Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se unió a llamado para que magistrados aprueben la liberación de mujeres acusadas por aborto
Aunque confesó que el proceso se trata de un “juego entre poderes”, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, solicitó este jueves a diputados de la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, abogar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)por la liberación de las 17 mujeres salvadoreñas enjuiciadas y encarceladas por abortos espontáneos y obstétricos.
“Queremos un visto bueno de la CSJ para obtener este indulto, El Salvador es de los pocos países en el mundo que aún tiene una prohibición absoluta sobre los abortos. Esta decisión está matando grandes cantidades de niñas y mujeres en este país y sobre todo de áreas rurales, de grupos más pobres del país, mujeres sumamente jóvenes”, señaló Shetty.
El secretario general lamentó que la decisión de criminalizar a este grupo de mujeres revele claramente una violación no sólo a sus derechos, sino una desobediencia a tratado internacionales de la Organizaciones de Naciones Unidas contra la Tortura.
“Este asunto tiene que ser un motivo de preocupación medular, la violencia contra las mujeres está sufriendo la consecuencia de esta ley que prohíbe totalmente los abortos, una violación de los Derechos Humanos”, reiteró
Si bien es cierto, El Salvador no posee cifras exactas sobre casos de aborto, representantes de Amnistía Internacional previeron que anualmente se producen al menos entre 20 a 30 mil abortos inseguros. De esto, el 10% de mujeres perderían la vida en el proceso.
“Es preocupante que estas mujeres que no pueden llevar a términos su embarazo sean criminalizadas por aborto cuando lo único que se está haciendo es terminando de aceptar abortos clandestinos inseguros”, lamentó Shetty.
Miembros de la delegación especial de Amnistía que han visitado El Salvador llegaron a Cárcel de Mujeres para visitar a las mujeres culpadas por aborto.
“Creemos que es un problema muy complicado y emotivo. No hablamos de religión o si hicieron algo justo o no, si hablan con ellas se darán cuenta que son cristianas de fe convencida, tienen familia y tienen que enfrentar esta situación grosera de la vida”, aseguró el secretario general.
Según la Directora Regional de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, la ley que prohíbe el aborto en El Salvador es la máxima expresión de discriminación de género que particularmente afecta a las mujeres y niñas de sectores desfavorables.
“Es preocupante que se criminalice a las mujeres por su situación de pobreza y vulnerabilidad frente a temas como la educación sexual. A eso abonar que ni siquiera han sido acusadas por el delito de aborto, sino por homicidio agravado”, aseveró la Directora Regional.
Al respecto, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se pronunció este mismo miércoles contra “el desinterés” de los magistrados por aprobar el indulto contra las 17 mujeres y responsabilizó a la CSJ del atraso para su liberación.
“Tenemos una legislación cavernaria, ni siquiera de la edad media, en materia de derechos de las mujeres. No es posible aprobar una legislación contras las mujeres cuando se les está violentando este derecho, es una forma de castigo social” admitió el diputado.
Reyes agregó que la decisión de los magistrados por mantenerse al margen del temarepresenta una situación “atentatoria” contra sus derechos y que al final “se convierte en una tortura contra ellas y su grupo familiar”.
La Asamblea Legislativa ha discutido el pedido de indulto para “las 17” mujeres desde hace algunos meses, sin embargo, la Constitución de la República establece que dicha iniciativa no puede ser aprobada sin previo dictamen favorable de la CSJ. A esto se suma la desaprobación de múltiples sectores ultraconservadores que rechazan una posible aprobación del aborto en el país
“La postura del sector judicial ha sido sumamente negativa y restrictiva, esperamos que los magistrados se sensibilicen y entiendan que hay razones humanitarias que no se pueden estigmatizar solo por perder a sus bebés en situación de deficiencia de atención médica”, reiteró Reyes.
Como parte de su visita al país, Amnistía Internacional compartirá este jueves con diversos sectores sociales y políticos el informe “al borde la muerte: violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador”.
Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se unió a llamado para que magistrados aprueben la liberación de mujeres acusadas por aborto
Aunque confesó que el proceso se trata de un “juego entre poderes”, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, solicitó este jueves a diputados de la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, abogar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)por la liberación de las 17 mujeres salvadoreñas enjuiciadas y encarceladas por abortos espontáneos y obstétricos.
“Queremos un visto bueno de la CSJ para obtener este indulto, El Salvador es de los pocos países en el mundo que aún tiene una prohibición absoluta sobre los abortos. Esta decisión está matando grandes cantidades de niñas y mujeres en este país y sobre todo de áreas rurales, de grupos más pobres del país, mujeres sumamente jóvenes”, señaló Shetty.
El secretario general lamentó que la decisión de criminalizar a este grupo de mujeres revele claramente una violación no sólo a sus derechos, sino una desobediencia a tratado internacionales de la Organizaciones de Naciones Unidas contra la Tortura.
“Este asunto tiene que ser un motivo de preocupación medular, la violencia contra las mujeres está sufriendo la consecuencia de esta ley que prohíbe totalmente los abortos, una violación de los Derechos Humanos”, reiteró
Si bien es cierto, El Salvador no posee cifras exactas sobre casos de aborto, representantes de Amnistía Internacional previeron que anualmente se producen al menos entre 20 a 30 mil abortos inseguros. De esto, el 10% de mujeres perderían la vida en el proceso.
“Es preocupante que estas mujeres que no pueden llevar a términos su embarazo sean criminalizadas por aborto cuando lo único que se está haciendo es terminando de aceptar abortos clandestinos inseguros”, lamentó Shetty.
Miembros de la delegación especial de Amnistía que han visitado El Salvador llegaron a Cárcel de Mujeres para visitar a las mujeres culpadas por aborto.
“Creemos que es un problema muy complicado y emotivo. No hablamos de religión o si hicieron algo justo o no, si hablan con ellas se darán cuenta que son cristianas de fe convencida, tienen familia y tienen que enfrentar esta situación grosera de la vida”, aseguró el secretario general.
Según la Directora Regional de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, la ley que prohíbe el aborto en El Salvador es la máxima expresión de discriminación de género que particularmente afecta a las mujeres y niñas de sectores desfavorables.
“Es preocupante que se criminalice a las mujeres por su situación de pobreza y vulnerabilidad frente a temas como la educación sexual. A eso abonar que ni siquiera han sido acusadas por el delito de aborto, sino por homicidio agravado”, aseveró la Directora Regional.
Al respecto, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se pronunció este mismo miércoles contra “el desinterés” de los magistrados por aprobar el indulto contra las 17 mujeres y responsabilizó a la CSJ del atraso para su liberación.
“Tenemos una legislación cavernaria, ni siquiera de la edad media, en materia de derechos de las mujeres. No es posible aprobar una legislación contras las mujeres cuando se les está violentando este derecho, es una forma de castigo social” admitió el diputado.
Reyes agregó que la decisión de los magistrados por mantenerse al margen del temarepresenta una situación “atentatoria” contra sus derechos y que al final “se convierte en una tortura contra ellas y su grupo familiar”.
La Asamblea Legislativa ha discutido el pedido de indulto para “las 17” mujeres desde hace algunos meses, sin embargo, la Constitución de la República establece que dicha iniciativa no puede ser aprobada sin previo dictamen favorable de la CSJ. A esto se suma la desaprobación de múltiples sectores ultraconservadores que rechazan una posible aprobación del aborto en el país
“La postura del sector judicial ha sido sumamente negativa y restrictiva, esperamos que los magistrados se sensibilicen y entiendan que hay razones humanitarias que no se pueden estigmatizar solo por perder a sus bebés en situación de deficiencia de atención médica”, reiteró Reyes.
Como parte de su visita al país, Amnistía Internacional compartirá este jueves con diversos sectores sociales y políticos el informe “al borde la muerte: violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador”.
Raticida, agujas de tejer y trozos de madera para abortar en El Salvador
El país centroamericano prohíbe de manera total la interrupción del embarazo desde 1998
17 mujeres están a la espera del indulto mientras cumplen condenas de hasta 40 años
BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Madrid 25 SEP 2014 -
Alejandra Burgos, defensora de los derecho de las mujeres en El Salvador durante su visita en Madrid. / AMNISTÍA INTERNACIONAL
"Cristina, estás detenida por el asesinato de tu hijo". A esta situación se enfrentan cientos de mujeres en El Salvador por poner fin a su embarazo o, incluso, por sufrir un aborto natural. La ONG Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves un informe (Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador) en el que demuestra que las mujeres salvadoreñas recurren a métodos espeluznantes —como ingerir raticida o introducir objetos punzantes como agujas de tejer y trozos de madera por el cuello del útero— para abortar en la clandestinidad puesto que la interrupción del embarazo está prohibida en todos los casos. La ONG, con sede en Londres, exige al Gobierno la despenalización del aborto en caso de violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre. Hoy, 29 mujeres están en prisión cumpliendo penas de hasta 40 años acusadas de homicidio agravado por haber perdido, de una manera u otra, el feto que llevaban dentro.
"La terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo", declaró Salil Shetty, secretario general de AI en El Salvador. Existen varios testimonios en el informe que relatan cómo las condenas fueron dictadas "en ausencia de pruebas".
Entre 2000 y 2011, 129 mujeres fueron procesadas y condenadas a penas de cárcel por haber puesto fin a su embarazo de manera voluntaria e involuntaria, según un informe de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Hoy quedan 29 en prisión y 17 están a la espera de ser indultadas aunque los informes de la Comisión de Evaluación de las presas "son lamentables", según Alejandra Burgos, miembro de la Agrupación. "Si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir", afirmó Shetty.
El informe de 70 páginas refleja el dilema al que se enfrentan las mujeres —incluídas niñas de 10 años— cuando atraviesan un embarazo no deseado, complicado o, en algunos casos, con riesgo para su propia vida. Maryana (que pidió a AI no ser identificada por su nombre real al igual que Cristina) se sometió a un aborto clandestino del que no se recuperó correctamente y estuvo sangrando durante más de 15 días antes de acudir al médico. "Tenía miedo porque los doctores tienen el poder de decidir si te apoyan o te denuncian", relató con miedo a AI. Según el documento los médicos y el personal que colabore en una interrupción del embarazo puede ser condenado a hasta 12 años de cárcel.
Tuvimos una niña de nueve años que dió a luz a los diez. Fue un caso muy difícil. Nos pidió lápices de colores... ¡No entendía lo que le estaba pasando!
Relato de un médico a Amnistía Internacional
Según AI, las niñas y adolescentes en El Salvador tienen más posibilidades de ser violadas que las adultas. "Tuvimos una niña de nueve años que dió a luz a los diez", declaró un médico a AI. "Fue un caso muy difícil. Nos pidió lápices de colores y ahí se nos partió el corazón. ¡No entendía lo que le estaba pasando!", añadió. "Los abusos sexuales [explica Burgos al preguntarle por la posibilidad de que una niña de tan solo nueve años se quede embarazada] aceleran la edad del primer período menstrual".
El Salvador, un pequeño país centroamericano de apenas seis millones de habitantes, tiene la mayor tasa de embarazos de adolescentes de toda la región y en 2011 fue, además, el país con más feminicidios del mundo, hoy desbancado por Honduras. Apenas tiene programas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, según el documento. "Y ofrece cero ayudas para las mujeres embarazadas", denuncia Burgos.
Desde 1998, El Salvador castiga en todas sus formas la interrupción del embarazo. "Antes era más permisiva", sostiene la defensora de los derechos de la mujer. "En 1999 cambiaron la Constitución para 'proteger la vida desde el momento de su concepción' y ahora es muy difícil de volver a modificar". Burgos achaca la rigidez de la legislación a una amplísima mayoría de hombres en el Parlamento (68, frente a 16 mujeres) y al poder económico y político de la ultraderecha salvadoreña. "El actual presidente [Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] al menos ha propuesto a la ONU que emita recomendaciones sobre el tema", explica Burgos algo esperanzada.
El Salvador es uno de los siete países latinoamericanos que prohíben y castigan el aborto junto con Chile —que está intentando flexibilizar la ley—, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. "Y sin duda es el que lo penaliza con más dureza", sentencia Burgos.
