EEUU apunta hacia “toda América Latina”
Publicado el 2/22/14
TELAM – El diario británico The Guardian afirmó que el gobierno de los Estados Unidos destinó “cientos de millones de dólares” de su presupuesto, al financiamiento de diversas actividades sediciosas de la ultraderecha Venezolana, nucleada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD).
En una nota editorial en la que el periódico aborda la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, y bajo el titulo “El apoyo de Estados Unidos para un cambio de régimen en Venezuela es un error”, el periodista del diario londinense, Mark Weisbrot, asegura que existe una campaña de desestabilización contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que forma parte de una política más amplia del Gobierno Americano, que apunta hacia “toda América Latina”.
En su artículo, Weisbrot, afirma que “El gobierno de Estados Unidos interviene en Venezuela” y remarca que, en su presupuesto 2014, la Casa Blanca destinó “5 millones de dólares del presupuesto federal a solventar las actividades de la oposición dentro de Venezuela”.
Los cinco millones destinados en lo que va del año, analiza, “son casi seguro la punta del iceberg”, sobre todo si se los suma “a los cientos de millones de dólares de apoyo abierto en los últimos 15 años.
El artículo del reconocido medio británico señala que las acciones del gobierno norteamericano, no son aisladas, sino que enfrentan a Estados Unidos “contra América Latina en su conjunto”.
Por otra parte, el periodista del diario londinense, tras analizar las declaraciones realizadas la última semana por distintos funcionarios estadounidenses, como los de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson y los del director de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, concluye que al tomar una posición tan clara a favor de la insurrección y en defensa de los dirigentes de la oposición, el gobierno norteamericano da lugar a que funcionarios de cualquier nivel sumen críticas al gobierno de Maduro, con declaraciones de injerencia en los asuntos internos venezolanos.
“Cuando el secretario de Estado John Kerry dice que están `particularmente alarmados por los reportes de que el gobierno de Venezuela arrestó a quienes protestan contra el gobierno`, está tomando una posición política. Porque allí hay muchos en la oposición que cometieron delitos de todo tipo: atacaron a la policía con bombas Molotov; quemaron automóviles y le prendieron fuego a edificios del gobierno, además de cometer otros actos de violencia y vandalismo”, indica la editorial de The Guardian.
Por último el periodista afirma que el “apoyo de EE.UU. para el cambio de régimen (en Venezuela) , sin duda, inflama la situación, ya que Washington tiene tanta influencia dentro de la oposición y, por supuesto , en los medios de comunicación hemisferica”.
25 feb 2014
El intocable Ejército de Colombia: entre la impunidad y la corrupción
COLOMBIA
BOGOTÁ Uypress/Other News
María Soledad Betancur Betancur*
Al titular “Cero tolerancia a la corrupción”[1], con el que difunde la revista Semana las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, frente a las graves denuncias que esta misma revista destapó, le sobra el cero.
Más que una respuesta al país frente a los graves casos de corrupción e impunidad y frente a crímenes de lesa humanidad como los llamados "falsos positivos", el Ministro hace una defensa del Ejército como si fuera intocable. Afirma que "Cuando se habla del Ejército de Colombia se habla de una institución que antecede a la República y que siempre, en todos los momentos de la Nación, es la que ha puesto la cara y el pecho a todos los colombianos". Dijo: se pone en juego la "honra y el buen nombre de personas que le han servido al país y que se exponen a anomalías e irregularidades".
¿Al buen nombre de quién se refiere el ministro Pinzón? ¿Al comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, quien reconoció que su voz está en una de las grabaciones en las que, en conversación con Rodríguez, incita a que él y sus compañeros de reclusión "se organicen como una mafia" para denunciar a los fiscales? ¿Al del coronel Róbinson González del Río a quien llama -como medida- a calificar servicios, a pesar de que lleva tres años privado de la libertad, acusado del asesinato de varios campesinos bajo la modalidad de los falsos positivos, en el momento en que se desempeñaba como jefe de una unidad de contraguerrilla del ejército?
La información entregada por el Portal Las Dos Orillas, en publicación del 2 de noviembre de 2013 titulada "El coronel que enredó al magistrado Villarraga", recuerda que González "fue capturado en agosto de 2012 por su presunta responsabilidad en al menos doce asesinatos presentados como bajas en combate durante el periodo que se desempeñó como comandante del Batallón 57 que opera en el departamento de Caldas. Según reveló Noticias Uno, el coronel González del Río le habría pagado $400 millones al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga para que su caso fuera trasladado a la justicia penal militar y con ello evadir la acción de la justicia ordinaria que está a punto de proferir una condena en su contra. Según la Fiscalía hay pruebas contundentes de la participación del coronel González del Río en las muertes de las siguientes doce personas: José Gregorio Galvis, Adrián Vélez, Guillermo Iván Mejía, John Fredy Espinosa, Julián Andrés Torres, Jorge Luis García, Luis Ferney García, Juan Francisco Franco, John Jairo Muñoz Blandón, Javier Andrés Moreno Marín, Janio César Sepúlveda y Frandiney Martínez Quiroga. Uno de los testigos que tiene el ente investigador, afirma que desde la llegada de González del Río al comando de este batallón, proliferaron las ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, al punto de convertirse en una práctica generalizada".
Por ello, ese grado de tolerancia del representante de la cartera de Defensa solo produce indignación y preguntas respecto a las consecuencias de estos hechos sobre el proceso de paz, que se adelanta entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. El asunto es bastante profundo, e implica al menos dos temas que han estado en discusión en los dos últimos años: 1. Las estrategias que el Gobierno ha formulado para mantener lo que ha llamado la "seguridad jurídica" y la tranquilidad de los miembros del Ejército para que sus responsabilidades en el "ejercicio de sus funciones", que muchas veces están asociadas a crímenes de lesa humanidad, no sean juzgadas por la justicia ordinaria, lo cual se expresó en el acto legislativo declarado inexequible por la Corte Constitucional sobre el fuero penal militar, pero se revivió en parte con la Ley 1698 que crea un fondo de seguridad y defensa de los miembros del Ejército con efecto retroactivo. 2. La asignación y el uso de un presupuesto de seguridad y defensa que alimenta de un lado la guerra y de otro la violación de los derechos humanos y, por si fuera poco, que se podría volver botín de perpetradores de crímenes de lesa humanidad como el caso de las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, un asunto al que le queda pequeña la palabra "corrupción".
El Fuero Militar: un acto legislativo que ha buscado garantizar la impunidad
Estas prácticas individuales de coroneles y generales del Ejército cuadran perfectamente con una estrategia más estructural que esa institución viene tramitando durante los últimos años en el Congreso como es la del "fuero penal militar", aprobado por el Congreso en 2012 y declarado inexequible por la Corte Constitucional en octubre de 2013 por vicios de forma.
En el primer evento -la aprobación del fuero militar-, el Ministro de Defensa aplaudió la decisión del legislativo y desestimó las diferentes críticas de organismos internacionales, entre ellos la ONU, y de las ONG defensoras de Derechos Humanos que vemos como en este un ámbito se deja abierta la impunidad a la violación de derechos humanos por parte del Ejército. En el segundo evento, acudieron a lo que algunos han llamado el "Plan B". Así, una vez declarado inexequible el "fuero militar" se envió con mensaje de urgencia el proyecto para "la creación del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), que busca garantizar el presupuesto para la defensa de los militares y que tendría aplicación incluso ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional[2], donde se adelantan procesos tan importantes como la investigación por la desaparición de ciudadanos en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985".
Además, se afirma que, todos los militares serían cobijados por la ley sin importar la fecha en la que hayan sido cometidos los actos[3]. Este proyecto fue concretado el 26 de diciembre de 2013 en la ley 1698 "Por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones"
Las actuaciones del coronel Rodríguez parecen dar Fe de la certeza de impunidad que tienen los miembros de las fuerzas armadas cuando sus casos no son juzgados por la justicia ordinaria sino por la justicia penal militar.
El presupuesto de seguridad y defensa un gran botín para la corrupción
Defensa y Policía tendrán para este año un presupuesto de casi 27 billones de pesos, más de un 13% de los 203 billones a los que asciende el presupuesto nacional para este año. Una jugosa suma que no solo alimenta la máquina de la guerra sino la de la corrupción, de acuerdo con las revelaciones entregadas por la revista Semana, y la de la impunidad y la violación de los derechos humanos, de acuerdo con lo aprobado en la Ley 1698 con la que se crea el fondo de defensa de las fuerzas armadas, recursos que saldrá de este presupuesto pagado por todos los colombianos con sus impuestos.
Aproximadamente la tercera parte de estos recursos se han centralizado en lo que, como Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos llamó el GSED -Grupo Social y Empresarial de la Defensa- el cual se concretó en el Conpes 3520 del 9 de junio de 2008. Este reúne las 18 empresas que están asociadas a los temas de seguridad y defensa. Para el año 2011 contaba con activos cercanos a 8,5 billones de pesos y unos ingresos operacionales de 5,27 billones de pesos y que ya en 2012 son 6,1 billones. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y hasta los primeros meses del 2013, al frente de este conglomerado estaba la Viceministra de Defensa Yaneth Giha. Después de su renuncia, el GSED vuelve a manos de los militares en cabeza del General José Javier Pérez[4].
Por ello, los diferentes casos de corrupción e impunidad, denunciados en los últimos años al interior de la cartera de Defensa y del Ejército Nacional, no pueden ser tomados por el Estado, el gobierno actual y la sociedad colombiana como un caso más de corrupción, o del lado del ministro Pinzón como una afrenta a la institución del Ejército de Colombia que según él no puede ser ni denunciado ni cuestionado por la sociedad, independiente de que tan claras sean las denuncias u acusaciones. Lo que está en juego es un proyecto de sociedad con derecho a la paz, a la vida, a la libertad y a que su riqueza colectiva, canalizada por el Estado a través de impuestos, esté dedicada a la apropiación de éstos por los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, o sean usados para que estos escapen a la justicia. Necesitamos unas instituciones defendiendo la paz y no la guerra y un presupuesto nacional que, como mínimo, no esté al servicio de la violación de los derechos humanos.
[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/ministro-de-defensa-juan-carlos-pinzon-se-refiere-las-grabaciones-de-semana/377590-3
[2] "El ministro de Defensa dijo que las propuestas presentadas este martes no resuelven todos los problemas que se tienen pero son un paso en la dirección correcta que le da una señal de tranquilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas...Según Pinzón, el Gobierno espera que el proyecto esté aprobado por el Congreso en diciembre a fin de que desde comienzos de 2014 empiece a valer como garantía adicional para que los miembros de la fuerza pública puedan mantener de manera decidida, de manera contundente sus operaciones contra el terrorismo, las bandas criminales, la delincuencia en general".( http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=225918& )
[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/plan-b-del-fuero-militar-articulo-455437
[4] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-poderoso-grupo-empresarial-del-sector-defensa-vuelve-manos-militares-44828. Articulo publicado el 29 de mayo de 2013.
*Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia
BOGOTÁ Uypress/Other News
María Soledad Betancur Betancur*
Al titular “Cero tolerancia a la corrupción”[1], con el que difunde la revista Semana las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, frente a las graves denuncias que esta misma revista destapó, le sobra el cero.
Más que una respuesta al país frente a los graves casos de corrupción e impunidad y frente a crímenes de lesa humanidad como los llamados "falsos positivos", el Ministro hace una defensa del Ejército como si fuera intocable. Afirma que "Cuando se habla del Ejército de Colombia se habla de una institución que antecede a la República y que siempre, en todos los momentos de la Nación, es la que ha puesto la cara y el pecho a todos los colombianos". Dijo: se pone en juego la "honra y el buen nombre de personas que le han servido al país y que se exponen a anomalías e irregularidades".
¿Al buen nombre de quién se refiere el ministro Pinzón? ¿Al comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, quien reconoció que su voz está en una de las grabaciones en las que, en conversación con Rodríguez, incita a que él y sus compañeros de reclusión "se organicen como una mafia" para denunciar a los fiscales? ¿Al del coronel Róbinson González del Río a quien llama -como medida- a calificar servicios, a pesar de que lleva tres años privado de la libertad, acusado del asesinato de varios campesinos bajo la modalidad de los falsos positivos, en el momento en que se desempeñaba como jefe de una unidad de contraguerrilla del ejército?
La información entregada por el Portal Las Dos Orillas, en publicación del 2 de noviembre de 2013 titulada "El coronel que enredó al magistrado Villarraga", recuerda que González "fue capturado en agosto de 2012 por su presunta responsabilidad en al menos doce asesinatos presentados como bajas en combate durante el periodo que se desempeñó como comandante del Batallón 57 que opera en el departamento de Caldas. Según reveló Noticias Uno, el coronel González del Río le habría pagado $400 millones al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga para que su caso fuera trasladado a la justicia penal militar y con ello evadir la acción de la justicia ordinaria que está a punto de proferir una condena en su contra. Según la Fiscalía hay pruebas contundentes de la participación del coronel González del Río en las muertes de las siguientes doce personas: José Gregorio Galvis, Adrián Vélez, Guillermo Iván Mejía, John Fredy Espinosa, Julián Andrés Torres, Jorge Luis García, Luis Ferney García, Juan Francisco Franco, John Jairo Muñoz Blandón, Javier Andrés Moreno Marín, Janio César Sepúlveda y Frandiney Martínez Quiroga. Uno de los testigos que tiene el ente investigador, afirma que desde la llegada de González del Río al comando de este batallón, proliferaron las ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, al punto de convertirse en una práctica generalizada".
Por ello, ese grado de tolerancia del representante de la cartera de Defensa solo produce indignación y preguntas respecto a las consecuencias de estos hechos sobre el proceso de paz, que se adelanta entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. El asunto es bastante profundo, e implica al menos dos temas que han estado en discusión en los dos últimos años: 1. Las estrategias que el Gobierno ha formulado para mantener lo que ha llamado la "seguridad jurídica" y la tranquilidad de los miembros del Ejército para que sus responsabilidades en el "ejercicio de sus funciones", que muchas veces están asociadas a crímenes de lesa humanidad, no sean juzgadas por la justicia ordinaria, lo cual se expresó en el acto legislativo declarado inexequible por la Corte Constitucional sobre el fuero penal militar, pero se revivió en parte con la Ley 1698 que crea un fondo de seguridad y defensa de los miembros del Ejército con efecto retroactivo. 2. La asignación y el uso de un presupuesto de seguridad y defensa que alimenta de un lado la guerra y de otro la violación de los derechos humanos y, por si fuera poco, que se podría volver botín de perpetradores de crímenes de lesa humanidad como el caso de las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, un asunto al que le queda pequeña la palabra "corrupción".
El Fuero Militar: un acto legislativo que ha buscado garantizar la impunidad
Estas prácticas individuales de coroneles y generales del Ejército cuadran perfectamente con una estrategia más estructural que esa institución viene tramitando durante los últimos años en el Congreso como es la del "fuero penal militar", aprobado por el Congreso en 2012 y declarado inexequible por la Corte Constitucional en octubre de 2013 por vicios de forma.
En el primer evento -la aprobación del fuero militar-, el Ministro de Defensa aplaudió la decisión del legislativo y desestimó las diferentes críticas de organismos internacionales, entre ellos la ONU, y de las ONG defensoras de Derechos Humanos que vemos como en este un ámbito se deja abierta la impunidad a la violación de derechos humanos por parte del Ejército. En el segundo evento, acudieron a lo que algunos han llamado el "Plan B". Así, una vez declarado inexequible el "fuero militar" se envió con mensaje de urgencia el proyecto para "la creación del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), que busca garantizar el presupuesto para la defensa de los militares y que tendría aplicación incluso ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional[2], donde se adelantan procesos tan importantes como la investigación por la desaparición de ciudadanos en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985".
Además, se afirma que, todos los militares serían cobijados por la ley sin importar la fecha en la que hayan sido cometidos los actos[3]. Este proyecto fue concretado el 26 de diciembre de 2013 en la ley 1698 "Por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones"
Las actuaciones del coronel Rodríguez parecen dar Fe de la certeza de impunidad que tienen los miembros de las fuerzas armadas cuando sus casos no son juzgados por la justicia ordinaria sino por la justicia penal militar.
El presupuesto de seguridad y defensa un gran botín para la corrupción
Defensa y Policía tendrán para este año un presupuesto de casi 27 billones de pesos, más de un 13% de los 203 billones a los que asciende el presupuesto nacional para este año. Una jugosa suma que no solo alimenta la máquina de la guerra sino la de la corrupción, de acuerdo con las revelaciones entregadas por la revista Semana, y la de la impunidad y la violación de los derechos humanos, de acuerdo con lo aprobado en la Ley 1698 con la que se crea el fondo de defensa de las fuerzas armadas, recursos que saldrá de este presupuesto pagado por todos los colombianos con sus impuestos.
Aproximadamente la tercera parte de estos recursos se han centralizado en lo que, como Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos llamó el GSED -Grupo Social y Empresarial de la Defensa- el cual se concretó en el Conpes 3520 del 9 de junio de 2008. Este reúne las 18 empresas que están asociadas a los temas de seguridad y defensa. Para el año 2011 contaba con activos cercanos a 8,5 billones de pesos y unos ingresos operacionales de 5,27 billones de pesos y que ya en 2012 son 6,1 billones. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y hasta los primeros meses del 2013, al frente de este conglomerado estaba la Viceministra de Defensa Yaneth Giha. Después de su renuncia, el GSED vuelve a manos de los militares en cabeza del General José Javier Pérez[4].
Por ello, los diferentes casos de corrupción e impunidad, denunciados en los últimos años al interior de la cartera de Defensa y del Ejército Nacional, no pueden ser tomados por el Estado, el gobierno actual y la sociedad colombiana como un caso más de corrupción, o del lado del ministro Pinzón como una afrenta a la institución del Ejército de Colombia que según él no puede ser ni denunciado ni cuestionado por la sociedad, independiente de que tan claras sean las denuncias u acusaciones. Lo que está en juego es un proyecto de sociedad con derecho a la paz, a la vida, a la libertad y a que su riqueza colectiva, canalizada por el Estado a través de impuestos, esté dedicada a la apropiación de éstos por los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, o sean usados para que estos escapen a la justicia. Necesitamos unas instituciones defendiendo la paz y no la guerra y un presupuesto nacional que, como mínimo, no esté al servicio de la violación de los derechos humanos.
[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/ministro-de-defensa-juan-carlos-pinzon-se-refiere-las-grabaciones-de-semana/377590-3
[2] "El ministro de Defensa dijo que las propuestas presentadas este martes no resuelven todos los problemas que se tienen pero son un paso en la dirección correcta que le da una señal de tranquilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas...Según Pinzón, el Gobierno espera que el proyecto esté aprobado por el Congreso en diciembre a fin de que desde comienzos de 2014 empiece a valer como garantía adicional para que los miembros de la fuerza pública puedan mantener de manera decidida, de manera contundente sus operaciones contra el terrorismo, las bandas criminales, la delincuencia en general".( http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=225918& )
[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/plan-b-del-fuero-militar-articulo-455437
[4] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-poderoso-grupo-empresarial-del-sector-defensa-vuelve-manos-militares-44828. Articulo publicado el 29 de mayo de 2013.
*Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia
¿Quiénes son los jóvenes venezolanos?
VENEZUELA
¿Quiénes son los jóvenes venezolanos?
CARACAS (Uypress/ Other News, por Alejandro Fierro*)
Los medios de persuasión de masas difunden estos días que la juventud de Venezuela es la que protagoniza las manifestaciones contra el Gobierno.
Según este relato, los miles de chicos y chicas que, efectivamente, salen a las calles a protestar representarían el sentir de la totalidad de los jóvenes. El malestar que expresan por la inflación, la inseguridad o la supuesta ausencia de democracia se extendería a los más de siete millones y medio de venezolanos de entre 15 y 29 años.
Bajo estos términos, la imagen que describe la prensa es sumamente favorable para la oposición. Por un lado, unos muchachos que demandan un futuro mejor, con todas las connotaciones positivas que implica la juventud: rebeldía, libertad, fe, generosidad... Al otro extremo, las fuerzas policiales represoras al mando de un Ejecutivo, el chavista, satanizado hasta un punto grotesco.
Sin embargo, si este escenario es real, surge una pregunta. ¿Por qué el chavismo ha ganado 18 de las 19 elecciones celebradas desde 1998? Ya no cabe justificarlo en el carisma de Hugo Chávez. En los pasados comicios municipales de diciembre, a diez meses de su fallecimiento, la opción chavista triunfó con diez puntos de ventaja, una distancia impresionante después de tres lustros en el poder. Para quienes siguen anclados en la teoría del fraude electoral, cabe recordar que la limpieza de cada proceso ha sido acreditada por una nutrida observación extranjera y por la comunidad internacional. Esto comprende a jefes de Estado tan poco simpatizantes del chavismo como el colombiano Santos, el chileno Sebastián Piñera o el mexicano Peña Nieto. Hasta la delegación del Parlamento español validó la victoria de Nicolás Maduro en abril de 2013, con la firma de los dos representantes del Partido Popular incluida.
De ser cierto el relato de los medios internacionales sobre el hartazgo de la juventud, hace tiempo que el chavismo tendría que haber sido derrotado en las urnas, puesto que el 60% de la población venezolana tiene menos de 30 años.
La demoscopia puede arrojar alguna luz sobre tan extraño misterio. Recientemente se ha publicado la II Encuesta Nacional de la Juventud. Hacia veinte años que no se realizaba un estudio de estas características. Constituye un gigantesco esfuerzo -10.000 entrevistas personales a personas de entre 15 y 29 años de todo el país- para radiografiar a un sector de la población que poco tiene que ver con sus padres, dados los enormes cambios experimentados en las dos últimas décadas.
Los resultados distan mucho de la imagen de una juventud frustrada, pesimista ante el futuro, cansada de la falta de oportunidades y sedienta de una libertad que se les niega. El 90% cree que su titulación académica le brindará "muchas o bastantes posibilidades laborales"; un 93% sostiene que puede aspirar a un empleo mejor que el que tiene en la actualidad; un 98% continuará formándose, ya que piensa que los estudios le servirán para lograr un trabajo satisfactorio. Compárese esos índices con los de la España del 56% de desempleo juvenil y de los centenares de miles de nuestros universitarios que se preguntar para qué les han servido tantos años de estudio. Por el contrario, las respuestas de los venezolanos destilan optimismo acerca del porvenir.
Un 77% de los jóvenes señala que se quedará en su país, por tan sólo un 13% que afirma que se quiere marchar. Estos porcentajes refutan la propaganda mediática de que la juventud desea salir huyendo de Venezuela. Y en cuanto a la supuesta dictadura en la que se ha convertido el país, baste un dato esclarecedor: el 60% considera que el mejor sistema es el socialismo frente a un 21% que prefiere el capitalismo. A partir de estas evidencias científicas se comprende mejor por qué el chavismo encadena victoria tras victoria.
¿A quién representan entonces los jóvenes que protestan en Caracas y otras ciudades del país si no es a su mismo espectro de edad? Obviamente, a su clase social. Esto es, a las clases medias y medias altas, además de a la casta empresarial que sigue detentando un gigantesco poder. Y este sector es minoritario frente a las clases populares, que suponen más del 60% de la población.
Venezuela es un país tremendamente clasista, a pesar de que en la última década la desigualdad ha decrecido más que en ninguna otra nación de Latinoamérica, según Naciones Unidas. La división de clase se refleja también en lo racial y en lo geográfico, como se ha ratificado en las manifestaciones. La proporción de personas blancas ha sido abrumadora, aunque son tan sólo el 20% de una población que se caracteriza por la mezcla. Y el epicentro de las concentraciones se localiza en el eje La Castellana-Altamira-Palos Grandes-Sebucán, las zonas de Caracas donde el metro cuadrado es más caro. Para situar al lector español, sería como si salieran a manifestarse los vecinos del barrio de Salamanca de Madrid o de Pedralbes en Barcelona.
Lo que ocurre estos días en el país caribeño es el enésimo capítulo de la lucha de clases, esa que según el multimillonario estadounidense Warren Buffett la empezaron los ricos y la van ganando. En Venezuela comenzó hace cinco siglos y también la iniciaron los ricos. Ocurre que desde hace quince años acumulan derrota tras derrota.
*Periodista y miembro de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), de España, con sede principal en Valencia
¿Quiénes son los jóvenes venezolanos?
CARACAS (Uypress/ Other News, por Alejandro Fierro*)
Los medios de persuasión de masas difunden estos días que la juventud de Venezuela es la que protagoniza las manifestaciones contra el Gobierno.
Según este relato, los miles de chicos y chicas que, efectivamente, salen a las calles a protestar representarían el sentir de la totalidad de los jóvenes. El malestar que expresan por la inflación, la inseguridad o la supuesta ausencia de democracia se extendería a los más de siete millones y medio de venezolanos de entre 15 y 29 años.
Bajo estos términos, la imagen que describe la prensa es sumamente favorable para la oposición. Por un lado, unos muchachos que demandan un futuro mejor, con todas las connotaciones positivas que implica la juventud: rebeldía, libertad, fe, generosidad... Al otro extremo, las fuerzas policiales represoras al mando de un Ejecutivo, el chavista, satanizado hasta un punto grotesco.
Sin embargo, si este escenario es real, surge una pregunta. ¿Por qué el chavismo ha ganado 18 de las 19 elecciones celebradas desde 1998? Ya no cabe justificarlo en el carisma de Hugo Chávez. En los pasados comicios municipales de diciembre, a diez meses de su fallecimiento, la opción chavista triunfó con diez puntos de ventaja, una distancia impresionante después de tres lustros en el poder. Para quienes siguen anclados en la teoría del fraude electoral, cabe recordar que la limpieza de cada proceso ha sido acreditada por una nutrida observación extranjera y por la comunidad internacional. Esto comprende a jefes de Estado tan poco simpatizantes del chavismo como el colombiano Santos, el chileno Sebastián Piñera o el mexicano Peña Nieto. Hasta la delegación del Parlamento español validó la victoria de Nicolás Maduro en abril de 2013, con la firma de los dos representantes del Partido Popular incluida.
De ser cierto el relato de los medios internacionales sobre el hartazgo de la juventud, hace tiempo que el chavismo tendría que haber sido derrotado en las urnas, puesto que el 60% de la población venezolana tiene menos de 30 años.
La demoscopia puede arrojar alguna luz sobre tan extraño misterio. Recientemente se ha publicado la II Encuesta Nacional de la Juventud. Hacia veinte años que no se realizaba un estudio de estas características. Constituye un gigantesco esfuerzo -10.000 entrevistas personales a personas de entre 15 y 29 años de todo el país- para radiografiar a un sector de la población que poco tiene que ver con sus padres, dados los enormes cambios experimentados en las dos últimas décadas.
Los resultados distan mucho de la imagen de una juventud frustrada, pesimista ante el futuro, cansada de la falta de oportunidades y sedienta de una libertad que se les niega. El 90% cree que su titulación académica le brindará "muchas o bastantes posibilidades laborales"; un 93% sostiene que puede aspirar a un empleo mejor que el que tiene en la actualidad; un 98% continuará formándose, ya que piensa que los estudios le servirán para lograr un trabajo satisfactorio. Compárese esos índices con los de la España del 56% de desempleo juvenil y de los centenares de miles de nuestros universitarios que se preguntar para qué les han servido tantos años de estudio. Por el contrario, las respuestas de los venezolanos destilan optimismo acerca del porvenir.
Un 77% de los jóvenes señala que se quedará en su país, por tan sólo un 13% que afirma que se quiere marchar. Estos porcentajes refutan la propaganda mediática de que la juventud desea salir huyendo de Venezuela. Y en cuanto a la supuesta dictadura en la que se ha convertido el país, baste un dato esclarecedor: el 60% considera que el mejor sistema es el socialismo frente a un 21% que prefiere el capitalismo. A partir de estas evidencias científicas se comprende mejor por qué el chavismo encadena victoria tras victoria.
¿A quién representan entonces los jóvenes que protestan en Caracas y otras ciudades del país si no es a su mismo espectro de edad? Obviamente, a su clase social. Esto es, a las clases medias y medias altas, además de a la casta empresarial que sigue detentando un gigantesco poder. Y este sector es minoritario frente a las clases populares, que suponen más del 60% de la población.
Venezuela es un país tremendamente clasista, a pesar de que en la última década la desigualdad ha decrecido más que en ninguna otra nación de Latinoamérica, según Naciones Unidas. La división de clase se refleja también en lo racial y en lo geográfico, como se ha ratificado en las manifestaciones. La proporción de personas blancas ha sido abrumadora, aunque son tan sólo el 20% de una población que se caracteriza por la mezcla. Y el epicentro de las concentraciones se localiza en el eje La Castellana-Altamira-Palos Grandes-Sebucán, las zonas de Caracas donde el metro cuadrado es más caro. Para situar al lector español, sería como si salieran a manifestarse los vecinos del barrio de Salamanca de Madrid o de Pedralbes en Barcelona.
Lo que ocurre estos días en el país caribeño es el enésimo capítulo de la lucha de clases, esa que según el multimillonario estadounidense Warren Buffett la empezaron los ricos y la van ganando. En Venezuela comenzó hace cinco siglos y también la iniciaron los ricos. Ocurre que desde hace quince años acumulan derrota tras derrota.
*Periodista y miembro de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), de España, con sede principal en Valencia
China se deshace masivamente de bonos de EEUU
China se deshace masivamente de bonos de EEUU
Publicado el 2/23/14
RT – China dejó de aumentar constantemente sus reservas de bonos del Tesoro de EE.UU. y se deshizo en diciembre pasado de una partida récord de esos títulos. ¿Hay un colapso inminente a la vista?
Los vendió por casi 48.000 millones de dólares, dice la estadística oficial. Pese a que se trata de una suma enorme, China no deja de ser el mayor titular de bonos estadounidenses, afirman los analistas del mundo financiero.
“Es demasiado temprano juzgar si es mera casualidad o una nueva estrategia del Banco Popular de China”, reza un artículo de la revista ‘Quartz’ sobre el tema. Sin embargo, los autores admiten que la venta puede alimentar los miedos ante una venta rápida en el mercado de bonos.
Un experto del banco BNP Paribas, Aaron Kohli, consultado por la revista china ‘Caijing’, destacó la coincidencia del recorte de las reservas chinas en bonos con la misma tendencia en la política de la Reserva Federal de EE.UU., que también reduce sus compras de obligaciones. “Si China sigue deshaciéndose de más bonos del Tesoro, eso podría ser una noticia desalentadora para el mercado de valores del Tesoro estadounidense”, dijo.
El vicegobernante del Banco de China, Yi Gang, hace semanas hizo una declaración sobre los planes de reducir sus intervenciones monetarias y contener su demanda por la deuda pública de EE.UU.
Los expertos se dividen sobre las posibles alternativas a los valores del Tesoro estadounidense para las autoridades chinas. Así, Kevin Troutman, del Instituto Peterson de Economía Internacional indica como viables las inversiones en los bonos coreanos, canadienses y japoneses, pero dice que le será difícil al Banco de China encontrar un mercado lo bastante grande y líquido para presentar una alternativa conveniente.
Otra explicación puede venir del mercado de los metales preciosos, y tiene que ver con un aumento en compras de oro en nombre de personas físicas y jurídicas chinas que se ha registrado últimamente. Debido a esa tendencia, en 2013 el país por primera vez adelantó a India como el mayor consumidor de oro. Algunos analistas sospechan que sea el Pekín oficial el que realiza tácitamente estas compras para no alarmar a los mercados.
Publicado el 2/23/14
RT – China dejó de aumentar constantemente sus reservas de bonos del Tesoro de EE.UU. y se deshizo en diciembre pasado de una partida récord de esos títulos. ¿Hay un colapso inminente a la vista?
Los vendió por casi 48.000 millones de dólares, dice la estadística oficial. Pese a que se trata de una suma enorme, China no deja de ser el mayor titular de bonos estadounidenses, afirman los analistas del mundo financiero.
“Es demasiado temprano juzgar si es mera casualidad o una nueva estrategia del Banco Popular de China”, reza un artículo de la revista ‘Quartz’ sobre el tema. Sin embargo, los autores admiten que la venta puede alimentar los miedos ante una venta rápida en el mercado de bonos.
Un experto del banco BNP Paribas, Aaron Kohli, consultado por la revista china ‘Caijing’, destacó la coincidencia del recorte de las reservas chinas en bonos con la misma tendencia en la política de la Reserva Federal de EE.UU., que también reduce sus compras de obligaciones. “Si China sigue deshaciéndose de más bonos del Tesoro, eso podría ser una noticia desalentadora para el mercado de valores del Tesoro estadounidense”, dijo.
El vicegobernante del Banco de China, Yi Gang, hace semanas hizo una declaración sobre los planes de reducir sus intervenciones monetarias y contener su demanda por la deuda pública de EE.UU.
Los expertos se dividen sobre las posibles alternativas a los valores del Tesoro estadounidense para las autoridades chinas. Así, Kevin Troutman, del Instituto Peterson de Economía Internacional indica como viables las inversiones en los bonos coreanos, canadienses y japoneses, pero dice que le será difícil al Banco de China encontrar un mercado lo bastante grande y líquido para presentar una alternativa conveniente.
Otra explicación puede venir del mercado de los metales preciosos, y tiene que ver con un aumento en compras de oro en nombre de personas físicas y jurídicas chinas que se ha registrado últimamente. Debido a esa tendencia, en 2013 el país por primera vez adelantó a India como el mayor consumidor de oro. Algunos analistas sospechan que sea el Pekín oficial el que realiza tácitamente estas compras para no alarmar a los mercados.
24 feb 2014
Las transnacionales buscan un poder ilimitado
Las transnacionales buscan un poder ilimitado
Publicado el 2/23/14
VICKY PELAEZ /
La economía libre y libre comercio son sólo expresiones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen grandes consorcios en perjuicio de éste”. (Juan Domingo Perón, 1895-1974).
VICKY PELAEZ – En cada época las elites dominantes lanzan utopías sociales para asegurar, fortalecer y aumentar su riqueza. Hace más del medio siglo lograron imponer las ideas del libre mercado y de libre competencia. Para ello dieron ventaja sin ningún límite a las corporaciones multinacionales que supuestamente tendrían que desempeñar el papel del motor de la economía global. A la vez, los gobiernos de turno en los países en desarrollo, siendo Latinoamérica parte de este grupo, convencieron a los líderes, previamente seleccionados y educados en las universidades de los Estados Unidos y Europa occidental, de la necesidad de apertura importadora, desregulación financiera, privatización generalizada, el achicamiento del Estado y su alejamiento de la economía.
Por supuesto, que los gobernantes latinoamericanos cumplieron sumisamente las recetas de sus patrocinadores y se lanzaron en el abismo del mercado libre. Bolivia se acuerda con amargura hasta ahora de su experimento con el mercado libre, vía “Terapia de Choque”, aconsejado por el profesor de Harvard, Jeffrey Sachs y llevado a cabo por el ministro de Planificación en 1985, Gonzalo Sánchez de Lozada, autor del Decreto 21060. Aquel mismo año dos tercios de trabajadores de las vitales empresas de Estado fueron despedidos. El índice del desempleo alcanzó el 28 por ciento y el de subempleo un 70 por ciento.
La prometida inversión de las trasnacionales nunca llegó y la sobrevivencia de Bolivia fue el resultado de narcotráfico, aumentando entre 1985 y 1990 la extensión de tierra para las plantas de coca de 24, 999 a 70,000 hectáreas. Este cultivo aportó a Bolivia en 1989 un poco más de 700 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que la exportación total aportó a Bolivia aquel año 720 millones de dólares nos daremos cuenta del poder del narcotráfico para evitar la bancarrota del país. Lo curioso fue que el autor de aquel desastre económico en Bolivia, Jeffrey Sachs abandonó al país en 1986, “desilusionado por la corrupción y la incapacidad de los bolivianos” para salir adelante.
Desde aquel inicio del libre mercado pasaron más de 25 años. En estos años las trasnacionales no solamente se apoderaron de lo que ellos llaman el mercado libre global sino establecieron sus reglas de juego en términos jurídicos y políticos e inclusive impusieron un sistema ideológico basado en la competencia, especulación para crear la demanda, el individualismo y el consumismo. Pero cómo se puede competir con ExxonMovil si en la lista de los países de acuerdo al GDP esta corporación debería de estar en el 30 lugar adelante de Argentina y Sudáfrica. El capital de ExxonMobil es de 315 mil millones de dólares y él de la BP, de 130 mil millones. El volumen de las ventas anuales de Wallmart supera la suma del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y Ecuador.
Según el ex secretario de Trabajo (1993-1997) de EE.UU. Robert Reich, en las últimas dos décadas las ganancias corporativas subieron 600 por ciento mientras que los salarios sólo un 30 por ciento. Las más grandes trasnacionales controlan decisiones del gobierno de los Estados Unidos y el de la Unión Europea, imponiendo también sus reglas en América Latina. Sus preferencias están orientadas hacia el sector de alimentos, salud, el acceso a la medicina, medio ambiente, inversión extranjera y los servicios públicos, es decir lo esencial para el ser humano. Lo curioso fue que desde el inicio de la crisis económica en Norteamérica y la Unón Europea, las transnacionales encontraron su refugio en América Latina. Solamente en 2011 en plena crisis financiera en Europa, el Banco de Santander obtuvo el 52 por ciento de beneficios en América Latina, el BBVA – el 47 y la Telefónica-el 46.5 por ciento.
La revista mexicana “Dinero” publicó un estudio que reveló que las ganancias de las sucursales de 100 multinacionales en México en 2012 crecieron el 9.3 por ciento mientras que el PIB de México apenas registró un 1.3 de crecimiento y su sector industrial entró en una brusca caída, como el resultado de la apertura comercial hacia el exterior casi sin restricciones. Todo esto sucedió debido a las presiones de las multinacionales y su muy activa campaña de promoción de la apertura incondicional del mercado mexicano presentada como una virtud y la condición para el bienestar social. Pero todo ha sido pura retórica pues el 50 por ciento de los mexicanos viven en la pobreza.
Al otro extremo del continente, en Argentina , el 93 por ciento de las exportaciones de los granos fue realizado, según el economista Horacio Rovelli, por más de 10 firmas grandes como Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis Dreyfuss, Topfer, ADM, Bunge Cerval y muchas otras. Todas estas corporaciones controlan por completo el comercio de cereales y oleaginosas y son acopiadoras de cosechas, es decir de más de 8 millones de toneladas de granos. En términos generales, la agricultura en América Latina está mayormente en manos de las trasnacionales como Singenta, Cargill, Monsanto, Chiquita Brands, Del Monte, Bayer, Bunge, Stora Enso, ENCE. Se calcula que actualmente hay unas 10 trasnacionales que manejan el 90 por ciento de la alimentación a nivel global: KRAFT (US), CocaCola (US), Pepsico Inc. (US), Kelloggs (US), Nestle (Switzerland), Procter & Gamble (US), MARS (US), Unilever (Britain, Dutch), Johnson & Johnson (US) and J & J (US).
Todas estas multinacionales, junto con otras 10 mega nacionales como Wall-Mart, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, GM, Toyota Motors, Chevron, Daimler-Chrysler, ConcoPhillips, Total y unas cuantas docenas de corporaciones financieras, farmacéuticas, las del complejo militar-industrial y las de medios de comunicación , actúan como un poder aparentemente invisible. Sin embargo, son ellas las que determinan no sólo la dinámica bursátil, sino seleccionan el país para desestabilizarlo, tal como está sucediendo actualmente en Venezuela o restringir el crédito (el caso de Ecuador). También está en manos de las transnacionales seleccionar el país para una “revolución de colores” (actualmente Ucrania) o simplemente destruirlos a través de la guerra (Afganistán, Irak, Siria). Por algo se invierten diariamente en los gastos militares a nivel mundial 3,000 millones de dólares.
También estas corporaciones organizan conferencias para ellas mismas como por ejemplo, la que se celebró hace unos meses en Londres, “Feeding the World” (Alimentando al Mundo) cobrando por la entrada 1,149 de dólares-un precio inalcanzable para la mayoría de los interesados. En noviembre de 2013 tuvo lugar el fórum sobre el Comercio y Desarrollo en las Naciones Unidas que fue atendido por representantes de 200 multinacionales. Allí tomaron decisiones sobre la necesidad de la inversión privada para el desarrollo en América Latina. También discutieron el mecanismo para asegurar el retorno del dinero invertido en las condiciones de las corporaciones y la necesidad de establecer los parámetros laborales y el sistema de subcontratación de la mano de obra local para aumentar las ganancias.
Dijo alguna vez el profesor Noam Chomsky que todo lo relacionado con el libre comercio y sus tratados “no envuelve tanto el comercio sino los derechos de inversores”. Actualmente las empresas transnacionales y, en especial las financieras, de acuerdo a los autores del libro, “Empresas Transnacionales en América Latina”, Juan Hernández, Mikel de la Fuente, Andrea de Vicente Arias y Koldo Irurzun, “han tejido una tela de araña político-jurídica con la participación de Estados centrales para crear un sistema de dominación política extremadamente eficaz y sutil” obligando la claudicación de los Estados más débiles. Los autores de este libro bautizaron el sistema establecido como “derecho neo feudal corporativo”. Evo Morales alguna vez exclamó en una conferencia de inversores que “queremos socios y no dueños de nuestros recursos naturales”.
Los intereses de las trasnacionales no coinciden con las de Evo Morales pues están proyectados a debilitar el Estado nacional a través de un sistema de arbitraje donde el Estado prácticamente siempre pierde en los juicios con las multinacionales.. Para estos propósitos se formó bajo la tutela del Banco Mundial el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI). Su arbitraje ha sido tan “eficiente” y tan cínico al mismo tiempo que Bolivia, Venezuela y Ecuador se retiraron de este organismo.
Actualmente la mayoría de los países latinoamericanos están atrapados por el poderoso régimen internacional de inversiones. Si en 1996 se registraron solamente 38 casos Estado versus Transnacional o viceversa, en 2011 su número llegó a 450 procesos de arbitraje. Unos 15 árbitros, mayormente procedentes de EE.UU., Unión Europea o Canadá, han resuelto en los últimos dos años el 55 por ciento de disputas relacionadas con los tratados de inversión. El sistema de arbitraje puede ser resumido con una frase del escritor irlandés Humphrey O’Sullivan que escribió en 1831 que de “poco sirve ir a juicio contra el diablo cuando el tribunal se lleva a cabo en el infierno”.
Seguro que lo mismo sintió Uruguay cuando Phillip Morris lo demandó por introducir advertencias obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajetillas de cigarrillos. Lo mismo pasó con Argentina cuando congeló las tarifas de los servicios públicos y devaluó su moneda al responder a la crisis financiera en 2001-2002. Inmediatamente recibió más de 40 demandas de las corporaciones: CMS Energy (EE.UU.), Suezy Vivendi (Francia), Anglian Water (GB) y Aguas de Barcelona (España).
Y qué decir de Ecuador, cuyas comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbios presentaron en 1993 en los EE.UU. una demanda contra la petrolera Texaco (en 2001 fue adquirida por Chevrón) por contaminación medioambiental y el daño a la salud de sus habitantes. Hasta ahora el caso no está resuelto. Comentando este hecho el diciembre pasado, el presidente de Ecuador Rafael Correa dijo que “cada vez más los tribunales de arbitraje están fallando a favor de multinacionales”… y que en este caso hay posibilidad que “Chevron no solo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la reparación de las comunidades afectadas, sino que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal de litigio”. Mientras tanto las transnacionales están aislando Ecuador comercial y políticamente. Si tomamos en cuenta que los tres árbitros que habitualmente participan el proceso reciben 3,000 dólares por hora de trabajo podríamos imaginar de que cantidad de dinero está hablando Rafael Correa.
Frente este abuso, los representantes de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) se reunieron el año pasado y suscribieron una declaración a la que se adhirieron ocho más países del continente para establecer mecanismos de intercambio de información y asistencia recíproca, tanto en procesos de negociación como en controversias entre los Estados y empresas transnacionales. Este año habrá otra conferencia para establecer mecanismos concretos para proteger los intereses de los Estados latinoamericanos en caso de demandas de las transnacionales.
En realidad lo que se necesita es crear un propio mecanismo de arbitraje a nivel regional a base de CELAC o UNASUR. Las hermanas trasnacionales están unidas estrechamente y se ayudan mutuamente en caso de conflictos, especialmente relacionados con la inversión, mientras que los países latinoamericanos siguen cada uno por su cuenta, a pesar de tanto hablar sobre la solidaridad e integración.
En este aspecto, Bertolt Brecht les ofrece una excelente solución a los países hermanos latinoamericanos: “Aquello que no es raro encontradlo extraño. Lo que es usual que os asombre. Lo que es regla vedlo como un abuso. Y cuando veáis un abuso ¡ponedle un remedio!
Ya es hora de hacerlo en América Latina.
RIA Novosti
Publicado el 2/23/14
VICKY PELAEZ /
La economía libre y libre comercio son sólo expresiones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen grandes consorcios en perjuicio de éste”. (Juan Domingo Perón, 1895-1974).
VICKY PELAEZ – En cada época las elites dominantes lanzan utopías sociales para asegurar, fortalecer y aumentar su riqueza. Hace más del medio siglo lograron imponer las ideas del libre mercado y de libre competencia. Para ello dieron ventaja sin ningún límite a las corporaciones multinacionales que supuestamente tendrían que desempeñar el papel del motor de la economía global. A la vez, los gobiernos de turno en los países en desarrollo, siendo Latinoamérica parte de este grupo, convencieron a los líderes, previamente seleccionados y educados en las universidades de los Estados Unidos y Europa occidental, de la necesidad de apertura importadora, desregulación financiera, privatización generalizada, el achicamiento del Estado y su alejamiento de la economía.
Por supuesto, que los gobernantes latinoamericanos cumplieron sumisamente las recetas de sus patrocinadores y se lanzaron en el abismo del mercado libre. Bolivia se acuerda con amargura hasta ahora de su experimento con el mercado libre, vía “Terapia de Choque”, aconsejado por el profesor de Harvard, Jeffrey Sachs y llevado a cabo por el ministro de Planificación en 1985, Gonzalo Sánchez de Lozada, autor del Decreto 21060. Aquel mismo año dos tercios de trabajadores de las vitales empresas de Estado fueron despedidos. El índice del desempleo alcanzó el 28 por ciento y el de subempleo un 70 por ciento.
La prometida inversión de las trasnacionales nunca llegó y la sobrevivencia de Bolivia fue el resultado de narcotráfico, aumentando entre 1985 y 1990 la extensión de tierra para las plantas de coca de 24, 999 a 70,000 hectáreas. Este cultivo aportó a Bolivia en 1989 un poco más de 700 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que la exportación total aportó a Bolivia aquel año 720 millones de dólares nos daremos cuenta del poder del narcotráfico para evitar la bancarrota del país. Lo curioso fue que el autor de aquel desastre económico en Bolivia, Jeffrey Sachs abandonó al país en 1986, “desilusionado por la corrupción y la incapacidad de los bolivianos” para salir adelante.
Desde aquel inicio del libre mercado pasaron más de 25 años. En estos años las trasnacionales no solamente se apoderaron de lo que ellos llaman el mercado libre global sino establecieron sus reglas de juego en términos jurídicos y políticos e inclusive impusieron un sistema ideológico basado en la competencia, especulación para crear la demanda, el individualismo y el consumismo. Pero cómo se puede competir con ExxonMovil si en la lista de los países de acuerdo al GDP esta corporación debería de estar en el 30 lugar adelante de Argentina y Sudáfrica. El capital de ExxonMobil es de 315 mil millones de dólares y él de la BP, de 130 mil millones. El volumen de las ventas anuales de Wallmart supera la suma del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y Ecuador.
Según el ex secretario de Trabajo (1993-1997) de EE.UU. Robert Reich, en las últimas dos décadas las ganancias corporativas subieron 600 por ciento mientras que los salarios sólo un 30 por ciento. Las más grandes trasnacionales controlan decisiones del gobierno de los Estados Unidos y el de la Unión Europea, imponiendo también sus reglas en América Latina. Sus preferencias están orientadas hacia el sector de alimentos, salud, el acceso a la medicina, medio ambiente, inversión extranjera y los servicios públicos, es decir lo esencial para el ser humano. Lo curioso fue que desde el inicio de la crisis económica en Norteamérica y la Unón Europea, las transnacionales encontraron su refugio en América Latina. Solamente en 2011 en plena crisis financiera en Europa, el Banco de Santander obtuvo el 52 por ciento de beneficios en América Latina, el BBVA – el 47 y la Telefónica-el 46.5 por ciento.
La revista mexicana “Dinero” publicó un estudio que reveló que las ganancias de las sucursales de 100 multinacionales en México en 2012 crecieron el 9.3 por ciento mientras que el PIB de México apenas registró un 1.3 de crecimiento y su sector industrial entró en una brusca caída, como el resultado de la apertura comercial hacia el exterior casi sin restricciones. Todo esto sucedió debido a las presiones de las multinacionales y su muy activa campaña de promoción de la apertura incondicional del mercado mexicano presentada como una virtud y la condición para el bienestar social. Pero todo ha sido pura retórica pues el 50 por ciento de los mexicanos viven en la pobreza.
Al otro extremo del continente, en Argentina , el 93 por ciento de las exportaciones de los granos fue realizado, según el economista Horacio Rovelli, por más de 10 firmas grandes como Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis Dreyfuss, Topfer, ADM, Bunge Cerval y muchas otras. Todas estas corporaciones controlan por completo el comercio de cereales y oleaginosas y son acopiadoras de cosechas, es decir de más de 8 millones de toneladas de granos. En términos generales, la agricultura en América Latina está mayormente en manos de las trasnacionales como Singenta, Cargill, Monsanto, Chiquita Brands, Del Monte, Bayer, Bunge, Stora Enso, ENCE. Se calcula que actualmente hay unas 10 trasnacionales que manejan el 90 por ciento de la alimentación a nivel global: KRAFT (US), CocaCola (US), Pepsico Inc. (US), Kelloggs (US), Nestle (Switzerland), Procter & Gamble (US), MARS (US), Unilever (Britain, Dutch), Johnson & Johnson (US) and J & J (US).
Todas estas multinacionales, junto con otras 10 mega nacionales como Wall-Mart, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, GM, Toyota Motors, Chevron, Daimler-Chrysler, ConcoPhillips, Total y unas cuantas docenas de corporaciones financieras, farmacéuticas, las del complejo militar-industrial y las de medios de comunicación , actúan como un poder aparentemente invisible. Sin embargo, son ellas las que determinan no sólo la dinámica bursátil, sino seleccionan el país para desestabilizarlo, tal como está sucediendo actualmente en Venezuela o restringir el crédito (el caso de Ecuador). También está en manos de las transnacionales seleccionar el país para una “revolución de colores” (actualmente Ucrania) o simplemente destruirlos a través de la guerra (Afganistán, Irak, Siria). Por algo se invierten diariamente en los gastos militares a nivel mundial 3,000 millones de dólares.
También estas corporaciones organizan conferencias para ellas mismas como por ejemplo, la que se celebró hace unos meses en Londres, “Feeding the World” (Alimentando al Mundo) cobrando por la entrada 1,149 de dólares-un precio inalcanzable para la mayoría de los interesados. En noviembre de 2013 tuvo lugar el fórum sobre el Comercio y Desarrollo en las Naciones Unidas que fue atendido por representantes de 200 multinacionales. Allí tomaron decisiones sobre la necesidad de la inversión privada para el desarrollo en América Latina. También discutieron el mecanismo para asegurar el retorno del dinero invertido en las condiciones de las corporaciones y la necesidad de establecer los parámetros laborales y el sistema de subcontratación de la mano de obra local para aumentar las ganancias.
Dijo alguna vez el profesor Noam Chomsky que todo lo relacionado con el libre comercio y sus tratados “no envuelve tanto el comercio sino los derechos de inversores”. Actualmente las empresas transnacionales y, en especial las financieras, de acuerdo a los autores del libro, “Empresas Transnacionales en América Latina”, Juan Hernández, Mikel de la Fuente, Andrea de Vicente Arias y Koldo Irurzun, “han tejido una tela de araña político-jurídica con la participación de Estados centrales para crear un sistema de dominación política extremadamente eficaz y sutil” obligando la claudicación de los Estados más débiles. Los autores de este libro bautizaron el sistema establecido como “derecho neo feudal corporativo”. Evo Morales alguna vez exclamó en una conferencia de inversores que “queremos socios y no dueños de nuestros recursos naturales”.
Los intereses de las trasnacionales no coinciden con las de Evo Morales pues están proyectados a debilitar el Estado nacional a través de un sistema de arbitraje donde el Estado prácticamente siempre pierde en los juicios con las multinacionales.. Para estos propósitos se formó bajo la tutela del Banco Mundial el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI). Su arbitraje ha sido tan “eficiente” y tan cínico al mismo tiempo que Bolivia, Venezuela y Ecuador se retiraron de este organismo.
Actualmente la mayoría de los países latinoamericanos están atrapados por el poderoso régimen internacional de inversiones. Si en 1996 se registraron solamente 38 casos Estado versus Transnacional o viceversa, en 2011 su número llegó a 450 procesos de arbitraje. Unos 15 árbitros, mayormente procedentes de EE.UU., Unión Europea o Canadá, han resuelto en los últimos dos años el 55 por ciento de disputas relacionadas con los tratados de inversión. El sistema de arbitraje puede ser resumido con una frase del escritor irlandés Humphrey O’Sullivan que escribió en 1831 que de “poco sirve ir a juicio contra el diablo cuando el tribunal se lleva a cabo en el infierno”.
Seguro que lo mismo sintió Uruguay cuando Phillip Morris lo demandó por introducir advertencias obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajetillas de cigarrillos. Lo mismo pasó con Argentina cuando congeló las tarifas de los servicios públicos y devaluó su moneda al responder a la crisis financiera en 2001-2002. Inmediatamente recibió más de 40 demandas de las corporaciones: CMS Energy (EE.UU.), Suezy Vivendi (Francia), Anglian Water (GB) y Aguas de Barcelona (España).
Y qué decir de Ecuador, cuyas comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbios presentaron en 1993 en los EE.UU. una demanda contra la petrolera Texaco (en 2001 fue adquirida por Chevrón) por contaminación medioambiental y el daño a la salud de sus habitantes. Hasta ahora el caso no está resuelto. Comentando este hecho el diciembre pasado, el presidente de Ecuador Rafael Correa dijo que “cada vez más los tribunales de arbitraje están fallando a favor de multinacionales”… y que en este caso hay posibilidad que “Chevron no solo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la reparación de las comunidades afectadas, sino que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal de litigio”. Mientras tanto las transnacionales están aislando Ecuador comercial y políticamente. Si tomamos en cuenta que los tres árbitros que habitualmente participan el proceso reciben 3,000 dólares por hora de trabajo podríamos imaginar de que cantidad de dinero está hablando Rafael Correa.
Frente este abuso, los representantes de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) se reunieron el año pasado y suscribieron una declaración a la que se adhirieron ocho más países del continente para establecer mecanismos de intercambio de información y asistencia recíproca, tanto en procesos de negociación como en controversias entre los Estados y empresas transnacionales. Este año habrá otra conferencia para establecer mecanismos concretos para proteger los intereses de los Estados latinoamericanos en caso de demandas de las transnacionales.
En realidad lo que se necesita es crear un propio mecanismo de arbitraje a nivel regional a base de CELAC o UNASUR. Las hermanas trasnacionales están unidas estrechamente y se ayudan mutuamente en caso de conflictos, especialmente relacionados con la inversión, mientras que los países latinoamericanos siguen cada uno por su cuenta, a pesar de tanto hablar sobre la solidaridad e integración.
En este aspecto, Bertolt Brecht les ofrece una excelente solución a los países hermanos latinoamericanos: “Aquello que no es raro encontradlo extraño. Lo que es usual que os asombre. Lo que es regla vedlo como un abuso. Y cuando veáis un abuso ¡ponedle un remedio!
Ya es hora de hacerlo en América Latina.
RIA Novosti
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