracia, República, Honestidad, Justicia, etc, en aras de satisfacer los intereses de familias, grupos de interés o de influencia, horada lo que Kant llama “el uso público de la razón”[2], es decir las referencias a partir de las cuales cada persona dentro de una comunidad puede discernir una acción desde el punto de vista ético.
El psicoanálisis señala las raíces subjetivas de la convivencia civilizada. Esto es: los pilares que otorgan vigencia a un estado de derecho --sea la ley, la administración de justicia, el parlamento, etc.-- descansan en el asco, la vergüenza y la compasión que, tal como refiere Freud, nos impiden consentir hechos aberrantes: la conciencia moral, para decirlo todo. Superadas estas barreras solo nos espera la barbarie del sálvese quien pueda. En ese caso, las acciones viles y ruinosas se naturalizan de tal manera que la capacidad de asombro e indignación se debilitan al punto de que el sentido común pasa a incorporar la idea de que es todo lo mismo. Esto es algo así como la muerte de una democracia, la aniquilación del aire que alimenta el cuerpo vivo de una Nación, su capacidad ética. El sostén último del estado de derecho es la Justicia. Es tiempo de poner un Corte a esta Suprema infamia que de Justicia poco y nada.
Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.
Notas:
1 . Sigmund Freud, “Inhibición, síntoma y angustia”, en Obras Completas, A. E. tomo XX, p. 88.
2. Immanuel Kant, Filosofía de la historia. Qué es la ilustración. La Plata, Terramar, 2004, pp. 33 y 34.
