El proceso por los secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la
dictadura empezó con la lectura de las imputaciones a los cuatro acusados.
Estuvo Estela de Carlotto, cuyo nieto fue apropiado en esa ciudad. Mañana comenzarán a declarar los testigos.
Por Claudia Rafael y Silvana Melo
Desde Olavarría
Llegaron al banquillo treinta y siete años después para ser juzgados por sus crímenes en el centro clandestino Monte Peloni. Sólo faltaba uno. Juan Carlos Castignani murió antes. Los cuatro restantes entraron trajeados y rodeados de efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Ignacio Aníbal Verdura tiene 82 años y necesita bastón. Esa figura frágil está muy lejos de aquel hombre que supo tejer las tramas sociales imprescindibles como para que el horror fuera posible. Del teniente coronel todopoderoso, dueño de la vida y de la muerte en Olavarría. Walter Jorge Grosse (El Vikingo) conserva su porte soberbio, su gesto de sorna y su piel de dorado marino. Los más jóvenes, Horacio Rubén Leites y Omar Antonio Ferreyra (el Pájaro), llegan con distinta suerte. El primero, con algún deterioro físico. El segundo, en forma. Con el sambenito que le colgó al cuello un intendente democrático que le dio conchabo y lo hizo visible, aunque hacía largo tiempo que su nombre circulaba entre los sobrevivientes, en una ciudad en la que es posible cruzarse con los represores cotidianamente en una esquina, en el supermercado o en la escuela de los hijos. En los nombres de los cuatro acusados se sintetizó ayer la identidad represiva de una ciudad que respaldó a sus dictadores con el poder civil, empresarial y social.
La audiencia arrancó a las tres de la tarde. Verdura, Grosse, Leites y Ferreyra comparten la acusación de privación ilegítima de la libertad y tormentos de veintiún jóvenes militantes durante la dictadura. Pero Verdura, en particular, deberá responder también por los homicidios de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini.
La ciudad que funcionó como cabecera del circuito represivo de la zona 124 promete quedar al desnudo. Una pantalla gigante armada en el campus universitario mostraba a unas doscientas personas las imágenes de los cuatro imputados junto a sus abogados.
“Necesito estar en la primera fila. Yo le dije hace treinta y siete años a Verdura que alguna vez íbamos a volver a estar frente a frente”, dijo Susana Lofeudo. Por su cabeza pasaba aquel 29 de abril de 1977 en que, en medio de la desesperación, corrió hasta la casa de su vecino y le gritó: “Dígame, Verdura, ¿dónde está mi marido?”. Con su panza de embarazada y el pequeño Matías que había quedado en la casa, la mujer reclamaba por Carlos Alberto “el Negro” Moreno, el abogado de los trabajadores de Loma Negra al que asesinaron en Tandil pocos días más tarde. En la audiencia de ayer, junto a ella, se veía a sus hijos Matías, actual director de formación en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Martín.
Un centenar de testigos desfilarán desde mañana para reconstruir el rompecabezas represivo de aquellos años en la ciudad. Armarán con sus voces y sus padecimientos el quién es quién de esos días en una Olavarría gris y silenciada por connivencias de los medios periodísticos y el aplauso de los sectores más reconcentrados del poder empresarial y social.
De lunes a miércoles se harán las audiencias ante los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El Ministerio Público Fiscal está representado por Walter Romero y Marcos Silvagni, mientras que César Sivo, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Manuel Marañón, por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, actúan como querellantes.
“Volvimos”, decía la pancarta que abrazaba a un grupo de sesentones, de la gloriosa Jotapé, que marchaban por la avenida Del Valle hacia la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen para volver a verse con los represores. Junto a ellos, militantes de La Cámpora, de Uneso (estudiantes de Sociales), de los organismos de derechos humanos, toda una generación que nació en democracia.
El puesto sanitario del Hospital Municipal, en el campus, estaba comandado por la mediática doctora Mariana Lestelle, hija del legendario primer titular de la Sedronar creada por Carlos Menem. Ella fue la que consideró que Araceli Gutiérrez, la única mujer entre las veintiún víctimas de Monte Peloni, no estaba en condiciones para asistir a las imágenes que devolvía hacia afuera la pantalla gigante: tuvo un pico de tensión arterial. “Los vi y me conmocionaron”, dijo después. Se refería a esos cuatro jinetes de su apocalipsis.
Después de un breve cuarto intermedio en la lectura de las imputaciones, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, ingresó con su bastón y una sonrisa reluciente al mismo lugar en que había estado una decena de años atrás, cuando Ferreyra era aquel oscuro funcionario municipal sostenido a rajatabla por el entonces intendente Helios Eseverri. En su presencia se leyeron las últimas páginas del requerimiento de la elevación a juicio y se determinó el cuarto intermedio para hoy.
Mientras dos centenares de personas se encontraron ayer en el predio universitario para asistir a la llegada de la Justicia, el resto de la ciudad siguió la vida con su ritmo casi normal. Pero Olavarría no volverá a ser ya la misma. Porque de su vientre surgieron los apropiadores de Ignacio Guido Montoya Carlotto, los encubridores, los cómplices, los que secuestraron, atormentaron y asesinaron y los que compartieron risa y banquete con ellos. Y todo se desnuda en estos días.
