Un tribunal ordenó el jueves al Gobierno expulsar a 11 mineras que realizan explotación de oro en una zona selvática del noroeste de Colombia y restituir ese territorio a un grupo de indígenas que fueron obligados a abandonarlo por esas actividades y por la intensidad del conflicto armado.
El fallo, el primero de su tipo, favorece a 1.454 familias con una población de 7.270 personas de la comunidad Embera Katío que habitaba 50.000 hectáreas del municipio de Bagadó, en el departamento del Chocó, de donde se vieron forzadas a salir por la actividad minera, así como asesinatos, reclutamiento forzado y amenazas por parte de grupos armados ilegales.
En la región, estratégica para el tráfico de armas y drogas, ha existido presencia de guerrilleros izquierdistas, paramilitares de ultraderecha, bandas criminales y las Fuerzas Armadas del Estado que combaten esos grupos.
“Los indígenas que habitaban el resguardo (…) se vieron forzados a su desplazamiento hacia grandes centros urbanos”, dijo el fallo al que tuvo acceso Reuters.
Pese a ser una área de carácter especial, desde el 2008 el Gobierno entregó títulos mineros y recibió solicitudes que se extendieron a 31.000 hectáreas, un 62 por ciento del resguardo indígena, precisó la sentencia judicial del Tribunal Superior de Antioquia.
El fallo ordena a la gubernamental Agencia Nacional de Minería, con coordinación con las Fuerzas Armadas, “el lanzamiento de personas ajenas a la comunidad que están ejecutando acciones de explotación minera dentro del resguardo”.
Entre las mineras afectadas por la sentencia, que también ordena anular los títulos y los contratos de concesión, figura AngloGold Ashanti que de inmediato evitó hacer comentarios de fondo con el argumento de que era un proyecto de riesgo compartido que no opera directamente.
Las otras mineras son locales como Exploraciones Chocó Colombia, Góngora y El Molino.
La sentencia también ordenó al Gobierno amparar y restituir los derechos territoriales del pueblo Embera Katío, además de poner en marcha las acciones necesarias para el regreso a sus parcelas, incluido una mejora de las condiciones de seguridad.
De acuerdo con Naciones Unidas y grupos de derechos humanos, en Colombia habitan 87 pueblos indígenas con alrededor de un millón de personas que enfrentan el riesgo de desaparecer, principalmente por el conflicto interno de medio siglo que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados.
Colombia alcanzó en el 2013 una producción de más de 1,7 millones de onzas troy y en la actividad participan varias compañías extranjeras.
