Venezuela: Pedro Brieger, director de NODAL, polemiza con Aram Aharonian

La detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, plantea numerosos interrogantes para los gobiernos progresistas –en el más amplio sentido de la palabra- de la región. Todos estos gobiernos se enfrentan a poderosos actores políticos, empresariales y mediáticos que buscan minar su poder y contribuir a su derrota.

25 febrero, 2015   NODAL debate

Cambios en democracias, por Pedro Brieger

En el caso venezolano, Aram Aharonian nos recuerda en NODAL (http://www.nodal.am/2015/02/venezuela-decimocuarto-ano-de-golpe-continuo-por-aram-aharonian/) que Venezuela vive su “decimocuarto año de golpe continuo”. En su artículo se pregunta “¿qué hay que hacer con los que atentan contra la democracia?”, y –si bien- claramente descarta de plano –y con razón- las desapariciones o los encarcelamientos de Guantánamo, tampoco encuentra una respuesta a dicha pregunta.

El paradigma revolucionario heredado de la revolución francesa que se implementó en el siglo XX no contemplaba numerosos derechos democráticos para los opositores, más bien los cercenaba. Este paradigma, en América Latina y el Caribe se transformó con la revolución sandinista de 1979. En clara diferenciación con todas las experiencias anteriores, incluso la cubana, los partidos y medios de comunicación opositores no fueron silenciados y hubo una combinación de la llamada “democracia burguesa” parlamentaria y el “poder popular” surgido de la toma revolucionaria del poder.

Los sandinistas no pudieron desarrollar su experiencia justamente por el sabotaje opositor y la formación de la “contra” que incluyó a numerosos miembros de la antigua Guardia Nacional somocista con aporte financiero y militar del gobierno de Ronald Reagan. En 1989, en nuestro libro “Adónde va Nicaragua” nos preguntábamos “¿Pero qué hacer frente a los partidos políticos que agitaran por el derrocamiento del sandinismo?”. La respuesta del sandinismo fue la de seguir apostando a la pluralidad política y permitir su actividad incluso durante los peores períodos de una guerra que los fue desgastando. En 1990 fueron derrotados en las urnas por una coalición opositora (Unión Nacional Opositora-UNO) y entregaron el poder.

Mucho ha cambiado en América Latina y el Caribe, y aunque los periodistas del diario El País de España insistan en que el gobierno de Nicolás Maduro “sigue empeñado en reproducir la experiencia comunista del siglo XX” (23.02.15), cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual sabe que esto no es así y que el chavismo está muy lejos de emular la experiencia soviética o cubana. Hay dos elementos centrales que lo diferencian. Por un lado, su acceso al poder a través del triunfo en la urnas en diciembre de 1998, ratificado una y otra vez en elecciones basadas en un sistema electoral heredado de la Cuarta República. Por el otro, la oposición existe y actúa en el espacio público través de partidos políticos y medios de comunicación abiertamente antigubernamentales que incluso apoyan golpes de Estado como sucedió en 2002. Es más, una de las críticas dentro del chavismo al mismo Hugo Chávez fue no haber sido más duro con todos aquellos que promovieron el golpe de 2002 dejando que se reorganizaran como si no hubieran participado del mismo.

Y volvemos a lo que plantea Aharonian: ¿Qué hacer contra los que atentan contra la democracia?”

Los golpistas de hoy no apelan a los militares para que éstos desalojen del poder a un gobierno, cierren el Congreso, prohíban los partidos políticos y los movimientos populares. Su discurso es que son justamente los gobernantes los que violan la constitución y que por eso hay que destituirlos, tal como sucedió en Honduras con Manuel Zelaya y Fernando Lugo en Paraguay. Es así que cobra sentido el documento firmado por Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López. (

http://www.nodal.am/2015/02/venezuela-arrestan-al-alcalde-de-caracas-acusado-de-formar-parte-de-una-conspiracion-desestabilizadora/)

En él se puede leer que existe “una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario (…) Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas (…) rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional (y) realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes”. Cualquiera que no sepa qué ocurre en Venezuela al leer este documento llegará a la conclusión de que es un movimiento que, en nombre de la democracia, denuncia una dictadura. En “abstracto” podría ser visto como el manifiesto político de un partido con lenguaje radical. Pero en el contexto de Venezuela, un año después del plan “La Salida” -que propugnaba el derrocamiento de un presidente a meses de haber sido elegido- es un claro llamado a continuar con la misma estrategia de provocar la caída del gobierno sin respetar las reglas del juego que ellos mismos dicen invocar.

Todos los gobiernos progresistas de la región enfrentan dilemas similares, aunque en el caso venezolano esté exacerbado por su creciente importancia regional y la riqueza petrolera. Existe una tensión muy difícil de resolver entre las libertades públicas y democráticas y los movimientos desestabilizadores que tienen como objetivo derrocar a un gobierno a cómo sea y cuentan con el apoyo explícito de emporios mediáticos que se unen abiertamente a nivel regional para intervenir en Venezuela como quedó demostrado con la campaña “Todos somos Venezuela” que aglutinó a más de 80 diarios de América en 2014

(http://www.nodal.am/2014/03/unos-30-medios-de-diversos-paises-articulan-campana-internacional-contra-el-gobierno-venezolano/). Por otra parte, no alcanza con los triunfos electorales, también hay que ratificar día a día que se cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. Pero para ello hay que gobernar para las grandes mayorías, y justamente uno de los objetivos de estas oposiciones es poner numerosas piedras en el camino para que no se puedan implementar los proyectos de cambio, y así “demostrar” la ineficiencia de dichos gobiernos. Todo un intríngulis.

Mujica, los medios y los periodistas

 MEDIOS Y COMUNICACION

Pocos días antes de que José Mujica termine su mandato y traspase el poder a Tabaré Vázquez, Iván Schuliaquer recorre la historia de la relación entre el mandatario uruguayo, los periodistas y los medios y explica los motivos de su éxito mediático.

 Por Iván Schuliaquer *

“A mí me va mejor que al gobierno”, dijo alguna vez el presidente uruguayo José Mujica. Esa tensión entre su persona y su trabajo, entre el que vive en un rancho y el que conduce un país, entre el sabio y el gestor, fue central en la construcción de legitimidad de quien se transformó en “el presidente más pobre del mundo” y en el símbolo que, según el canciller Luis Almagro, permitió que dejaran de confundir a Uruguay con Paraguay. El reconocimiento planetario a Mujica debe mucho a la repercusión de su figura en los medios internacionales, pero la emergencia de su liderazgo sería inexplicable sin los medios nacionales. Ahora bien, ¿cómo construyó su relación con ellos?

Ex guerrillero, secuestrado y torturado por la dictadura, Mujica forjó el núcleo de su vínculo con los medios desde que asumió como diputado, en 1995. Además de su pasado, otros elementos lo volvían un fuera de serie para la política uruguaya: era desaliñado, andaba en moto y vivía en un rancho. Eso, combinado con sus discursos humanistas y contundentes, cautivó a muchos de sus interlocutores. Entre los primeros, hubo tres periodistas. Dos trabajaban en el semanario conservador Búsqueda y el otro en Canal 10, uno de los líderes de audiencia de la televisión uruguaya. En sus días en el Palacio Legislativo, los periodistas pasaban mucho tiempo en el despacho de Mujica y construyeron confianza con él. Desde entonces, empezaron a dedicarle líneas y minutos.

Mujica, que ya era el líder del Movimiento de Participación Popular –la fuerza política del Frente Amplio más votada en las últimas tres elecciones presidenciales–, amplió cada vez más su presencia en los medios. Su voz y su imagen se hicieron más conocidas y populares. Ese camino, que tuvo una escala como ministro de Agricultura, desembocó en su llegada a la presidencia en 2010.

Desde entonces, muchos lo califican como el gobernante más accesible de la historia uruguaya. Y para los medios parece cierto: en casi todos sus actos atiende a los periodistas. En esas escenas, Mujica, como otros presidentes progresistas de la región, se muestra en acción. El político ya no va al estudio de televisión para charlar con el periodista, ahora él recibe a los medios mientras gobierna: inaugura, anuncia, decide, gestiona. A eso, sumó las entrevistas en su chacra: sitio donde recibió a los numerosos medios internacionales que, maravillados, quisieron ver y mostrar dónde vive.

Más allá de esos encuentros con diferentes periodistas y de los contactos más o menos formales que –como los presidentes que lo precedieron– tuvo con los empresarios de medios, Mujica privilegió a dos medios en particular. Búsqueda y Canal 10 recibieron las informaciones exclusivas y fueron los escenarios que eligió para marcar agenda o responder a distintas discusiones. Esas notas en medios líderes, con líneas editoriales que no concuerdan con el gobierno, se las hicieron los periodistas a los que conoce hace casi dos décadas. Ese vínculo entre periodistas y presidente, que no estuvo exento de peleas por la tensión entre la lógica periodística y la lógica gubernamental, fue mutuamente beneficioso. A Mujica le permitió dar sus debates desde escenas masivas y ampliar el horizonte de destinatarios a través de quienes confía. A los periodistas les permitió contar con las exclusivas de la figura política más importante del país.

Como otros gobernantes progresistas de la región, Mujica renegó de los asesores de imagen y fue estratega de sí mismo. No obstante, su relación con los medios y sus periodistas, contó con ciertas condiciones de posibilidad que no siempre se dieron en Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador o Venezuela. Entre ellas, nombraremos cinco.

Primero: el presidente consideró que –en el juego de persuasión mutua entre periodista y entrevistado– las escenas mediáticas podían ser negociadas y que lo que el medio publicaba respetaba lo que él había dicho. Esto se dio más allá de que Mujica y gran parte del Frente Amplio afirman que la mayoría de los medios privados son opositores al gobierno.

Segundo: los medios le dan una enorme relevancia informativa a la palabra del presidente. En ese marco, consideraron que contar con las exclusivas de Mujica significa, como dijo un jefe de redacción, “haber encontrado el pozo de petróleo”.

Tercero: en Uruguay, un país pequeño, el peso relativo del Estado ante los grupos mediáticos es mayor. Por un lado, las empresas estatales son las principales anunciantes y el Estado protege a las empresas mediáticas nacionales de la entrada de grandes actores extranjeros. Por otro lado, no hay un gran grupo mediático unificado. Existen los “Tres Grandes”: las tres empresas líderes de televisión y de cable que sostienen acuerdos estratégicos y son los actores excluyentes de ese mercado. Sin embargo, esa alianza es menos sólida que antes: frente al mercado de las telecomunicaciones, los tres actores pasaron a competir entre sí.

Cuarto: Mujica señaló al diario El País como el principal medio opositor, lo cual tiene un costo político no muy alto. Por una parte, porque va en línea con lo que dijo históricamente el Frente Amplio del periódico creado por el Partido Blanco. Por otra, porque hace una década la empresa dueña del diario más leído de Uruguay se desprendió de otras inversiones mediáticas y se abocó al periódico.

Quinto: la principal oposición al gobierno son los partidos Blanco y Colorado. En Uruguay, a diferencia de otros países de Sudamérica, aún son los partidos los principales articuladores de la disputa política.

* Politólogo (UNGS-Conicet/Sorbonne Nouvelle). Autor de El poder de los medios.

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-266831-2015-02-25.html

La Policía pide mano dura contra el movimiento Black Lives Matter (EE.UU.)

NUEVA MUERTE A MANOS DE LA POLICÍA EN EL ESTADO DE WASHINGTON

Las protestas por la impunidad policial y la violencia contra ciudadanos negros reabre el debate sobre el encarcelamiento masivo en Estados Unidos.

Ter García⎮Diagonal⎮25/02/15


‘Hands up don’t shoot’, gesto que se ha popularizado en EE UU tras el asesinato de Brown en Ferguson. / TSIGE TAFFESSE

Cada 28 horas, un hombre, mujer o niño negro es asesinado por la policía o personal de seguridad en EE UU. Las cifras las aporta el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan), nacido en 2012 tras la muerte de Trayvon Martin y la exculpación judicial del policía que lo mató, George Zimmerman. El pasado verano los asesinatos de Michael Brown en Ferguson, Misuri, y Eric Garner en Staten Island hicieron renacer las protestas por la violencia policial contra la población negra, un problema que se expande a las minorías étnicas en Estados Unidos.

El pasado 10 de febrero Antonio Zambrano-Montes, de 35 años y procedente de Michoacán (México), murió tras recibir los disparos de la policía de Pasco, un pequeño municipio de Washington de menos de 70.000 habitantes en donde cerca de la mitad de la población es de origen latino. La policía afirma que disparó después de que Antonio tirara piedras contra algunos coches. La escena de la muerte de Antonio fue grabada en vídeo y subida a la plataforma Youtube, en la que en poco tiempo superó el millón y medio de visitas. Un día después del asesinato, alrededor de 700 latinos se manifestaron en Pasco para protestar por la violencia policial. Según publica Associated Press, la muerte de Zambrano es la cuarta a manos de la policía en esta ciudad desde el pasado verano.
En 2007, la policía paró en la calle a medio millón de personas, casi todos eran negros o de minorías étnicas

Black Lives Matter en la mira

Desde que la justicia decidió a finales de 2014 no condenar a los policías responsables de las muertes de Brown y Garner, las manifestaciones convocadas por el movimiento #BlackLivesMatter se han repetido por todo el país, especialmente en Nueva York, donde miles de personas han salido a las calles y han cortado el tráfico en repetidas ocasiones. La semana pasada, el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, William Bratton, pidió a los legisladores del Estado que la resistencia a la autoridad pasara de ser un delito menor a un delito grave, según informa Peter Rugh en un artículo publicado enwagingnonviolence.org. A principios de año, Bratton ya había anunciado la creación de una unidad de policía que, con el nombre de Grupo de Respuesta Estratégica y armados con ametralladoras, “ayuden a hacer frente a las manifestaciones”. El jefe de policía señaló que la unidad estaría diseñada para “hacer frente a eventos como las recientes protestas [en referencia a las manifestaciones contra la violencia policial contra ciudadanos negros] o incidentes como el de Mumbai, o lo que acaba de suceder en París [en relación al ataque yihadista a la redacción del semanario Charlie Hebdo]”.

Encarcelamiento masivo

Con las movilizaciones por los asesinatos de ciudadanos negros a manos de la policía en Estados Unidos ha surgido también el debate en torno al encarcelamiento masivo causado por el sistema de justicia estadounidense, que afecta principalmente a personas negras o de minorías étnicas.
Juristas civiles han denunciado al Gobierno local de Ferguson por encarcelar a gente por no pagar multas

En 2007, la policía paró en la calle a más de medio millón de personas. Más de la mitad de ellos eran ciudadanos afroamericanos y prácticamente todos eran personas no blancas. En general, toda persona no blanca, especialmente en el caso de los hombres, tiene una mayor probabilidad de pasar un tiempo entre rejas, según explica el libro El color de la justicia, escrito por Michelle Alexandre. La jurista explica cómo las altas condenas por delitos de determinadas drogas, como el crack, y la ‘Ley de los tres strikes’, por las que personas con tercera reincidencia se enfrentan a condenas de 25 años a cadena perpétua, son aplicadas mayoritariamente a ciudadanos negros aun cuando los estudios señalan que cometen delitos relacionados con drogas en una proporción similar a los blancos.

En Ferguson, juristas de derechos civiles demandaron el pasado 8 de febrero al Ayuntamiento por llevar a la cárcel a gente por no poder hacer frente a multas de tráfico u otro tipo de sanciones por infracciones menores. Según los abogados, que señalan que el caso de Ferguson no es aislado, el Gobierno de este municipio consigue una cuarta parte de sus ingresos a través de multas y tasas judiciales.

De las leyes de Jim Crow al sistema judicial

“El esclavo se hizo libre, se mantuvo de pie al sol un breve instante y luego volvió de nuevo hacia la esclavitud”. Esta frase de William Edward Burghardt Du Bois abre el primer capítulo de la obra El color de la justicia, publicado por la abogada de derechos civiles Michelle Alexander. En este libro, Alexander explica cómo las leyes segregacionistas (Jim Crow) que se aplicaron hasta los años 70 en EE UU han sido sustituidas ahora por un sistema judicial que, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, llena las cárceles de ciudadanos negros. La jurista señala cómo la segregación empieza con la decisión de penalizar el consumo de determinadas drogas por encima de otras y se acentúa a nivel policial, con controles masivos en zonas de población negra. Ya en los juzgados, varios estudios muestran cómo personas negras son condenadas a mayores condenas que las blancas por la comisión de los mismos delitos.



Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25749-la-policia-pide-mano-dura-contra-movimiento-black-lives-matter.html

Un exjuez del Supremo panameño, culpable de enriquecimiento ilícito

Latinoamerica podria quedar sin magistrados...

Alejandro Moncada compró apartamentos por 1,7 millones

JOSÉ MELÉNDEZ San José (Costa Rica) 24 FEB 2015 

Alejandro Moncada.

El panameño Alejandro Moncada Luna, designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en enero de 2010 por el entonces presidente Ricardo Martinelli con un salario de 10.000 dólares mensuales, se ha declarado culpable de enriquecimiento injustificado y de falsedad ideológica, y ha sido condenado a cinco años de prisión.

Moncada, separado en 2014 de su cargo y en arresto domiciliario desde octubre pasado, no logró justificar cómo y con qué dinero, tras asumir un puesto en el que manejó casos clave en la justicia panameña, se compró dos lujosos apartamentos valorados en 1,7 millones de dólares. Los edificios le han sido decomisados después de llegar a un acuerdo con la Asamblea Nacional para evitar una pena todavía mayor.

Al declararse culpable, Moncada eludió someterse a juicio en la Asamblea, que pudo haberle condenado a 12 años de cárcel. La decisión, según el abogado panameño Ramiro Jarvis, defensor del exmagistrado, fue por razones de salud de su cliente.

Pese a que por el pacto legislativo quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, a Moncada le serán devueltos 4,6 millones de dólares y tres automóviles valorados en 63.000 dólares que le fueron confiscados durante las investigaciones, que incluían también cargos en contra de corrupción de funcionarios públicos y blanqueo de capital.

El caso estalló en la segunda mitad de 2014, cuando el periódico La Prensa reveló que Moncada adquirió los dos apartamentos en la capital panameña por 1,7 millones, pese a que no constaban en su declaración patrimonial. Moncada aseguró que el dinero para esas compras le fue entregado en préstamo por el panameño Felipe Virzi, quien fue vicepresidente del país de 1994 a 1999.

Martinelli, quien gobernó de julio de 2009 a julio de 2014, defendió a Moncada y aseguró que podría explicar el origen del dinero. Ya como expresidente, Martinelli afirmó en septiembre pasado que Moncada “hizo las cosas bien”. “Yo estoy seguro de que él puede justificar cada real que tiene”, añadió.

A finales de enero pasado, la Corte aprobó abrir un proceso para investigar a Martinelli por presuntos actos de corrupción durante su gestión. El trámite prosigue en torno al exgobernante.

España: multan a Repsol y otras petroleras por pactar precios

La CNMC desmonta el cártel de las petroleras:multas por un total de 32,4 millones de euros






La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España anunció hoy multas por un total de 32,4 millones de euros para cinco petroleras por pactar los precios de los combustibles, intercambiar información y alcanzar pactos de no agresión en el país.

La mayor sanción es para Repsol, que deberá pagar 20 millones de euros, mientras Cepsa (Compañía Española de Petróleos S.A.U) fue sancionada con 10 millones de euros, según un comunicado publicado por la CNMC.

El resto de compañías tendrán que pagar multas menores: la petrolera canaria Disa fue sancionada con 1,3 millones de euros, la filial española de Galp con 800.000 euros, y Meroil con 300.000 euros.

De acuerdo con la CNMC, quedó acreditado que las compañías cometieron infracciones al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se refieren a prácticas prohibidas de coordinación de precios, intercambio de información y pactos de no agresión.

En el comunicado se enumeran cada una de las infracciones cometidas: en primer lugar, un acuerdo entre Cepsa y Repsol para la coordinación en las Estaciones de Servicio de Brea de Aragón e Illueca, en la provincia de Zaragoza, en julio de 2013; un pacto de no agresión entre estas mismas dos compañías en julio-agosto de 2011 en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra; y varios intercambios de información estratégica durante 2011, 2012 y 2013 en relación a aquellas estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas y se encuentran abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra operadora.

En segundo lugar, un pacto de no agresión en precios entre Cepsa y Disa entre julio y septiembre de 2011 y acuerdo entre ambas compañías en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013.

En tercer lugar, diversos intercambios de información entre Disa y Meroil en 2012 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (provincia de Barcelona) y en 2013 en relación a sus márgenes operativos.

Y finalmente, un intercambio de información entre Galp y Meroil relativo a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013.

La resolución corresponde a un expediente abierto el 29 de julio de 2013, y que por la naturaleza de las conductas investigadas fue dividido en dos.

La CNMC recordó a las compañías petroleras que no cabe recurso por vía administrativa ante la sanción, aunque tiene dos meses para apelar ante lo contencioso-administrativo.

CLAVES DE LA OPERACION

La sanción, según un comunicado de la CNMC, obedece a que el organismo asegura tener acreditado varias infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia, así como del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistentes en los siguientes acuerdos e intercambios de información entre competidores:

1. Un acuerdo entre Cepsa y Repsol para la coordinación en las Estaciones de Servicio de Brea de Aragón e Illueca (provincia de Zaragoza) en julio de 2013; un pacto de no agresión entre Repsol y Cepsa en julio-agosto de 2011 en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra; y varios intercambios de información estratégica entre Cepsa y Repsol durante 2011, 2012 y 2013 en relación a aquellas estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas y se encuentran abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra operadora.

2. Un pacto de no agresión en precios entre Cepsa y Disa entre julio y septiembre de 2011 y acuerdo entre ambas compañías en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013.

3. Diversos intercambios de información entre Disa y Meroil en 2012 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (provincia de Barcelona) y en 2013 en relación a sus márgenes operativos.

4. Un intercambio de información entre Galp y Meroil relativo a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013.

En consecuencia, la CNMC ha impuesto a las empresas responsables de las referidas conductas infractoras las siguientes multas: 1. A Repsol 20 millones de euros; a Cepsa 10 millones de euros; a Disa 1,3 millones de euros; a GALP 800.000 euros y a Meroil 300.000 euros.

Según ha detallado la CNMC, la resolución recién aprobada se corresponde con el expediente S/0474/13, que la CNMC incoó el pasado 29 de julio de 2013.

Debido a la diferente naturaleza de las conductas detectadas entonces, la Comisión procedió al desglose de dicho expediente en dos: Uno de ellos se resuelve con la Resolución recién aprobaba, por los motivos detallados anteriormente.

Pero queda aún vivo un segundo, pendiente de resolución, por la coordinación en materia de precios entre cada uno de los operadores de productos petrolíferos y los empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción.

Fuentes de Repsol, que aseguran que la CNMC no les acusa de cártel, han avanzado que consideran la sanción injusta, ilegal y desproporcionada y han anunciado su intención de recurrir. Desde Cepsa también señalan que no están de acuerdo con la decisión de la CNMC y que la recurrirán.

En las últimas semanas estas dos últimas petroleras han solicitado la recusación de Marín Quemada y dos vocales de la CNMC al considerar que están actuando de forma parcial en la tramitación de un expediente (distinto a este que ha motivado esta sanción) sobre fijación de precios.

En ambos casos el organismo ha rechazado las peticiones de recusación.

Las fuentes consultadas han indicado que la decisión de la sala de competencia sobre esta última sanción de 30 millones se ha adoptado por tres votos a favor y dos en contra.

Trepa escándalo por financiación ilegal en Chile

Santiago - Por primera vez en la historia de la Justicia chilena, el fiscal nacional asumirá una investigación penal sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas que involucra a importantes figuras del ambiente y poderosos grupos económicos del país.


Sabas Chaguán, a cargo de la Fiscalía Nacional, anunció que tomará a su cargo la investigación del llamado caso "Penta", que investiga a uno de los principales grupos económicos del país por el financiamiento ilegal de campañas políticas. "He resuelto asumir directamente como fiscal nacional la dirección de la investigación del caso Penta y todas sus aristas", afirmó Chahuán, al anunciar su inédita decisión en conferencia de prensa. "La trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han surgido hacen necesario dar un paso más allá para garantizar la persecución penal con absoluta independencia y autonomía", agregó.

La investigación destapó uno de los mayores escándalos políticos de Chile, al involucrar inicialmente a un grupo económico, dueño de bancos, aseguradoras, clínicas y firmas inmobiliarias y que tiene activos que bordean los u$s 20.000 millones. A Penta se lo acusa de financiar con boletas falsas las campañas políticas de parlamentarios de la derecha opositora, además de otros delitos tributarios. Pero con el correr de la investigación se sumó otro conglomerado económico, el grupo minero Soquimich, controlado por Julio Ponce Lerou, exyerno del dictadorAugusto Pinochet, que habría usado el mismo mecanismo para financiar actos proselitistas.

A Penta y a Soquimich también se los acusa de sobornar a Pablo Wagner, exviceministro de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), quien habría recibido dineros de ambos grupos mientras desempeñaba un cargo público. Hasta ahora, el caso investiga las campañas de dos senadores del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Ena von Baer e Iván Moreira, y los excandidatos presidenciales Andrés Velasco y Laurence Golborne, junto al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, candidato en las elecciones pasadas. También son investigadas las campañas del senador socialista Fulvio Rossi, las de la UDIJaime Orpis y Juan Antonio Coloma, y la del diputado demócrata cristiano Roberto León.

Esta decisión se conoció un día después que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, admitiera que pasó por momentos "difíciles y dolorosos" tras las críticas de la oposición derechista y de parte del oficialismo por los polémicos negocios en los que se vio involucrado su hijo Sebastián Dávalos.
"Sin duda que para mí, como madre y presidenta, han sido momentos difíciles y dolorosos", afirmó el lunes luego de sus vacaciones, un retorno que, además, la esperaba con una importante baja en su popularidad. La mandataria hacía uso de su período de descanso en el sur del país cuando hace algunas semanas estalló el escándalo del que la presidenta sólo se enteró por los medios de comunicación, según dijo en el encuentro con los periodistas.

El caso cobró relevancia luego de conocerse que Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, recibieron un crédito bancario por diez millones de dólares en diciembre de 2013, en una operación negociada directamente con el dueño del Banco Chile, Andrónico Luksic, y materializada un día después de que Bachelet ganara las elecciones.


Bachelet dijo que se enteró por los medios de denuncia contra su hijo


Michelle Bachelet.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, aseguró hoy que se enteró por la prensa de un millonario negocio que involucra a su hijo, que está siendo investigado por la justicia.

"No tuve información previa, ni después, me informé en Caburgua por la prensa", afirmó Bachelet a los periodistas tras retomar este lunes sus funciones, luego de pasar sus vacaciones en el sur de Chile, en una casa que posee a orillas precisamente del lago Caburgua.

Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet, fue denunciado por la derecha chilena ante la justicia por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada tras un polémico negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Campagnon.

El hijo de la mandataria, que se desempeñaba como director sociocultural de la Presidencia, renunció al puesto el pasado 13 de febrero.

Agencias AFP, EFE y Reuters

FONDOS BUITRES OPERANDO

 LA AFIP DENUNCIO POR INTENTO DE VACIAMIENTO A LA AUTOPARTISTA DELPHI

Especialistas en desestabilización

La autoridad fiscal detectó que la firma, con capitales ligados a Paul Singer, buscaba desmantelar la planta en San Juan a favor de un negocio armado en Brasil, que iba a capturar su demanda. Buscan asegurar su continuidad en otras manos.

 Por Tomás Lukin

La AFIP denunció penalmente a la empresa Delphi Packard Argentina por el presunto delito de alteración del orden económico y financiero. La multinacional autopartista de capitales estadounidenses pretende cerrar su planta en San Juan donde trabajan más de 470 personas. Las autoridades tributarias advierten en su presentación judicial que la compañía desplegó maniobras de vaciamiento, un mecanismo similar a lo observado durante la quiebra fraudulenta de la imprenta Donnelly. El objetivo declarado de la firma que tiene entre sus accionistas al fondo buitre Elliottt Management, de Paul Singer, es abastecer mazos de cable a las terminales automotrices desde Brasil. El principal cliente en el país, PSA PeugeotCitroën, acompaña esa decisión. Desde los ministerios de Trabajo, Industria y Economía promueven que, en lugar de concretar su liquidación, Delphi sea transferida para preservar los puestos de trabajo. La empresa es uno de los principales empleadores privados de la provincia. La denuncia presentada ante el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, representa un último intento para acelerar ese proceso.

Hay dos interesados declarados en adquirir Delphi: el presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez, y Enrique Ruffo, propietario de la autopartista Cibasa. Ambas propuestas están acompañadas por contratos de provisión de mazos de cable a terminales como, por ejemplo, FIAT, que hoy importa esos insumos desde Uruguay. La próxima semana debería alcanzarse una resolución definitiva del conflicto. La transferencia a capitales locales permitiría preservar los puestos de trabajo y evitar mayores tensiones sobre la balanza comercial como consecuencia del incremento en las importaciones.

Las autoridades de la empresa regresaron a Brasil donde Delphi concentra sus operaciones regionales. El presidente para América latina es Paulo Santos y la liquidación de la planta sanjuanina está en manos del abogado Alejandro Ciero, socio del estudio Tanoira Cassagne. Con ambos, el lunes mantuvieron una reunión/teleconferencia los ministros Axel Kicillof, Carlos Tomada y Débora Giorgi. Si no prospera la transferencia, el Gobierno exige a la firma que otorgue una indemnización completa a los trabajadores y no la que correspondería si la empresa estuviera en una situación de crisis. En ese caso, los trabajadores del sector plástico reclaman una compensación todavía mayor. Incluso plantearon a lo largo del conflicto la posibilidad de autogestionar la empresa.

Sangre buitre

Delphi es un gigante autopartista norteamericano que nació a mediados de los noventa como una división de General Motors. Con dificultades financieras y denuncias de abusos desde comienzos de los 2000, en medio del estallido de la crisis internacional, el fondo Elliott desembarcó junto con otros buitres en Delphi, donde se convirtieron en accionistas controlantes. Se trató de una operación hostil. Primero adquirieron su deuda por un 20 por ciento del valor nominal y luego, su capital pagando sólo 67 centavos por acción. Cuando salió al mercado, las acciones cotizaron 22 dólares, una ganancia del 3000 por ciento.

La exorbitante rentabilidad hubiera sido imposible sin acceder, presiones de cierre de todas sus plantas y destrucción de 25 mil puestos de trabajo mediante, a los distintos planes de salvataje lanzados por el gobierno de Barack Obama. En total, los subsidios, condonación de deudas y beneficios estatales de Delphi ascendieron a 12.900 millones de dólares. Finalmente, de 29 plantas que tenía la compañía en Estados Unidos sólo cuatro siguen funcionando. Una investigación realizada por el periodista Greg Palast publicada en la revista norteamericana The Nation reveló que uno de los inversores en ese negocio, junto con Singer, fue el ex candidato presidencial republicano con su esposa, Mitt y Anne Romney. Por su inversión inicial de un millón de dólares recibieron, por lo menos, 15,3 millones.

En agosto de 2012 el Grupo Pescarmona vendió la autopartista TCA a la multinacional Delphi. La empresa fue instalada en la localidad sanjuanina de Santa Lucía en 1986, beneficiándose de diferentes políticas de “promoción industrial”. El ingreso de la empresa norteamericana fue celebrado por las autoridades nacionales ya que, supuestamente, permitiría avanzar en el proceso de sustitución de importaciones junto con las otras tres principales productoras nacionales de mazos de cable: Kromberg & Shubert, Yasaki y Lear, otra de las firmas del sector con inconvenientes.

Sin embargo, la información financiera de la compañía a lo largo de los últimos dos años evidencia, para las autoridades de la AFIP, un vaciamiento planificado. Incluso en un año record para el sector como fue 2013 se endeudó en exceso –local y con empresas vinculadas del exterior–, no invirtió y exhibió una escasa rentabilidad.

tlukin@pagina12.com

“Una cuantiosa maniobra de contrabando”

› EL GOBIERNO DENUNCIO PENALMENTE A ANTONIO STIUSO Y OTROS EX AGENTES DE LA SI

El titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, reveló que Stiuso y otros ex agentes usaban los regímenes especiales de la SI “en beneficio propio”. Se detectó la importación de casi cien toneladas de mercadería de naturaleza desconocida.

 Por Ailín Bullentini

El titular de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, y su número dos, Juan Martín Menna, denunciaron a Antonio Stiuso y otros dos ex agentes por “contrabando agravado y evasión tributaria”. Stiuso, ex director de Operaciones de la SI, señalado como uno de los principales informantes del fiscal Alberto Nisman, fue acusado de integrar una red delictiva que se valía de los regímenes especiales que por ley tiene ese organismo “en beneficio propio”. “Se trata de una cuantiosa maniobra de contrabando perpetrada desde la Secretaría de Inteligencia por un sector de sus funcionarios en perjuicio del Estado y valiéndose del paraguas protector de la ley”, dijo Parrilli en una conferencia de prensa que protagonizó junto con Menna. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Penal Tributario número 3, a cargo de Rafael Caputo.

Anteayer, la cúpula de la SI demandó a Stiuso y a los ex espías Nicolás Mercado y Alejandro Patrizio por la importación de casi cien toneladas de mercadería de naturaleza desconocida y libre de impuestos entre 2013 y 2014, a los que no se les encontraron “área o sector de destino” dentro de la SI. Se trata de “personal de la Dirección de Operaciones que dependía del señor Stiuso”, puntualizó Parrilli y aseguró que “hasta ahora” no encontraron “ningún elemento” que indique que las áreas superiores tenían conocimiento de la cuestión. La demanda los acusa de contrabando agravado y evasión fiscal, delitos que implican penas de entre cuatro y diez años de prisión. También solicita a la Justicia “medidas tendientes” a desarrollar con rapidez la investigación “para la sanción que corresponda a los responsables de este delito en perjuicio del Estado, que no es sólo un simple contrabando, sino que además se llevó a cabo utilizando prerrogativas y beneficios que la ley otorga a funcionarios en beneficio propio”, se explayó Parrilli, desde la Sala de Conferencias de la Casa Rosada.

Los funcionarios informaron que, además de los tres ex agentes, “hay personal de la Aduana comprometido en este contrabando”, así como “comerciantes civiles: fleteros y comerciantes que han adquirido esta mercadería”, apuntó el secretario. Según determinó, hay veinte firmas importadoras involucradas. El titular de la SI opinó que la investigación debería indagar sobre la compra de la mercadería denunciada: “A esos proveedores, ¿quién les pagó? No fue la SI, no hay ninguna constancia” de eso, apuntó.

Entre las medidas de prueba solicitadas, la SI le propuso a Caputo que libere exhortos internacionales a los organismos de Comercio de los países de origen de la mercadería importada “para que colaboren con la investigación y nos ayuden a conocer el contenido de los containers” objeto del contrabando.

Parrilli añadió que ordenó “medidas correctivas” dentro de la SI destinadas a “asegurar que esto no ocurra más”: ordenó el inicio de sumarios administrativos, la suspensión preventiva durante 60 días de empleados que aún integran la planta de la SI y que estarían involucrados en el delito. En ese sentido, recalcó que la maniobra denunciada “se ha cortado”. “Esta medida se enmarca dentro del proceso de transparencia de todo el sistema de inteligencia que se está llevando a cabo”, agregó Menna.

Los hechos

De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional, cuya reforma se tratará hoy en la Cámara de Diputados, y con decretos complementarios, la SI cuenta con una “prerrogativa especial” que le permite la importación de mercadería sin tributar impuestos de ningún tipo y bajo régimen de confidencialidad. Es decir: puede comprar bienes a otros países y retirarlos de la Aduana sin abonar un solo peso al fisco y sin que nadie controle de qué mercadería se trata. Según informaron ayer las autoridades de la SI, descubrieron que entre 2013 y 2014 se importaron, bajo estos beneficios, 94 toneladas de mercadería indefinida cuyo destino dentro del organismo es “incierto”. “Hay 67 operaciones que hasta ahora hemos detectado por las que no se pagó ningún tipo de arancel y no están afectadas a la Secretaría de Inteligencia. Por esas toneladas no se han pagado derechos y no sabemos qué es, aunque presumimos algo, ni adónde fueron.” Los funcionarios aseguraron que el análisis de datos continúa “sobre años atrás para ver la magnitud de esta maniobra” y si “sucedió lo mismo en años anteriores”.

Si bien las cargas denunciadas como objeto de la maniobra de contrabando pudieron ser ingresadas al país, como el resto de las operaciones del estilo que lleva a cabo la SI, sin que ningún funcionario de Aduana pudiera determinar su naturaleza, alguna documentación –guías de embarques, por ejemplo– permitió determinar la naturaleza general de los containers. Así se logró saber que desde Japón llegó “equipamiento para medicina”, “instrumentos electrónicos” llegaron desde China y “componentes electrónicos” desde Miami. “Que sepamos, no tenemos mucho equipamiento médico en la Secretaría, pero bueno”, ironizó Parrilli. “En la mayoría de los documentos había sólo una simple referencia, que consignaba ‘material técnico secreto’”, apuntó Menna. Algunas cargas venían catalogadas desde origen y fue la actividad de esas compañías lo que permitió atribuir la presunta naturaleza del material enviado: material oftalmológico en un caso, juguetes electrónicos, como consolas de videojuegos, en otro.

La difusión pública de la denuncia que las máximas autoridades de la SI presentaron el lunes en la Justicia penal estuvo acompañada de una serie de filminas que exhibieron parte de la documentación que respaldó la demanda contra Stiuso, Patrizio y Mercado. Entre los papeles figuraron constancias de comunicaciones entre funcionarios aduaneros y de la secretaría que acreditan la participación de los denunciados. Las cargas “venían a nombre de Antonio Stiuso, de la Secretaría de Inteligencia o de Presidencia de la Nación. Estaban muy confundidos los roles entre el señor Stiuso y la secretaría”, aclaró Parrilli.

Los bienes que componen el contrabando denunciado provinieron mayormente de Estados Unidos: el 84 por ciento “precisamente de Miami y San Francisco”, detalló Parrilli. El resto, del Reino Unido, Holanda, China, Corea, Japón y Brasil.

Facsímiles de las constancias de contactos entre Stiuso, funcionarios de la Aduana y la empresa importadora.

El Estado Islámico lleva su terror a Libia

La caravana de camionetas Toyota Hilux, entregadas gentilmente por Arabia Saudita, ingresó a Sirte en una secuencia casi calcada a la ocurrida meses atrás, cuando el Estado Islámico (EI) penetró en Mosul, una de las ciudades más importante de Irak y comenzó una cacería humana acompañada con robos y saqueos, además del control de importantes pozos petroleros.

2/23/15 

LEANDRO ALBANI / Resumen Latinoamericano 

Ahora la imagen se repite: la fila de camionetas cargadas de mercenarios armados y rodando por una ruta lindera al mar Mediterráneo que desemboca en Sirte, la ciudad libia que supo ser el último bastión de resistencia del líder Muammar Al Gaddafi, asesinado por un grupo de mercenarios apoyados por los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La toma de Sirte por parte del EI confirma algo que el propio Gaddafi denunció a principios de 2011, cuando su país se convirtió en el blanco de la desestabilización: la nación del norte de África estaba infectada de milicianos de Al Qaeda y ellos mismos eran los encargados de orquestar atentados y asesinar civiles. En ese momento, las palabras del coronel que en 1969 había encabezado la Revolución Verde fueron desoídas. Estados Unidos y sus aliados sabían que Libia -potencia petrolera a nivel mundial- era la nueva presa, aunque su gobierno había dejado de lado muchas de las banderas revolucionarias que décadas atrás marcaron a África y Medio Oriente.

En los últimos meses, las denuncias sobre la presencia del EI en Libia se fueron multiplicando. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y los países de la región alertaron una y otra vez que el grupo liderado por Abu Bakar Al Bagdadi se desplegaba en territorio libio. Por supuesto que Estados Unidos, que participó en el plan para derrocar a Gaddafi bajo la excusa de llevar “libertad” y “democracia”, hizo oídos sordos a las denuncias.

Desde hace varios días, las banderas negras con inscripciones blancas ondean en los edificios públicos y en la universidad de Sirte, ciudad ubicada a 300 kilómetros del sur de Italia (Mediterráneo de por medio), fronteriza con Egipto y que concentra el 66% de la producción petrolera de la nación africana. Sin dudas, el EI sabe muy bien cuáles son sus objetivos. Mosul y Kirkuk en Irak, Alepo y Al Raqqa en Siria, y la región kurda de Rojavá son las zonas en que los mercenarios de Al Bagdadi intentan hacer pie, dejando a su paso una estela de masacres y destrucción. Mosul, Kirkuk, Alepo, Al Raqqa y Rojavá, en las cuales sus tierras poseen las principales reservas petroleras de Medio Oriente.

La llegada del Estado Islámico a Sirte se produce mientras crecen los bombardeos de Egipto en territorio libio y las crecientes tensiones después de la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios por parte del EI.

El crecimiento de los mercenarios de Al Bagdadi en Libia es consecuencia directa de la invasión de la OTAN en 2011. Caído el gobierno de Gaddafi, un sinfín de grupos terroristas empezaron a aflorar y controlar ciudades. A su vez, los enfrentamientos tribales aumentaron al mismo tiempo que la crisis humanitaria sigue profundizándose. Saqueados los cuarteles militares, los mercenarios y yihadistas en Libia no sólo utilizan esa fuerza de fuego al interior del país, sino que la presencia de terroristas libios, o entrenados en ese país, es una constante en Siria e Irak. Libia, que hasta hace unos años ostentaba el mejor nivel de vida en África, ahora es señalada como la principal nación “exportadora” de terroristas hacia el mundo.

La crisis que atraviesa Libia llegó al punto de que en la actualidad existen dos gobiernos. Uno asentado en Trípoli, la capital del país, y otra administración en la ciudad de Tobruk, respaldada por el ex general Jalifa Haftar, con estrechos vínculos con la CIA. El propio Haftar, un ex militar que intentó un golpe de Estado el año pasado, denunció a Qatar y a Turquía como los responsables del avance del EI en Libia. El ex general declaró que esos dos países “secundan el terrorismo” y que “el pueblo libio nunca olvidará sus acciones destructivas”. Con anterioridad, el primer ministro de Libia, Abdolá Al Thani, manifestó que las posturas del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han desestabilizado la seguridad en el país. Pese a los enfrentamientos internos en Libia, los diferentes sectores coincidieron en demandar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que levante el embargo de armas para que las fuerzas armadas puedan combatir al EI.

Por su parte, Abu Mohamad Al Faryani, uno de los líderes del Estado Islámico en Libia, llamó a los grupos irregulares de la norteña Misrata a unirse a las filas de Al Bagdadi. Al Faryani ordenó a su vez efectuar atentados contra los soldados y los cristianos libios. También se conoció que los ataques del EI en la oriental Al Qoba dejaron como saldo 44 personas muertas, 37 heridos y siete desaparecidos.

A mediados de febrero, el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, concedió una entrevista a Euronews en la que afirmó que los principales responsables de la existencia del Estado Islámico son Israel y Estados Unidos. Sus declaraciones, poco difundidas en América Latina, fueron contundentes. “He dicho que la CIA y el Mossad están detrás de estas organizaciones. Lo que está claro es que ningún musulmán está preparado para hacer este tipo de acciones”, sostuvo el mandatario al respecto de grupos similares al EI. Al Bashir agregó que “la injerencia de Estados Unidos en la región y el apoyo a Israel explican por qué muchos jóvenes se unen a este tipo de organizaciones, grupos que sin duda cuentan con el apoyo de los organismos internacionales que quieren dañar la imagen del islam”.

Las palabras de Al Bashir son una nueva alerta sobre las consecuencias de permitir que el Estados Islámico se mueva con plena libertad en la región del Magreb. Sudán, ubicado también en el norte de África, podría ser el próximo blanco de los seguidores de Al Bagdadi.

Falla el putsch de Obama en Venezuela

Una vez más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen que se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015, un avión propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes latinoamericanos.

2/23/15




THIERRY MEYSSAN / VOLTAIRE –

 Una vez más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen que se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015, un avión propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes latinoamericanos.


El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de los Estados más democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor en materia de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de la independencia y la redistribución de la riqueza nacional.

Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.

La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.

Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.

Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.

Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.

Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.

El ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W. Geary, actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.

La acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).

Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff

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Varios oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de antemano un mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder para restaurar el orden en el país. También estaba previsto que suscribirían el plan de transición, publicado en la mañana del 12 de febrero de 2015 en el diario El Nacional y redactado por el Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía la formación de un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María Corina Machado.

El golpe de Estado pondría en el poder a María Corina Machado. El 26 de enero de 2015, la ex diputada recibía en Caracas a sus principales cómplices extranjeros.

María Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación que organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los servicios del publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota, María Corina Machado fue recibida con honores por el presidente George W. Bush en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de ser electa en 2011 como representante del Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado se presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de la delegación de Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente destituida de su cargo de diputada por haber violado así los artículos 149 y 191 de la Constitución de Venezuela.

Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista

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¡Mala suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a las personalidades sospechosas de haber fomentado un complot anterior para asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de Caracas había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique Salas Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño, el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M. Burelli, quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían sido falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran cómplices.

Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante del jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski.

El presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión denunciando a los conspiradores. Mientras tanto, en Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009 en Honduras o más recientemente, en enero de 2015, en la intentona golpista de Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como todas las anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo, Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno venezolano trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la grave situación que está confrontando.»

Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra de la democracia?

Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema de reflexión.


Estados Unidos contra Venezuela

En 2002, Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías [1] y posteriormente asesinó al juez venezolano a cargo de la investigación, Danilo Anderson [2].

En 2007, Estados Unidos intentó un cambio de régimen organizando en Venezuela una «revolución de color» con la participación de grupos trotskistas [3].

En 2014, Estados Unidos pareció renunciar a su objetivo y respaldó grupos anarquistas que realizaron innumerables actos vandálicos para desestabilizar Venezuela, lo que los venezolanos llaman la Guarimba [4].

Cables de WikiLeaks revelan contactos de la oposición venezolana con EE.UU.

Publicado: 23 feb 2014 19:50 GMT | Última actualización: 23 feb 2014 21:08 GMT

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Jorge Silva

Documentos filtrados por WikiLeaks revelan que líder de la oposición venezolana Leopoldo López se menciona al menos 77 veces en los cables diplomáticos de Estados Unidos.

Muchos de los cables se centran en las disputas internas dentro de la oposición, con López a menudo en conflicto con los demás, tanto dentro de su partido como con otros miembros de la oposición, de acuerdo con un informe publicado por el  CERP (Centro para la Investigación Económica y Política).

Dadas las revelaciones, expertos señalan que no es de extrañar que las actuales protestas, al frente de las cuales ha estado López pidiendo "la salida" del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, también hayan provocado divisiones internas dentro de la oposición.

El Gobierno de EE.UU. ha estado financiando a la oposición venezolana durante al menos 12 años, incluyendo, como el propio Departamento de Estado estadounidense ha reconocido, algunas de las personas y organizaciones involucradas en el golpe militar del 2002. Su objetivo ha sido siempre deshacerse del Gobierno de Chávez y reemplazarlo por alguien más de su agrado.

Sin embargo, su financiación no es probablemente su contribución más importante en Venezuela, ya que la oposición venezolana tiene la mayor parte de la riqueza y de los ingresos del país. El rol más importante que EE.UU. juega es el de presionar desde el exterior contra la unidad interna, algo que, tal como estos cables y la historia de los últimos 15 años muestran, ha sido un grave problema para la oposición venezolana.

Algunos de los cables filtrados revelan el gran interés de EE.UU. por el papel que López está desempeñando en Venezuela pueden leerse a continuación:

28 de marzo del 2008: El cable informa de una reunión entre el senador EE.UU. Ron Wyden y López, señalando que "el senador y su equipo discutieron posibles estrategias de medios con López y métodos para trasladar de manera eficiente su mensaje al público en EE.UU.".

11 de abril 2008: La embajada de EE.UU. se reunió con una asesora legal de López, quien  expuso su estrategia legal para evitar que impidan el acceso al poder [de López]. Ella señaló que "cree que hacer a López víctima de las maquinaciones de la RBV (República Bolivariana de Venezuela) está haciendo que su popularidad aumente".

17 de julio 2008: EE.UU. coincide con el análisis de la asesora legal [de López], escribiendo, "Curiosamente, las descalificaciones parecen estar convirtiendo a Leopoldo López en una figura de la oposición a nivel nacional, en lugar de sólo una estrella en ascenso en Caracas".