Paraguay: Cocaina decomisada… ¿devuelta a los narcos?

 La desaparición de un cargamento de cocaína de una jefatura policíaca paraguaya se entiende hoy aquí como demostración de poder del narcotráfico en el país y la vinculación con políticos y cuerpos armados destinados a combatirlo. El inédito hecho, señalado por sus características como una devolución a los traficantes de la nociva mercancía ocupada por un grupo de policías incluso en condiciones muy difíciles, es parte de toda una historia reciente en el fronterizo departamento de Amambay, situado a más de 500 kilómetros de Asunción.

1/18/15 

PL – La desaparición de un cargamento de cocaína de una jefatura policíaca paraguaya se entiende hoy aquí como demostración de poder del narcotráfico en el país y la vinculación con políticos y cuerpos armados destinados a combatirlo. El inédito hecho, señalado por sus características como una devolución a los traficantes de la nociva mercancía ocupada por un grupo de policías incluso en condiciones muy difíciles, es parte de toda una historia reciente en el fronterizo departamento de Amambay, situado a más de 500 kilómetros de Asunción.

Se trata de un episodio en el cual un pequeño grupo de agentes, al intentar revisar la camioneta en la cual se trasladaba la droga debió retroceder y pedir refuerzos ante hombres fuertemente armados quienes, acompañados por dos concejales departamentales, al parecer escoltaban la carga.

Posteriormente, escondida cerca del lugar, se pudo ocupar la cocaína y trasladarla a una bóveda de la jefatura policial, de la cual desapareció en la madrugada del sábado pasado, todo después que los agentes participantes en la ocupación de la droga pidieron protección tras recibir amenazas de muerte.

Para completar el preocupante cuadro un suboficial de policía, oriundo de Amambay, fue acribillado a balazos la víspera por sicarios a escasos 80 metros de la jefatura mientras estaba de vacaciones en el departamento.

Según varios legisladores y medios de prensa los hechos dan fuerza a las acusaciones escuchadas en el plenario del Parlamento e incluso hechas por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, sobre la participación directa de políticos en el negocio del tráfico de estupefacientes.

Aportando más datos importantes sobre los concejales involucrados en el asunto, un periodista del diario Ultima Hora recordó que uno de ellos es José Bogado, del gobernante Partido Colorado, cuya hermana esta casada con el diputado Marcial Lezcano, investigado también por vínculos con narcotraficantes.

Bogado es cercano a Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, y promueve su candidatura para presidir el Partido Colorado.

El otro concejal, César Quevedo, del Partido Liberal, es socio en operaciones comerciales de Bogado y primo de Pedro Quevedo, uno de los jefes de una organización de narcos brasileños asesinado en el 2010.

Los hechos agregan más elementos negativos a lo que muchos congresistas y políticos consideran notable crecimiento de la narcopolítica en el país guaraní.

Policía de Miami practica tiro con fotos de jovenes afroamericanos

La Policía de Miami ha provocado la indignación de la comunidad afroamericana al usar fotos de jóvenes afroamericanos como blancos para que los agentes practiquen el tiro al blanco. A pesar del escándalo, ningún agente será castigado y las fotos seguirán usándose.

1/17/15 

RT –

Nuevo escándalo protagonizado por la Policía en un momento de especial tensión en el seno de la sociedad estadounidense tras las recientes muertes de afroamericanos a manos de las fuerzas de seguridad. Ahora se trata de agentes  policiales de North Miami Beach, que utilizaron fotos de jóvenes afroamericanos como blancos para entrenarse. Los retratos corresponden a seis personas reales sospechosas de haber cometido crímenes. Una de ellas había sido incluso arrestada por la propia Policía de la ciudad. Los hechos fueron revelados cuando un mando de la Guardia Nacional de Florida llegó para entrenarse al campo de tiro del Departamento y pudo comprobar que uno de los blancos era la foto de su propio hermano, Woody Deant, condenado en 2000 a cuatro años de prisión cuando aún era adolescente, informa la cadena NBC. J. Scott Dennis, jefe de la Policía de North Miami Beach, afirmó que los hechos no violaron ningún reglamento ni tenían connotación racista alguna, así que nadie sería castigado. El mando policial reconoció haber cometido un solo error:Deant, cuya foto usaron para practicar, era residente de North Miami Beach, y fue arrestado por el propio Departamento policial. Es decir, los agentes disparaban a la efigie de una persona que podrían encontrarse en la calle cualquier día. Al margen del problema racial, el uso de fotos de personas reales por parte de la Policía de North Miami ha causado un profundo rechazo. Según el jefe de la Policía en el futuro seguirán empleando instantáneas de personas reales porque, a su juicio, son vitales para el reconocimiento facial. Solo admitió que a partir de ahora no volverán a usar las fotos de personas que ellos mismos arrestaron. Su opinión no es compartida por los internautas, que califican la actitud de la Policía de “vergonzosa”, “indignante” y “repugnante”. Este caso demuestra “el nivel de racismo y los estereotipos que existen en la sociedad norteamericana”, ha comentado el director del periódico ‘La Nación Cubana’, Pedro González.

Ucrania desencadena ataque masivo contra Donetsk

Militares ucranianos ordenaron este domingo un ataque masivo contra Donetsk con todo tipo de armamento, según ha declarado el asesor del presidente de la República Popular de Donetsk Valentín Motuzenko.
Publicado el 1/18/15







Según la milicia de Donetsk, militares ucranianos atacan las zonas residenciales de la ciudad, las balas llegan desde las afueras al centro de la ciudad. En Donetsk se ha interrumpido la circulación del transporte público debido a los intensos ataques de los militares ucranianos, informa Gazeta.ru.

“Esta mañana, las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado ataques contra Donetsk y los pueblos circundantes. Militares ucranianos llevan a cabo el ataque con todo tipo de armamento: artillería, ‘Grad’ (sistemas de lanzamiento de cohetes), lanzaminas, lanzagranadas“, ha declarado Matuzenko.

Konstantín Dolgov ha comentado que la cancillería de Rusia está monitoreando la situación, y que si Ucrania sigue lanzando ataques en el este del país, Moscú podría publicar un segundo ‘Libro Blanco’ sobre violaciones de los derechos humanos en Ucrania, informa TASS.

Poco antes del inicio del ataque, el asesor del presidente de Ucrania, Yuri Biryukov, escribió en su página de Facebook que los soldados ucranianos han recibido la orden de abrir fuego masivo contra las milicias en la zona de operaciones militares del sureste del país.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, ha subrayado que el ataque contra Donetsk refleja la incapacidad de Kiev para negociar.

El ataque empezó pese a que Kiev y las repúblicas de Donetsk y Lugansk acordaron en diciembre un alto el fuego en el área de la operación militar en el sureste del país a fin de volver a la letra de los acuerdos de Minsk. Las partes señalaron la necesidad de emprender la retirada de las armas, el intercambio de prisioneros y la desmilitarización de la región.

https://www.youtube.com/watch?v=qfK0P0Ko9lE

https://www.youtube.com/watch?v=oMRLxk_WvG4

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Las preguntas que le esperan al fiscal

Nisman irá mañana al Congreso. Deberá responder, por ejemplo, por qué el Gobierno pidió que sigan vigentes los alertas rojos si el objetivo del supuesto plan era levantarlos. O por qué no se vendieron granos a Irán ni nunca se presentó la supuesta pista falsa.

 Por Raúl Kollmann

La sala II del Anexo del Congreso será un hervidero mañana cuando el fiscal Alberto Nisman concurra a la Comisión de Legislación Penal a informar sobre su denuncia contra la Presidenta y el canciller por el caso AMIA. El encuentro será a las 15. El fiscal sostiene que se pactó la impunidad de los sospechosos iraníes a través de la creación de una pista falsa en la que se le atribuiría el ataque a “fachos locales”; se pactó el levantamiento de las señales rojas y luego un acuerdo de intercambio económico de petróleo iraní por granos argentinos. El fiscal tendrá un problema grave para explicar mañana: ninguna de esas cosas ocurrió. Ni hubo pista de fachos locales ni se levantaron los alertas ni se compró una gota de petróleo a Teherán. Además, Nisman dice que gran parte de la maniobra, que comenzó hace cuatro años, recayó en un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI). Es decir que el principal socio del fiscal, el poderoso jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiuso, quien manejaba la Secretaría a su placer, tuvo bajo su mando a un agente que supuestamente trabajó para Irán y que él nunca denunció ni relevó. Nisman presentó un pedido de que se levante el secreto y que ese agente declare. La voluntad del Gobierno, como lo hizo en el caso AMIA anteriormente, es levantar toda veda y que el agente señalado declare. El problema es que la denuncia de Nisman todavía no da las precisiones ni pruebas necesarias para que la Presidenta redacte el decreto (ver aparte).

A continuación se analizan los principales puntos oscuros de la denuncia, sobre los cuales tendrá que responder Nisman mañana.

1 El fiscal dice que se acordó levantar los alertas rojos de Interpol, rebajando las capturas de los sospechosos iraníes. ¿Cómo explica que el secretario general de Interpol lo desmiente en forma tajante?

La secuencia es muy categórica. En primer lugar, se exhibió la carta del canciller Timerman a Interpol dos semanas después de firmado el memorándum. En 20 renglones el ministro le dijo dos veces al secretario general de Interpol que la firma del acuerdo no cambiaba el status de las órdenes de captura y que cualquier cambio sólo podía provenir del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Dos meses después, Interpol contestó aquella carta diciendo que efectivamente los alertas rojos no se tocaban. El viernes, Noble le envió un mail a Timerman respaldándolo en un ciento por ciento y diciendo que nunca la Argentina hizo una gestión para que se levanten los alertas. En la entrevista concedida a Página/12 (ver aparte), sostiene que lo afirmado por Nisman “es falso”. “Al contrario, señor Nisman –dice Noble–, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”.

Nisman sostiene en su denuncia, que, por ejemplo, “en septiembre de 2013, Timerman se reunió con Noble para convencerlo de que autorice el cese de las notificaciones rojas”. Noble dice exactamente lo contrario: “Timerman vino a Lyon a reafirmar que la firma del memorándum no significa ningún cambio en los alertas rojos. Recuerdo la pasión con la que habló”, recordó el secretario general de Interpol.

Estas respuestas de Noble dejan a Nisman girando en el vacío: el principal protagonista dice que lo afirmado por el fiscal es mentira.

2 ¿Dónde está la pista en la que se involucraría como autores del atentado a “fachos locales”? ¿Por qué no se la informó al juez?

En el resumen que distribuyó Nisman sobre su presentación judicial, se dice que en noviembre de 2012 el ex juez Héctor Yrimia se reunió con el dirigente de la comunidad argentino-iraní, Alejandro Yussuf Khalil, y combinaron armar una pista falsa destinada a echarles la culpa del atentado a “fachos locales” y sacarles la responsabilidad a los iraníes.

¿Dónde se presentó esa pista en estos dos años y tres meses? Si no se presentó en ningún lugar, ni siquiera constituyó una tentativa de encubrimiento, de desviar la causa. Como sostiene el ex integrante de la Corte, Raúl Zaffaroni, aun en caso de probarse lo que dice el fiscal, es la preparación de un delito, no un delito. Y la preparación es impune porque no se ha llegado al principio de ejecución. Y de todas formas ¿cómo se llegaría de una conversación entre Yrimia y Khalil a la participación de la Presidenta y el canciller?

El juez Rodolfo Canicoba Corral, encargado de la causa AMIA, dice que es gravísimo que no se le haya informado que podía existir otra pista, aun si no fuese verdadera, en el caso AMIA. “El fiscal hizo una investigación paralela y clandestina sobre algo que tenía que ver con el atentado en sí mismo. Eso es muy serio y tengo que estudiar si no incurrió en una gravísima desviación de la causa”, razonó el magistrado.

Hay una pregunta retórica inevitable: ¿ante quién debía presentarse la nueva pista de los fachos locales? La respuesta es obvia: ante el propio Nisman y el juez. De manera que la supuesta intención de desviar la causa ni siquiera tenía posibilidades de prosperar sin el visto bueno del fiscal.

3 ¿El plan tenía el objetivo de cambiar petróleo por granos?

Ya se ha dicho que eso tampoco ocurrió. Argentina nunca le compró una gota de petróleo a Irán y tampoco hubo ningún convenio. Nunca hubo una misión comercial de Argentina a Irán o de Irán a la Argentina. El país sólo compró petróleo en 2013 y provino de Nigeria y otros combustibles se le compran a traders cuyo proveedor en ningún caso fue Irán.

Nisman sostiene que el canciller mintió cuando dijo que no se le vendía a Irán por los embargos internacionales. Pero no fue así. Aquella frase fue pronunciada por Timerman en una visita al Congreso cuando el diputado radical Ricardo Gil Lavedra le preguntó si era verdad que Argentina le vendió una central nuclear a Irán. Ahí Timerman contestó justamente que de ninguna manera, que no se le podía vender una central nuclear a Irán por los embargos internacionales de una instalación sensible como ésa.

Argentina le vende muy poco a Irán y las cosas no cambiaron para nada con la firma del memorándum. El 80 por ciento de los 1200 millones de dólares que Argentina le vende a Irán es soja que no provee el Estado, sino que buena parte sale del grupo Grobocopatel, que nada tiene que ver con el Gobierno.

4 Nisman sostiene que en la ciudad siria de Alepo, Timerman pactó la impunidad con el canciller iraní. ¿Cuál es la prueba?

En su escrito, el fiscal asegura que el canciller iraní Alí Salehi y Timerman se reunieron en esa ciudad siria en 2011. Fue público que el canciller argentino se encontró con el presidente de Siria, pero en todo caso no constituía ningún delito que Timerman se reuniera con Salehi: la Argentina desde hacía rato trataba de lograr un acuerdo con Irán para encontrar un tercer país donde hacer el juicio AMIA o buscar una forma de que los sospechosos se presentaran a la Justicia. Nisman dice que su prueba es que el periodista José “Pepe” Eliaschev afirma que vio un documento supuestamente de Salehi al presidente de Irán donde le contaba que había pactado con Timerman. ¿El texto? No, el documento de Salehi no está. Ni existe la más mínima posibilidad de que se pueda probar que era auténtico. La pregunta que seguramente tendrá que responder Nisman es ¿le parece que eso es una prueba?

5 ¿Quién apañó al supuesto agente pro iraní de la ex SIDE? ¿De quién dependía?

Es público y notorio que el sostén de Nisman ha sido el poderoso ex jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiuso. En la página 16 de su denuncia, Nisman transcribe una escucha de un agente de la SI que habla con el dirigente supuestamente pro-iraní, Khalil. “Tengo un chisme... Me dijeron ahí en la casa (la ex SIDE) que Interpol va a levantar los alertas rojos.” No parece una prueba de envergadura y todo indica que es de hace, cómo mínimo, un año y medio. Pero, además, a ese agente o a otro –no está claro en el texto del fiscal– también lo involucran en el armado de la pista de los fachos locales.

Es decir que dentro de la Secretaría que manejaba Stiuso a su antojo, permitió –supuestamente– que operaran durante un año y medio agentes proiraníes que, hasta el momento, no se sabe quiénes son.

Aún así, Nisman dice que respondían a la Presidenta, pese a que no tiene ni una escucha de la mandataria, ni siquiera del diputado Andrés Larroque y apenas frases del dirigente argentino pro-iraní, de Luis D’Elía y Fernando Esteche. Ninguno de estos tres es funcionario ni allegado a la Presidenta. Como señaló el juez Canicoba Corral, ni siquiera las escuchas son pruebas en sí mismas: es la SI la que dice que Fulano afirma tal cosa. Hay que ver si es verdad, hay que ver en qué situación se produjeron esas conversaciones y se necesita determinar si en tal conversación el protagonista quiere agrandarse para hacer negocios políticos o económicos.

6 El fiscal insiste en que el memorándum es la pieza clave del plan criminal de encubrimiento. ¿Un documento votado por el Congreso constituye un delito?

El ex secretario de Interpol Ronald Noble dice que el memorándum fue un paso adelante porque se buscó una forma de llevar a los sospechosos a un juicio. Amnesty International afirmó: “El Memorándum de Entendimiento, una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas”. Se podía estar políticamente a favor o en contra, pero lo cierto es que lo votó el Congreso y buena parte de los familiares dijeron que había que hacer el intento. Cuando se acordó el juicio por el atentado en Lockerbie, en que Estados Unidos y el Reino Unido acusaban a dos libios, el principal negociador –en silencio– fue Nelson Mandela.

En su escrito, Nisman considera como prueba que “tiene un enmarañado proceso de aplicación”, lo que es evaluar judicialmente una decisión política tomada por diputados y senadores. En todo caso, como siempre sostuvo el Ejecutivo, la Justicia intervendría en su momento resolviendo si lo firmado era compatible con el sistema judicial argentino. Sin dudas la pregunta que tendrá que responder mañana Nisman es: una ley puede ser inconstitucional, pero ¿puede ser delito?

raulkollmann@hotmail.com

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Charla sobre capitalismo y desigualdad

En una nueva estación de su visita a la Argentina, el economista que revoluciona al mundo académico con su mirada sobre la concentración de la riqueza se entrevistó ayer por más de dos horas con Cristina Fernández.

Thomas Piketty, autor del libro El capital en el siglo XXI y profesor en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y Paris School of Economics.

La presidenta de la Nación recibió ayer y dialogó por espacio de dos horas con el economista francés Thomas Piketty, autor del libro El capital en el siglo XXI y profesor en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y Paris School of Economics. Estudioso en temas de desigualdad económica y concentración de la riqueza, los trabajos del experto que está provocando una revolución con sus planteos también concitaron la atención de Cristina Kirchner, que interrogó e intercambió opiniones largamente con el visitante. El encuentro tuvo lugar en la quinta de Olivos y se desarrolló un día después de que Piketty compartiera un almuerzo con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.

Piketty, que hace dos años había apoyado al candidato socialista Françoise Hollande para su llegada al gobierno de Francia, en las últimas semanas rechazó la condecoración que el ahora presidente de su país le otorgara, la Legión de Honor, en reconocimiento a su tarea académica. Disconforme y “defraudado” con la política de austeridad que Hollande está desarrollando en su país, en línea con las recetas que el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el FMI (la “troika” como se la denomina) imparten para todos los países miembros, Piketty tomó distancia y señaló que el gobierno no tenía “autoridad para decir quién es honorable”.

En la conferencia de prensa que brindó el viernes último en Buenos Aires, el economista francés también se refirió a los fallos de la Justicia de Estados Unidos, como el dispuesto por el juez Thomas Griesa contra Argentina en el litigio con los fondos buitre, señalando que son “increíblemente arbitrarios, egoístas e inaceptables”, y consideró que la solución al problema es la conformación de un mundo “más multipolar”, donde el interés de los países periféricos y deudores sea contemplado y no se pueda objetar, desde los centros de poder, una reestructuración de deuda que responda a las reales posibilidades de pago de un país.

“Cuando la deuda de un país llega a niveles del 150 por ciento del producto, no hay forma de pagarla ni política de austeridad que le garantice a ese país volver a la normalidad”, sostuvo anteriormente Piketty, en una frase que se lee como referencia a lo que hoy sucede en diversos países de Europa, particularmente en Grecia.

Las posturas contrarias a las políticas de austeridad vienen avanzando en Europa tras los sucesivos fracasos que gobiernos de distinto signo están sufriendo en su aplicación, con sucesivos sacrificios para sus respectivas poblaciones sin hallar una salida. Tanto en España, a través del movimiento Podemos, como en Grecia, con el partido de izquierda Siryza, surgen alternativas con posibilidades ciertas de alcanzar el poder ante la caída en la popularidad de los partidos tradicionales.

Enfoques como el de Piketty, cuestionando desde una perspectiva histórica la recurrente tendencia a la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad en diferentes países y con modelos distintos dentro del sistema capitalista, convocan la atención de expertos pero también de sectores políticos que coinciden en la necesidad de encontrar una respuesta. El enfoque de Piketty en su reciente libro, con gran éxito de venta en Estados Unidos y en Europa y de reciente publicación en español, es el de crear un impuesto universal a la riqueza que se aplique como resultado de la cooperación entre los países, para evitar que la tendencia a la concentración lleve a sociedades capitalistas a ser dominadas por una elite dueña de los grandes patrimonios, obtenidos por herencia y no por generación de riqueza por vía de la producción.

Ayer, la Presidenta de la Nación tuvo la oportunidad de conocerlo en persona y debatir sobre cuestiones estrechamente relacionadas con las acciones de gobierno, políticas públicas que combatan la desigualdad y la disputa en los organismos internacionales para vencer las posiciones dominantes a favor y en defensa de los intereses de los capitales más concentrados.

Piketty, de 43 años, es profesor en la Ecole d’Economie de París, de la cual fue su primer director, y director de estudios en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París (EHESS).

Cuando a los pobres se los redefine como “terroristas”

Un análisis sobre las políticas tendientes a ubicar a los sectores más desprotegidos de la humanidad en el centro del “eje del mal”. La increíble lucha contra la desnutrición en un mundo que produce más alimentos de los que puede consumir.

Jeremy H. Keenan*


La mayor parte de la llamada actividad “terrorista” es un producto derivado de la actual crisis del neoliberalismo y de la marginación de una creciente proporción de la población mundial que éste produce.
En 1997, un grupo de americanos neoconservadores (neocons) establecieron un centro de estudios (think-tank) conocido como “Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense”(en inglés Project for the New American Century o PNAC). Su objetivo era la dominación mundial por parte de los Estados Unidos. Sus miembros formaron la retaguardia de la administración Bush que accedió al poder en 2000, con al menos 18 de ellos colocados en posiciones clave en esta gestión.
En septiembre de 2000, apenas cuatro meses antes del acceso a la presidencia de Bush, la PNAC publicó un informe llamado “Reconstruyendo las Defensas Americanas: Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo” (en inglésRebuilding America s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a new Century), consagrado a asuntos tales como el mantenimiento de la preeminencia estadounidense, la frustración de potencias rivales y la formación de un sistema global de seguridad de acuerdo con los intereses estadounidenses. La sección V del informe, llamada “Creando la Fuerza Dominante del Mañana”, incluye una frase torpemente escrita: “Además, el proceso de transformación, incluso si aporta un cambio revolucionario, parece que será largo, salvo que ocurra algún evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor”.
Las teorías acerca del 11-S. Lo que resulta claro es que el 11-S cumplió ampliamente la mencionada función de “nuevo Pearl Harbor”, presentando a los neocons –quienes efectivamente controlaban el Pentágono y gran parte del resto de posiciones más altas en la administración de los Estados Unidos– la oportunidad que deseaban. La puesta en marcha de la Guerra Global contra el Terrorismo (en inglés Global War on Terror o GWOT) era el medio ideológico necesario para asegurar la militarización de regiones como África, requerida por los intereses imperiales estadounidenses. En efecto, Deeprak Lal, asesor económico del Banco Mundial y un economista íntimamente relacionado con los think-tanks conservadores, dijeron que la Guerra Global contra el terrorismo podría ser percibida como “simplemente una extensión de la defensa del mercado capitalista”.
Durante las primeras dos semanas de su mandato, el presidente Bush estableció el Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional (en inglés National Energy Policy Development Group), presidido por Dick Cheney. Su informe, publicado en mayo de 2001, cuatro meses antes del 11-S, resaltaba que el petróleo africano pronto cubriría el 25% de las necesidades energéticas estadounidenses.
La importancia del petróleo africano para los Estados Unidos en aquel momento era tal que el senador Ed Royce, presidente del Subcomité de África en el Congreso, pidió que fuera “considerado como prioritario para la seguridad nacional post 11-S de los Estados Unidos” y el presidente Bush lo definió como un “interés nacional estratégico” y por tanto un recurso que los Estados Unidos podían optar por controlar mediante la fuerza militar.
Gracias a la producción estadounidense de petróleo de esquisto bituminoso, la dependencia de provisiones energéticas extranjeras es algo del pasado, pero es ya muy tarde para salvar a África de su destino.
En lugar de reconocer que la intervención militar estadounidense en África tenía que ver con el control de recursos, la administración Bush usó el pretexto de la reciente puesta en marcha de la Guerra Global contra el Terrorismo para justificar su militarización de África. Sin embargo, con la falta de incidencia del terrorismo en África –en el sentido del término dado tras el 11-S– esta actuación era difícil de sostener. Por ello, la solución fue fabricar este terrorismo.
En 2002, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld creó un “Grupo de Operaciones proactivo y preventivo” (Proactive, Preemptive Operations Group, P2OG), una organización encubierta para llevar a cabo misiones secretas para “estimular reacciones” en los grupos terroristas, incluyendo el incentivo para llevar a cabo actividades terroristas.
La primera operación de este Grupo, a principios de 2003, supuso el secuestro de 32 turistas europeos en el Sahara argelino, por parte del “hombre de Bin Laden en el Sahara”, tal y como lo apodó George Bush. Ese hombre era, en realidad, un oficial del servicio de inteligencia argelino, que en aquel momento trabajaba para los Estados Unidos en el marco de la Guerra Global contra el Terrorismo. Esta operación de “bandera falsa” fue empleada para justificar el lanzamiento de un nuevo frente africano (del Sahara-Sahel) en la Guerra Global contra el Terrorismo.
Al mismo tiempo, el Pentágono elaboró una serie de mapas de África, caracterizando toda la región del Sahara-Sahel como un “espacio incontrolado”, un “corredor terrorista” y un “área terrorista”.
Antes de esta operación P2OG, no había terrorismo en el Sahel. Pese a estar sumida en la pobreza, se trataba de una de las regiones más seguras de África.
Hoy en día, después de 10 años de falsa política antiterrorista en África, la profecía del Pentágono se ha cumplido. El Sahel se ha convertido en una zona de guerra. Alrededor de 4.000 Fuerzas Especiales francesas están “combatiendo el terrorismo” en Mali, Níger y Chad. En total, Francia tiene actualmente 10.000 efectivos en África. Aproximadamente 8.000 efectivos de mantenimiento de paz de la ONU se encuentran en Mali. Cerca de 1.000 “instructores” europeos y estadounidenses están proporcionando respaldo a los servicios de inteligencia y “entrenamiento”. Alrededor de 1.000 soldados nacionales se encuentran en alerta. Varios miles de personas han sido asesinadas.
Incluso con anterioridad al cambio de milenio, los límites del neoliberalismo habían sido puestos de manifiesto. “Globalización”, palabra de moda de los noventa, no se caracterizó por una expansión del capitalismo mundial sino por su implosión. La mayor parte de segmentos de la humanidad –el “Cuarto Mundo”, como lo señala el sociólogo español Manuel Castells– ha sido excluida de los mercados mundiales, tanto como productores como consumidores. En La globalización y el mundo post-colonial (Globalization and the Postcolonial World), Ankie Hoogvelt sugiere que al menos la mitad de la población mundial ha sido excluida del sistema global.
El milenio actual es un milenio de políticas de exclusión y contención. Mark Duffield, por ejemplo, teorizó que la “nueva agenda de asistencia” invierte los anteriores objetivos desa­rrollistas de “incorporación” de áreas periféricas en el sistema mundial y por el contrario hoy sirve como una política de dirección y contención de territorios políticamente inseguros situados en los límites de la economía global. En el ámbito militar, Africom, el nuevo comando de combate estadounidense para África, acogió con entusiasmo el lenguaje del nuevo discurso del “desarrollo de la seguridad” (Security-development) propio de la Comisión por África de Tony Blair, que nos lleva a hablar de “militarización del desarrollo”.
Durante el período colonial y finales del precolonial, los remanentes de modos de producción precapitalistas procuraron cierta seguridad a aquellas secciones de la población excluidas del sistema capitalista. Sin embargo, dado que las industrias extractivas y la agroindustria se expandieron e hicieron mella en las reservas tradicionales, a través de lo que podemos considerar una “acumulación primitiva”, la supervivencia de los excluidos se ha tornado todavía más precaria.
La gente, sin embargo, ni se rinde ni muere. Tienen esa cualidad humana fundamental de resistencia. Se organizan, generalmente de forma democrática, para luchar por sus derechos humanos, sus derechos indígenas, derechos de propiedad y su derecho a una buena gobernanza. Sus gobiernos, agentes del sistema neoliberal, regímenes autoritarios represivos preocupados por su propia supervivencia, sirven para contenerlos. En esta tarea de contención, les asiste la Guerra Global contra el Terrorismo, que sirve para deslegitimar a las organizaciones civiles, con el consecuente desgaste del empoderamiento de la sociedad civil y sus demandas de “gobernanza democrática”.
Una de las características de la Guerra Global contra el Terrorismo ha sido que numerosos de estos gobiernos se han vuelto aún más represivos, sabiendo que tienen tras ellos a los americanos y a Occidente. Véase, por ejemplo, la Primavera Árabe.
Los gobiernos, como los del Sahel, Argelia y demás, han buscado “rentas terroristas” a través de la generosidad militar y financiera por parte de Estados Unidos. Mauritania, Mali, Níger y Chad, entre otros, son acusados de haber provocado a las minorías étnicas y a la sociedad civil para que tomen las armas, de haberlos “criminalizado” y de designarlos no ya como “rebeldes”, término que reviste cierta dignidad, sino como “terroristas” o, en palabras del Departamento de Estado estadounidense, como “terroristas putativos”.
Los países occidentales han reformado la controvertida legislación terrorista para usarla contra cualquier persona que se oponga al “sistema”, por lo que cada vez más individuos del “Cuarto Mundo”, los marginados y excluidos, son considerados como “terroristas”, sin las sutilezas de la legislación.
Dado que la última crisis económica global ha puesto en evidencia los límites del neoliberalismo y ha profundizado dramáticamente la polarización social, especialmente en el “Sur Global” y en el “Cuarto Mundo”, sólo hay que profundizar en la miríada de estadísticas sobre “terrorismo” producidas por agencias gubernamentales occidentales y la nueva industria de “seguridad terrorista”, para ver qué está ocurriendo.
La mayor parte de datos presentan defectos metodológicos, entre los que destaca la propia definición de “terrorismo” y la distinción entre “terrorismo” y “conflictos armados” de un tipo u otro.
Los datos aportan dos grandes pistas de lo que está ocurriendo. A pesar del incremento en un 43% de los ataques terroristas en 2013, según informa el Departamento de Estado de Estados Unidos, o en un 61% según el Índice de Terrorismo Global (Global Terrorism Index), la mayor parte de los ataques –tal y como admite el Departamento de Estado– fueron locales y regionales, no internacionales. Así, a los los países occidentales les ha ido bien. De las 17.891 personas fallecidas, sólo 16 fueron ciudadanos estadounidenses, mientras que de las 32.577 personas heridas, sólo 12 fueron americanas. De las cerca de 3.000 personas secuestradas, sólo 12 fueron americanas. A los países europeos les ha ido de forma similar.
Una segunda pista es que estos casos toman un cariz completamente distinto si se suprimen los “conflictos armados” y se suprimen países como Irak. Según los datos de Wikipedia, que excluye cerca de 40 “conflictos armados”, se produjeron únicamente 3.348 muertes a causa de ataques terroristas en la primera mitad de 2013, y estima en 6.696 las muertes para el año completo. De éstas, 50% se produjeron en Irak, 32% en Paquistán, Siria y Afganistán.
En otras palabras, cerca de dos tercios de los incidentes terroristas citados por el Departamento de Estado estadounidense y fuentes similares, provienen de “conflictos armados”, la mayor parte de los cuales se vinculan a conflictos étnicos, insurgencias locales, desposesión de tierras, etc. y suponen formas legítimas de resistencia. No obstante, gracias a la ideología prevalente de la Guerra Global contra el Terrorismo, hoy se consideran “terroristas”, cuando la mayor parte de ellos son un producto derivado de la actual crisis del neoliberalismo y la marginación de una creciente proporción de la población mundial que éste produce.

* Jeremy H. Keenan es profesor e investigador asociado del Departamento de Antropología Social y Sociología, School of Oriental and African Studies (SOAS), London University.

¿Hasta dónde Irán Nisman y Cía.?

Cuestionado por los jueces Canicoba y Servini y por Interpol, el fiscal Nisman llevará mañana al Congreso su gravísima denuncia contra CFK. Si un poder contramayoritario que intenta confinar la política a un expediente judicial intentara castigar a la presidente por la búsqueda de la verdad, la movilización popular podría marcarle sus límites. No basta con la purga en la SI mientras sean deudas pendientes las leyes de Inteligencia, de prevención de emergencias y de Acceso a la Información.

 Por Horacio Verbitsky

La gravísima denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidente CFK intenta apuntalar la versión sobre el atentado a la sede de la DAIA que acordaron hace más de veinte años los gobiernos de Israel y la Argentina, con el respaldo de Estados Unidos, cuando aún no había terminado la remoción de los escombros: acusar a Irán y no investigar la participación de Siria, pese a que las condiciones internacionales han cambiado. El problema es que en la causa no abundan elementos que lo sostengan, por lo cual ese relato descansa en recursos políticos y publicitarios. Mientras, nada se ha avanzado en el caudaloso expediente judicial, que se derrama al azar en episodios laterales, como la falsa conexión local y el desvío de la investigación por parte del ex presidente Carlos Menem y su ex juez Juan José Galeano. La estridente acusación de Nisman, descalificada por el juez de la causa y por Interpol, es otro capítulo de la misma estéril saga. Luego de recibir a Nisman, la complaciente dirigencia comunitaria de la DAIA y la AMIA convocó a todos los organismos y delegaciones que las integran pero la mayoría negó el apoyo que había solicitado el fiscal.

Un preciso ejercicio de desinformación intenta hacerle pagar al gobierno nacional la osadía de haberse apartado del libreto buscando que la justicia argentina pudiera indagar a los acusados por Nisman, en un tercer país o incluso en Irán, con el riesgo de que la presunta solidez del expediente se disipara en el aire, como ya ocurrió con el ex embajador persa en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour: detenido en Londres a pedido de la justicia argentina, fue absuelto por falta de pruebas, puesto en libertad e incluso indemnizado. Que algún dirigente político o un falso influyente haya querido aprovechar para fines particulares el giro dado por el Poder Ejecutivo es una alternativa posible y recién se sabrá si algo hay de ello cuando se revelen las pruebas que dice tener el fiscal, quien mañana enfrentará en el Congreso al FpV. El oficialismo decidió no permitir que la oposición monte allí un nuevo escándalo. De progresar la agresión contra la presidente en la ciénaga judicial, no puede descartarse una convocatoria a la movilización en las calles. Esto pondría en evidencia los desbarres de un poder contramayoritario que intenta confinar la política dentro de los límites de un expediente tribunalicio, alimentado como en un chiquero judicial con basura de los servicios de informaciones.

Alerta roja

En la conferencia de prensa del jueves, el canciller Héctor Timerman mostró la nota que envió el 15 de febrero de 2013 a Interpol: le informaba a su secretario general (el abogado, economista y ex jefe del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Kenneth Noble), que los pedidos de captura internacional sólo podrían ser modificados a solicitud del juez Rodolfo Canicoba Corral. Esta semana Canicoba dijo que al firmar las órdenes de captura contra los iraníes que le solicitó Nisman, ordenó al fiscal que profundizara esa investigación y no se basara apenas en informes de inteligencia, y que también siguiera la pista siria y la conexión local. “Nada de eso hizo”, sentenció. Tampoco su colega María Servini encontró en la presentación de Nisman “las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes”, por lo que se negó a habilitar la feria juicial. En el Forum Shopping de Nisman, la denuncia será considerada por el juez federal Ariel Lijo. Cuando la camarista Luisa Riva Aramayo comenzó la negociación con Carlos Alberto Telleldín para pagarle un falso testimonio, Lijo era uno de sus más próximos colaboradores. Su hermano, Alfredo Lijo, trabajó con el auditor Javier Fernández, a pedido de Riva Aramayo, según el propio Fernández en un reportaje de Hugo Aleonada Mon. Riva Aramayo no fue procesada junto con el juez Galeano porque murió en 2002.

El Memorando de Entendimiento con Irán fue firmado el 27 de enero de 2013, en Etiopía, cuando Estados Unidos y sus principales aliados comenzaban una negociación de desarme con el gobierno de Teherán y las aperturas hacia Siria ya habían fracasado. En una entrevista para esta nota, Timerman explicó que de regreso a Buenos Aires se reunió con las distintas asociaciones de familiares de las víctimas, con el presidente de la DAIA Julio Schlosser y con el de la AMIA, Guillermo Borger. En la única conferencia de prensa conjunta, todos declararon su apoyo al memorando. Pero sin explicación por el cambio, la DAIA y la AMIA pidieron al Congreso que no lo ratificara y reclamaron su inconstitucionalidad a la Justicia, concedida el año pasado por la sala I de la Cámara Federal porteña. Al mismo tiempo, dijo Timerman, el canciller iraní Ali Akbar Salehi le propuso enviar una nota conjunta a Interpol informando que con la firma del memorando debían cesar las alertas rojas. Esto no formaba parte de las instrucciones que había recibido de la presidente, dijo el canciller. Timerman llamó a Interpol para explicarle a Noble lo que estaba sucediendo. Noble le respondió en inglés que se quedara tranquilo, que las alertas rojas no se modificarían. Timerman le expuso su situación personal, como firmante del memorando, ministro del gobierno argentino y judío. Noble le dijo entonces, ahora en francés, que entendía la situación y que no tenía motivo para preocuparse. Timerman le contó de los insultos, las graves acusaciones y las amenazas que estaba recibiendo. Noble cambió del francés al castellano. “Se lo dije en inglés, en francés y ahora en su idioma: el memorando es muy conveniente y no hay riesgo de que sobre esa base se modifiquen las alertas rojas.” Timerman le pidió que Interpol lo dijera en una nota formal. Ese mismo día la firmó el Consejero Jurídico de Interpol, Joel Sellier, y el entonces subsecretario de Justicia y actual subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, trajo el original desde Lyon a Buenos Aires. Decía que el acuerdo era positivo para esclarecer la causa y que “no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas”. Este jueves, Nisman respondió en tiempo real a la conferencia de prensa: dijo que Timerman había pedido levantar las alertas rojas y que Interpol se lo negó. A raíz de ello, Timerman se comunicó el viernes con Noble, quien sepultó cualquier polémica, con el mail que el canciller difundió esa misma tarde: “Usted dijo en forma explícita que la presidente Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino estaba cien por ciento comprometido con el mantenimiento de las alertas rojas de Interpol”. Agrega que durante la asamblea general de Interpol, hace apenas dos meses, “usted reafirmó su compromiso personal y el del gobierno argentino con el mantenimiento de las alertas rojas, al mismo tiempo que trataba de hacer todo lo que estaba a su alcance para que hubiera verdaderos progresos en la investigación. Recuerdo la forma apasionada en que habló de las víctimas y de sus seres queridos, que tanto sufrieron y que merecen ver el avance de la investigación y la presentación a la Justicia de los responsables por este mortífero ataque”. Se entiende mejor así por qué en las grabaciones de Nisman el presunto agente iraní Jorge Alejandro Khalil dice que “por las cagadas que se mandó este ruso de mierda las circulares no se bajaron”. Si algún vendedor de humo había prometido lo contrario, es problema suyo. Hasta ahora nadie ha incurrido en el ridículo de sugerir que las comunicaciones con Interpol fueron personales del ciudadano Timerman, sin conocimiento de la presidente. La propia exégesis de Nisman ante la prensa refuta sus conclusiones. Goza de todos modos de una apreciable protección, que le permite hablar horas en las pantallas de televisión sin que ningún juez o fiscal lo acuse de violar secretos, como le ocurrió a su colega Carlos Gonella por retwitear una página oficial del Ministerio Público en la que se informaba sobre un pedido de procesamiento contra varias personas por lavado de dinero obtenido con la venta de cocaína.

La InfAMIA

Parte de esta historia ya fue narrada aquí el 18 de julio de 2004, en una nota que se tituló “La InfAMIA. El acuerdo Menem-Rabin para no investigar”. A pocas horas de producido el atentado, a las 9.53 del 18 de julio de 1994, el gobierno israelí del general Yitzhak Rabin propuso al argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así lo informó el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, en un cable emitido a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994, apenas 17 horas después del estallido que costó la vida a 85 personas y heridas a 300. De este modo, ambos gobiernos condicionaron la investigación a las respectivas ventajas que cada uno pudiera obtener y sin mayor interés por el descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables. Lo mismo ocurrió con los dirigentes de la DAIA y la AMIA. Timerman recuerda que durante una de las reuniones en las que se discutió el memorando, Schlosser le preguntó por qué insistía tanto en la investigación. “Por respeto a los muertos en el atentado”, le respondió. “Olvidate de los muertos. Hay que pensar en los vivos”, dijo Schlosser. Algo similar le transmitió a Timerman su colega israelí, Avigdor Lieberman, durante un encuentro en las Naciones Unidas. “¿Para qué quieren un juicio, si los diarios de todo el mundo ya publicaron que fue Irán?”, le dijo con sorna. El año pasado, para desacreditar el Memorando de Entendimiento, el ex embajador de Israel en Buenos Aires, Itzhak Aviran, declaró que “la gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros”.

El cable sobre el acuerdo Menem-Rabin fue hallado entre las informaciones secretas que el gobierno de Néstor Kirchner resolvió liberar al conocimiento de los familiares de las víctimas y de la Justicia. En 2004 el entonces encargado de la Unidad Especial de Investigación del atentado, Alejandro Rúa, puso en conocimiento de Canicoba Corral el cable EISRA 010365/1994. Allí Otegui informa que Rabin enviaba a Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea israelí a un diplomático de su relación personal y directa, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985.

Antes de embarcarse hacia Buenos Aires, Schmorak se comunicó en medio de la noche con el embajador Otegui y le pidió que lo ayudara a entrevistarse con el presidente Menem y con el canciller Di Tella en cuanto llegara a Buenos Aires. Para el gobierno israelí “es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado”, en especial por el impacto que la manera de presentar lo sucedido tendrá ante la opinión pública israelí, “dado que partidos de oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente política de paz gobierno Rabin”. En ese momento, estaba muy avanzada una negociación de paz en Oslo que incluía a la OLP conducida por Yasser Arafat y por primera vez comprometía al gobierno sirio del presidente Hafez Al Assad. Contaba para esas tratativas con el apoyo del gobierno estadounidense de Bill Clinton, en cuya presencia se firmaron los acuerdos en la Casa Blanca, en septiembre de 1993. En enero de 1994 el presidente sirio anunció que la negociación con Rabin incluiría “una paz real y relaciones normales” a cambio de la devolución de las alturas del Golan, ocupadas por Israel en la guerra de 1967. Hasta entonces El

Assad había sido el más duro opositor a la mera existencia de Israel en el mapa del Medio Oriente. Pero a partir de allí, tanto Washington como Jerusalén se enfocaron en Irán y llegaron a contemplar un nuevo bombardeo a sus instalaciones nucleares como el que Israel realizó en 1981 en Osirak. Tres meses después del atentado contra la DAIA Rabin recibió el Premio Nobel de la Paz y al año siguiente fue asesinado por un estudiante derechista que se oponía a la devolución de territorios ocupados a cambio del cese de hostilidades. Desde entonces sólo hubo retrocesos en el intento de paz.

El cable del embajador Otegui agrega que “objetivo de entrevista de alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado” con el propósito de “presentar a la prensa –inmediatamente después del encuentro– una versión unificada de lo ocurrido”. Schmorak llegó por la noche del martes 19. Tal como se había solicitado fue recibido por Menem y en un reportaje concedido al diario Clarín al salir, dijo que “el número uno en la lista de sospechados es Irán. Hay organizaciones fundamentalistas islámicas inspiradas por Irán, financiadas por Irán, entrenadas por Irán, pero que no son iraníes, como Hezbollah, en el Líbano”. También dijo que Menem aceptaba la hipótesis de la participación de algunos elementos locales. La ausencia más notoria en todas las declaraciones, del enviado israelí y de las autoridades argentinas, fue la pista siria, pese a las evidencias que saltaban a la vista. En la misma semana un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos afirmó que Siria no tenía nada que ver con el atentado. Esa línea se siguió en forma minuciosa en todas las investigaciones posteriores. Luego de revelar la existencia y el contenido de este cable, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, uno de los acusados por desviar la investigación me preguntó si había más información, para conocer si “fuimos títeres de un juego macabro por parte de ambos gobiernos”. También me contó que el 22 de julio de 1994, durante una reunión en la quinta de Olivos, “Menem insistía que de confirmarse las presunciones debían cortarse las relaciones con Irán en forma inmediata”. Es decir tres días después de la reunión con el enviado de Rabin.

Si las motivaciones de Rabin y Clinton se explicaban por razones políticas de sus respectivos gobiernos, el interés del gobierno argentino de entonces por desviar la atención lejos de Siria es comprensible, por los lazos familiares de Menem, el financiamiento que El Assad le suministró para su campaña presidencial en 1989 y la denuncia de traición en 1990, cuando Menem se sumó a la primera expedición estadounidense contra Irak (gobernado por el mismo partido Baas que Siria), incumplió los acuerdos de cooperación espacial con países árabes y entregó a Estados Unidos todos los de-sarrollos del misil Cóndor. Jacobo Timerman, padre del actual canciller, recordó en una entrevista que publiqué en esta página el 31 de mayo de 1992, dos meses después del atentado a la embajada de Israel, que Menem viajó a Siria en cuanto ganó la candidatura presidencial peronista. “Dijo que iba a saludar a una tía, cosa que se me hizo totalmente no creíble, y en realidad tuvo una reunión con el Presidente Hafez El assad, que es el más grande narcotraficante del mundo.” Entre las líneas que la investigación judicial no profundizó hay una que concierne en forma cercana a los ex presidentes de Siria y de la Argentina. Un primo de El Assad y otras dos personas fueron detenidas después del atentado en el mismo edificio de la calle Cochabamba en el que Menem tenía el departamento que utilizaba en sus frecuentes visitas a Buenos Aires cuando era gobernador de La Rioja. El primo de El Assad y sus acompañantes fueron liberados luego de una reunión de Menem con el juez Galeano. Sucesivas notas de Raúl Kollmann y de Juan José Salinas han abundado sobre la seriedad de la pista siria y la inconsistencia de la investigación de Nisman, cuya subordinación explícita a las líneas de acción que le comunicaban en la embajada de Estados Unidos consta en abundantes cables dirigidos por esa sede a su gobierno. El viernes asumió sus funciones el nuevo embajador Noah Mamet. Habrá que aguardar una futura tanda de Wikileaks para saber si es real la información que circula entre funcionarios judiciales que conocen a Nisman, sobre un encuentro con el consejero político Ken Roy antes de presentar su incandescente dictamen. Roy es el enlace de la embajada con la Asociación de Magistrados, que conduce la resistencia judicial al gobierno. Esta relación promiscua con una potencia extranjera no ha producido el menor escándalo en quienes, de derecha a izquierda, sólo lo ven como un proyectil capaz de hacer daño al gobierno nacional. Cualesquiera sean los respaldos de Nisman, no se entiende cómo podría el gobierno “fabricar la inocencia de Irán”. Como el fiscal es quien debe probar la culpabilidad, esta es una inversión de la carga de la prueba o una implícita admisión de que al cabo de diez años carece de elementos probatorios.

Acciones y omisiones

Lo burdo del intento por incriminar a la presidente, que tanto Canicoba Corral como el gobierno atribuyeron al removido jefe de la Secretaría de Inteligencia Antonio Horacio Stiuso, no implica que todos los pasos oficiales hayan sido apropiados. Tanto Nisman como Stiuso contaron con el respaldo de Kirchner, quien en 2005 llevó a las Naciones Unidas la denuncia contra Teherán, cuando George W. Bush buscaba un pretexto para repetir sobre Irán la devastación de Bagdad, tal como se señaló entonces aquí. Cristina siguió ese esquema durante su primer mandato. Sus frecuentes encuentros dentro y fuera del país con la DAIA y la AMIA no impidieron que esas organizaciones se alinearan con la oposición en el cuestionamiento a sus tentativas de esclarecimiento. En cambio nunca recibió a la organización de familiares de las víctimas Memoria Activa, que apoyó en el Congreso el Memorando de Entendimiento y que denunció ahora una operación contra la presidente. También llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptó un proceso de negociación amistosa con el patrocinio del CELS y CEJIL. El 4 de marzo de 2005, el Estado reconoció ante la CIDH su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos al no haber cumplido la función de prevención, por la denegatoria de justicia debido al encubrimiento de los hechos y al grave y deliberado incumplimiento de la función de investigarlos. Como reparación integral se comprometió a una agenda de trabajo tendiente a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición futura, compensar los daños y reformar algunas leyes, entre ellas la de Inteligencia. Además de informar sobre el acuerdo, debía fortalecer los organismos investigativos tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizar la investigación del atentado y de su encubrimiento, profundizar el relevamiento de archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia, extenderlo a la Dirección de Migraciones e informatizar sus registros. También se comprometió a crear una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, incluyendo un plan de contingencia para casos de atentados. Además debía impulsar una ley de reparación para todas las víctimas del atentado, transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces involucrados en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo. A veinte años del atentado y diez del reconocimiento de responsabilidad, los compromisos no se han cumplido. En este tema, como en tantos otros, Cristina ha mostrado capacidad de rectificación. Pero no basta con la remoción de los agentes de la Secretaría de Inteligencia que resolvieron su conflicto de obediencias en contra de sus deberes funcionales y de su lealtad nacional. Quienes los impugnaron cuando estaban en la cumbre de su poder no necesitan sobreactuar ahora sus críticas. Basta con señalar que este es un momento oportuno para cumplir con la reforma de la ley de Inteligencia comprometida ante la CIDH y con la complementaria y también adeudada ley de acceso a la información pública. Tal vez así, además de las apasionantes anécdotas del día, se avance en reformas estructurales que ayuden a impedir la repetición de tanto bochorno.

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Seis de cada diez desempleados en el mundo son jóvenes

La Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que en el planeta el 60 por ciento de los jóvenes ni estudia ni trabaja, dato que refleja una de las tendencias más alarmantes del mercado laboral durante 2014.

17 enero 2015

 

Solo en América Latina hay cerca de 8 millones de jóvenes desempleados y otros 27 millones que trabajan en condiciones de informalidad.

Si desde la crisis económica de 2008 los índices de desempleo se dispararon en diferentes regiones del planeta, han sido los menores de 25 años los más afectados por esa situación, como demuestran las cifras expresadas en el informe Estado de la población mundial 2014.

De acuerdo con el reporte del Fondo de Población de la ONU, en todo el planeta hay 73,4 millones de jóvenes desocupados, cifra que representa casi un 40 por ciento del total de personas sin trabajo.

Tal situación se ve aún más agravada por la cantidad de menores de 25 años que se encuentran en puestos de baja calidad y mal remunerados, con contratos discontinuos e inseguros.

El leve repunte de la economía global parece insuficiente para retomar los niveles de empleo previos a la crisis, pues solo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 16,3 millones de personas ha estado sin trabajo por más de 12 meses, el doble que en 2007.

Dentro de los 34 miembros de la OCDE, muchos de ellos países ricos, casi 45 millones de habitantes están en paro actualmente, 12,1 millones más que antes de la crisis económica.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas recetas son criticadas frecuentemente por la imposición de políticas neoliberales que están terminando con los derechos de los trabajadores, reconoció recientemente la existencia de una crisis laboral que tiene a 200 millones de personas sin laborar.

Nos encontramos ante una desgarradora crisis del empleo en todo el planeta con 200 millones de personas que buscan trabajo. Sepan que si todos los desempleados juntos formaran un Estado, serían el quinto país más poblado del orbe, señaló en octubre pasado la directora gerente del organismo internacional, Christine Lagarde.

Ante esa situación, corremos el peligro de quedarnos estancados en una nueva mediocridad de escaso crecimiento e insignificante creación de puestos, expresó la funcionaria tras llamar la atención, en particular, sobre el tema del paro juvenil.

En ciertas regiones, como el sur de Europa y el norte de África, ese fenómeno se ha transformado en un problema social crónico, apuntó.

La afirmación de Lagarde es evidente en varias naciones del llamado viejo continente, entre ellas España y Grecia, donde respectivamente el 53,8 y el 53,1 por ciento de los menores de 25 años se encuentra desocupado.

En el conjunto de la zona euro, el desempleo juvenil afecta al 23,2 por ciento de ese grupo generacional, datos muy superiores a los de toda la población, que en el bloque de la moneda común se ubica en 11,5 por ciento.

Según ha manifestado la canciller alemana, Angela Merkel, la región no es ahora mismo una tierra de futuro para los jóvenes, que sufren tasas de paro del 30 por ciento o el 40 por ciento, y tienen escasa confianza en encontrar un puesto de trabajo.

Para diversos especialistas, las causas de esa problemática, que no es exclusiva de Europa, se encuentran en la crisis iniciada en 2008, la cual llevó al retroceso de la actividad económica, la disminución del consumo interno y la interrupción de la inversión empresarial.

Las políticas de austeridad implementadas para revertir ese fenómeno, fundamentalmente bajo la presión de entidades como el propio FMI y el Banco Central Europeo, no han permitido reducir hasta ahora el déficit y la deuda pública, sino que, por el contrario, han llevado al aumento del desempleo, la precariedad y la pobreza.

Pero, según la OCDE, la crisis no ofrece todas las razones para explicar la baja recuperación que ha tenido el mercado laboral, pues tendencias a largo plazo como el envejecimiento poblacional y el aumento en las habilidades de los trabajadores también ha influido.

Así, el organismo destaca que la sobredependencia de los empleos temporales está dañando a las personas y a la economía, y advierte que el crecimiento de los salarios reales se ha desacelerado significativamente.

En su informe Perspectivas del Empleo 2014, la entidad señala que la recuperación sigue incompleta, y por ello advierte que el alto desempleo a largo plazo, al transformarse en un problema estructural, no será revertido automáticamente por un repunte del crecimiento económico.

Para que la creciente población del planeta tenga acceso al mercado laboral, deben crearse globalmente 600 millones de puestos antes del año 2030, advirtió un informe del Banco Mundial presentado ante los ministros de Trabajo y Empleo del grupo de las 20 principales economías del orbe (G-20).

De acuerdo con el estudio, los mercados en vías de desarrollo han tenido un mejor papel en la creación de nuevos puestos que los países desarrollados del G-20, pero en general la situación no inspira optimismo.

Si bien durante el año que concluye la región de América Latina y el Caribe mostró desaceleración económica con respecto a los años precedentes, eso no impidió que las tasas de desempleo continuaran bajando en los países del área.

De acuerdo con el Panorama Laboral de esta zona geográfica, presentado por la OIT, al término del tercer trimestre del año el nivel de paro era del 6,2 por ciento y debe cerrar 2014 en 6,1 por ciento, por debajo del 6,2 por ciento de 2013.

Estamos hablando de casi 15 millones de personas sin trabajo, precisó Elizabeth Tinoco, directora del organismo para América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, el reporte de la OIT advirtió que la tasa de desocupación juvenil urbana bajó de 14,5 a 14 por ciento, pero sigue siendo entre dos y cuatro veces la de los adultos, al tiempo que el 40 por ciento de quienes no laboran en el área son jóvenes.

Pese a que durante 2014 el desempleo siguió el descenso registrado en años anteriores, la OIT llamó la atención sobre el hecho de que se están creando menos oportunidades laborales, lo cual podría reflejarse en los datos de 2015.

Según la entidad, durante los próximos 12 meses el índice de paro urbano se incrementará hasta dos décimas y podría llegar a 6,3 por ciento, lo que equivaldrá a la existencia de 500 mil desocupados más.

La región necesita casi 50 millones de empleos nuevos en los próximos 10 años para compensar el crecimiento demográfico, manifestó Tinoco, quien llamó a impulsar el crecimiento y la transformación productiva apoyando la inclusión económica y social a través del mercado de trabajo.

(Tomado de Prensa Latina)

Las penas son de nosotros...

POLÉMICA POR DESPIDO DE TRABAJADOR RURAL

Pida patrón

Daniel Silvera, el trabajador rural que protagonizó uno de los spots del FA “Uruguay cambió en mí”, fue despedido por su patrón. Reclama una indemnización de $ 1.199.708. El dirigente de Unatra César Rodríguez dijo a Montevideo Portal: “En este caso subyace un despido antisindical”.

Fuente: spot del FA “Uruguay cambió en mí”

Daniel Silvera, el trabajador rural que protagonizó uno de los spots publicitarios del Frente Amplio (FA) "Uruguay cambió en mí", fue despedido por su patrón. El trabajador reclama una indemnización de $ 1.199.708, un monto muy superior al que le ofrece su ex empleador.

El trabajador es uno de los fundadores del Sindicato de Peones de Estancia (Sipes), y desde la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) consideran que el despido es abusivo e injustificado.

El dirigente sindical César Rodríguez dijo a Montevideo Portal que las razones del despido "fueron bastante confusas".

"Consideramos que sobre esto subyace un despido antisindical. Es bastante arbitraria la medida. Es también abusiva porque se rompe un acuerdo firmado el 9 de diciembre, donde el patrón reconoció la idoneidad del trabajador. Por supuesto asistimos a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) pidiendo que reintegren al trabajador. Consideramos que no hay motivo o causa firme que justifique la interrupción de la relación laboral", afirmó Rodríguez.

De peón a capataz

Una de las principales causas del diferendo radica en que Silvera figuraba en la categoría de "peón" cuando en realidad cumplía las labores de capataz en dos de los 14 establecimientos rurales de su ahora ex patrón. Las diferencias que ambas partes mantienen por la indemnización se centran en las horas extras, aguinaldo y salario vacacional de dos años y medio a esta parte.

"Lo que hicimos con la Dinatra en la primera audiencia de esta semana fue establecer una descripción de los hechos y una propuesta de reintegro a las tareas del trabajador con la misma remuneración y beneficios. O en su defecto calculamos una liquidación asesorados por técnicos que trabajan con el sindicato. Si la empresa decide definitivamente despedirlo, debe hacerlo por despido abusivo y pagar la diferencia entre peón-capataz de dos años y medio a esta parte", expresó César Rodríguez.

El patrón debe responder si despide o reintegra a Daniel Silvera antes del 4 de febrero.

El trabajador tiene 58 años, es padre de nueve hijos y vive en Puntas de Carretera, Tacuarembó.

Montevideo Portal

¿Qué significará para los estadounidenses viajar a Cuba?

 Los estadounidenses están un paso más cerca de poder irse de vacaciones a Cuba, pero se recomienda que todavía no empaquen el traje de baño ni la crema solar.  Nuevas reglas del gobierno entran en vigor este viernes y varias alivian las restricciones de viaje y comercio implementadas por Estados Unidos desde hace 54 años.

Publicado el 1/16/15 

AP.-

Los cambios siguen al anuncio del presidente Barack Obama el mes pasado de la normalización de relaciones diplomáticas con la isla. Solo el Congreso puede levantar completamente el embargo, pero el gobierno puede hacerlo cumplir, o hacerse de la vista gorda, a la prohibición de viajes.

Las compañías de viajes y turismo están entusiasmadas ante la oportunidad de establecerse en Cuba. Las aerolíneas Delta Air Lines, JetBlue Airways, las cadenas hoteleras Hilton Worldwide, Marriott International y la línea de cruceros Carnival Corp. han expresado interés.

Los estadounidenses siempre se han sentido atraídos a Cuba por la cercanía, su clima templado y la aventura de visitar un país al que legalmente no pueden viajar desde 1960. Este es un vistazo a lo que las nuevas normas del gobierno significan para ellos.

¿Pueden los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba? La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro supervisa los viajes a Cuba. Hay 12 categorías de personas que pueden viajar a la isla: familiares cercanos de cubanos, académicos, los que viajan por asuntos oficiales del gobierno, los que viajan en misiones humanitarias o religiosas, periodistas y personas que son parte de programas culturales o educativos acreditados.

¿Qué ha cambiado? Los grupos de personas que pueden visitar la isla no han cambiado, pero ya no necesitan una licencia especial para viajar.

¿Y los demás? Eso está menos claro. Todavía es ilegal que los estadounidenses visiten la isla si no pertenecen a una de esas 12 categorías, pero sin necesidad de solicitar una licencia sería imposible que el gobierno haga cumplir esa restricción.

¿Cómo puedo comprar un boleto aéreo? Hasta ahora, el gobierno ha emitido licencias a operadores turísticos, que ayudan a los viajeros a obtener la visa y venden cupos en viajes a Cuba. Muchos de estos operadores son pequeñas empresas familiares de viajes de Florida que prestan servicios a los cubanoestadounidenses. Otros son grandes compañías de turismo que ofrecen viajes educativos de una semana a casi 8.000 dólares por persona. Las nuevas normas permiten a los agentes de viajes y aerolíneas vender boletos sin necesidad de una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Eso significa que será mucho más fácil hacer una reservación y los precios deben bajar significativamente.

¿Pueden los viajeros estadounidenses comprar productos cubanos? Los bancos y tarjetas de crédito tenían prohibido hasta ahora operar en Cuba, prohibición que se elimina con las nuevas reglas, pero no debe esperar que los cajeros automáticos o negocios comiencen a aceptar de inmediato tarjetas Visa, MasterCard o American Express emitidas en Estados Unidos. Los grandes hoteles probablemente sean los primeros en permitirlo, pero los restaurants familiares y tiendas pequeñas pudieran demorar mucho más. Así las cosas, a corto plazo, los viajeros deben llevar mucho efectivo.

¿Qué pueden traer de regreso los estadounidenses desde Cuba? Los visitantes autorizados pueden traer un máximo de 400 dólares en bienes adquiridos en Cuba para uso personal. Esto incluye no más de 100 dólares en bebidas alcohólicas o productos de tabaco.

¿Habrá límites al número de visitantes? Sin necesidad de una licencia, no hay límite. Sin embargo, Cuba tiene una cantidad limitada de habitaciones de hotel y otra infraestructura necesaria para apoyar el turismo. A corto plazo, eso reducirá la cantidad de visitantes.

¿Qué aerolíneas viajan de Estados Unidos a Cuba? American Airlines, JetBlue y Sun Country ofrecen vuelos fletados a La Habana, Holguín, Santa Clara y Cienfuegos. Hasta ahora, la única forma de reservar en esos aviones era a través de una de las agencias de viaje mencionadas, pero eso pudiera cambiar rápidamente. Sin embargo, no se debe esperar que las aerolíneas inunden repentinamente el mercado porque deben determinar si el mercado es lo suficientemente grande como para comprar boletos suficientes. Por ejemplo, un portavoz de  Southwest Airlines dijo el jueves que “Cuba es una buena oportunidad a futuro que estamos estudiando”. Y Cuba es todavía un destino difícil de servir. JetBlue lleva un mecánico en todos sus vuelos fletados a la isla.

¿Hay alguna otra forma en que los estadounidenses puedan visitar Cuba? El gobierno cubano no impide que los estadounidenses visiten la isla, así que desde hace años viajeros intrépidos han infringido las leyes al viajar a Cuba a través de México o Canadá y piden a las autoridades cubanas que no les sellen el pasaporte.