ARGENTINA
El plan de limpieza étnica de la dictaduraPor Gustavo Veiga
7 de febrero de 2022
1977. Un tren sale desde Retiro hacia Bolivia con un fin bien promocionado. No era un tren más, pero sí rigurosamente vigilado, igual que en la célebre película checa de Jiri Menzel. La dictadura de Videla difundió su partida como si sus pasajeros salieran en viaje de egresados. Para el régimen cívico-militar eran una carga molesta, erradicable, inmigrantes bolivianos que habían sido desalojados de las villas miseria que habitaban.
Se cumplen 45 años de esa operación de limpieza étnica que tuvo la complicidad de Hugo Banzer, el general que gobernaba el país vecino desde 1971 tras un golpe de Estado. El diario La Opinión señalaba que el ferrocarril Belgrano llevaba 283 viajeros y a sus respectivas familias. Hoy se entiende un poco más por qué aquel presidente de facto fue el único mandatario extranjero presente en la final del Mundial ’78 jugada al año siguiente. El 28 de octubre de 1976, los dos dictadores se habían puesto de acuerdo en La Paz para ver cómo podría funcionar ese plan que Guillermo Del Cioppo, el intendente porteño, definiría con cinismo: “Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca”.
Eran tiempos del Plan Cóndor, en cuyo marco fluían los intercambios de detenidos-desaparecidos entre los regímenes militares del Cono Sur. El noticiero cinematográfico Sucesos Argentinos, que llevaba un equipo de trabajo en el tren, documentó el traslado hacia Bolivia.
La versión edulcorada de la voz en off sobre el viaje disfraza su verdadero motivo: “Necesidades de reordenamiento edilicio determinaron un amistoso acuerdo entre la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y el consulado general de la República de Bolivia, que determinó el feliz retorno de varios contingentes de diferentes ciudadanos bolivianos a distintas localidades de su patria... Decir adiós a los amigos siempre es difícil, pero cuando el camino lleva como destino final el reencuentro con la tierra que los vio nacer, se hace menos doloroso”.
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El dictador Banzer acompañó con palabras almibaradas la bienvenida al contingente: “Hermanos bolivianos, hoy más que nunca, la patria que los vio nacer se siente feliz y alborozada al recibir en su regazo a sus hijos que por la fuerza de la circunstancias del pasado se vieron en la necesidad de buscar horizontes de realización más allá de nuestra frontera. Esta gente retorna a su tierra para aplicar los conocimientos adquiridos en la República Argentina”. El tren se detuvo en Sucre, Oruro y Cochabamba antes de llegar a La Paz. Sus vagones de carga llevaban carteles con los nombres de las ciudades para identificar las pertenencias de los viajeros.
En un trabajo titulado “Política migratoria y erradicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar: la expulsión de migrantes de países limítrofes”, publicado en 2017, la doctora en Antropología María Cristina Cravino sostiene que los ciudadanos bolivianos fueron obligados a renunciar a su “residencia transitoria o permanente” y tuvieron que firmar una carta compromiso por la cual expresaban que no regresarían a la Argentina antes del 23 de septiembre de 1979. Aun cuando entre los viajeros había más de cien niños nacidos en nuestro país y con edades que iban desde los cinco meses a los 14 años.
Por este plan maestro de desplazamiento forzado, el prefecto de Cochabamba anunció que sería condecorado Del Cioppo con la Orden del Cóndor de Los Andes en el grado de comendador. Los medios públicos y privados nacionales le concedieron bastante despliegue al traslado. Sucesos Argentinos informó que “asistentes sociales velaron en todo momento por la atención del contingente, especialmente ancianos, niños, alimentos, asistencia médico social y una sonrisa permanente que hicieron del hasta luego a los destinatarios de un feliz retorno”. Citado por la prensa, el cónsul boliviano en Buenos Aires, Néstor Calderón Sagarnaga, declaró: “no hubo presiones ni de la municipalidad ni de mi gobierno. Todo se hizo con el mutuo acuerdo de las familias que quisieron retornar”.
Esa situación declamada oficialmente no se compadece con documentos de la época que hoy circulan en Bolivia. Funcionarios y técnicos argentinos que viajaron para supervisar el operativo le informaron por carta al embajador en La Paz de la dictadura, brigadier mayor retirado Aly Luis Ipres Corbat, que el convoy había sido saboteado durante el traslado. Dos militares que iban en el tren y que en la nota aparecen mencionados como coronel González y teniente coronel Braco acreditaron los hechos. Ambos pertenecían al staff uniformado de la Municipalidad porteña.
Según esas fuentes, al vagón especial que cerraba la formación y donde viajaba la comitiva argentina, se lo intentó separar del resto en dos oportunidades, se cortó el aire acondicionado y también faltó el agua en el trayecto entre Oruro y Cochabamba. Dijeron también que el tren fue apedreado a la salida de la primera ciudad “por exaltados bolivianos que injuriaron al pasaje...”
Corbat pidió su traslado a la Cancillería en enero de 1980 y el 14 de marzo de ese año renunció a su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario. En 1976 había integrado la comitiva que recibió a Videla en La Paz para el encuentro con Banzer. Empezaba así el operativo de expulsión que la investigadora Cravino describió en su trabajo de la revista Clepsidra. Basado en fuentes como el informe de la Comisión Municipal de la Vivienda publicado en 1980 (también conocido como Libro azul o Libro azul de Cacciatore, por el color de su tapa), aporta datos minuciosos de los migrantes deportados.
En uno de sus cuadros indica un total de 1.326 familias regresadas. Unas 512 de ese total lo hicieron a Bolivia. El resto, en traslados semejantes, fueron familias paraguayas que volvieron a su país, de lo que se desprende que también hubo connivencia del régimen de Alfredo Stroessner. El dictador que gobernó entre 1954 y 1989 batiendo el récord de permanencia en el poder en Sudamérica.
Los bolivianos y paraguayos desarraigados en esos traslados masivos hacia las fronteras dejaron atrás humildes viviendas que habían empezado a pagar en cuotas. Eran vecinos de las villas 1-11-14, 3, 31, 20, 6, 19, 8, 15, 21-24, NHT Cruz, Avenida del Trabajo, Zavaleta, Crovara y San Petesburgo, las dos últimas ubicadas en el Municipio de La Matanza.
El periodista Eduardo Blaustein escribió el libro Prohibido vivir aquí donde aporta datos concluyentes de esas purgas cometidas por la dictadura genocida. Para el golpe del 24 de marzo del ’76 el país tenía 225 mil personas viviendo en villas o asentamientos. En poco más de un año esa cifra bajó a 115 mil --ya con el Mundial ’78 terminado-- y a fines de 1979 la población de esos barrios se redujo a 51.845. Al año siguiente quedaban nada más que 40.553 habitantes. Un número indeterminado de los expulsados eran familiares argentinos de aquellos bolivianos y paraguayos deportados.
gveiga@pagina12.com.ar
Eran tiempos del Plan Cóndor, en cuyo marco fluían los intercambios de detenidos-desaparecidos entre los regímenes militares del Cono Sur. El noticiero cinematográfico Sucesos Argentinos, que llevaba un equipo de trabajo en el tren, documentó el traslado hacia Bolivia.
La versión edulcorada de la voz en off sobre el viaje disfraza su verdadero motivo: “Necesidades de reordenamiento edilicio determinaron un amistoso acuerdo entre la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y el consulado general de la República de Bolivia, que determinó el feliz retorno de varios contingentes de diferentes ciudadanos bolivianos a distintas localidades de su patria... Decir adiós a los amigos siempre es difícil, pero cuando el camino lleva como destino final el reencuentro con la tierra que los vio nacer, se hace menos doloroso”.
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El dictador Banzer acompañó con palabras almibaradas la bienvenida al contingente: “Hermanos bolivianos, hoy más que nunca, la patria que los vio nacer se siente feliz y alborozada al recibir en su regazo a sus hijos que por la fuerza de la circunstancias del pasado se vieron en la necesidad de buscar horizontes de realización más allá de nuestra frontera. Esta gente retorna a su tierra para aplicar los conocimientos adquiridos en la República Argentina”. El tren se detuvo en Sucre, Oruro y Cochabamba antes de llegar a La Paz. Sus vagones de carga llevaban carteles con los nombres de las ciudades para identificar las pertenencias de los viajeros.
En un trabajo titulado “Política migratoria y erradicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar: la expulsión de migrantes de países limítrofes”, publicado en 2017, la doctora en Antropología María Cristina Cravino sostiene que los ciudadanos bolivianos fueron obligados a renunciar a su “residencia transitoria o permanente” y tuvieron que firmar una carta compromiso por la cual expresaban que no regresarían a la Argentina antes del 23 de septiembre de 1979. Aun cuando entre los viajeros había más de cien niños nacidos en nuestro país y con edades que iban desde los cinco meses a los 14 años.
Por este plan maestro de desplazamiento forzado, el prefecto de Cochabamba anunció que sería condecorado Del Cioppo con la Orden del Cóndor de Los Andes en el grado de comendador. Los medios públicos y privados nacionales le concedieron bastante despliegue al traslado. Sucesos Argentinos informó que “asistentes sociales velaron en todo momento por la atención del contingente, especialmente ancianos, niños, alimentos, asistencia médico social y una sonrisa permanente que hicieron del hasta luego a los destinatarios de un feliz retorno”. Citado por la prensa, el cónsul boliviano en Buenos Aires, Néstor Calderón Sagarnaga, declaró: “no hubo presiones ni de la municipalidad ni de mi gobierno. Todo se hizo con el mutuo acuerdo de las familias que quisieron retornar”.
Esa situación declamada oficialmente no se compadece con documentos de la época que hoy circulan en Bolivia. Funcionarios y técnicos argentinos que viajaron para supervisar el operativo le informaron por carta al embajador en La Paz de la dictadura, brigadier mayor retirado Aly Luis Ipres Corbat, que el convoy había sido saboteado durante el traslado. Dos militares que iban en el tren y que en la nota aparecen mencionados como coronel González y teniente coronel Braco acreditaron los hechos. Ambos pertenecían al staff uniformado de la Municipalidad porteña.
Según esas fuentes, al vagón especial que cerraba la formación y donde viajaba la comitiva argentina, se lo intentó separar del resto en dos oportunidades, se cortó el aire acondicionado y también faltó el agua en el trayecto entre Oruro y Cochabamba. Dijeron también que el tren fue apedreado a la salida de la primera ciudad “por exaltados bolivianos que injuriaron al pasaje...”
Corbat pidió su traslado a la Cancillería en enero de 1980 y el 14 de marzo de ese año renunció a su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario. En 1976 había integrado la comitiva que recibió a Videla en La Paz para el encuentro con Banzer. Empezaba así el operativo de expulsión que la investigadora Cravino describió en su trabajo de la revista Clepsidra. Basado en fuentes como el informe de la Comisión Municipal de la Vivienda publicado en 1980 (también conocido como Libro azul o Libro azul de Cacciatore, por el color de su tapa), aporta datos minuciosos de los migrantes deportados.
En uno de sus cuadros indica un total de 1.326 familias regresadas. Unas 512 de ese total lo hicieron a Bolivia. El resto, en traslados semejantes, fueron familias paraguayas que volvieron a su país, de lo que se desprende que también hubo connivencia del régimen de Alfredo Stroessner. El dictador que gobernó entre 1954 y 1989 batiendo el récord de permanencia en el poder en Sudamérica.
Los bolivianos y paraguayos desarraigados en esos traslados masivos hacia las fronteras dejaron atrás humildes viviendas que habían empezado a pagar en cuotas. Eran vecinos de las villas 1-11-14, 3, 31, 20, 6, 19, 8, 15, 21-24, NHT Cruz, Avenida del Trabajo, Zavaleta, Crovara y San Petesburgo, las dos últimas ubicadas en el Municipio de La Matanza.
El periodista Eduardo Blaustein escribió el libro Prohibido vivir aquí donde aporta datos concluyentes de esas purgas cometidas por la dictadura genocida. Para el golpe del 24 de marzo del ’76 el país tenía 225 mil personas viviendo en villas o asentamientos. En poco más de un año esa cifra bajó a 115 mil --ya con el Mundial ’78 terminado-- y a fines de 1979 la población de esos barrios se redujo a 51.845. Al año siguiente quedaban nada más que 40.553 habitantes. Un número indeterminado de los expulsados eran familiares argentinos de aquellos bolivianos y paraguayos deportados.
gveiga@pagina12.com.ar
