La desaparición de un cargamento de cocaína de una jefatura policíaca paraguaya se entiende hoy aquí como demostración de poder del narcotráfico en el país y la vinculación con políticos y cuerpos armados destinados a combatirlo. El inédito hecho, señalado por sus características como una devolución a los traficantes de la nociva mercancía ocupada por un grupo de policías incluso en condiciones muy difíciles, es parte de toda una historia reciente en el fronterizo departamento de Amambay, situado a más de 500 kilómetros de Asunción.
PL – La desaparición de un cargamento de cocaína de una jefatura policíaca paraguaya se entiende hoy aquí como demostración de poder del narcotráfico en el país y la vinculación con políticos y cuerpos armados destinados a combatirlo. El inédito hecho, señalado por sus características como una devolución a los traficantes de la nociva mercancía ocupada por un grupo de policías incluso en condiciones muy difíciles, es parte de toda una historia reciente en el fronterizo departamento de Amambay, situado a más de 500 kilómetros de Asunción.
Se trata de un episodio en el cual un pequeño grupo de agentes, al intentar revisar la camioneta en la cual se trasladaba la droga debió retroceder y pedir refuerzos ante hombres fuertemente armados quienes, acompañados por dos concejales departamentales, al parecer escoltaban la carga.
Posteriormente, escondida cerca del lugar, se pudo ocupar la cocaína y trasladarla a una bóveda de la jefatura policial, de la cual desapareció en la madrugada del sábado pasado, todo después que los agentes participantes en la ocupación de la droga pidieron protección tras recibir amenazas de muerte.
Para completar el preocupante cuadro un suboficial de policía, oriundo de Amambay, fue acribillado a balazos la víspera por sicarios a escasos 80 metros de la jefatura mientras estaba de vacaciones en el departamento.
Según varios legisladores y medios de prensa los hechos dan fuerza a las acusaciones escuchadas en el plenario del Parlamento e incluso hechas por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, sobre la participación directa de políticos en el negocio del tráfico de estupefacientes.
Aportando más datos importantes sobre los concejales involucrados en el asunto, un periodista del diario Ultima Hora recordó que uno de ellos es José Bogado, del gobernante Partido Colorado, cuya hermana esta casada con el diputado Marcial Lezcano, investigado también por vínculos con narcotraficantes.
Bogado es cercano a Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, y promueve su candidatura para presidir el Partido Colorado.
El otro concejal, César Quevedo, del Partido Liberal, es socio en operaciones comerciales de Bogado y primo de Pedro Quevedo, uno de los jefes de una organización de narcos brasileños asesinado en el 2010.
Los hechos agregan más elementos negativos a lo que muchos congresistas y políticos consideran notable crecimiento de la narcopolítica en el país guaraní.
