Un teniente y 24 soldados que presuntamente participaron en la masacre de Tlatlaya, ocurrida la madrugada del 30 de junio en la comunidad mexiquense de San Pedro Limón, fueron presentados esta mañana al Juzgado Sexto Militar, de los cuales ocho fueron ingresados a la prisión del Campo Militar Número 1, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense.
Esta noche, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición, sin precisar su graduación, adscripción ni arma.
Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia, e infracciones a deberes militares en el caso del teniente.
Los 17 soldados restantes se encuentran a la espera de resolver su situación jurídica.
Los detenidos fueron trasladados alrededor del mediodía al complejo de juzgados militares que se ubica junto a la mencionada cárcel. Con el comunicado de la Sedena se pudo confirmar que se les consignó al Juzgado Sexto Militar.
Antes, la Sedena evitó pronunciarse sobre la versión publicada esta tarde por el portal noticioso de la revista Proceso.
“No tenemos nada que decir. Apenas se está investigando. Hasta que tengamos resultados con información real y verídica haremos una declaración”, dijo alrededor de las ocho de la noche el oficial de prensa en turno de la dependencia.
Una hora después la Sedena emitió el comunicado en el que confirmó que los detenidos participaron en los hechos de Tlatlaya el lunes 30 de junio, aunque advirtió que los cargos son independientes de las investigaciones que las autoridades civiles llevan conforme a su competencia.
Lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, ha sido manejado por el gobierno como un enfrentamiento entre militares y miembros de un grupo de delincuencia organizada.
De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, publicados por la agencia estadunidense AP y la edición mexicana de la revista estadunidense Esquire, los militares habrían ejecutado a los civiles cuando éstos ya se habían rendido, después de un breve enfrentamiento.
El ingreso de los soldados a la prisión militar ocurrió luego de que el lunes 22 el presidente Enrique Peña Nieto, de visita en Nueva York, dijo a la AP que el asunto sería investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), y que ésta sería la dependencia encargada de dar información sobre los avances.
Después de esa declaración, el caso dio un vuelco con la intervención de la justicia castrense.
Los militares ya estaban detenidos cuando esta mañana el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Gaytán, participó en el seminario “La defensa nacional del Estado mexicano”, realizado en la Universidad Anáhuac.
“Nuestro compromiso es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestos las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando irrestrictamente los derechos fundamentales”, precisó el general secretario.
Hace menos de una semana que la PGR anunció que apenas estaba integrando la averiguación previa por la alegada masacre.
Esa posición fue reiterada el miércoles 24 en la Cámara de Diputados por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien aseguró que el caso es “bastante complejo”, pero que “no importa el tiempo que se necesite” para “buscar la verdad”.
El viernes 19, en un breve comunicado, la PGR aseguró que un grupo de distintos especialistas participaba en la investigación. El mismo día, la Sedena dijo que estaba dispuesta a llegar “al fondo” de los hechos.
La Sedena y la PGR respondieron así a las presiones internacionales, sobre todo del gobierno de Barak Obama, para que el gobierno de Peña Nieto aclare lo ocurrido en el municipio mexiquense.
Los cargos por los que fueron consignados hoy los elementos detenidos están tipificados en el Código de Justicia Militar.
De acuerdo con el artículo 301, comete el delito de desobediencia “el que no ejecuta o respeta una orden superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que depende o tuviese a sus órdenes”.
En cuanto a los deberes militares, el artículo 382 prevé que “sea aplicable al que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, siempre y cuando el resultado no sea constitutivo de delito, se le castigará con un año de prisión”.
Además, establece que cuando la infracción ocurra debido a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión. En tanto, si la falta a deberes militares resulta en daño a un individuo, se procederá conforme a las reglas generales sobre aplicación de penas.
Catorce de las 22 personas abatidas por efectivos del Ejército Mexicano en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, estado de México, fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.
‘‘Para que un impacto de bala de ese calibre (de fusiles M-1) deje un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de la víctima’’, afirmó el criminólogo José Luis Mejía Contreras al analizar el material fotográfico de la escena del crimen, mismo que fue entregado de manera anónima a la agencia de noticias MVT.
La escena donde supuestamente las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con los militares, el pasado 30 de junio, ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias.
‘‘Si la confrontación fue entre entre quienes estaban dentro y los militares fuera de la bodega, había una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared y dejar un boquete.’’
Las imágenes entregadas a la agencia de noticias MVT corresponden a momentos en los cuales los cuerpos y las armas que supuestamente se utilizaron para agredir a los militares no habían sido levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y en ningún momento los peritos colocaron letreros que indicaran la existencia de casquillos de cartuchos percutidos por las víctimas.
Ninguno de los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento, que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) duró tres horas, tiene disparos en la cabeza; todos los impactos se registraron a la altura del pecho y el abdomen.
En el caso de las 14 personas que fueron llevadas hacia las paredes de la bodega, el crimonólogo precisó que fueron colocados de pie, y en las fotografías se observa que en cada caso se percutieron dos disparos a una altura de entre 1.20 y 1.40 metros.
‘‘Uno de los datos periciales más reveladores es que las víctimas presentan, todas, manchas de lodo en las rodillas, y otras más en el pecho, y luego aparecen los cadáveres tirados sobre piedras en un terreno totalmente seco.
‘‘A esas personas las sometieron, permanecieron más de media hora hincadas, algunas más pecho a tierra; luego quizá los pusieron de pie y entonces les dispararon a menos de 30 centímetros de distancia, lo que provocó que los cuerpos fueran atravesados y las ojivas impactaran contra las paredes, dejando un gran hueco’’, detalló Mejía Contreras en el análisis realizado a petición de la agencia MVT.
Señaló que nadie muere en un enfrentamiento con las piernas cruzadas, porque la dinámica de movimiento que se presenta cuando alguien cae abatido en un intercambio de disparos registra el llamado ‘‘trompo’’, es decir, el cuerpo gira hacia el lado contrario del que recibió el impacto de bala.
‘‘En la escena que observamos a partir de las fotografías y la manera en que fueron fijados los cadáveres, más de cinco cuerpos cayeron totalmente de espaldas, uno más de frente, pero ninguno observa el giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre a más de 20 metros de distancia, lo que evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible’’.
En cuanto al sitio donde fueron abatidos los presuntos delincuentes, es una bodega recién construida, el piso es de tierra y tiene materiales como grava y arena en todo el terreno. No tiene puertas, para evitar que alguien observe hacia el interior; solamente cuenta con dos accesorias sin cortinas.
Había tres camionetas en el interior, marcas Ford, Honda y Chevrolet Cheyenne. A pesar de que supuestamente fueron utilizadas para disparar contra los militares y resguardarse de los tiros de éstos, las unidades no presentan daños graves. Incluso tres de los cuerpos fueron colocados por delante de las puertas abiertas de los vehículos, como si en lugar de protegerse trataran de impedir que las balas perforaran la carrocería.
Sobre el supuesto sitio para mantener a personas privadas de su libertad, consideró que nadie tiene secuestrada a una persona en esas condiciones.
José Luis Mejía Contreras señaló que ni siquiera existe una lógica en el tipo de armamento que ‘‘plantaron’’ a los cadáveres, pues mientras las armas son negras, los cargadores son grises, ‘‘y esos sólo los utilizan los militares’’.
En muchos casos las armas aparecen colocadas perfectamente alineadas con los cadáveres, aparentemente sostenidas, o hasta los cargadores extras que supuestamente usarían las víctimas estaban en paralelo con los rifles.
El ministro venezolano para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, mostró este jueves una nueva prueba en la que se demuestra la vinculación entre Lorent Gómez Saleh y el expresidente colombiano, 
