La nueva agenda…con viejas ideas.
Por Eduardo Camin
Como se sabe, desde hace algunos años y por diversas vías se viene proponiendo la concertación de acuerdos económicos regionales en América Latina. En algunos casos, el propósito ha escapado del campo de la teoría para aparecer en convenios oficiales, entre las promesas de las inversiones faraónicas e ingresar desprevenidamente de manera sigilosa el sátiro del gran capital por la ventana de la democracia. Este tema del capital extranjero, providencial y salvador, vuelve de cuando en cuando a la actualidad. Pero en el enfoque del problema muchas confusiones se producen, más aún cuando está en juego nuestra propia soberanía. Esta es la consecuencia del nuevo estatuto del capital transnacional, contenida en los “tratados de promoción y protección de inversiones”, como el TPPI que volverá indudablemente al debate en el país. Ya se palpa en ciertas esferas del poder. Entre discursos, conferencias y almuerzos de complacencia, diferentes miembros del nuevo ejecutivo uruguayo destilan pequeños índices y algunas frases sobre la necesidad de crear un nuevo marco de relacionamiento comercial en la región no lo dicen claramente sino lo insinúan lo dejan caer, como una advertencia necesaria, preparando el terreno. En realidad no es más que la consecuencia de la iniciativa negociada por el Dr. Vázquez y el Presidente Bush en Mar del Plata en Noviembre del 2005. Una negociación abortada por la oposición firme del Canciller uruguayo Reynaldo Gargano, y las duras criticas de los presidentes Chávez, Lula, y N. Kirchner.
Ya lo dijimos, pero repetimos por si acaso, respecto a las virtudes e inconvenientes de la incorporación del capital a través de estos tratados de sometimiento, donde se mezclan y confunden muchas nociones.
Algunas precisiones son necesarias, porque también somos consientes de la preocupación manifiesta, que hay entre algunos parlamentarios, sobre la resolución del mismo. Al tiempo que advertimos que no es tirando la pelota para adelante o encajonando los expedientes que el mismo se solucionará “por obra y gracia del espíritu santo”. Flaco favor le haríamos a la democracia, eludiendo el (los) debates sobre estos temas. Por eso antes de que vuelva el violín a su estuche trataremos de sacarle alguna melodía. En el desarrollo de estos artículos nos hemos referido una y otra vez a los tratados de libre comercio, fundamentalmente el relacionado con el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) o sus nuevas formulaciones: “ALCA a la carte” “ALCA mínimo” o “flexible”, o simplemente “ALQUITA” que constituyen los ejes fundamentales del proceso de reconfiguración y ajuste del poder económico en el mundo y en la región con inevitables consecuencias políticas.
Hemos señalado que a lo largo y ancho del mundo, a impulso de los grandes bloques económicos, una fiebre de negociaciones está instalada como elemento central de la agenda internacional. Aunque es obvio que la economía dominante del hemisferio es la norteamericana y que las empresas transnacionales que resultarán las principales beneficiarias de estos acuerdos tienen origen y sede en ese país.
De los cuales se desprenden cuatro objetivos fundamentales, analizados por un especialista en estos temas, como el abogado Carlos Abin, quien ha trabajado en la órbita del Instituto del tercer mundo.
En su libro El ALCA, un camino hacia la anexión, Abín señala esos cuatro objetivos:
1) Establecer un orden económico neoliberal en todos los países del hemisferio.
2) Definir una suerte de “constitución política” del capital transnacional en dicho hemisferio, otorgando privilegios extraordinarios, permanentes e irreversibles a las compañías transnacionales.
3) Erosionar de manera definitiva las potestades soberanas de los estados nacionales.
4) Llevar a cabo, en los hechos, una anexión económica del hemisferio a la economía norteamericana con la consecuencia, prácticamente inevitable, de una acentuada dominación política.
Del primer objetivo se desprende que nadie ignora la receta básica del neoliberalismo: apertura, desregulación, liberalización, privatización, flujo de libres capitales, extensión de los derechos de los inversores, es decir “más de lo mismo” o debiéramos decir “mucho más de lo mismo”.
Segundo objetivo: A través de los diversos mecanismos y normas establecidas con claridad y rigor, se desprende una verdadera constitución política para el capital transnacional. Las grandes corporaciones se aseguran privilegios extraordinarios que quedan consagrados también como ley internacional –es decir irreversible e inmodificable–, son equiparadas a los estados soberanos o situadas en una posición aun superior a la de éstos en un régimen de libertad absoluta y garantías totales.
Tercer objetivo: Este se complementa con el anterior, constituye la otra cara de una misma moneda. La concesión de un estatuto de mayor poder, mayor libertad y mayor autonomía para las grandes corporaciones y los inversionistas. Estas propuestas apuntan claramente a debilitar la soberanía de los estados en beneficio del capital transnacional.
Cuarto objetivo: Rápidamente nuestros gobiernos perderán su autonomía; bajo el imperio de una ley internacional –el Tratado, que estará fuera de su alcance modificar– en un campo ferozmente volcado a favor de las corporaciones y el capital. La economía más potente del hemisferio ocupará progresivamente todos los espacios disponibles o convenientes en las de sus vecinos más débiles, asumirá el control de la mayor parte de las actividades productivas y los servicios que generen beneficios y transferirá éstos a sus cofres. A la anexión económica, seguirá inevitablemente la anexión política. Ningún país así saqueado y controlado en su sistema productivo y en los elementos básicos de su funcionamiento, debilitado y reducido a una expresión mínima en su capacidad soberana, podrá resistir las presiones políticas de la nación más poderosa de la Tierra.
Controlando y dirigiendo la industria y el comercio, los EEUU se constituyen en una potencia monopolizadora de nuestra(s) economía(s).
¿Es posible que la industrialización de nuestro continente deba seguir fatalmente ese rumbo?
El obstáculo mayor para impedirlo no está en el inmenso poder de los Estados Unidos. Está en la miopía, la venalidad y el servilismo de nuestros círculos llamados dirigentes. Estamos hablando de la negociación de un tratado internacional cuyo contenido afectará inevitable y profundamente la vida de millones de habitantes del área, su acceso al trabajo, a los bienes básicos –tierra, salud, alimentación, vivienda, educación, servicios esenciales– y sus posibilidades de alcanzar una vida digna. Muchos de nuestros dirigentes aluden a estos tratados como una “esperanza”, un acuerdo próximo a la concreción que “traerá innumerables beneficios para nuestra economía”, una “panacea” que nos colocará poco más o menos que “a las puertas del primer mundo” y nos “llevará de la mano al desarrollo”. Entonces cabe preguntarse, ¿qué razones pueden existir para que algo tan bueno, tan prometedor, permanezca en las sombras, oculto en los pliegues del poder? La sospecha despierta entonces nuestras conciencias. Un Tratado que alberga tantas bondades debería conocerse más en profundidad, un Tratado que nos concierne hondamente no puede permanecer encerrado en los gabinetes de negociación.
La sociedad civil tiene derecho a conocerlo en su integridad, a informarse de las diversas posturas que se discuten, a identificar sus autores y a participar con su opinión y sus juicios. Conocer el proceso de negociación es vital para comprender qué se juega en él y para ejercer la vigilancia y el control sobre los gobernantes. Negar estos derechos a la sociedad por la vía del sigilo y el ocultamiento menoscaba la democracia y priva a los ciudadanos del ejercicio de algunas libertades básicas: la de informarse, la de opinar, la de controlar al poder, todas estas comprendidas en nuestra Carta magna.
*Periodista uruguayo, fue director del semanario Siete sobre Siete y colaboró en otras publicaciones uruguayas y de America Latina. Corresponsal en Naciones Unidas y miembro de la Asociacion de Coresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Miembro de la Plataforma Descam de Uruguay para los Derechos Economicos sociales y medio ambientales. Docente en periodismo especializado sobre Organismos Internacionales.
