La trata de personas es un delito que despoja a los seres humanos de sus derechos, echa por tierra sus sueños y les priva de su dignidad. Es un delito que debe avergonzarnos a todos y a todas. La trata de personas es un problema mundial, al que ningún país es inmune; millones de víctimas, especialmente mujeres y niñas, se encuentran atrapadas y son explotadas en esta forma moderna de esclavitud.
El 23 de septiembre fue instituido el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dahka (Bangladesh) en enero de 1999. En 1993, Naciones Unidas define por primera vez la violencia contra las mujeres como violencia de género, e incluye la trata de mujeres y la prostitución como una manifestación más de ejercer esta violencia.
Desde la Secretaría de Políticas Sociales queremos hacer hincapié y contribuir a hacer visible un hecho alarmante, como es la alta incidencia en nuestra sociedad de la violencia de género en todas sus manifestaciones. La violencia contra las mujeres es la expresión de un orden social basado en la desigualdad, como consecuencia de la asignación de roles diferentes en función de su sexo, y un reconocimiento distinto y superior para lo masculino que para lo femenino. Por toda la complejidad y dificultad en la visibilización y toma de conciencia social; para luchar contra esta lacra consideramos que es necesario desarrollar medidas de intervención encaminadas a:
1. Prevención de los actos violentos; a través de la sensibilización de la sociedad y de una educación basada en la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo.
2. Sanción de las conductas violentas; a través de una adecuada legislación, persecución del delito, y sanción final como medidas de prevención por su fuerza persuasiva.
3. Tratamiento de los efectos o consecuencias de los actos violentos producidos en las víctimas (intervención bio-psico-social), y la compensación y resarcimiento del daño causado.
4. Sensibilización de los poderes públicos, y de los profesionales que intervienen desde los distintos ámbitos implicados (judicial, policial, sanitario, social, educativo…) a los que, con frecuencia, se les achaca una falta de formación para llevar a cabo una adecuada intervención.
Desde nuestro ámbito de actuación, la educación, consideramos que la escuela es el primer nivel para introducir valores igualitarios, libres de prejuicios y de estereotipos sexistas, donde poder proporcionar modelos de relación desde y para la igualdad; camino necesario para luchar y prevenir la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Uno de los problemas que es preciso afrontar hoy es que cada vez con más frecuencia se presenta la sexualidad asociada con la violencia. Esta visión de las relaciones afectivas y sexuales, que en ocasiones se difunde a través de los medios de comunicación, destruye las relaciones basadas en el amor, la confianza y el respeto, manteniendo los modelos de subordinación de las mujeres. Una de las manifestaciones de esta forma de entender la sexualidad asociada con la violencia es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o la prostitución, que lamentablemente persisten y crecen en nuestra sociedad.
Por todo ello, es imprescindible introducir en el currículo escolar contenidos que hagan referencia a los derechos de las mujeres, las situaciones de discriminación, la corresponsabilidad, la igualdad y la violencia de género. En este sentido, y en nuestra labor de facilitar el análisis sobre los problemas sociales y más importante, facilitar herramientas al profesorado, volvemos a presentaros el documento El VIAJE DE LAIA. Se trata de una Guía que publica el Instituto de la Mujer que incluye la historia de Laia intercalando propuestas de actividades para el alumnado e información para el profesorado. Está recomendada para los cursos de bachillerato y 4ª de secundaria.
La trata de personas: situación y perspectivas en América Latina – Por Nuria Sevilla Bayón
El ACNUR define como trata la utilización, en beneficio propio y de modo abusivo, las cualidades de una persona, en contra de su voluntad. La explotación de la persona se dará en términos de prostitución u otros modos de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o la extracción de órganos; si bien la más común es la explotación sexual, en especial de mujeres y menores. Para llevar a cabo la captación de personas, los medios son la amenaza o el uso de la fuerza y otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño y el abuso de poder o de una situación de debilidad.
Se estima que existen 2,4 millones de personas que se ven obligadas a realizar trabajos forzosos según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la mayoría de los casos, el 80% son mujeres o niñas, que, como ya se ha mencionado antes, se ven forzadas a algún tipo de explotación sexual. El porcentaje de niñas, además, ha aumentado en los en el período 2007-2010, y se sitúa ahora entre el 15 y el 20%, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012 de UNODC.
La trata de personas se sitúa como el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, tras el narcotráfico y la venta de armas. De acuerdo con los datos de la OIT, las ganancias ilícitas totales del trabajo forzoso se estiman en aproximadamente 32 billones de dólares al año, de los cuales el 76% proviene de la explotación sexual. Sin embargo, los procesos judiciales y las condenas en este ámbito representan cifras insignificantes, sin llegar apenas a 3.500 condenas en 2008.
¿Qué perfil suelen tener las víctimas? Como resulta obvio, las víctimas de la trata de personas son aquéllas que se encuentran en situación más vulnerable: sobre todo, mujeres y menores de edad; además, a estos factores se les unen otros como pobreza, inseguridad, nivel social bajo y de estudios escasos. La forma de captación va desde el secuestro forzoso al engaño, prometiendo por ejemplo otro tipo de trabajo (cuidado de ancianos o niños) o mediante otro tipo de promesas personales. Existe diferencia entre trata de seres humanos y tráfico de migrantes, que conviene aclarar ya que suele crear confusión y, en el fondo, ambos términos se interrelacionan: la trata no tiene por qué incluir desplazamiento de la persona, aunque sea algo que ocurre con frecuencia; mientras que el tráfico de migrantes implica desplazamiento a otra frontera de manera ilegal.
Una vez captadas, asimismo, estas personas son manipuladas emocionalmente por los captores, quienes amenazan con atacar o herir a sus familiares si intentan escapar, chantajean a las víctimas con el pretexto de que éstas deben pagar deudas ingentes a sus captores (por el dinero “invertido” en el viaje, por ejemplo), e incluso, en algunos casos, se aprovechan de creencias espirituales como el vudú para mantenerlas bajo su poder y opresión. Cuando ha habido tráfico, además, suelen confiscarles los pasaportes, dificultando aún más una posible huida de la víctima.
Con todas las características que hemos visto hasta ahora, podemos afirmar con rotundidad que las acciones inherentes a la propia trata son flagrantes violaciones de los derechos humanos. Concretamente, ACNUR señala el “rapto, encarcelamiento, violación sexual, esclavitud sexual y prostitución forzada, privación de alimentos o de asistencia sanitaria…”, como claras violaciones. Además, las víctimas se enfrentan a consecuencias devastadoras; a modo de ejemplo, podemos mencionar algunos factores citados por la Comisión Interamericana de Mujeres, tales como violencia psicológica, física y sexual, depresión, pensamientos de suicidio, alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual incluido VIH-SIDA, alto porcentaje de consumo de drogas y alcohol, así como temor a acudir a servicios médicos por miedo a ser detenidas.
A nivel internacional, existen tratados que marcan directrices para las legislaciones y las actuaciones de gobiernos y estados en lo referente a la trata. Así, como el más importante tenemos al Protocolo de la ONU para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños. El principal reto derivado de dicho protocolo son los escasos mecanismos de protección con los que cuentan las víctimas de trata. Entre otras dificultades, se enfrentan a cómo probar que han sido víctimas; se trata de un largo proceso, que debe incluir investigaciones, en el que también muchas veces se presupone que si han sido empleadas en la industria del sexo ha sido de manera voluntaria; por otro lado, no existe un Protocolo claro que establezca los cauces de actuación por parte de los estados; a todo ello hay que sumar el estado psicológico de las víctimas tras una situación traumática, lo que lleva a comportamientos complejos de entender.
Desde hace años venimos comprobando que, en casos de conflicto, la violencia indiscriminada contra la población civil forma parte de un plan establecido y sistematizado, dirigido, ordenado y planificado desde las cúpulas de poder. Conviene, por tanto, señalar la alta vulnerabilidad de mujeres en estas situaciones de crisis humanitarias, donde se ven frecuentemente expuestas a situaciones de explotación sexual y todo tipo de violencia, y en algunos casos pueden acabar resultando víctimas de trata. Es por ello que debemos prestar especial atención ante este tipo de circunstancias. Como señala UNODC, la explotación es una “dinámica que se ve exacerbada durante crisis humanitarias caracterizadas por una violencia generalizada, desplazamientos en masa y desintegración de estructuras familiares”. Luego una vez que tenemos la información, podemos disponer de los medios para evitar estas acciones. ACNUR, por su parte, reconoce la necesidad imperiosa de luchar contra la explotación sexual y la trata en caso de refugiados y exhorta a los Estados y a sus colaboradores a que lleven a cabo operaciones que velen por la existencia de sistemas seguros que eviten estos casos, con hincapié especial en mujeres y niños.
Para lograr la eliminación de dichos riesgos en situaciones de crisis humanitarias, la UN-Inter Agency Committee (IASC) ha identificado la cuestión de género como una de las más importantes, para lo que ha creado el Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action, así como otros sub comités centrados en género a los que se les da peso y relevancia para que éstos sean verdaderamente capaces de afrontar estas situaciones.
Otro grupo de alta vulnerabilidad en esta situación son los niños y niñas. Encontramos aquí factores comunes que propician dicha vulnerabilidad: la pobreza, que lleva a las familias a abandonar a los menores en manos de traficantes en la creencia de que lograrán un futuro mejor; en crisis humanitarias, donde lo verdugos aprovechan las situaciones de caos para raptar a sus víctimas (un caso muy sonado dentro de este bloque fue el de Haití); en conflictos armados, donde los niños suelen ser empleados como soldados por lo fácil que resulta manipularlos; incluso existen casos de menores procedentes de países en vías de desarrollo que son objeto de trata para luego ser adoptados en países desarrollados. De acuerdo con datos ofrecidos por UNICEF, cada día 4.000 niños y niñas son víctimas de trata. En general, el fin de la trata de menores es que éstos sean explotados sexualmente (importante en este punto mencionar el auge de la pornografía infantil, así como a chicas adolescentes obligadas a prostituirse), forzados a matrimonios pre-pactados, o para trabajos forzosos en fábricas o como personal de servicio doméstico (dentro de este grupo, la mayoría de menores son procedentes de África).
La Trata en América Latina: situación y perspectivas
Respecto a los flujos de trata que se observan en el panorama internacional, en África y Oriente Medio, así como Asia Pacífico, se da un número más elevado de trabajos forzosos; mientras que en América Latina, Europa y Asia Central, predominan casos de explotación sexual. Concretamente, la situación en América Latina destaca por ser una zona en la que la trata de personas, principalmente mujeres y niñas o adolescentes, se centra en la explotación sexual. En el caso de esta zona, América del Sur no es solo corredor para la trata, sino que además son países de origen, de tránsito y de destino, con trata de personas tanto interna como a nivel internacional. Además, en las últimas décadas se ha experimentado un auge en la industria del turismo sexual, sobre todo con “clientes” de América del Norte, por motivos de cercanía geográfica. El país más “famoso” y solicitado para este tipo de turismo es Costa Rica.
Hay que tener en cuenta, asimismo, que establecer un número verdaderamente real es difícil, ya que en muchas ocasiones los datos que se manejan son confidenciales por temas de investigación policial; y porque, por otro lado, como ya se ha mencionado, gran parte de las víctimas de trata no pueden o no se atreven a denunciarlo, bien por desconocimiento, bien por miedo a las represalias sobre ellas o sobre sus familiares.
En cuanto a las rutas, dentro de América Latina han quedado establecidas tanto a nivel regional como internacional. Nicaragua es uno de los más destacados proveedores de la trata, sobre todo de menores. Por su parte, Honduras, Guatemala y México son punto de encuentro de personas, que suelen ser posteriormente enviadas a un tercer país, con frecuencia EEUU o Canadá (de nuevo, por motivos de cercanía y reducción de costes).
De modo general, todos los países latinoamericanos cuentan con legislaciones que cubren las exigencias del Protocolo de la ONU adoptado en 2010 para la lucha contra el tráfico y la trata, si bien es cierto que algunos países como Uruguay solo cubren el tráfico y la trata a nivel internacional pero no nacional. Destacan los casos de los países mencionados a continuación:
En Brasil se están llevando a cabo esfuerzos para luchar contra la trata y el tráfico. Así, para el período 2008-2010 se creó un Plan De Acción Nacional centrado en aumentar el apoyo a las víctimas, mayor investigación e incremento de las condenas. El segundo Plan, elaborado para el período 2012-2015, es mucho más ambicioso; se trata de un extenso análisis que profundiza en la visión, amenazas y expectativas de la trata. Como objetivo central, está la prevención de este fenómeno, así como la persecución de sus causantes y la protección de las víctimas.
En la zona del Caribe, cabe destacar la situación de Haití. Las Naciones Unidas establecieron una misión de estabilización en el país (MINUSTAH), que desde 2007 colabora con las autoridades nacionales tras descubrir éstas que se estaban dando numerosos casos de menores que habían sido víctimas de trata; en algunos casos se trataba de trata dentro del propio país y en otros casos había tráfico hacia República Dominicana. Otros países de la zona como Jamaica o Trinidad y Tobago ya han emprendida planes de lucha contra el tráfico.
Colombia ha aprobado recientemente una Estrategia Nacional elaborada de manera conjunta por los Ministerios de Interior y de Justicia. Consta de cuatro enfoques centrales: legal, de género, de protección y regional.
Ecuador desarrolló uno ya en 2006, bastante ambicioso: entre sus objetivos se encuentra cambiar el entorno sociocultural y generar capacidades que prevengan factores que puedan llevar a la trata y al tráfico.
La legislación mexicana cubre todas las formas de explotación, si bien sorprende que solo dos personas fueran condenadas en 2010, dado el alto número de población y el hecho de que sea lugar de captación o paso de víctimas hacia Estados Unidos o Canadá. En este caso, el fenómeno de la trata no parece estar siendo dirigido de manera suficientemente efectiva.
Uno de los mayores retos es el que presenta la organización de las mafias y la corrupción que se genera alrededor de éstas, sin duda un obstáculo a la hora de perseguir a los verdugos. Se han dado casos en los que varias instituciones estatales, de gobiernos locales a miembros de la policía, aparecían involucrados en redes de prostitución con trata de mujeres y niñas.
En término generales en América Latina, los progresos logrados son notables: la mayoría de regulaciones de los países de la región, o bien sus reformas para lograr leyes más estrictas contra la trata, son de años recientes (normalmente 2011 o 2012), y se ha luchado en los últimos tiempos por dar mayor publicidad a este fenómeno, acto de vital importancia puesto que se desconoce o se quiere desconocer acerca de éste. Para ello, han tenido lugar dos Cumbres Iberoamericanas contra la Trata de Seres Humanos y se han establecido nuevas normas jurídicas, que siguen las directrices del Protocolo de la ONU de 2010 contra la trata. Queda por ver si éstas consiguen ciertamente ser efectivas y contribuyen a una erradicación, aunque sea de manera paulatina, de este fenómeno.
Parece obvio que, en los casos de trata, los factores que se van acumulando y que la posibilitan, de alguna manera, son de diversa índole y están completamente interrelacionados entre sí. Es por ello que en especial algunas de las legislaciones de países señaladas anteriormente, proyectos ambiciosos que no quieren limitarse a (intentar) castigar a los causantes, sino que se centran en aspectos sociales también, tienen más probabilidades de resultar exitosos. Diversos países latinoamericanos han comprendido que es esencial no solo realizar investigaciones para encontrar a los culpables, sino que tener en cuenta a su vez el factor social y realizar políticas en el que se encuentre abarcado es, sin duda, un acierto. Dentro de estos objetivos se encuentra el de otorgar protección y asistencia médica y psicológica a las víctimas, posibilitar de manera real su reinserción en la sociedad, y, de vital importancia, prestar una gran atención a situaciones de vulnerabilidad para lograr erradicar los factores que convierten a algunas personas en víctimas potenciales: pobreza, escaso nivel de estudios, situaciones de conflicto, etc. Si bien es cierto que este último punto puede sonar demasiado ambicioso, un problema de alto calado como es el de la trata debe solucionarse con pequeños pasos hacia adelante, y afianzando los logros que se vayan obteniendo.
La explotación sexual infantil en América Latina
Según las Naciones Unidas, unos dos millones de niñas, de entre cinco y quince años, son introducidas anualmente en el comercio sexual en todo el mundo 1. Aunque el fenómeno de la Explotación Sexual Infantil (ESI) tiene mucha mayor envergadura en Asia, en los últimos años está experimentando un notable incremento en América Latina. Razones de esta progresión y medios necesarios para combatir el flagelo.
El aumento de la pobreza y la desigualdad, las migraciones del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y la proliferación de niños y niñas de la calle en situación de precariedad extrema, pueden esgrimirse como elementos explicativos de la explotación sexual infantil (ESI). No obstante, la tremenda complejidad del fenómeno y su “invisibilidad” exigen explicarlo a través de un conjunto de factores de vulnerabilidad, no sólo socioeconómicos, sino también familiares, culturales y políticos.
Ciertamente, la disfunción de la familia (violencia doméstica, maltrato infantil, abuso sexual, etc.) y la ruptura temprana del vínculo familiar, especialmente cuando ésta es conflictiva, suelen citarse como elementos desencadenantes de la ESI. Entre los factores culturales coadyuvantes cabe mencionar, además del consumismo y del irrespeto de los derechos de la niñez, la consideración de la mujer como un objeto y de los hijos como una propiedad. En el ámbito político, la corrupción policial y de los funcionarios públicos encargados de reprimir esta lacra, junto con la inexistencia de leyes específicas o su débil aplicación, son los factores del fenómeno más comúnmente citados, aunque quizá el más nefasto de ellos sea, simplemente, la negación de su existencia por las autoridades.
Del lado de la demanda, son otros factores, de tipo externo, los que ayudan a explicar el aumento de la ESI en América Latina. Se puede citar una represión más severa de la prostitución infantil en el Sureste Asiático y el efecto disuasorio del endurecimiento de las penas por abuso y explotación de menores en esos países, lo que conduce a los llamados “turistas sexuales” a buscar otros destinos; el abaratamiento del turismo; el espectacular aumento de pornografía infantil en Internet y la pandemia del SIDA, que impulsa a los “clientes” a solicitar los servicios sexuales de mujeres cada vez más jóvenes.
En el Cono Sur, la progresiva destrucción del tejido social y el proceso de “centroamericanización” (precariedad laboral, extensión de la pobreza y la desigualdad, aumento de la corrupción, desaparición de la clase media, etc.) también contribuyen a explicar el fenómeno. La espectacular proliferación de “villas miseria” en Buenos Aires, “cantegriles” en Montevideo, “bañados” en Asunción o “favelas” en Río o San Pablo, refleja este deterioro socioeconómico, con su correlato de auge de la criminalidad, la delincuencia y la violencia social; el evidente aumento de la mendicidad y, por supuesto, de la prostitución y la explotación sexual infantil. Cada año, más de 200 niñas paraguayas son engañadas con falsas promesas de empleo por redes internacionales de traficantes sin escrúpulos –en connivencia con autoridades, policías y funcionarios de fronteras– e introducidas en el mercado del sexo bonaerense, en municipios como San Miguel2.
Un último elemento que, especialmente en América Latina, ha tenido una influencia nefasta en la proliferación de esta lacra, ha sido la falta de reconocimiento del problema. Durante años, la ESI –considerada vergonzante por casi todos los gobiernos– no existía oficialmente en muchos países, por lo que, lógicamente, no era necesario erradicarla. Esta “invisibilidad” del fenómeno ha sido el mejor aliado de traficantes, proxenetas y abusadores de menores.
A pesar de lo alarmante de las cifras, la verdadera magnitud del problema es mucho mayor, ya que resulta prácticamente imposible cuantificar el número real de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente en América Latina.
La ESI es una forma particular de abuso sexual, que se distingue por su móvil eminentemente comercial y por la intervención de una tercera persona, además del niño o la niña y del abusador: el explotador. El “derecho” a utilizar sexualmente al menor se adquiere mediante el pago de una determinada cantidad. La ESI suele también presentar unas características que ayudan a distinguirla del abuso sexual. En primer lugar, suele producirse fuera del lugar de origen del niño, a diferencia del abuso sexual, que es más frecuente en el entorno familiar. En segundo lugar, afecta más a los adolescentes (12 a 17) que a los niños y niñas de menor edad, mientras que el abuso sexual es más frecuente en la infancia. En tercer lugar, está mucho más extendida entre las niñas que entre los niños, en una desproporción mucho mayor que entre las víctimas de abuso sexual. Por último, mientras que en el caso del abuso sexual tradicional el abusador suele ser una misma persona durante un largo período de tiempo, en el caso de la explotación sexual infantil el abuso lo suele cometer cada vez una persona distinta, lo cual aumenta notablemente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. En cualquier caso, nunca puede hablarse de “consentimiento” del niño, incluso cuando éste así lo afirme (normalmente, para intentar exculpar al explotador o al abusador), pues siempre median coerciones y amenazas, o en el mejor de los casos, seducciones y engaños, para obligar al menor a someterse a tales prácticas3.
Lamentablemente no existe una definición universalmente aceptada de la ESI, aunque sí se ha llegado recientemente a un acuerdo sobre sus tres manifestaciones típicas: la venta de niños o niñas (con fines sexuales), la prostitución infantil y la pornografía infantil. Todas ellas están recogidas en el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil”4, que entrará en vigor este mes de enero (ver recuadro “Artículo 2”).
Por otra parte, el llamado turismo sexual infantil no es otra manifestación de la ESI, sino que debe considerarse como una variante de la prostitución infantil, consistente en ofrecer los servicios sexuales de un menor a turistas, generalmente extranjeros. No obstante, numerosos estudios han demostrado que los clientes abusadores de menores son principalmente autóctonos, y que incluso en países receptores de gran número de turistas extranjeros, como es el caso de Costa Rica y la República Dominicana, éstos no suelen sobrepasar el 20% del total de clientes abusadores5.
Reconceptualización jurídica
El instrumento jurídico internacional básico y más importante de defensa de los niños y las niñas es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 y ratificada por 187 Estados. En ella se señala explícitamente (artículos 34 y 35) que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias que impidan la explotación sexual infantil y protejan a los niños y las niñas frente a semejantes violaciones de sus derechos. Esta Convención cuenta desde el pasado año con un Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
El instrumento jurídico internacional básico y más importante de defensa de los niños y las niñas es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 y ratificada por 187 Estados. En ella se señala explícitamente (artículos 34 y 35) que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias que impidan la explotación sexual infantil y protejan a los niños y las niñas frente a semejantes violaciones de sus derechos. Esta Convención cuenta desde el pasado año con un Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
Otro instrumento jurídico clave es el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil6, que considera la ESI como “una de las peores formas de explotación laboral”7. No obstante, aproximaciones más recientes8 han puesto de manifiesto las importantes limitaciones jurídicas que una interpretación de ese tipo presenta a la hora de exigir acciones efectivas por parte de los Estados, pues al tratarse de la violación de un derecho de los denominados “económicos y sociales”, la obligación de los Estados se refiere sólo a la toma de medidas progresivas, con lo que las violaciones no pueden ser sujeto de denuncias individuales y la fuerza vinculante para los Estados es muy débil. Por este motivo, la ESI debe ser “reconceptualizada” como lo que es: un trato “inhumano y degradante” y, por lo tanto, una violación de los derechos humanos fundamentales. De este modo, la protección jurídica es más eficaz, pues los Estados tienen la obligación de proteger estos derechos (llamados absolutos) de modo inmediato; se pueden presentar denuncias individuales; son delitos perseguibles internacionalmente e incluso sujetos a la extraterritorialidad, como en el caso del genocidio o la tortura.
El Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, realizado en Estocolmo en agosto de 1996, supuso una llamada de atención internacional sobre la existencia de la ESI y un punto de inflexión en el tratamiento de esta problemática. Auspiciado por el gobierno de Suecia, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la organización internacional End Child Prostitution, Pornography and Trafficking for Sexual Purposes (ECPAT) y el Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, reunió por primera vez a 122 gobiernos (22 de América Latina) para comprometerlos en una Declaración Final y una Agenda para la Acción, con cinco áreas de trabajo: coordinación y cooperación (a nivel local, nacional, regional e internacional); prevención; protección; recuperación y reintegración y participación de los niños y las niñas.
Desde entonces se han conseguido algunos logros importantes, como la despenalización de las víctimas y la culpabilización de los explotadores, el tratamiento integral de la problemática, las incipientes reformas legislativas, la mejora de la cooperación policial –especialmente a través de INTERPOL9–, la elaboración e implicación del sector privado (operadores turísticos, líneas aéreas), las reuniones de coordinación entre ONG y la inclusión del fenómeno en el plan de trabajo de las agencias internacionales, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, queda mucho por hacer, pues de los 122 países asistentes sólo 34 han adoptado ya Planes Nacionales de Acción. Entre éstos, sólo siete son latinoamericanos: México, República Dominicana, Brasil, Chile, El Salvador, Argentina y Costa Rica.
Cinco años después de Estocolmo, el gobierno de Japón, UNICEF, ECPAT y el Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, organizaron el Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, que tuvo lugar en Yokohama (Japón), del 17 al 20 de diciembre pasado. Representantes gubernamentales, ONG, agencias de Naciones Unidas, medios de comunicación, niños y representantes del sector privado, volvieron a reunirse para evaluar los progresos realizados desde Estocolmo y proponer acciones futuras.
Hubo antes numerosas consultas preparatorias regionales, con el objetivo de aprobar planteamientos consensuados. Dos se deben destacar en América Latina10: la celebrada del 20 al 23 de febrero de 2001 en San José (Costa Rica) que reunió a ONG gubernamentales e internacionales de 20 países de América Latina, y el Congreso gubernamental regional celebrado del 7 al 9 de noviembre de 2001 en Montevideo (Uruguay), entre representantes gubernamentales, ONG, agencias de Naciones Unidas y numerosos expertos sobre el tema, organizada por el Instituto Interamericano del Niño11 y UNICEF.
El mayor éxito de Yokohama resultó la participación: más de 3.000 personas (se esperaban 2.000) y 134 gobiernos (122 en Estocolmo) se hicieron presentes. Se verificaron progresos innegables, pero no obstante en las conclusiones del Congreso se hace un llamamiento a los Estados para que ratifiquen con celeridad el Protocolo Facultativo y para que, aquellos que no lo hayan hecho aún, pongan en marcha planes nacionales de acción contra la explotación sexual infantil, tal y como se comprometieron en Estocolmo. El Congreso llamó la atención sobre la necesidad de luchar contra otras formas de violencia sexual que afectan a la niñez (mutilación genital femenina, matrimonio temprano, abuso sexual en la familia, embarazo precoz, etc.); de combatir no sólo la oferta, sino también la demanda, y de poner énfasis en la importancia de la educación sexual en la prevención del problema.
Lamentablemente, la negación de la ESI en América Latina ha ido también acompañada de falta de iniciativas respecto tanto al tratamiento de las víctimas como a la rehabilitación de éstas y de los explotadores. A los niños y niñas explotados se les sigue considerando a menudo como delincuentes: los procesos legales a los que deben enfrentarse así lo prueban. Los medios de comunicación siguen acudiendo al sensacionalismo, y así rostros y nombres sirven para identificar a las víctimas, mientras que los culpables se ocultan tras unas siglas anónimas. La sociedad da la espalda al problema y se muestra indiferente ante un mundo consumista cada vez más deshumanizado. Los compromisos políticos asumidos en foros internacionales, nunca llegan a la práctica por falta de voluntad política y una nula asignación de recursos técnicos y materiales.
Las consecuencias de la ESI, tanto físicas como psicológicas, son devastadoras. Además de repercusiones evidentes, como embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, maltrato, etc., existen una serie de secuelas psicológicas muy difíciles de tratar, como la falta de autoestima, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático o las fobias. La mayoría de las respuestas institucionales que se están dando en América Latina no parecen las más adecuadas, teniendo en cuenta que lo que suele ofrecerse son centros similares a los reformatorios represivos, desprovistos de atención profesional y de actividades que fomenten de manera efectiva la reintegración de estos niños en la sociedad. La labor de las ONG es, en este ámbito, ciertamente loable y alentadora, pues intenta suplir el vacío dejado por las instituciones, aunque resulte claramente insuficiente.
Para erradicar el ESI, es necesario que todos los actores (gubernamentales y de la sociedad civil) aúnen esfuerzos teniendo como guía el interés superior del niño y de la niña; ofrecerles una protección auténticamente integral; combatir tanto la oferta como la demanda (como en cualquier otro comercio ilegal); desterrar la idea de que un niño es una propiedad; prestar atención específica a la problemática de las niñas (principales víctimas de la ESI), y tener en cuenta su opinión en todo aquello que les afecte. La lucha no ha hecho más que empezar.
