En medio de una entrevista con W Radio, el fiscal general, Eduardo Montealegre, les notificó a Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David y a Luis Alfonso Hoyos que serían citados a interrogatorio para explicar de dónde salieron las supuestas órdenes para que el hacker Andrés Sepúlveda infiltrara, saboteara y atacara por redes sociales el proceso de paz.
Hoyos, quien el pasado domingo viajó a Estados Unidos, al parecer buscando asilo, fue citado para el 29 de enero para ampliar su interrogatorio. David Zuluaga, quien está en la Universidad de Princeton, EE.UU., hará lo propio al día siguiente. Mientras que el excandidato del Centro Democrático cerrará la tanda de citaciones el 30 de este mes.
Los tres hombres han sido salpicados en las declaraciones del hacker Sepúlveda, quien aceptó su responsabilidad en filtrar los correos electrónicos de algunos negociadores de paz y en comprar información clasificada de las Fuerzas Armadas. Según la Fiscalía, en su poder ya tiene un arsenal de pruebas que demostrarían que los dirigentes del Centro Democrático conocían cada movimiento que Sepúlveda realizaba y cómo consiguió, al parecer de forma ilegal, material de inteligencia.
Entre las pruebas contra Hoyos están las declaraciones del hacker, quien admitió que el exasesor de la campaña fue quien impartió la orden directa de filtrar el correo del exvicepresidente Francisco Santos, quien para la época era precandidato del Centro Democrático. En cuanto a la situación de David Zuluaga, se precisó que su llamado se debe a las recientes declaraciones que entregó el contador Carlos Andrés Álvarez. Este último señaló que en las cuentas de la campaña presidencial se registró un pago de $230 millones, al parecer a favor de Luis Carlos Sepúlveda, hermano del hacker, quien había firmado con el mencionado partido político para el manejo de redes sociales, pero ante el escándalo cancelaron el contrato y pagaron los honorarios para evitar demandas.
En el caso de Óscar Iván Zuluaga, la prueba reina es un video en el que se le ve junto a Sepúlveda hablando sobre lo que sería información de inteligencia del proceso de paz y las Farc. Para el abogado defensor del excandidato presidencial, Jaime Granados, esto hace parte de un bombardeo mediático en el que se están violando los derechos al debido proceso y a la defensa y, además, se está presionando a la administración de justicia para que tome decisiones a favor de la Fiscalía.
Granados, al ser consultado sobre la permanencia de Zuluaga en el país, respondió: “Todas las posibilidades están contempladas”. Agregó que “se está pretendiendo judicializar a un candidato presidencial que sacó siete millones de votos y que se utilizó este mecanismo para sabotear las elecciones del año pasado. No es un asunto de poca monta. ¿Por qué no esperar a que la Corte se pronunciara? ¿Por qué presionar al juez que definirá el preacuerdo del hacker al que la Procuraduría se opuso? ¿Por qué tener una campaña mediática en la que incluso hablan de reuniones que se van hacer? Es obvio que hay un trasfondo político”.
Aún son varias las incógnitas que surgen alrededor de la hipótesis de la Fiscalía, porque no se ha establecido qué delitos pudieron haber cometido los indiciados. Fuentes cercanas al proceso advirtieron que si bien hacer propaganda negra por redes sociales no es un crimen, lo que se está buscando es establecer si hay pruebas para determinar el grado de participación de los líderes del Centro Democrático en los hechos cometidos por el hacker y “si hubo algún favorecimiento”, como dijo el fiscal general.
“Soy opositor, no criminal”, decían los carteles de la bancada del Centro Democrático en la plenaria del Senado del 26 de agosto de 2014, queriendo dar a entender que estaban siendo objeto de persecución política. En medio de la discusión en ese momento, el senador Ernesto Macías precisó: “Usted, ministro Juan Fernando Cristo, como representante del Gobierno, dio por hecho que el hacker representa la política del Centro Democrático. Ojo con eso, esa no es la forma de tratar a la oposición, aquí estamos diciendo: somos opositores pero no criminales”.
Tras el llamado a interrogatorio a Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos, el exvicepresidente Francisco Santos manifestó en su cuenta de Twitter: “Fiscal anuncia por radio decisiones institucionales. Después se preguntan si hay garantías judiciales. Lo que hay es persecución política”. Igualmente, el representante a la Cámara Samuel Hoyos enfatizó en que lo que hay que ver es “si la gente se está yendo para evadir la justicia o evitar la injusticia”, refiriéndose a los cuestionamientos hechos desde diferentes sectores por la salida del país de Hoyos y las ausencia también de otras personas del uribismo involucradas en procesos judiciales, como es el caso de Andrés Felipe Arias, el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado.
En la otra orilla, quienes critican las actuaciones del uribismo exigen explicaciones. “Ya está bien de que el uribismo deje de evadir a la justicia. Espero que las personas implicadas comparezcan, porque se ha tornado en una práctica que ante cualquier asomo de que la justicia va a tener alguna actuación en relación con miembros del uribismo, inmediatamente toman acciones para evadir a la justicia. Así que espero que haya una actuación pronta”, expresó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.
“¿Qué pasó en la campaña de Zuluaga? ¿Hubo o no chuzadas al proceso de paz? El país necesita respuestas”, indicó la representante Ángela María Robledo, de la Alianza Verde. Un escenario de disputa política y judicial en el que el uribismo dice que va a dar la batalla. “Hay un aparato judicial al servicio de un régimen y ha puesto en marcha procesos políticos que tienen como objetivo la destrucción del Centro Democrático”, agregó José Obdulio Gaviria.
