25 mar 2015

Huelga de profesores y alumnos contra la reforma universitaria en España


Sindicatos del profesorado (CC.OO., CSI-F, UGT, ANPE, CGT y STEs-i) y varias organizaciones de estudiantes (entre ellas el Sindicato de Estudiantes y FAEST) convocaron para hoy una huelga educativa en universidades, institutos y centros de Formación Profesional, con el objetivo de protestar contra la reforma del sistema universitario que está llevando a cabo el Gobierno de España por la vía de Real Decreto.

24 marzo 2015




Francisco García Suárez, secretario general de enseñanza de CC.OO., ha recriminado al Gobierno el modo de llevar a cabo la reforma, sin consenso y por la vía de decreto del Ejecutivo.

“Buscan introducir cambios estructurales en la educación superior por la puerta de atrás, sin debate público, sin debate parlamentario, sin control del Parlamento… En fin, como las repúblicas bananeras”, lamentó.

Además de pedir al Gobierno que revierta los recortes, que dé marcha atrás en la modificación del sistema de becas, en la reducción de la tasa de reposición de profesores y en otras medidas encaminadas a reducir el presupuesto para educación con el objetivo de “racionalizar” los recursos (varias de ellas contenidas el Decreto 14/2012), las exigencias del las organizaciones que llaman a la movilización incluyen la retirada del Decreto aprobado el pasado 30 de enero por el que las universidades podrán crear grados de tres años y la paralización de otros dos reales decretos que se encuentran actualmente en las últimas fases de su tramitación.

En caso de que los dos proyectos de Decreto resulten finalmente aprobados, servirán para flexibilizar las condiciones que ahora son necesarias para abrir un nuevo centro universitario y para modificar los criterios de acceso a la docencia en las universidades, con el fin de que se tengan en cuenta los méritos profesionales de los aspirantes en aquellos casos en que no existan méritos académicos relevantes.

Para las organizaciones que llaman a la huelga, todas estas medidas se enmarcan en un itinerario de “privatización” de los estudios universitarios que provocarán el encarecimiento de la formación necesaria para acceder al mercado de trabajo desde la universidad (aseguran que será necesario un máster, más caro que los grados), el recorte de las plantillas de profesores (como consecuencia de que los grados duren menos) y la proliferación de universidades privadas, que no se verán obligadas que cumplir los criterios de calidad que se exigen a las universidades públicas.

El pasado mes de febrero, los días 25 y 26, el Sindicato de Estudiantes ya convocó una huelga de 48 horas en colegios e institutos para protestar por la aprobación del decreto que permite crear grados de tres años, y para la que contó con el apoyo de CC.OO.

En esta ocasión, participan en la convocatoria tanto sindicatos como organizaciones estudiantiles y cuentan con el apoyo de plataformas sociales como la Marea Verde Estatal, Foro de la Cultura, Plataforma en Defensa de la Cultura, Consejo de la Juventud de España y Cumbre Social.
Manifestaciones a las 18:00 en todas las provincias

Todas ellas han asegurado que la modificación de la universidad es un asunto que “trasciende a toda la sociedad” y han pedido a “los ciudadanos de a pie” que se sumen a las manifestaciones que hay convocadas a las 18:00 del 24 de marzo en todas las capitales de provincia española.

En el caso de Madrid capital, la marcha partirá a las 18:00 horas desde la glorieta de Neptuno, en el Paseo del Prado, hasta llegar a las puertas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la calle Alcalá.

“Vamos a defender una universidad pública de calidad y los derechos de las personas a estudiar por un precio módico y a tener una oportunidad de seguir su vocación en la vida –explicaba la escritora Juana Salabert, el pasado miércoles– Para eso pagamos impuestos, para tener una sociedad donde haya ascensor social y capacidad para atender a la vocación de las personas”.

En esta línea el Sindicato de Estudiantes (SE) ha recogido más de 144.000 firmas en Change.org para retirar la retirada del Decreto conocido como ’3+2′ y una nueva plataforma estudiantil con el mismo apodo, Plataforma Referéndum 3+2, está llevando a cabo consultas en el seno de las universidades españolas para realizar una suerte de “referendum” sobre la aceptación de la nueva norma entre la comunidad universitaria.

En la Comunidad de Madrid, más de 31.500 personas habían participado en la consulta de la plataforma (formada por estudiantes y profesores) con un resultado negativo para la reforma del 97% de oposición, según los promotores de la iniciativa.

La secretaria general del SE, Ana García, ha amenazado al Gobierno con “paralizar” el sistema educativo si no revierte las reformas tras la huelga del 24 de marzo.

“Si la próxima huelga del 24 de marzo no es suficiente, por supuesto que seguiremos. Que tenga muy claro el ministro que esto no acaba aquí y que vamos a estar en la calle hasta que no le quede más remedio que retirar el 3+2 y todos los ataques contra la educación pública que está lanzando este gobierno”, expresó el pasado martes, una semana antes de la huelga.

Por su parte, el ministro de Educación Cultura y Deporte ha respondido al SE que “puede entregar las firmas que desee” pero ha insistido en que no retirará la reforma de la duración de los grados porque considera que “es una iniciativa beneficiosa para el sistema universitario, para su internacionalización y sobre todo una iniciativa beneficiosa para los estudiantes”.

Con respecto a esto, el presidente del Consejo de la Juventud de España y portavoz de Cumbre Social, Héctor Saz, recriminó al Gobierno su persistencia en llevar a cabo reformas “sin consenso social”.

“Más allá del contenido de la reforma -ha explicado- el Gobierno sigue avanzando en hacer políticas que crean disensión en la sociedad. Se está dando lo contrario de lo que se pide: una política duradera, un pacto de Estado”.

(Con información de agencias)





Estados Unidos acusa a Israel de espiar la negociación con Irán

Nuevos cruces
AFIRMÓ QUE LE ROBÓ SECRETOS DE INTELIGENCIA Y SE LOS ENTREGÓ A REPUBLICANOS. DESMENTIDA DEL GOBIERNO HEBREO





Jerusalén - Las ya tensas relaciones entre Israel y Estados Unidos podrían complicarse aún más después de que la prensa afirmara que el Estado judío espió las negociaciones de las grandes potencias con Irán sobre el conflicto nuclear iraní.

El diario estadounidense The Wall Street Journal afirmó en su edición ayer, citando a un alto funcionario estadounidense, que Israel robó secretos de Estados Unidos.

Israel transmitió esos secretos a congresistas estadounidenses contrarios a las negociaciones para que los utilizaran contra los esfuerzos diplomáticos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, afirmó el diario.

Israel desmintió inmediatamente esa información, que tildó de "contraria a la verdad".

"Una cosa es que Estados Unidos e Israel se espíen mutuamente. Pero otra cosa es que Israel robe secretos de Estados Unidos y los comparta con legisladores estadounidenses para sabotear la diplomacia estadounidense", escribió The Wall Street Journal, citando a un alto funcionario estadounidense.

"Esta información no es cierta. Obviamente Israel tiene que defender sus intereses en materia de seguridad y tenemos nuestros propios servicios de inteligencia. Pero nosotros no espiamos a Estados Unidos", dijo el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman.

"Obtuvimos nuestras informaciones de otras fuentes, no de Estados Unidos. Las instrucciones son claras desde hace décadas: no espiamos a Estados Unidos, ni directa ni indirectamente", agregó.

"Hay suficientes participantes en estas negociaciones, incluidos los iraníes", insistió el canciller, reconociendo tácitamente el espionaje, pero dando a entender que las filtraciones pueden haber tenido otro origen.

El presidente Barack Obama eludió ayer comentar el asunto durante la conferencia de prensa que brindó junto a su par afgano, Ashraf Gani, al señalar que por norma no habla "sobre asuntos de inteligencia en una sala llena de periodistas".

La actividad desplegada por el Gobierno de Benjamín Netanyuahu contra las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, incluida la intervención excepcional del premier en el Congreso estadouniodense el 3 de marzo pasado, irritó a la Casa Blanca.

Quien lo invitó a hablar ante el legislativo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, negó haber recibido información israelí. "Francamente, estoy un poco en shock, porque ninguna información me ha sido revelada", declaró Boehner. "No estoy al tanto de eso", insistió Boehner, quien viajará próximamente a Israel, durante el feriado de Semana Santa.

"El carácter público de la mutua hostilidad" entre Obama y Netanyahu "representa el punto más bajo de la relación", opinó Jonathan Rynhold, autor de un libro sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel. "Creo que nunca hubo críticas personales tan violentas en público", agregó.

"Las palabras cuentan. Si usted dice algo diferente al cabo de dos días, ¿qué es lo que hay que creer?", dijo el lunes el Departamento de Estado. "No leemos en su pensamiento", agregó.

La campaña electoral de Netanyahu exasperó por diversas razones al Gobierno estadounidense. Para hacerse elegir, Netanyahu prometió que no iba a haber un Estado palestino, que Jerusalén nunca será la capital de un Estado palestino, que iba a continuar con la colonización de los territorios árabes y esgrimió el peligro de un voto masivo de los árabes israelíes.

Después de la victoria, Netanyahu intentó matizar sus declaraciones sobre la creación de un Estado palestino y el lunes dijo que lamentaba haber herido la sensibilidad de los árabes israelíes.

El lunes, el secretario general de la Casa Blanca, Denis McDonough, llamó a Israel a terminar con "la ocupación que dura desde hace casi cincuenta años", recordando que Estados Unidos es favorable a la solución de dos Estados, uno israelí y el otro palestino.

Obama, primer presidente negro de Estados Unidos, había criticado las declaraciones de Netanyahu sobre el voto de los árabes israelíes, dando a entender que el primer ministro socavaba la democracia israelí.

Las declaraciones poselectorales de Netanyahu no tranquilizaron a Washington y la administración estadounidense dijo que estaba obligada a reevaluar el apoyo histórico que aporta a Israel en la ONU. Para el Estado judío esto es peligroso, ya que abriría la puerta a que prosperen las anunciadas denuncias palestinas por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional.

Agencias AFP, ANSA y EFE,

Venden pueblos en España por el mismo valor de un departamento de 40 m2 en Palermo

La crisis hizo que los habitantes de algunos aldeas y pueblos ibéricos se mudaran a las grandes ciudades en busca de oportunidades lo que generó un boom de pueblos fantasmas. Por apenas 70.000 euros puede ser dueño de cuatro casas de piedra del siglo XVIII
EL CRONISTA Buenos Aires



España: venden pueblos por el mismo valor de un departamento en Palermo

El mercado inmobiliario en la Argentina está planchado. Mientras vendedores e inmobiliarias apuntan al cepo al dólar, desde el lado de los compradores señalan que es por la falta de crédito a una buena tasa y los altos precios del metro cuadrado.

Respecto a este último punto, si se tiene en cuenta que por un valor similar al que hoy se pide por un departamento de 45 metros cuadrados en Palermo y que por el mismo monto se puede comprar un pueblo entero en la Ribera Sacra, en Lugo, España; parece ser cierto.
Una web española dedicada a la venta de aldeas abandonadas tiene entre sus ofertas una aldea que cuenta con cuatro casas de piedra siglo XVIII en la Ribeira Sacra, la zona que comprende las riberas del río Sil y del Miño por apenas 70.000 euros.

La crisis en España hizo que muchos migraron de los pequeños pueblos hacia las grandes ciudades en busca de alguna oportunidad lo que dejó varias villas totalmente deshabitadas.
“Vemos muchas aldeas abandonadas. En la actualidad tenemos unas 2.000 y pico de pueblos en cartera, aunque no todos ellos podemos venderlos, porque antes de poder hacerlo hay mucho papeleo por hacer”, explicó Elvira Fafian, gerente de la página web www.aldeasabandonadas.com

Según explicó Fafian a la agencia Europa Press, la crisis económica ha supuesto “un boom enorme” para esta peculiar inmobiliaria, que no sólo vende casas sino aldeas enteras de hasta 10 edificios sin habitar. “Hay gente que tenía casas o que había ido heredando la aldea entera y ahora busca ingresos”, señala.


Alrededor del 56% de los municipios incluidos en el padrón han perdido población entre 1996 y 2014, según un análisis realizado por europapress.es a partir de los datos del padrón municipal de habitantes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero no sólo hay “ofertas” de 70.000 euros, en la misma web se puede adquirir una villa a 90 kilómetros de Salamanca, de “400 has de terreno, varios edificios, 19 habitaciones repartidas entre diferentes edificios separados por patios. Las habitaciones son climatizadas y dispone de zonas comunes como porche, miradores, terrazas, salones, chimenea, patio cubierto, capilla, piscina, cuenta con salas de reuniones donde realizar seminarios o reuniones” por apenas 6,8 millones de euros. Aclara que el precio “es conversable”.

Pero también se puede conseguir algo intermedio. Por 525.000 euros se ofrece todo un pueblo abandonado en Burgos a sólo 270 kilómetros de la capital de España: una finca con 75 casas “a reformar” y ofrece no sólo las propiedades sino que también está “la opción de comprar varias hectáreas anexas a la propiedad”

Por el mismo monto (unos u$s 600.000) en la ciudad de Buenos Aires hoy se puede comprar un departamento de 190 m2 con cochera en Quintana y Callao, una casa de 300 mts con parque y pileta en la zona de Flores o de Villa del Parque.

Si se lo compara con el interior de la Argentina en donde los precios parecerían ser ser más accesibles. Por el mismo monto se puede acceder a un chalet en el barrio Los Troncos de Mar del Plata o una casa en Villa Allende Golf en la provincia de Córdoba.

Depósitos de argentinos en Uruguay ahora alcanzan los u$s 3.000 millones


Además, en la plaza charrúa calculan que hay otros u$s 1.000 millones de argentinos en sociedades de bolsa de ese país. Más u$s 15.000 millones en la banca privada uruguaya, monto que representa casi la mitad de las reservas del Banco Central. En total, estiman en el mercado que ya hay u$s 400.000 millones de argentinos fuera del sistema financiero local




Depósitos de argentinos en Uruguay ahora alcanzan los u$s 3.000 millones





Mientras Alejandro Vanoli busca dólares por todas partes para engrosar las reservas del Banco Central, a Alberto Graña, su par uruguayo, le llueven las divisas: los depósitos trepan a u$s 17.000 millones (10% más que hace un año), mientras que los de lo no residentes vienen creciendo mes a mes y ya alcanzan los u$s 4.255 millones, de los cuales u$s 3.000 millones pertenecen a argentinos. "Además, hay aproximadamente otros u$s 1.000 millones de argentinos en sociedades de bolsa uruguayas, tanto en bonos de empresas para estatales como en títulos públicos", estima Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Según sus cálculos, hasta hace unos años había otros u$s 20.000 millones de argentinos en banca privada que operan en Uruguay pero que tienen el dinero en otros destinos: "Pero últimamente mucha plata que era atendida desde el país vecino ahora se fue a Panamá. El Royal Bank of Canada se retiró, y debía tener alrededor de u$s 3.000 millones de argentinos, mientras el Dioscount y el Leumi están queriendo vender sus filiales".

Calculan que actualmente hay 25.000 argentinos con un promedio de u$s 600.000 cada uno en la banca off shore charrúa, lo que totaliza u$s 15.000 millones, cifra que representa casi la mitad de las reservas del Banco Central de nuestro país.

En la plaza financiera aseguran que hoy, en Uruguay, quedó "el vuelto" de los argentinos: el 90% de los depósitos son de menos de u$s 20.000. Según sostienen, la plata grande está en otros destinos. De hecho, Sardáns estima que hay u$s 400.000 millones de argentinos fuera del sistema financiero.

El mercado financiero oriental, que tiene una gremial fuerte, está concentrado en un 90% en cuatro bancos: República, Santander, BBVA y, muy por atrás, el Scotiabank. En el ambiente comentan que, al ser una suerte de oligopolio y estar el negocio parado, no necesitan captar depósitos, ya que no hay pedido de préstamos, ni de empresas, ni de personas físicas, y los pocos que hay son por pesos uruguayos, por lo cual los billetes verdes no les sirven de mucho. Por eso, pagan a los ahorristas apenas el 0,4% anual, y tienen altos costos de mantenimiento de cuenta, con lo cual no es un negocio rentable, ya que se pierde plata al tener poco dinero, pero muchos lo hacen por una cuestión de seguridad, aunque la mayoría tiene los dólares en cuentas a la vista.
Julio de Brun, ex presidente del Banco Central de Uruguay y ex director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay, señala que el crecimiento de los depósitos de los argentinos es vegetativo: "Se acelera cuando pasan hechos complicados en la economía porteña y una vez que vienen se quedan. Cuando se van para otro lado, se reponen con los que entran nuevos, muchos que tienen propiedades acá".

De Brun informa que la nueva tendencia de la banca privada consiste en diseñar un portfolio de activos y gestionarlo a cambio de una comisión: "Algunos bancos tienen sus propios fondos de inversión, mientras hay entidades que se encargan de ser distribuidores de fondos de otras instituciones. Apuestan a inversiones diversificadas, tanto en renta fija como en variable, a través de acciones, custodiadas mediante casas de corretajes en Nueva York o en Europa".

http://www.cronista.com/

VANOLI PRESENTA LAS ACTAS OCULTAS DEL DIRECTORIO DEL BCRA DURANTE LA DICTADURA

A 39 AÑOS DEL GOLPE 

Los secretos del Central salen a la luz

El presidente de la autoridad monetaria revelará hoy documentación reservada que muestra, entre otras cosas, cómo participó el Banco Central del proceso de endeudamiento del país para la compra de armas. Cavallo, uno de los protagonistas.


Las actas encontradas son de las gestiones de Cavallo, Gómez, Ianella y González del Solar.
Imagen: Archivo Página/12

 Por Cristian Carrillo

El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, dará hoy a conocer las actas secretas del directorio del organismo durante la última dictadura cívico-militar, lo que permitirá completar el análisis sobre el origen del exponencial endeudamiento del país en esa época. Las actas secretas se establecieron el 14 de enero de 1982 y su uso se extendió hasta el 7 de diciembre de 1983, en las que participaron todos los directores del banco. Previo a ese lapso, no se encontró documentación detallada del accionar de la autoridad monetaria, según explicaron desde el equipo de investigación que conduce Celeste Perusino. La confección de las actas permitió mantener oculto el endeudamiento del Banco Central con distintos fines, siendo el principal la adquisición de armas. “Va a servir para que todos tengamos en claro lo que significó la dictadura en nuestro país”, dijo ayer Vanoli en declaraciones radiales. La divulgación de este material se realizará en el marco de la jornada sobre Los Derechos Humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras, en la que expondrán diversos panelistas (ver aparte).
Las actas fueron recopiladas a partir de una solicitud en 2013 de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El proceso requirió de consultas al Ministerio de Defensa y al de Relaciones Exteriores para proceder a levantar el secreto, tanto de los apéndices como de las actas ante la posibilidad de que se viera afectada la defensa nacional y/o las relaciones exteriores, según explicaron desde el Central. El directorio del BCRA resolvió el 4 de julio de 2013 el levantamiento del carácter secreto. Allí se instó a que se analizara la posibilidad de dejar sin efecto el carácter secreto del resto de las actas.
En ese marco, el directorio del BCRA, presidido por Vanoli, resolvió el 12 de marzo último que se abra toda esa información al público para su consulta y difusión. El funcionario ordenó entonces la colaboración de áreas clave en el acceso, compulsa y análisis de la totalidad de las actas del directorio, corrientes y secretas del período 1975-1985 que se encuentran bajo su custodia. Se trata de 35 biblioratos de actas corrientes y 30 volúmenes de actas con decisiones presidenciales. Sólo unas pocas fojas de este material fue desclasificado por pedidos puntuales de la Justicia. El período en el cual se encontraron las actas corresponde a las presidencias en el BCRA de Julio Gómez (durante el mandato de Roberto Viola), de Egidio Ianella (Leopoldo Galtieri) y de Domingo Cavallo y Julio González del Solar (Reynaldo Bignone). Durante el período de Jorge Videla no se realizaron actas secretas, lo que hace suponer a los investigadores que el manejo fue todavía más impune durante entre 1976 y 1982.
Las actas secretas se establecieron el 14 de enero de 1982, según la memoria de directorio 966/82. Esa resolución disponía “facultar a la presidencia para asignar el carácter de secreto a las resoluciones que adopte el directorio, cuando la importancia, especiales características y trascendencia del tema que contengan, aconsejen revestirlas de tal condición”. El 21 de enero de 1982 se establecieron algunas condiciones para la apertura y movimiento de las actas secretas, básicamente en cuanto al acceso a la información por parte de los funcionarios de entonces. Al año siguiente, se aclaró que el secreto “no implica la idea de ocultar a la Justicia las actas clasificadas, sino de valuar en cada caso concreto el límite de la potestad judicial y la adecuación de la requisitoria, estrictamente a los temas que trata la cuestión en litigio con el fin de salvaguardar los intereses de la política internacional del país y/o la defensa nacional”. Recién en 1984 –ya en democracia– se dejó sin efecto las resoluciones, pero se definía que la información sensible debía remitirse, en caso de una pedido de la Justicia, únicamente hacia el Poder Ejecutivo.
Según detallaron a este diario desde el Central, con anterioridad a la creación formal de actas (secretas) “S”, existía un mecanismo similar por el cual las actas de directorio corrientes se completaban con un “apéndice secreto de acta de directorio”. Estos apéndices se encuentran en los tomos de actas corrientes, al final de su acta correspondiente. Ambos tipos de documentos coexistieron temporalmente. Los apéndices secretos de actas corrientes de directorio cubrieron el período mayo de 1981 a mayo de 1983. Las actas secretas se extendieron hasta al 7 diciembre de 1983. En las sesiones secretas participaba el directorio completo y, cuando la orden del día lo ameritaba, también estaban el gerente general y subgerentes generales. “Es una contribución esencial a la memoria para ver cómo se generó la deuda externa y es útil a las comisiones investigadoras. Se podrá ver cuál fue la responsabilidad civil”, expresó el actual presidente del BCRA.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268896-2015-03-25.html

“Dictadura cívico-eclesiástico-militar”

A 39 AÑOS DEL GOLPE > DOCUMENTO DEL GRUPO DE CURAS EN OPCION POR LOS POBRES POR EL ANIVERSARIO DEL GOLPE


Los curas criticaron a la Comisión de Justicia y Paz y a los obispos en general por su silencio ante las recientes condenas judiciales a los asesinos de los colaboradores del obispo Angelelli. Expresaron que generaba “dudas” respecto de sus últimas posiciones.
 Por Washington Uranga

El Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que reúne a sacerdotes católicos, emitió un documento “ante un nuevo aniversario de la dictadura cívico eclesiástico militar” en el que se hace una dura crítica a la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado y a los propios obispos por el silencio ante recientes condenas de la Justicia a los culpables de asesinatos de sacerdotes colaboradores del obispo Enrique Angelelli en La Rioja y ponen en duda las intenciones de recientes declaraciones oficiales de la Iglesia sobre temas de derechos humanos.
Los curas, que habían expresado su posición después que los obispos hicieran el año anterior un pedido a toda la ciudadanía para colaborar con datos en la búsqueda de desaparecidos y niños apropiados, demandaron en aquel momento una “participación oficial y clara” de la Iglesia en “los actos públicos de memoria del 24 de marzo” y plantearon como necesaria “la creación de un departamento, comisión u oficina dependiente de la CEA dedicada –sin injerencias confusas– a los derechos humanos (que) puede ser un buen indicio de cambio de actitud”. Pero advirtieron entonces que “debería evitarse caer en la tibieza de la Comisión Justicia y Paz, que no solamente no levantó su voz en la dictadura, sino que –además– salió inmediatamente a despegarse ante toda posible confusión de nombre con el Serpaj cuando Adolfo Pérez Esquivel fue nombrado Premio Nobel de la Paz”.
Ahora, advierte el grupo coordinado por el sacerdote Eduardo de la Serna, “nos encontramos con que esa misma Comisión Justicia y Paz convoca a una dudosa marcha (el 18 de febrero) en homenaje (¿homenaje por qué?) o en reclamo (¿reclamo de qué?) frente a la muerte del fiscal Nisman, pero mantiene su silencio ante las convocatorias con motivo de los actos de Memoria, Verdad y Justicia en la conmemoración del golpe genocida del 24 de marzo de 1976”.
En continuidad con el planteo, los sacerdotes católicos recuerdan que “esta semana el represor Angel Ricardo Pezzeta fue condenado a prisión perpetua por el secuestro, las torturas y el homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los Mártires de Chamical y discípulos del obispo Enrique Angelelli”.
En tono crítico sostienen que “ni los obispos ni la Comisión Justicia y Paz parecen haberse enterado” de lo anterior. Y reflexionan: “¿Tenemos que creerles que están interesados en que se esclarezcan los crímenes de la dictadura? ¿Les preocupa realmente que se haga justicia con nuestros hermanos en la fe torturados, desaparecidos o asesinados?”.
Frente a esta actitud, los curas afirman que “repudiamos su silencio y no nos sentimos ni representados ni aludidos, ni creemos que la mencionada comisión esté verdaderamente interesada ni en la ‘Justicia’ ni en la ‘Paz’”.
Al señalar que ellos sí se sienten convocados a los “actos conmemorativos por la historia y la memoria”, reafirman que, “en nombre de la justicia y la paz” expresan su repudio a la “actitud cómplice de una ‘justicia ilegítima’ en la investigación sobre las responsabilidades civiles en los crímenes de la dictadura”. Repudian también “la velocidad para las causas amigas y el cajoneo de las causas incómodas y –especialmente– la falta de transparencia del Poder Judicial”.
El breve documento de Grupo de Curas en la Opción por los Pobres agrega que “hacemos Memoria porque queremos Verdad y Justicia para que haya una paz duradera”, dice que “renovamos nuestro afecto y cercanía sincera para con los familiares de los desaparecidos y las víctimas sobrevivientes” y finaliza diciendo que “con todos ellos repetimos una vez más nuestro clamor: ¡Nunca más!”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268916-2015-03-25.html

Fotos: Arabia Saudita construye la asombrosa Ciudad Económica del Rey Abdalá


La monarquía árabe alza en el desierto la asombrosa Ciudad Económica del Rey Abdalá, que representa las esperanzas del fallecido monarca de garantizar el futuro del reino cuando el petróleo se acabe.


 25 mar 2015 

kaec.net






La Ciudad Económica del Rey Abdalá podría albergar en el futuro a dos millones de personas. La nueva urbe está ubicada a una hora y media de la localidad de Yeda, entre el mar Rojo y el inicio del desierto, informa la BBC.

La KAEC (por sus siglas en inglés, de 'King Abdullah Economic City'), con sus 112 kilómetros cuadrados, se convertirá en una ciudad más grande que Washington D.C. gracias a un costo aproximado de 100.000 millones de dólares.


kaec.net


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"Tenemos el empeño de crear uno de los puertos más grandes del mundo. Por el momento muchos productos que envían a Riad son despachados desde Dubai, pero eso va a cambiar. La gente podrá enviar cosas desde esta nueva ciudad, de forma más barata, y recibirá sus paquetes de forma más directa", explicó a la BBC Rayan Bukhari, uno de los gerentes más jóvenes del futuro puerto de la ciudad.


kaec.net


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La KAEC estará conectada con la Meca y Medina gracias a la red de trenes de alta velocidad que posee el país. La estación de trenes de la futura ciudad ha sido diseñada por el arquitecto británico Norman Foster.

La Ciudad Económica del Rey Abdalá, que en estos momentos cuenta con un 15% completo, está siendo desarrollada por el sector privado. Según Bukhari, el rey Abdalá quería involucrar al sector privado en el desarrollo económico para crear una economía moderna
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De seguir protestas en cuarteles, por los 43, EL EJÉRCITO ABRIRÁ FUEGO


Gral. Cienfuegos AMENAZA

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dijo que las protestas que han realizado padres de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos a las afueras de los cuarteles militares, son provocaciones hacia el Ejército Mexicano.


No obstante, aclaró que si bien las tropas han sido prudentes y tolerantes para evitar la confrontación, no quiere decir que no se cuente con la capacidad de respuesta para contenerlos.

En una entrevista con la revista Foro Jurídico, Cienfuefos señaló que se deben atender este tipo de problemas, los cuales requieren “de la participación de autoridades civiles competentes, con base en las denuncias que hemos presentado”.

Respecto a las manifestaciones que se han realizado a las afueras del 27 Batallón de Infantería en Iguala para exigir el ingresos a los cuarteles militares, Guerrero, señaló que se debe actuar conforme a derechos, pues los daños a una de las puertas de acceso, ascienden a 12 mil 100 pesos.

Por otra parte, la SEDENA aclaró que no existe directiva que impida que personal civil entre a las instalaciones militares, pero éstos deben realizar los trámites correspondientes, así como los motivos de su visita y que ésta sea de forma pacífica.

No obstante, Cienfuegos Zepeda omitió el tema de la solicitud de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26/27 de septiembre. (revoluciontrespuntocero)

24 mar 2015

Argentina: la CIA y el Mossad en un intento de “golpe blando”


Estadounidenses e israelíes manipularon desde un inicio la investigación de un cruento atentado en Argentina en 1998. Por casi 2 décadas buscaron acusar a Irán, pero ni una sola prueba pudieron ofrecer. El último fiscal del caso reportaba secretamente a la inteligencia estadounidense los avances en la investigación y le consultaba el rumbo que tomarían las pesquisas. Con la muerte de este funcionario argentino, ahora Estados Unidos busca hacer una jugada de tres bandas: además de implicar al siempre incómodo Irán, ahora ha orquestado un “golpe blando” contra la presidenta Cristina Fernández. De prosperar esa maniobra, seguiría Venezuela, para debilitar el bloque de países suramericanos que han puesto dique a las ambiciones de Estados Unidos en la región.

VOLTAIRENET.ORG – STELLA CALONI –

El pasado 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la Unidad Especial que investigaba la causa sobre el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de junio de 1994, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento y con todas las puertas de su casa cerradas por dentro. Cuatro días antes había presentado una denuncia, sin prueba alguna, mal redactada y con serias contradicciones, en la que acusaba a la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, y a otras personas, de intentar encubrir a funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– de ser culpables del atentado. En días se había puesto en marcha un golpe encubierto de origen externo.

El fiscal había sido colocado al frente de la investigación en 2004, después de 10 largos años, cuando se cerró el más escandaloso e irregular juicio de la historia sin lograr encontrar a los culpables del atentado que dejó 85 muertos y centenares de heridos. Este hecho aparece como un eslabón más de un golpe en desarrollo, en el que participan un sector del aparato judicial argentino, la oposición, los medios masivos de comunicación junto a la CIA (Agencia Central de Inteligencia, siglas en inglés) y el Mossad, de Estados Unidos e Israel, respectivamente.

Para entender esto hay que entender de qué se trata el caso AMIA y conocer las graves irregularidades cometidas con la entrega en la década de 1990 de laa investigación a los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes, que operaron conjuntamente con el grupo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina.

Investigación bajo control externo

El cruento atentado conmovió al país; el juez que quedó a cargo de la investigación en julio de ese año fue Juan José Galeano, quien comenzó su actuación bajo una presión muy evidente.

En sólo 24 horas, la inteligencia israelí –que envió sus hombres a colaborar desde las primeras horas del hecho– y la CIA acusaron a la República Islámica de Irán y al Hezbolá de Líbano, sin pruebas.

Sin haber iniciado la investigación, ofrecieron un testigo importante al juez argentino Galeano, quien viajó a Venezuela para entrevistarlo.

El hombre se llamaba Manouchehr Moatamer y se presentó como un ex funcionario iraní, que había huido de su país y que acusaba al gobierno de Irán de ser responsable del atentado, sin ninguna prueba. Sus declaraciones erráticas se derrumbaron en poco tiempo. Es decir, la CIA y el Mossad habían vendido a la justicia argentina un testigo falso.

Moatamer se había ido de Irán con su familia en 1993. Falta saber cómo llegó a Venezuela en 1994, y cómo terminó al final en Los Angeles, Estados Unidos, como «testigo protegido de la CIA».

La causa de Galeano siguió navegando en un mar de irregularidades. Pero aún en 1997, el juez fue nuevamente a ver a Moatamer, en Estados Unidos, quien nada agregó a su testimonio anterior. En 2008, Moatamer finalmente confesó que había mentido para obtener la visa estadounidense.

En 1998, nuevamente la CIA y el Mossad ofrecieron otro supuesto testigo, en este caso radicado en Alemania, Abolghasem Mesbahi, llamado el “testigo C”. Mesbahi había sido desplazado en 1989 de algunas tareas menores para la inteligencia iraní, sospechoso de ser agente doble. Se dedicó a la actividad privada y realizó una serie de estafas, tras lo cual se fue a Alemania donde se radicó desde 1996.

En ese tiempo, Mesbahi acusó a Irán de cada uno de los “atentados terroristas” que no se esclarecían en el mundo –lo que siempre sucede con los atentados de falsa bandera– como el de Lockerbie, Escocia, y otros.

El “testigo C”, que ganó fama por el misterio que rodeaba su nombre, vio una nueva oportunidad acusando a Irán, con la anuencia de los servicios alemanes, estadounidenses e israelíes de la voladura de la AMIA.

Sin pruebas, contó su versión en Alemania ante un juez nacional y el juez argentino Juan José Galeano, que viajó a ese país en 1998.

«Mesbahi declaró 5 veces bajo juramento en la causa, y en los puntos esenciales dio 5 versiones distintas y contradictorias de éstos, que no podrían servir nunca como prueba. Sólo dichos y palabras, y por supuesto, conjeturas y deducciones de inteligencia», resume el abogado Juan Gabriel Labaké en su libro AMIA-Embajada, ¿verdad o fraude?

El abogado Labaké, por cierto no oficialista, viajó a Teherán, Europa y Estados Unidos, reuniendo datos y entrevistándose con fuentes importantes, y finalmente llegó a la conclusión de que no existían pruebas contra Irán en el juicio de AMIA, ni bajo la dirección de Galeano, ni bajo la del fiscal Nisman, quien sólo recopiló y reescribió los expedientes de su predecesor, y les dio cierto orden pero siempre acusando a Irán, como ordenaron Washington y Tel Aviv.

El periodista Gerth Porter, de The Nation, escribió en una nota el 16 de mayo de 2010 que el embajador de Estados Unidos en Argentina en el momento del atentado a la AMIA, James Cheek, le dijo en una entrevista:

«Que yo sepa no hay ninguna evidencia real de la participación iraní. Nunca probaron nada.»
Lo extraño es que cuando Nisman acusa a Irán en 2006 ya se sabía que ambos testigos no eran creíbles y la justicia británica incluso había rechazado, por falta de pruebas, un pedido de extradición contra el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. El diplomático iraní estaba haciendo un curso en Londres cuando lo detuvieron en 2003 hasta que llegara el exhorto de extradición. Pero hubo que liberarlo en 2004 y pagarle una indemnización de 189 000 libras esterlinas.

También la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) devolvió un primer pedido de alerta roja por falta de pruebas, y el segundo pedido en 2013, y que esta hasta estos días, por especial pedido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, tampoco tiene aún el fundamento de las pruebas que el juez Rodolfo Canicoba Corral le pidió a Nisman que investigara. Ahora se sabe que Nisman no había cumplido con reunir pruebas, sino solamente simples deducciones de inteligencia que no sirven a la justicia ni a la verdad.

El primer juicio de la AMIA debió ser cerrado por escándalos e irregularidades graves, una de las cuales consistió en que el juez Galeano, con apoyo del entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), Rubén Berajas, pagó 400 mil dólares a un reducidor de autos robados, Carlos Telledín, para que acusara a diplomáticos iraníes y a policías de la provincia de Buenos Aires.

Estos últimos estuvieron 5 años detenidos y debieron ser liberados por absoluta falta de pruebas, sin vinculaciones con la causa. Así escandalosamente terminó ese juicio.

La enmarañada red de falsedades y mentiras, presiones e intereses que eran los expedientes de la causa del cruento atentado contra la mutual judía AMIA obligó a terminar con el juicio en 2004, y el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) exhortó a la justicia a avanzar, profundizando en la causa hacia la verdad.

Se creó entonces la Unidad Especial de la Causa AMIA, que quedaría por decisión de la Procuraduría en manos del fiscal Alberto Nisman, lo que sorprendió, ya que el propio Nisman también había sido parte del fracaso del juicio iniciado en julio de 1994 y cerrado 10 años después, sin haber logrado nada.

El caso Nisman

Nisman había comenzado en 1997 su camino hacia la actual Fiscalía, en Morón, provincia de Buenos Aires. En su historia hay un caso que marcó su camino y fue la investigación sobre el destino de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los participantes en el fracasado ataque al cuartel de la Tablada en enero de 1989, dirigido por el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Melo, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Ambos detenidos, después del cruento enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, fueron vistos por última vez brutalmente torturados y llevados por militares y policías en un automóvil Ford Falcon.

Hasta ahora están desaparecidos, pero Nisman y un juez que lo puso a cargo de la investigación apoyaron la versión oficial del Ejército de que «habían muerto en combate» a pesar de las evidencias de su desaparición forzada.

En julio de 1997, el entonces procurador general Nicolás Becerra lo convocó para sumarse a los fiscales que investigaban el atentado contra la mutual judía AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, por pedido expreso de ambos.

De acuerdo con «Infojus Noticias» de Argentina «el equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien». Durante ese juicio por la llamada «conexión local», muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades que se comprobaron.

Al final del debate, el Tribunal Oral absolvió al delincuente Carlos Telleldín, a quien el propio juez entregó 400 000 dólares para que acusara a funcionarios iraníes y a policías, con el visto bueno de Rubén Berajas, entonces presidente de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

En los fundamentos del fallo se acusó a Galeano –quien terminó destituido y procesado–, a su equipo y a los fiscales Mullen y Barbaccia, también procesados.

«En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada» en la Causa AMIA , afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, quien fue absuelto de haber participado en la adulteración de la camioneta Traffic, que supuestamente fuera usada en el atentado.

«Siempre hubo un tema parádojico: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió a cargo. Es extraño», reflexionó García Dietze.

En 2004 Nisman, ya a cargo de Unidad Especial para concentrar todas las investigaciones vinculadas al atentado, se acerca a un hombre clave de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, la antigua SIDE, Antonio Stiusso, alias “Jaime”. Éste había sido desplazado de la Causa AMIA por ser parte de las irregularidades del juicio, pero con Nisman recuperó un lugar de importancia. Ambos trabajaban con la CIA y el Mossad.

La Unidad Especial recibía importantes sumas de dinero para investigar. Pero Nisman sólo se dedicó a clasificar los expedientes de Galeano y continuó responsabilizando a los iraníes, sin haber producido, en los últimos 10 años, ninguna prueba para confirmar la acusación. Su primer pedido de alerta roja contra 12 iraníes, diplomáticos y funcionarios acusados, fue devuelto por falta de pruebas. Como sucedió con el pedido de extradición enviado a Londres contra el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, cuando la justicia británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al diplomático en 2004. 


Una vergüenza para la justicia argentina.Nisman y la Embajada de Estados Unidos

Durante 10 largos años, los expedientes que investigaba Nisman siguieron incorporando «informes basados en deducciones y armados» sin prueba real, imposibles de comprobar, que proveían la CIA y el Mossad, al igual que hicieron al proporcionar los falsos testigos.

En 2010, cuando se publicaron en Argentina una serie de cables secretos referidos al caso AMIA, del Departamento de Estado de Estados Unidos revelados por WikiLeaks, quedó en evidencia que el fiscal Nisman anticipaba las medidas que iba a tomar en esta causa a diplomáticos de esa Embajada.

Estos descubrimientos no dieron lugar a tomar una medida clave, la de separar al fiscal de esta causa ya que no se puede ser “juez y parte”, como sucedía en su relación de subordinación a Estados Unidos e Israel.

La pista iraní no lograba reunir pruebas concretas, pero sin duda favorecía los intereses geopolíticos de ambos países, que continúan intentando invadir Irán, enlazando esta situación con el anunciado plan imperial de un Oriente Medio ampliado, que significó invasiones y ocupaciones coloniales de varios países en esa región en el siglo XX. Jamás la inteligencia estadounidense o israelí debieron haber participado, monitoreado y armado la Causa AMIA.

En un despacho del 22 de mayo de 2008, desde la sede diplomática estadounidense en Buenos Aires, se especificaba: «Los oficiales de nuestra Oficina Legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación.»

Eso fue precisamente cuando el entonces juez federal Ariel Lijo ordenó la detención e indagatoria del ex presidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–, del entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y otros, como el magistrado Juan José Galeano y del ex comisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.

Nisman no había informado de esa medida a la Embajada estadounidense como lo hacía normalmente. Otros cables de WikiLeaks demostraron que el fiscal de la Causa AMIA se había disculpado con los oficiales estadounidenses por no haber anticipado los pedidos de detención. Hay varios cables referidos al tema, publicados por el periodista Guillermo O’Donell.

Ya en 2013, Memoria Activa y familiares y amigos de las víctimas del atentado de julio de 1994 se pronunciaban por un alejamiento de Nisman de la Causa AMIA. En noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal, los familiares respaldaron el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y cuestionaron «la falta de compromiso de Nisman y la inacción en la causa», por considerarlo «funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad».

El Memorándum de Entendimiento con Irán es un verdadero documento de política exterior que podía sentar precedentes en la resolución de conflictos sin salida, como era el caso AMIA. Se trataba de que los jueces de la Causa AMIA pudieran ir a Teherán a indagar, ante la presencia de una Comisión de personalidades reconocidas y neutrales, a los altos funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– del atentado. Por primera vez se podría saber la verdad, fuera la que fuera.

Al cumplirse 20 años del atentado, el 19 de julio de 2014, los familiares de las víctimas no sólo reclamaron una vez más el esclarecimiento del hecho, sino que solicitaron formalmente que se apartara a Nisman del caso por «haber mostrado su total incapacidad para investigar en esta Causa», como denunció entonces Diana Malamud de Memoria Activa.

Irán siempre ofreció su cooperación, pero la CIA y el Mossad rechazaban toda posibilidad. Ningún país soberano en el mundo iba a entregar a un grupo de funcionarios acusados sin que se presentaran las pruebas necesarias a la justicia de terceros países. Incluso surgió de Irán una propuesta de crear una Comisión mixta, argentina-iraní, para investigar el tema AMIA.

En Irán no existe extradición y por eso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner trató de hallar un camino, que fue rechazado incomprensiblemente por el gobierno de Israel.

La DAIA y la AMIA, que habían apoyado en principio el Memorándum debieron plegarse al mandato israelí. La oposición argentina rápidamente se alió a este rechazo y surgieron jueces que declaraban la inconstitucionalidad de la ley, lo que era una aberración jurídica.

Irán quedó a la expectativa frente a esta situación. Lo que nadie sabía es que, con base en falsas denuncias, convertirían este tema en una maniobra golpista contra el gobierno de Fernández de Kirchner, el que más trabajó a favor de la verdad, como se puede constatar en los esfuerzos ante la Organización de las Naciones Unidas y en el propio Memorándum.

El 12 de enero de 2015, en plena Feria Judicial, e interrumpiendo un viaje que lo había llevado a recorrer Europa para festejar el cumpleaños 15 de una de sus hijas, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA decidió regresar imprevistamente a Argentina, según él mismo comunicó a las amistades más allegadas en un mensaje de WhatsApp.

Sólo 1 día después de llegar a Buenos Aires, Nisman anunció que iba a presentar una denuncia contra la presidenta de la nación, el canciller, el diputado Andrés Larroque, dirigente del movimiento juvenil La Cámpora y contra 2 dirigentes sociales, Luis D’Elía y Fernando Esteche, por intento de presunto encubrimiento de los iraníes acusados mediante un pacto secreto, que nunca existió, con Irán por «intercambios comerciales».
Trama de guerra sucia

El 18 de enero, Nisman fue encontrado muerto, como se conoce, en su departamento. Y la rigurosa investigación fiscal continúa para no dejar ningún espacio de duda en su conclusión final.

La Feria Judicial permitía a Nisman elegir el juez, y buscó a Ariel Lijo, quien lleva causas creadas contra funcionarios gubernamentales por denuncias basadas en informaciones periodísticas y sin pruebas. El 14 de enero Nisman presentó la denuncia, generando un gran escándalo, sin aportar pruebas de sus incriminaciones, pero tampoco nada sobre el atentado que mató a 85 personas en 1994.

De inmediato la dirigencia opositora salió a respaldarlo, porque esta noticia les permitía montar un ataque brutal contra el gobierno en año electoral.

Prometía Nisman dar a conocer escuchas telefónicas (ilegales hasta ahora) para justificar su acusación, y el 19 de enero iba a hablar de su denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, citado por la oposición, aunque iba a asistir también el oficialismo, que pedía hacer público este evento, y no cerrado.

Las escuchas trasmitidas ilegalmente por un canal de televisión opositor de conversaciones entre dirigentes sociales y una persona de la comunidad islámica jamás podrían ser pruebas de nada. Pero el 19 de enero, la muerte de Nisman conmocionaba al país, atrayendo la atención también fuera de Argentina.

En las declaraciones que hizo ante la fiscalía, la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien estaba en Barcelona, España, con otra de las hijas del matrimonio, señaló que Nisman la llamó el 12 de enero desde el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, para decirle que debía regresar urgentemente a Buenos Aires porque su madre se iba a operar de un brazo y que luego iba a volver a Europa para continuar su viaje.

Arroyo Salgado dice haber discutido porque se negó a que Nisman regresara con su hija a Buenos Aires y convinieron en que la dejaba en el aeropuerto para que su madre llegara a recogerla desde Barcelona.

Se agrega a esto que la propia madre de Nisman, Sara Garfunkel, declaró en la causa que ella ya se había operado del brazo antes. Nisman había mentido a su familia en un regreso muy apresurado.

Por eso la pregunta es:
¿Quién llamó a Nisman tan urgentemente para presentar una denuncia sólo 2 días después de su regreso, nada menos que contra la presidenta?

La fiscal que ahora investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, a todas luces bajo intensa presión, dijo que el occiso había comprado el pasaje de regreso del día 12 de enero desde el 31 de diciembre. Esto abre entonces otra interrogante:
¿Por qué envió un mensaje de WhatsApp a sus amigos más cercanos, según transmitió la propia prensa opositora antes que la fiscal revelara la compra anticipada del boleto, de que tenía que regresar de forma intempestiva? ¿O era una trama ya urdida de antemano?

La incriminación fue la noticia bomba de comienzos de un año electoral y la diputada derechista Patricia Bullrich, de Unión Por Todos-Propuesta Republicana, organizó rápidamente que Nisman explicara la denuncia a una Comisión del Congreso.

Bullrich, quien habló varias veces con el fiscal antes de su muerte, está vinculada a varias fundaciones estadounidenses en Argentina, y de la misma manera la diputada Laura Alonso, destacadas ambas por apoyar a los sectores más fundamentalistas de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, Argentina o cualquiera de los países claves en la integración latinoamericana.

El domingo 18 de enero por la tarde, el fiscal Nisman fue encontrado sin vida, por su madre, llamada por dos custodios ante la falta de respuesta de éste. El departamento estaba cerrado por dentro, incluyendo la puerta de servicio, que tiene dos cerrojos; el de arriba, que podía abrir la madre, pero el de abajo tenía una llave trabada por dentro y debieron llamar al cerrajero para que la abriera.

El cuerpo de Nisman obstaculizaba abrir la puerta del baño. Tenía un disparo en la cabeza, una pistola y un casquillo de bala calibre 22 estaban en el piso a su lado. Una imagen desoladora. Tenía 51 años. Y los primeros resultados de la autopsia realizada por reconocidos forenses con presencia de expertos peritos determinaron que «no habían intervenido terceros».

Toda la información, incluyendo lo que se conoció después, mencionaba un disparo sólo a poco más de 1 centímetro de la sien derecha, lo que llevaba a pensar en un suicidio. La muerte se clasificó como «dudosa» hasta que se terminen las pericias, algunas repetidas para que no queden dudas.

La presidenta Fernández de Kirchner, en su primera carta en Twitter, nunca dijo que fuera un suicidio. Incluso lo puso en duda al escribir la palabra entre signos de interrogación. Y en su segunda carta sostuvo con mayor precisión que no creía en un suicidio. En todo caso en un suicidio inducido, y no precisamente por el gobierno, ya que en realidad es el gobierno el único afectado en este juego de servicios de inteligencia extranjeros y locales y de la oposición interna, mayoritariamente dependiente de Washington y sus fundaciones.

Desde Bolivia, el presidente Evo Morales definió certeramente esta situación: le pusieron una emboscada a la presidenta argentina, dijo al denunciar los sucesos.

Es de un simplismo aterrador pensar que a un gobierno a cuya presidenta se acusa sin prueba alguna, con una denuncia tan deficiente que ni siquiera parece redactada por el fiscal, podría convenirle la trágica muerte de éste.

La oposición política local, que ya armó varios escenarios golpistas en el país, se tomó el hecho como una bandera para acusar al gobierno. Los medios de comunicación y especialmente el Grupo Clarín, que se niega a cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales que debe terminar con los nefastos monopolios mediáticos, comenzaron a especular confundiendo a la población, cautiva de ese enorme poder desinformador.

Es tal la intoxicación informativa, que nadie sabe distinguir entre el informe de la Fiscalía investigadora y los “juicios paralelos” que se escenifican en televisión.

Fue el gobierno el que insistió para que la reunión en el Congreso fuera pública, es decir, para que todo el mundo pudiera ver lo que se iba a debatir allí, lo que curiosamente la oposición rechazaba. Los legisladores del oficialismo desde el primer momento que Bullrich convocó la audiencia especial, afirmaron que concurrirían para interrogar profundamente al Fiscal con la determinación de llegar al fondo del asunto. La muerte del fiscal se lo impidió.

La muerte de Nisman está siendo utilizada de una manera perversa por los medios de comunicación opositores y por toda la red de desinformación mundial al servicio del poder hegemónico, intentando responsabilizar al gobierno en una de las campañas más duras que se recuerde.

El golpismo encubierto está siendo desarrollado por un sector del Poder Judicial, una estructura decadente que nunca se democratizó, y por los medios de comunicación masiva, la oposición y la acción de los servicios de inteligencia locales que fueron desplazados por el Ejecutivo y venían desde la pasada dictadura y antes de ésta. Pero, indudablemente, también por Estados Unidos e Israel.

El Estado israelí publicó en Estados Unidos un breve comunicado en la mañana del 19 de enero de 2015 sobre «la trágica circunstancia» de la muerte de Nisman, término que se utiliza para describir un suicidio; y el mismo día el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo a los medios argentinos –como está registrado– que «creían que era un suicidio» y que esa entidad estaba preocupada por el destino de la Causa. ¿Por qué luego cambiaron de rumbo?

Siguiendo el lineamiento del Estado israelí, exhortaban a continuar con la Causa –como si alguien hubiera hablado de abandonarla– y además a llevar a la justicia a los culpables del hecho y continuar con lo que estaba actuando Nisman. Es decir –y esto no puede perderse de vista– mantener la acusación contra Irán, lo que significa continuar en el cerrado círculo que comenzó en julio de 1994 con pistas y testigos falsos. ¿Qué hay en las sombras de esta Causa?
En la escena del crimen

El colaborador cercano del fiscal fallecido, Diego Lagomarsino, “experto en informática”, contratado por Nisman con un salario inusualmente altísimo, fue a ver al fiscal el sábado 17 de enero. Él mismo se presentó espontáneamente a la justicia para decir que le había llevado un arma vieja, la pistola calibre 22 con la que luego se “suicidó” el fiscal.

Primero dijo que Nisman le pidió la pistola para defenderse. Pero en realidad Lagomarsino estuvo 2 veces al edificio donde vivía el fiscal, supuestamente seguro y altamente vigilado, como se ofrecía a los compradores de departamentos en ese lugar. De la última visita en la noche no hay registros de salida. La investigadora Fein dijo que, según lo registrado, Lagomarsino salió el domingo en la mañana, es decir, al día siguiente de la muerte de Nisman.

La denuncia publicada íntegra el día 20 de enero es absolutamente una pieza sin valor jurídico, por su redacción, sus contradicciones y la falta de pruebas. Las escuchas telefónicas ilegales, que un canal de televisión opositor dio a conocer también violando toda norma, no agregan nada, al contrario, resultan hasta pueriles. Reconocidos juristas señalan que aunque todo lo que se dice fuese cierto no constituye delito porque nada de eso se realizó.

El curioso –y desconocido en el medio– periodista colaborador en el sitio de internet del Buenos Aires Herald, Damián Pachter, quien en la noche del 18 de enero dio, por Twitter y sin avisar a su medio, la primicia de que se había encontrado muerto al fiscal Nisman, decidió irse del país argumentando «miedo». Primero sacó un boleto de ida y vuelta a Uruguay, pero de pronto apareció en Tel Aviv.

Pero lo extraño es que sale hacia Uruguay y sigue hasta Israel, donde dice que pidió refugio. Luego se sabe que Pachter es argentino-israelí y que viajó con su pasaporte de Israel.
¿Por qué pidió asilo, si era ciudadano israelí y estuvo 3 años en el ejército de ese país?

Lagomarsino también estaba gestionando la actualización de su pasaporte, para lo cual concurrió a las oficinas pertinentes el mismo día 12, cuando Nisman hizo pública su imputación. Inmediatamente tras la muerte del fiscal, las autoridades le retuvieron el documento y se le prohibió salir del país.

La sospecha sobre Pachter aumentó cuando dio a medios europeos varias entrevistas hablando de la persecución de periodistas en Argentina, donde los medios opositores publican notas insultantes contra la presidenta y otros funcionarios sin ningún problema.

Otro dato importante a registrar. El fiscal Nisman utilizaba un automóvil de alta gama, un Audi, de un yerno de uno de los denunciados como encubridor local en el caso AMIA, Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE en el momento de la voladura de la AMIA. Y además ligado al ex agente de la CIA Frank Holder, de oscura historia en Centroamérica, que como tantos ex agentes de otros países manejan agencias de seguridad locales.

En Estados Unidos, los sectores más recalcitrantes como el republicano Marcos Rubio, Bob Menéndez y otros, acusan a la presidenta y al gobierno de Argentina sin prueba alguna, lo cual es una amenaza y una presión sobre la justicia local, la misma que ejercen los medios masivos de comunicación argentinos, que de diversas formas advierten a fiscales y jueces que esta causa, como la de la AMIA, tienen que tener los “culpables” que ellos determinen. Los llamados de esos legisladores, además, evidencian su conexión con la derecha argentina.

Quieren una destitución aparentemente “institucional” del gobierno, un golpe blando, pero con muertes. No quieren la verdad.

Además de golpear a Argentina en el mismo momento en que se acrecienta el golpismo en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro, intentan debilitar a los organismos de unidad e integración que se consolidan en América Latina.

Si algo faltaba al terminar esta serie, se conoció que el ex presidente, de Uruguay, José Mujica desmintió la versión de que un diplomático de la Embajada de Irán en Montevideo fuese expulsado 2 semanas antes por estar vinculado a la colocación de un aparente artefacto explosivo en las inmediaciones de la Embajada israelí en esa ciudad. Esa versión la publicó el diario israelí Haaretz y la retomaron varios medios en el mundo.

Queda entonces la pregunta que puede tener una rápida respuesta: ¿qué están preparando los expertos en atentados de falsa bandera en nuestros países?


«Causa AMIA: el atentado de 1994 fue problablemente fomentado por un ex ministro argentino del Interior», Red Voltaire , 3 de julio de 2013.
Argentina’s President slams Israel Lobby”, Voltaire Network, 18 February 2013.
« Mensaje de Cristina Fernández sobre el Memorandum entre Argentina e Iran», por Cristina Fernández de Kirchner , Red Voltaire , 8 de febrero de 2013.
«Ataques terroristas en la Argentina 1992 y 1994: no fueron de origen islámico», por Adrian Salbuchi, James Fetzer, Red Voltaire , 28 de octubre de 2009.
Iran and the AMIA Bombing in Argentina”, by Belén Fernández, Voltaire Network, 26 July 2009.
«El AJC acusa al Hezbollah de los atentados de Buenos Aires a pesar del fallo de la Corte Suprema argentina», Red Voltaire , 16 de agosto de 2006.
«Fuga documentación clasificada de inteligencia sobre atentado terrorista», por José Petrosino, Oscar Abudara Bini, Red Tango, Red Voltaire , 27 de septiembre de 2006.
«Se acusa a los musulmanes de los ataques a AMIA y la embajada de Israel sin pruebas», por Juan Gabriel Labaké, Red Voltaire , 4 de septiembre de 2006.
«Investigando la bomba en la Asociación Mutual Israelita», por José Petrosino, Red Voltaire , 22 de julio de 2006.
«¿Musulmanes o pista israelí?», por José Petrosino, Oscar Abudara Bini, Red Voltaire , 22 de julio de 2006.
«Washington pretende rescribir la historia de los atentados de Buenos Aires», por Thierry Meyssan, Red Voltaire , 20 de julio de 2006.
«Kirchner y el sistema de inteligencia argentino», por Jorge Serrano Torres, Red Voltaire, 26 de septiembre de 2004.
«Nota del ministerio de las relaciones exteriores de Argentina, 25 de Agosto de 2003»,Red Voltaire , 25 de agosto de 2003.
Stella Calloni / Contralínea (México)

Paulo Coelho, en la lista del escándalo de 'SwissLeaks'

Sao Paulo. El exitoso escritor brasileño Paulo Coelho dijo que cerrará sus cuentas en el banco HSBC de Suiza debido a que nadie le avisó que integraba la lista filtrada por un ex empleado de la filial del banco británico en Ginebra, en la que figuran cuentas sospechosas de evasión fiscal.


Por Dpa
 23 mar 2015



Sucursal del banco HSBC, asolado por el escándalo SwissLeaks de evasión fiscal. Foto Reuters

"Deduzco que ellos (las autoridades del banco) sabían quién estaba en la lista y que podían al menos haberme dicho. Creo que se quedaron con miedo de que yo cerrara la cuenta. La cerraré la semana que viene", dijo el renombrado escritor en declaraciones que divulga hoy el diario O Globo.

Coelho se enteró el martes pasado que integraba la nómina entregada en 2008 a las autoridades por el ex técnico informático de la filial suiza del HSBC Hervé Falciani.

Al ser consultado sobre la vinculación de su nombre con tres cuentas del banco, Coelho envió al rotativo brasileño documentos que comprueban que esas cuentas fueron declaradas a las autoridades brasileñas. En las mismas, el artista recibe parte de sus ingresos por derechos de autor.

Coelho contó que entre 2008 y 2009 el HSBC comunicó a todos sus clientes que una lista había sido robada por un ex técnico de informática, y que la misma podía llegar a manos de la prensa, pero no especificó quién figuraba en la nómina.

Agregó que la aparición de su nombre lo tomó por sorpresa.

"Cuando los artículos comenzaron a salir, no imaginé mi nombre allí. Pensaba que la lista tenía solamente las cuentas que no habían sido declaradas (en los países de origen de los clientes)", dijo el escritor, quien defendió la obligación de la prensa de divulgar todas las informaciones posibles sobre el caso.

"Es, sí, papel de la prensa informar con el máximo de claridad posible", indicó.

"Las autoridades brasileñas sabían que yo recibía dinero fuera del país", aclaró Coelho, quien reside en Suiza desde 2008.
En total, 8 mil 667 brasileños poseen cuentas numeradas en la agencia private bank del HSBC en Ginebra. Esas cuentas tienen la particularidad de que sus dueños son identificados únicamente por un código, lo que mantiene sus nombres en secreto.

Frente a frente, las pruebas del caso Nisman

LOS ARGUMENTOS DE LOS PERITOS OFICIALES Y LOS DE LA QUERELLA ENCABEZADA POR ARROYO SALGADO


A la espera de la junta médica citada para el 30 de marzo, un repaso de las pruebas recolectadas en el caso Nisman y lo que dicen los especialistas de cada parte. La defensa de Lagomarsino sumó su propio criminalista.
 Por Raúl Kollmann

En la junta médica, citada en principio para el 30 de marzo, y en una audiencia entre criminalistas, se debatirá el planteo de fondo de la muerte de Alberto Nisman: suicidio u homicidio. Como se sabe, los hombres del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, no descartaron ninguna de las dos hipótesis, pero su diagnóstico aporta más elementos que concluyen en suicidio que en homicidio. Por el contrario, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, mandó hacer un estudio –que no es una pericia porque no tuvo control de las partes– y los especialistas contratados por la magistrada sostuvieron que al fiscal lo mataron, por lo que descartaron el suicidio. Esta última conclusión es considerada bastante extraña en el mundo de los forenses y peritos. Primero, porque desde el primer momento circuló una versión de las conclusiones del equipo de Arroyo Salgado en que se relativizaba la hipótesis del homicidio. Y, segundo, porque no es habitual que se descarte tan tajantemente una alternativa.
Los forenses Osvaldo Raffo y Julio Ravioli y el criminalista Daniel Salcedo, contratados por Arroyo Salgado, no tienen una misión fácil. Los hechos objetivos marcan, a primera vista, “que en la muerte del doctor Nisman no hubo participación de terceras personas”, según el informe preliminar que le hizo llegar por teléfono el forense que hizo la autopsia, Héctor Di Salvo, a la fiscal Viviana Fein. Esto se tradujo en un comunicado oficial de la fiscalía el 19 de enero al mediodía, menos de 24 horas después del hallazgo del cuerpo y dos horas después de la autopsia. Unos días más tarde, cuando Di Salvo fue a declarar ante la misma fiscal Fein se mostró cauto. “No se puede descartar que haya participado alguien en la muerte”, sostuvo, en una postura más habitual en los peritos, que no suelen cerrar las puertas a las distintas alternativas.
Lo cierto es que los especialistas de Arroyo Salgado tienen que remontar un cuadro difícil, con muchos elementos que indicarían que Nisman se quitó la vida:
- el disparo fue a menos de un centímetro,
- dentro de un baño chico,
- no hay rastros de pelea en el baño,
- no hay lesiones defensivas en el cuerpo del fiscal,
- la puerta del baño estaba entornada y no permitía el paso,
- se usó una pistola que –a priori– Nisman le pidió prestada a su empleado informático, Diego Lagomarsino, habiéndole pedido un arma también a su custodio de más antigüedad.
- Como reveló este diario, sobre la bacha del baño estaba el paño verde con el que Lagomarsino llevó el arma al departamento. Eso mostraría que la pistola se sacó ahí mismo del envoltorio y que no se llevó a Nisman apuntado –al menos con esa arma– hasta el baño.
- No tiene mucho sentido, si Lagomarsino mató a Nisman, que haya dejado un arma que estaba a su nombre en el baño. Tampoco que haya quedado ahí el paño verde con sus rastros.

Sangre

Uno de los puntos de los que parten los peritos de Arroyo Salgado es que a Nisman lo llevaron amenazado hasta el baño, le hicieron poner una rodilla en tierra y lo ejecutaron.
En un estudio previo realizado por el forense Mariano Castex, que desde el viernes trabaja para la defensa de Lagomarsino, sostiene que cuesta creer que el fiscal aceptara mansamente ir hasta el baño, arrodillarse y esperar la ejecución sin una mínima resistencia.
Pero, más allá de esta consideración, los especialistas de Arroyo Salgado sostienen que las manchas de sangre en la bacha del baño demostrarían que Nisman murió arrodillado. Su razonamiento es que esas gotas de sangre provienen de retrosalpicaduras: cuando se dispara, hay un efecto de que el proyectil pega en la persona y salpica hacia atrás.
El criminalista Luis Olavarría, que trabaja justamente en análisis de manchas de sangre, afirma que las gotas que se ven sobre la bacha son demasiado grandes para ser retrosalpicaduras. “Eso no proviene de un back spatter (retrosalpicadura). Las gotas de ese fenómeno no tienen más de un milímetro, son como un spray. Y lo que se ve en la bacha son gotas de caída de sangre, no de back spa -tter. Yo diría que esas gotas hablan más de sangre caída de la boca del fiscal o caída del propio orificio después de dispararse. Además, haciendo un análisis de esas manchas, las gotas van en un sentido: del espejo hacia el borde de la bacha. Eso me habla de que son manchas que se produjeron cuando el fiscal estaba cayendo, hacia atrás”.
Como se ve, el estudio de los especialistas de la querella no es palabra santa: “Todo eso admite presunciones en contrario”, señaló Castex. En la misma línea, Olavarría hace un razonamiento adicional: “No importa la posición, no suma a la alternativa suicidio u homicidio. Alguien se puede suicidar arrodillado y también lo pueden matar arrodillado”.

Mano

Una de las explicaciones que deslizan los hombres de Arroyo Salgado es que en la mano derecha de Nisman no hay mucha sangre. Sobre esa base sostienen que el fiscal no disparó, ya que no hay rastros de retrosalpicaduras.
“No tiene por qué haber sangre –afirma Olavarría–. Puedo mostrarle casos de suicidios con pistolas 9 milímetros, mucho más poderosas que las 22, en que apenas hay una gotita. Diría que con una 22 la lógica es que haya muy poca sangre. No me parece que sea un argumento convincente el del estudio de los colegas.”

Barrido

Por supuesto que en el estudio de los forenses y criminalistas de Arroyo Salgado hay un capítulo destinado a reiterar que el estudio de barrido electrónico de la mano del fiscal dio negativo, es decir que no se encontraron residuos de fulminante en la palma de la mano derecha. Es un punto fuerte de la postura en favor del homicidio que sustenta la ex esposa.
Varios criminalistas insistieron en que las publicaciones científicas son categóricas. En The American Journal of Forensic Medicine se publicó un extenso estudio del forense más citado por los profesionales argentinos, Vincent Di Maio. Junto al texto aparece una tabla en la que Di Maio analiza 116 casos de suicidios comprobados y el resultado que dio el barrido electrónico: cuando el arma utilizada fue una pistola 22, sólo el 11 por ciento dio positivo. En caso de revólveres, un arma más abierta, más de la mitad da positivo, pero en las pistolas 22, el porcentaje de positivos es muy bajo, de manera que no es para nada inusual que haya dado negativo en el caso de Nisman.

Agonía

Los especialistas de Arroyo Salgado consideran que Nisman tuvo un período de agonía y lo afirman sosteniendo que no hubo espasmo cadavérico, es decir, que no hubo una rigidez instantánea de la mano derecha por la cercanía del disparo. Tanto Castex como Olavarría no excluyen la sobrevida, es decir, la agonía. Pero afirman que no lleva a ninguna conclusión respecto de la alternativa suicidio/homicidio. “Puede haber muerte instantánea sin espasmo cadavérico”, afirma Castex.
En cualquier caso, Castex piensa que la agonía fue corta y que justamente Nisman, ya inconsciente, pudo haber realizado pequeños movimientos en esa agonía, lo que explicaría leves cambios en la posición del cuerpo y el arma.
Como se ve, son puntos que admiten interpretaciones distintas.

Data

El equipo de Arroyo Salgado insiste en que Nisman no murió el domingo a la mañana o al mediodía, como dice la autopsia, sino que estira la data del deceso hasta las 20 del sábado –36 horas antes de la autopsia–, horario en el que Lagomarsino se encontraba en el edificio Le Parc. Para los especialistas de la ex esposa es un aspecto clave: señalan a Lagomarsino como el asesino y necesitan demostrar que Nisman murió cuando el informático estaba con él.
Castex debate enfáticamente este punto desde todos los ángulos. Por ejemplo, afirma que a las 30 horas de una muerte ya hay signos francos de deterioro del cuerpo. Y esos signos no se observaron en Nisman al momento de la autopsia. Castex también hace cálculos sobre el potasio en la cámara ocular y, con ellos, refuta a los forenses de la ex esposa del fiscal.
En cualquier caso, para la defensa de Lagomarsino –y también lo señala Castex– hay veces que la clave no está en la medicina sino en las computadoras o celulares. Hay llamadas de Nisman hasta pasadas las 23 del sábado y el abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, señala una y otra vez que en la pericia informática quedó claro que Nisman abrió su computadora el domingo a las 7.25 para leer tres diarios y chequear sus mails. Rusconi afirma que la apertura de la computadora fue hecha en el departamento de Le Parc y los hombres de Arroyo Salgado sostienen que todavía no se sabe si fue así o si la apertura se hizo desde otra computadora. Esta pericia –frenada actualmente– sería una evidencia incontrastable.

Pericias y juntas

Tras una tentativa de Arroyo Salgado de apartar a la fiscal Fein, en los próximos días se intentará avanzar en la pericia informática y de los celulares. Por ahora, los archivos están en manos de la jueza Fabiana Palmaghini, que decidirá qué es de la intimidad de Nisman y qué puede ser de interés para la causa. En este terreno se caminará por una línea muy fina porque cuestiones de la vida privada pueden haber llevado a Nisman al suicidio y también temas económicos –como señala Arroyo Salgado– pueden haber derivado en un homicidio, tal cual cree la ex esposa.
Al mismo tiempo, se prepara la junta médica del 30 de marzo, a la que asistirán los forenses de la Corte Suprema, con su equipo en pleno y la médica de la Policía Federal que estuvo en el baño tras la muerte del fiscal. En la junta también estarán Castex, por la defensa de Lagomarsino, y Raffo y Ravioli en representación de Arroyo Salgado.
Todo indica que los peritos oficiales defenderán lo que ya escribieron como conclusión –que no hubo terceras personas en la muerte de Nisman–, mientras que los profesionales de Arroyo Salgado intentarán contrarrestar ese diagnóstico.

ONU ratifica que construcción de Israel de asentamientos en territorios palestinos es fuente de “violación de los DD.HH”


La alta comisionada adjunta de la Organizaciones de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, presentó en Ginebra una serie de documentos a través de los cuales reafirma su posición referida a que la construcción por parte de Israel de asentamientos en los territorios palestinos ocupados es fuente de “violación de los derechos humanos” y “atiza el conflicto regional”.

24 de marzo de 2015




Un grupo de manifestantes palestinos ondean sus banderas de forma pacífica frente a oficiales de las fuerzas de seguridad israelíes en una manifestación para hacerse escuchar, tras los constantes avances de los asentamientos de Israel en territorio palestino. / Foto: Abbas Momami – AFP.


Pansieri presentó seis documentos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que sesiona en Ginebra del 2 al 27 de marzo, referidos a la situación entre Israel y Palestina.

En ese marco, la funcionaria consideró que “el establecimiento y la expansión” de los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, “limitan las libertades y fragmentan la vida de los palestinos”, según informó Prensa Latina.

También expreso que ello menoscaba el derecho del pueblo árabe a la “autodeterminación, que es una cuestión clave para alcanzar la solución de los dos Estados”.

La alta comisionada aseguró que la actual situación “no favorece a nadie, porque coloca a las partes en permanente tensión y riesgo de más violencia”.

Excesivo uso de la fuerza por las tropas israelíes

De acuerdo al informe de Prensa Latina, Pansieri expresó, durante la presentación de los documentos, que en ellos están incluidos los reportes del Secretario General y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, relacionados con los asentamientos y la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados desde 1967.

“Durante años, ambos informes han realizado recomendaciones constructivas, la mayoría ignoradas, mientras el conflicto sigue destruyendo vidas humanas y la dignidad de las personas”, sentenció la jerarca.

Recordó que el Secretario General y el Alto Comisionado “también han mostrado preocupación por el excesivo uso de la fuerza por las tropas israelíes, con saldo de muertos y heridos”.

Pansieri dijo que la Franja de Gaza fue en el verano pasado “escenario de la tercera escalada de la violencia en los últimos siete años”.

“El conflicto reiteró las interrogantes sobre las obligaciones de Tel Aviv bajo las leyes humanitarias internacionales, en particular la necesidad de diferenciar a civiles de combatientes y del apego al principio de la proporcionalidad”, expresó
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