Lejos de ser un simple incidente diplomatico entre naciones, el caso
Evo Morales plantea una serie de razones de peso para considerar
que lo que esta en juego es mucho mas que el destino de un "desertor".
Como primera leccion este caso demuestra sin lugar a dudas la ferrea
voluntad del primer mundo de aglutinarse en una causa comun cuando
de defender sus intereses se trata.No es solo EE. UU. quien cierra filas,
sino tambien la comunidad europea -quien se ha visto de alguna manera
vigilada- pero que puesta en la balanza la modificacion del status quo
ante el riesgo de subvertir el orden establecido, optan por esta ultima
en funcion de imperio o hegemonia validando como logicas las operaciones
secretas que realizan sus socios americanos en funcion de lograr sin
importar los medios, la perpetuidad de una situacion en la que el tercer
mundo con sus millones de pobres subvenciona los deficits que banqueros
y especuladores de todo calibre, esquilman los magros recursos del planeta.
Para ello, su muy bien aceitado sistema financiero, genera dia a dia infinitos
intereses que sojuzgan pueblos y voluntades, tumban gobiernos(EGIPTO)
o condenan a generaciones de seres humanos al hambre y la miseria, todo
en nombre del progreso, la libertad y la libre competencia, valores por lo
que arman guerras y destruyen el planeta, sin importarles las consecuencias
que sus actos generan y cuyo desvergonzado cinismo define como daños
colaterales.
Lo de EVO tiene muy poco de incidente diplomatico.Si hubiese sido un
presidente afin al modelo -que hay bastantes-, no hubiera tenido inconvenientes.
Pero era justo UN GOBIERNO que le esta dando batalla al sistema establecido
y ha osado establecer en su pais, normas que ven al mundo de otra manera,
poniendo con sentido social, lo que antes eran dividendos...y eso no se perdona.
En eso el primer mundo es monolitico.No importan las fechorias americanas si
lo que esta en juego es la perdida de los privilegios largamente establecidos
por la colonizacion primero y el sojuzgamiento economico despues.
La brecha tecnologica agranda la dependencia, que el tercer mundo paga en
especies sin valor agregado, llenando sus grandes ciudades de pobres de pobreza
cuyo destino no esta lejos de la delincuencia y la marginalidad, verdaderos
sintomas modernos de que algo no va bien.
La perorata simbolica de la UNASUR no es mas que un lamento y poner
las barbas en remojo, ya que carece de algun efecto de presion o cambio
y en este caso, al darle asilo al espia americano se le estaria dando al imperio
y sus socios europeos la oportunudad que estaban esperando para el desembarco
en gran escala en las noveles democracias americanas, que luchan por cambiar
un estado de cosas que saque a su poblacion de la miseria.
Si Putin y el imperio sovietico miran para otro lado estando en su territorio
el supuesto transgresor, -para evitar consecuencias desagrables a sus intereses-
no es logico embarcarse en una aventura que se sabe como empieza pero no
como termina.La solidaridad latinoamericana esta largamente probada y esta
fuera de discusion , lo que si es claro que mientras no los jodamos nos van a
dejar hacer todo lo que no los afecte. El dia que queramos hacer algo en serio
nos va a pasar lo que a SNOWDEN, en pelotas y en la calle.
7 jul 2013
RE-LECTURA:La verdadera víctima del golpe militar en Egipto
La verdadera víctima del golpe militar en Egipto
05.07.2013
BERKELEY
(IPS/Emad Mekay) - Después de que la junta militar de Egipto, armada, equipada y
financiada por Estados Unidos, llevó a cabo su golpe de Estado contra el primer
gobierno libremente elegido en la historia del país, habrá muchas víctimas
Pero las principales no serán el derrocado
presidente Mohammad Morsi ni los islamistas, que son buenos sobrevivientes por
naturaleza. Serán la democracia y la fe popular en ella en todo el mundo. La
víctima será la única oportunidad que tuvieron los egipcios de ser parte de este
mundo en sus más de 5.000 años de historia
En varias rondas de elecciones, los egipcios,
jóvenes y viejos, habían mostrado al mundo su deseo de cambio y su esperanza,
mientras hacían fila bajo el calor del desierto durante horas para intentar
depositar sus votos y tener injerencia, por primera vez, en el futuro de su
país
Mientras cubría la Primavera
Árabe, vi mujeres jóvenes vestidas a la moda occidental, esperando para
votar junto a otras cubiertas de pies a cabeza por el "neqab", prenda
tradicional de las musulmanas.
El mensaje era: "Queremos democracia, no el
régimen militar que nos controló durante 60 años". La ciudadanía votó una
Constitución, un parlamento y un presidente, mientras el mundo observaba con
sorpresa y admiración.
Luciendo su pobre vestimenta, el portero de mi
edificio hizo fila junto a ricos propietarios del barrio. Un valor universal de
igualdad, libertad y esperanza se percibía en el aire.
Morsi fue el presidente que llegó al gobierno con
mucho menos que el usual y sospechoso 90 por ciento de los votos que suelen
recibir tantos gobernantes árabes.
Pero en la noche del miércoles 3 vi cómo vehículos Humvee
suministrados por Estados Unidos eran usados por las "fuerzas especiales" de
Egipto mientras disparaban a civiles que protestaban contra el golpe militar en
la plaza Nahda, fuera de la Universidad de El Cairo, donde hace unos años el
presidente Barack Obama ofreció al mundo musulmán un discurso sobre la paz y el
fin del terrorismo.
Los videos muestran a varios heridos, sangre y
gente muriendo mientras dicen sus últimas palabras en pro de la libertad. Los
militares respaldados por Estados Unidos intentaban dispersar a los partidarios
de Morsi antes de lanzar una declaración formal del golpe de Estado.
En otro punto donde se congregaron partidarios de
la democracia, Rabaa Al-Adawia, en el distrito cairota de Ciudad Nasr, los
militares impusieron un estado de sitio que bloqueó incluso el paso de alimentos
u otros suministros, obligando a sus habitantes a salir para obtenerlos,
mientras francotiradores montaban guardia desde las azoteas, con la gente en la
mira.
Mientras el general del ejército Abdel Fatah
Al-Sissi, entrenado por Estados Unidos, prometía transparencia y libertad en su
discurso del miércoles 3, en el que declaró el golpe, varios civiles
sentados junto a él mostraban su apoyo a un régimen militar.
Pero, a medida que Al-Sissi hablaba, todos los
canales de televisión que habían apoyado las elecciones y a Morsi eran
clausurados simultáneamente, y varios de sus trabajadores arrestados, humillados
y obligados a desfilar entre columnas de opositores alegres y de otros
trabajadores de medios privados que apoyaron el golpe.
Las comunicaciones telefónicas se cortaron en el
área donde estaban congregados los partidarios de Morsi, señal de qué clase de
libertades esperan a Egipto.
Este fue el final trágico de la naciente
democracia del país, y un pantallazo del futuro que tiene por delante bajo el
mando de unas Fuerzas Armadas respaldadas por Occidente.
Pero, ¿quién quiere un regreso a un régimen
militar brutal?
Bueno, mucha gente: civiles que esperan sacar
provecho de un mandato militar y que están dispuestos a sacrificar la democracia
y a darle un rostro civil al golpe en su propio beneficio.
Obviamente, los militares, que gozan de enormes
beneficios financieros y de la libre propiedad de vastas y costosas tierras, de
clubes sociales exclusivos y de descuentos en casi cada compra.
Ellos no quieren inspecciones a los sobornos que
reciben por las exhorbitantes compras de armamentos. Ellos sacaron a sus
partidarios a las calles.
La Iglesia Copta de Egipto, cada vez más
militante, que controla a los cinco millones de cristianos del país y que a su
vez poseen importantes intereses económicos, también quiere un regreso al
gobierno militar. Y empujó a sus seguidores, en masa, a las calles.
Morsi y los islamistas habían introducido la idea
de legislar para imponer controles sobre las finanzas de la Iglesia, medida que
se topó con la fuerte oposición del clero cristiano. Al nuevo y controvertido
papa copto Teodoro II le resultó muy fácil enviar a cientos de miles de sus
feligreses a las calles para pedir el derrocamiento de Morsi y mezclar el
reclamo con las quejas sobre la seguridad.
Hay también una conspiración de exmiembros del
régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) que no tienen estómago para un sistema de
frenos y equilibrios. Además, la fuerza policial, que prosperó en base a
asesinatos y que disfrutó de los beneficios del régimen, nunca se sintió cómoda
con un cambio de régimen y una democracia.
Después de todo, a muchos de sus integrantes les
aguardaban juicios por abusos a los derechos humanos.
Todos ellos protestaban contra Morsi, sin
paciencia para esperar un cambio democrático.
Ciertamente hay otros pilares del régimen de
Mubarak, como el gran imán de la mezquita Al-Azher, jeque Ahmed el-Tayeb,
bastión del Islam sunita, cuyo rol fue siempre blanquear los abusos de
dictadores como hechos justificables mediante la religión, a través de una serie
de controvertidas "fatuas" (edictos religiosos). Él enfrentaba el fantasma de
una eventual destitución bajo el gobierno de Morsi.
Otros que querían el regreso del régimen militar
bajo una delgada máscara civil son los salafistas, que cuentan con respaldo de
Arabia Saudita.
Este grupo religioso profesa la idea de "nunca
disputar al gobernante en su gobierno" y se adhiere al lado conservador del
Islam, de un modo muy similar al sistema religioso saudita, que da más
importancia a la vestimenta que a la forma de gobierno de los musulmanes, y en
colisión directa con la ideología de la Hermandad Musulmana, que promueve la
participación política.
Todos ellos encontraron su punto de confluencia
en un general del ejército ambicioso, pero poco conocido, que puso su mira en el
gobierno de Egipto y planificó erradicar la Constitución, la legitimidad y las
elecciones según su capricho.
Sin duda, Morsi y los islamistas cometieron
muchos errores. El mandatario lo admitió en sus últimos discursos y prometió
correcciones en su calidad de presidente democráticamente elegido.
La forma de resolver esos problemas debió haber
sido a través de las urnas, y no mediante un golpe que ya es sangriento. Ahora,
la democracia se desangra.
3 jul 2013
LOS CIVILES DE LA DICTADURA
Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
Europa y Estados Unidos hablan sobre espionaje
Europa y Estados Unidos hablan sobre espionaje
(Tomado de Europa Press)
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión Europea,
Catherine Ashton, ha reiterado la gran preocupación de los países europeos por
el espionaje de Estados Unidos a
instalaciones del bloque en una “larga” conservación por teléfono que mantuvo
anoche con la asesora de Seguridad Nacional de la Administración de Barack
Obama, Susan Rice.“La alta representante habló por teléfono con Susan Rice anoche, la nueva asesora de Seguridad Nacional. Reiteró nuestra gran preocupacion sobre esta cuestion. Fue una larga consersacion y dejó las cosas muy claras”, han explicado fuentes europeas. Ashton habló también este lunes con el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para trasladar la preocupación por el caso.
Rice a su vez subrayó a Ashton “que las relaciones con la UE y sus Estados miembros es extremadamente importante” aunque según fuentes europeas no se comprometió con un plazo para remitir las aclaraciones del caso que ha exigido la UE.
Francia ha dejado claro que la UE no puede negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos si no tiene garantías de que Washington no espía a sus socios, aunque desde el Servicio Europeo de Acción Exterior que dirige Ashton defienden separar ambas cuestiones, según han explicado fuentes europeas.
El número dos del Servicio Europeo de Acción Exterior, Piere Vimont, contactó por teléfono con el embajador estadouidense ante la UE, William Kennard, el pasado domingo tras conocerse la nueva información publicada por el semanario alemán ‘Der Spiegel’ sobre el presunto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional a las instalaciones de la UE en Bruselas y Washington. Vimont recibió ayer a Kennard para abordar el caso, según fuentes europeas que no han podido dar detalles del contenido de la cita.
Los embajadores de los Veintiocho ante el Comité Político y de Seguridad de la UE discutirán este martes el caso de espionaje en una reunión en Bruselas y los embajadores permanentes ante la UE también discutirán el caso el próximo jueves, según han avanzado fuentes europeas.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, también abordará el caso del espionaje con el resto de comisarios este martes en el marco de la reunión semanal del Colegio de Comisarios, según ha confirmado el portavoz, Olivier Bailly. “El presidente informará a sus colegas sobre la situación cómo la Comisión ve que la situación se desarrolla”, ha precisado.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el del Consejo, Herman Van Rompuy, se han declarado este martes “muy preocupados” por las noticias del espionaje de Estados Unidos a sedes de la UE y han pedido explicaciones a las autoridades norteamericanas.
Pero los dos mandatarios han eludido pronunciarse sobre el impacto de estas noticias en las negociaciones comerciales entre Bruselas y Washington que está previsto que empiecen la semana que viene. Algunos países como Francia y algunos eurodiputados han sugerido que se suspendan hasta aclarar el asunto.
“Si estas noticias se demuestran ciertas, serían muy inquietantes y plantearían preocupaciones graves y muy importantes”, ha dicho Barroso en una comparecencia ante la Eurocámara. “Hemos pedido a Estados Unidos una aclaración completa e inmediata del asunto”, ha explicado.
“Estoy muy preocupado por las noticias de prensa sobre vigilancia por parte de EEUU de las sedes de la UE en el extranjero y en Bruselas”, ha señalado por su parte Van Rompuy, quien ayer tomó “nota” del “compromiso” del presidente estadounidense, Barack Obama, de dar “toda la información” sobre el caso.
“La UE ha pedido y espera explicaciones completas y urgentes por parte de EEUU sobre estas alegaciones”, ha agregado, al tiempo que celebraba el compromiso del presidente Barack Obama de aportar información a sus aliados.
El pleno de la Eurocámara también debatirá este miércoles en Estrasburgo el espionaje de Estados Unidos a ciudadanos europeos e instituciones de la UE.
2 jul 2013
Testimonios a 40 años : FASANO
HOY HACE 40 AÑOS EN LA MADRUGADA DEL GOLPE
FEDERICO FASANO MERTENS
La madrugada donde parió la dictadura más infame de la historia uruguaya, yo no me encontraba en nuestro hollado solar. Condenado a muerte por el tenebroso ‘’Escuadrón de la Muerte’’, cuya sentencia sobre mi vida fue difundida por el semanario ‘’Azul y Blanco’’ y obligado a presentarme todas las semanas ante la Justicia militar por el frustrado putsch de diciembre de 1972, mi hermano Carlos me obligó a huir a Buenos Aires, 72 horas antes del golpe. Así me lo habían aconsejado el propio Seregni y Wilson Ferreira, los mismos que me pidieron investigar el caso Amodio Pérez, visto el deterioro día a día de las condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar el golpe y el alarmante cariz que iba tomando la coyuntura.
Me llevaron casi a rastras a una ‘’corta lejanía’’ que finalmente duró 12 años. Yo quedé en Buenos Aires, mientras mi hermano Carlos volvía a continuar la lucha en territorio ocupado y cayó prisionero durante 6 dramáticos años, hasta que la solidaridad internacional lo rescató de las entrañas del Leviatán.
Ni imaginábamos la dimensión del terror que impondrían en la sociedad, este conjunto de motineros armados, que compraron el discurso de la oligarquía financiera, temerosa del ascenso de la lucha de masas que amenazaba su dominación.
En Buenos Aires me encontré a Enrique Erro y a Zelmar Michelini instalados muy cerca uno de otro en dos hoteles de la Avda. Corrientes, el Roy y el Liberty, cuyo dueño después desaparecido por la dictadura fue entrañablemente solidario con Zelmar.
Nos encontrábamos, río mediante, lejos del monóxido de la represión, en esas tierras donde se respiraba una ráfaga histórica de aire fresco al culminar 18 años de tutela militar en la Argentina, con el ascenso del peronista Héctor Cámpora a la primera magistratura del país.
El día del golpe el hotel Liberty era una romería. Un solo estado de ánimo: tristeza e incredulidad. El país más civilista de América Latina, junto con Chile, cerraba 83 años de gobiernos constitucionales (con el intervalo del golpe blando terrista y baldomirista) y retrocedía al día anterior de aquel mediodía de 1890 cuando el General Máximo Tajes le entregaba la banda presidencial al civil Julio Herrera y Obes. A la tristeza y la depresión que campeaba en el Liberty le siguió una unánime ingenuidad: ‘’el golpe no tiene destino en Uruguay, dura muy poco”.
Esa noche mi suegro murió de un infarto, mi casa fue ocupada, mis hijos fueron repartidos en residencias de familiares y amigos, mi esposa comenzó a preparar su exilio, mi hermano y su mujer pasaron a la clandestinidad.
Ese día cambió mi vida y la de millones de uruguayos.
Ese mismo día comenzó la resistencia que no se detuvo sino hasta la caída de la abominable tiranía. Y que no terminará hasta que no se haga justicia plena para que la sangre de nuestros mártires no haya sido derramada en vano.
FEDERICO FASANO MERTENS
La madrugada donde parió la dictadura más infame de la historia uruguaya, yo no me encontraba en nuestro hollado solar. Condenado a muerte por el tenebroso ‘’Escuadrón de la Muerte’’, cuya sentencia sobre mi vida fue difundida por el semanario ‘’Azul y Blanco’’ y obligado a presentarme todas las semanas ante la Justicia militar por el frustrado putsch de diciembre de 1972, mi hermano Carlos me obligó a huir a Buenos Aires, 72 horas antes del golpe. Así me lo habían aconsejado el propio Seregni y Wilson Ferreira, los mismos que me pidieron investigar el caso Amodio Pérez, visto el deterioro día a día de las condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar el golpe y el alarmante cariz que iba tomando la coyuntura.
Me llevaron casi a rastras a una ‘’corta lejanía’’ que finalmente duró 12 años. Yo quedé en Buenos Aires, mientras mi hermano Carlos volvía a continuar la lucha en territorio ocupado y cayó prisionero durante 6 dramáticos años, hasta que la solidaridad internacional lo rescató de las entrañas del Leviatán.
Ni imaginábamos la dimensión del terror que impondrían en la sociedad, este conjunto de motineros armados, que compraron el discurso de la oligarquía financiera, temerosa del ascenso de la lucha de masas que amenazaba su dominación.
En Buenos Aires me encontré a Enrique Erro y a Zelmar Michelini instalados muy cerca uno de otro en dos hoteles de la Avda. Corrientes, el Roy y el Liberty, cuyo dueño después desaparecido por la dictadura fue entrañablemente solidario con Zelmar.
Nos encontrábamos, río mediante, lejos del monóxido de la represión, en esas tierras donde se respiraba una ráfaga histórica de aire fresco al culminar 18 años de tutela militar en la Argentina, con el ascenso del peronista Héctor Cámpora a la primera magistratura del país.
El día del golpe el hotel Liberty era una romería. Un solo estado de ánimo: tristeza e incredulidad. El país más civilista de América Latina, junto con Chile, cerraba 83 años de gobiernos constitucionales (con el intervalo del golpe blando terrista y baldomirista) y retrocedía al día anterior de aquel mediodía de 1890 cuando el General Máximo Tajes le entregaba la banda presidencial al civil Julio Herrera y Obes. A la tristeza y la depresión que campeaba en el Liberty le siguió una unánime ingenuidad: ‘’el golpe no tiene destino en Uruguay, dura muy poco”.
Esa noche mi suegro murió de un infarto, mi casa fue ocupada, mis hijos fueron repartidos en residencias de familiares y amigos, mi esposa comenzó a preparar su exilio, mi hermano y su mujer pasaron a la clandestinidad.
Ese día cambió mi vida y la de millones de uruguayos.
Ese mismo día comenzó la resistencia que no se detuvo sino hasta la caída de la abominable tiranía. Y que no terminará hasta que no se haga justicia plena para que la sangre de nuestros mártires no haya sido derramada en vano.
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