Argentina: confirmaron condenas a cadena perpetua a represores de la última dictadura militar
24 abril, 2014 Argentina
También fueron ratificadas las condenas a prisión perpetua de Antonio Pernías; Raúl Scheller; Ricardo Cavallo; Alberto González; Néstor Savio, Adolfo Donda, Ernesto Weber y Jorge Radice, por hechos que tuvieron como víctimas, entre otros, a Azucena Villaflor, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y al periodista Rodolfo Walsh.
Con respecto a la suerte que corrió el periodista, la Sala II de la Cámara confirmó la consumación de su muerte en manos de oficiales de la Unidad de Tareas (3.3.2) que funcionaba en la ESMA.
El almirante Oscar Montes y el oficial del Ejército Julio César Coronel también fueron condenados en juicio oral y público, pero fallecieron durante el trámite del recurso de casación, por lo que la Sala II de la Cámara ordenó que se dicte sentencia conforme a normas sobre extinción de la pena.
Los camaristas anularon las absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5) a favor de Juan Carlos Rolón y a Pablo García Velasco.
Los camaristas de casación Pedro David, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, rechazaron los recursos de las defensas contra las condenas a 25 años de cárcel a Manuel García Tallada y a Juan Fotea, Carlos Capdevilla recibió 20 años y Juan Antonio Azic 18.
Lo que llegó, vía recursos, a la Cámara de Casación fue el denominado primer tramo del juicio por hechos aberrantes registrados en la ESMA.
La sala II de la Cámara desestimó los argumentos de arbitrariedad en la sentencia dictadas por el TOF 5 en octubre de 2011, luego de dos años de juicio oral y público, en tanto que la gravedad de los hechos imputados impiden morigerar la pena.
En un fallo de 540 carillas la Sala II analizó los casos de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio y apropiación de bienes de 85 víctimas y calificó a esos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Las defensas habían alegado la prescripción de la acción penal y, dentro del marco del debate oral y público, impugnaron las declaraciones de testigos y la valoración de la prueba producida durante el juicio.
La Cámara, en cambio, consideró acreditados los hechos conocidos como los de la Iglesia de la Santa Cruz, ocurridos entre el 8 y 10 de diciembre de 1977, que damnificaron a quienes procuraban hallar a sus familiares o amigos desaparecidos.
La investigación de esos hechos “es un mandato de justicia elemental”, ya que “la impunidad de las violaciones de los derechos humanos es una causa importante para su constante repetición”.incidieron David, Slokar y Ledesma.
Agregaron que “los atentados contra la propiedad que se juzgaron en esta causa ocurrieron en el marco de ese ataque generalizado y sistemático dirigido contra un grupo de la población de nuestro país”.
Para la Sala II resultó decisiva la afirmación del tribunal oral en cuanto a que “integrantes de la unidad de tareas, con el objeto de ocultar su accionar y verse libres de la responsabilidad internacional que el caso comenzaba a aparejar sumado a la intervención del gobierno francés para el esclarecimiento de los hechos y la presión de organismos internacionales, montaron una puesta en escena”.
Esa “puesta en escena”, según consignó el fallo estaba “destinada a hacer creer a la población y al mundo que los secuestrados en cuestión, en particular el de las religiosas francesas, debían adjudicarse a la Organización Montoneros”.
http://www.telam.com.ar/notas/201404/60485-condenas-astiz-y-oficiales-de-la-marina-por-delitos-esma.html
25 abr 2014
NADA DE GASTO SOCIAL NI REFORMA FINANCIERA...
El FMI pide a América Latina más prudencia fiscal
25 abril, 2014 Economía
En su reporte “Perspectivas Económicas para las Américas” presentado en la capital de Perú, el FMI analizó las amenazas que enfrenta la región, encabezadas por la volatilidad en los mercados financieros y una caída mayor de lo previsto en los precios de las materias primas que exporta.
“Para la región en su conjunto, las perspectivas (de crecimiento económico) permanecen ensombrecidas por riesgos a la baja”, dijo el organismo con sede en Washington, que reiteró las proyecciones económicas que había dado a conocer a principios de mes en sus perspectivas globales.
El punto vulnerable para los países latinoamericanos está en las cuentas fiscales, sobre todo para América Central y el Caribe, según el FMI. “Las débiles posiciones fiscales representan una importante vulnerabilidad interna en muchas economías”, dijo en el informe.
Finanzas sólidas en Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay
A las economías integradas financieramente (Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay) que tienen finanzas públicas sólidas y bajos déficit de cuenta corriente externa, el Fondo les recomendó una posición fiscal neutral. Aunque no aclaró a cuáles de estas naciones recomendaba el ajuste para ir disminuyendo pasivos, en países como Brasil muchos economistas están preocupados por las finanzas públicas en un año electoral marcado por una desaceleración en la recaudación y un aumento en los subsidios. El gobierno brasileño prometió este mes aumentar el ahorro fiscal durante el próximo año y una mayor austeridad.
Para Argentina y Venezuela, el FMI dijo que las perspectivas de expansión son difíciles ante los “importantes desequilibrios macroeconómicos y a políticas distorsivas” que llevaron a estos países a aplicar controles comerciales, de precios y cambiarios. “En Argentina y Venezuela se necesitan ajustes de política profundos para restablecer la estabilidad macroeconómica y evitar dinámicas desordenadas”, dijo el Fondo.
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/fondo-monetario-internacional-pide-america-latina-mas-prudencia-fiscal
Informe: http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2014/CAR042414BS.htm
25 abril, 2014 Economía
En su reporte “Perspectivas Económicas para las Américas” presentado en la capital de Perú, el FMI analizó las amenazas que enfrenta la región, encabezadas por la volatilidad en los mercados financieros y una caída mayor de lo previsto en los precios de las materias primas que exporta.
“Para la región en su conjunto, las perspectivas (de crecimiento económico) permanecen ensombrecidas por riesgos a la baja”, dijo el organismo con sede en Washington, que reiteró las proyecciones económicas que había dado a conocer a principios de mes en sus perspectivas globales.
El punto vulnerable para los países latinoamericanos está en las cuentas fiscales, sobre todo para América Central y el Caribe, según el FMI. “Las débiles posiciones fiscales representan una importante vulnerabilidad interna en muchas economías”, dijo en el informe.
Finanzas sólidas en Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay
A las economías integradas financieramente (Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay) que tienen finanzas públicas sólidas y bajos déficit de cuenta corriente externa, el Fondo les recomendó una posición fiscal neutral. Aunque no aclaró a cuáles de estas naciones recomendaba el ajuste para ir disminuyendo pasivos, en países como Brasil muchos economistas están preocupados por las finanzas públicas en un año electoral marcado por una desaceleración en la recaudación y un aumento en los subsidios. El gobierno brasileño prometió este mes aumentar el ahorro fiscal durante el próximo año y una mayor austeridad.
Para Argentina y Venezuela, el FMI dijo que las perspectivas de expansión son difíciles ante los “importantes desequilibrios macroeconómicos y a políticas distorsivas” que llevaron a estos países a aplicar controles comerciales, de precios y cambiarios. “En Argentina y Venezuela se necesitan ajustes de política profundos para restablecer la estabilidad macroeconómica y evitar dinámicas desordenadas”, dijo el Fondo.
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/fondo-monetario-internacional-pide-america-latina-mas-prudencia-fiscal
Informe: http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2014/CAR042414BS.htm
24 abr 2014
Santos restituye a Petro como alcalde de Bogotá
Santos restituye a Petro como alcalde de Bogotá
Publicado el 4/23/14
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha firmado este miércoles el decreto por el que restituye a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del ex guerrillero del M19.
“Los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente”, ha anunciado durante la toma de posesión de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde la Casa de Nariño.
Santos ha explicado que esta decisión obedece a “la norma de conducta” que adoptó al llegar a la Presidencia. “Cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes y defender la institucionalidad”, ha dicho, de acuerdo con el Sistema de Información del Gobierno (SIG).
De esta forma, ha acatado la orden dictada ayer por el Tribunal Superior de Bogotá, que instó a cumplir las medidas cautelares de la CIDH a favor de Petro en un plazo de 48 horas, lo que incluye su permanencia en el Gobierno capitalino hasta que concluya el proceso.
Santos también podría haber optado por presentar un recurso contra la decisión del alto tribunal bogotano, pero desde que se inició el proceso contra Petro ha sostenido que siempre cumpliría las órdenes de los jueces.
La orden del Tribunal Superior de Bogotá es una de las más de 40 tutelas interpuestas en apoyo de Petro, de las cuales más de 20 han sido favorables a la decisión inicial de la Presidencia: expulsar al ex combatiente de la Alcaldía.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de “inquisitiva”, y ordenó una “inspección” contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las solicitudes de tutela a favor de Petro.
En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una “crisis institucional” y, después de ello, anunció que sería neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares –algo que hizo– al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
El Consejo de Estado confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
Con Petro fuera de la Alcaldía de Bogotá, Santos puso al frente de la misma a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que fue sustituido el pasado lunes por María Mercedes Maldonado, que ya formaba parte del equipo del ex guerrillero del M19.
Publicado el 4/23/14
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha firmado este miércoles el decreto por el que restituye a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del ex guerrillero del M19.
“Los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente”, ha anunciado durante la toma de posesión de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde la Casa de Nariño.
Santos ha explicado que esta decisión obedece a “la norma de conducta” que adoptó al llegar a la Presidencia. “Cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes y defender la institucionalidad”, ha dicho, de acuerdo con el Sistema de Información del Gobierno (SIG).
De esta forma, ha acatado la orden dictada ayer por el Tribunal Superior de Bogotá, que instó a cumplir las medidas cautelares de la CIDH a favor de Petro en un plazo de 48 horas, lo que incluye su permanencia en el Gobierno capitalino hasta que concluya el proceso.
Santos también podría haber optado por presentar un recurso contra la decisión del alto tribunal bogotano, pero desde que se inició el proceso contra Petro ha sostenido que siempre cumpliría las órdenes de los jueces.
La orden del Tribunal Superior de Bogotá es una de las más de 40 tutelas interpuestas en apoyo de Petro, de las cuales más de 20 han sido favorables a la decisión inicial de la Presidencia: expulsar al ex combatiente de la Alcaldía.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de “inquisitiva”, y ordenó una “inspección” contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las solicitudes de tutela a favor de Petro.
En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una “crisis institucional” y, después de ello, anunció que sería neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares –algo que hizo– al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
El Consejo de Estado confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
Con Petro fuera de la Alcaldía de Bogotá, Santos puso al frente de la misma a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que fue sustituido el pasado lunes por María Mercedes Maldonado, que ya formaba parte del equipo del ex guerrillero del M19.
Evo: la liberación es la vía para integración de los pueblos
Evo: la liberación es la vía para integración de los pueblos
El presidente boliviano, Evo Morales, llamó hoy a los pueblos latinoamericanos a buscar una verdadera liberación para conseguir la verdadera integración y alertó sobre la amenaza que representa el gobierno de Estados Unidos. Durante la apertura en esta capital de la I Jornada de Socialización “Bolivia eje de la integración andina y latinoamericana”, el jefe de Estado boliviano insistió en que “si queremos integración de nuestros pueblos, estamos obligados a pensar en la liberación. Si no hay liberación de nuestros pueblos, no hay integración”.
El dignatario llamó a pensar en lo que trajo la invasión europea: la discriminación, racismo, saqueo de nuestros recursos naturales, y recordó la lucha del movimiento indígena y no solamente en Bolivia sino en todo el continente.
Al mismo tiempo, llamó a vivir en armonía con la Madre Tierra. Y rememoró cómo vivían los pueblos de Abya Yala, antes de ser llamada América, y destacó que no había competitividad, sino complementariedad, sin saqueo de los recursos naturales.
Morales llamó a socializar la justicia y pidió “con el perdón de algunos abogados, olvidarnos del derecho romano. Yo quiero que algún abogado diga alguna vez que es el mejor docente del derecho originario en lugar del derecho romano. Tenemos que reconocer el derecho romano, el inglés, pero debemos recuperar nuestro derecho originario”.
Para el presidente boliviano “es importante llevar adelante políticas de descolonización pero para la liberación de nuestros pueblos. A veces nos cuesta cambiar las leyes que representaban al colonialismo interno y externo”.
También recordó que la liberación de los pueblos pasa por “liberación social y cultural, política y democrática, económica, y científica”, y sobre la última advirtió que “es una de las debilidades que tiene Bolivia y tal vez algunos otros países de América Latina y el Caribe”.
“Si no la garantizamos todavía no podemos decir que estamos liberados. Y ustedes saben que algunos presidentes de la región tenemos diferencias. Algunos aún aceptan bases militares de Estados Unidos y me pregunto para qué. Me pregunto si Estados Unidos quisiera bases militares de nuestros países en su país”.
Para Morales, esas bases no están destinadas a “la lucha contra el narcotráfico, es un control geopolítico de nuestros países”.
Recordó los procesos que han vivido los países de Latinoamérica: “antes, cuando ganaba un partido de izquierda, venía un golpe militar, la dictadura militar, y cuando se vencía a esta, llegaban los gobiernos neoliberales. Y cuando se vencen los gobiernos neoliberales, especialmente en los países del ALBA, viene la ingobernabilidad”.
Después, insistió, buscan intervenir militarmente para robar y para saquear nuestros recursos naturales. Esa es la historia de América Latina y el Caribe, acotó.
Igualmente, resaltó la labor de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sin Estados Unidos, y destacó el papel de varios jefes de Estado en llevarla adelante, entre ellos los fallecidos Hugo Chávez (Venezuela) y Néstor Kichner (Argentina), además del líder cubano, Fidel Castro.
PL
Desprofesionalizar la política
Desprofesionalizar la política
Por Emilio Cafassi
Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
Un editorial de este diario advertía recientemente los riesgos de la apatía ciudadana, ejemplificado con el descenso de participación en las elecciones internas en Uruguay. También a su manera lo hizo el propio presidente Mujica, en una mesa redonda organizada por la CEPAL en la que reiteró buena parte de las críticas y denuncias que realizara en la ONU, pero añadió el “peligroso descreimiento de las masas en la política”. Síntomas de una crisis de credibilidad en los partidos, en las elecciones y en algunas instituciones republicanas. Se perciben en los dos subsistemas que componen el sistema representativo: la llamada república democrática y el dispositivo de partidos, expresando la crisis actual del conjunto que reproduce e incrementa la desconexión entre representantes y representados.
En el vasto espectro de izquierdas, el síntoma no es exclusivamente atribuible a laxos progresismos o socialdemocracias. En las más radicales, el énfasis es exclusivamente anticapitalista, no antirrepresentativo. Menos aún lo es en materia de crítica al culto a la personalidad, a la infalibilidad del líder, a la ausencia de rotación y distribución del poder. ¿No hay allí tanta o más devoción por el dirigente y la centralización cuanto desconfianza en las capacidades colectivas? ¿No se igualan en sus concepciones político-institucionales a quienes pretenden criticar? La explicación de la apatía política de diversos sectores sociales debe tener en cuenta el factor institucional: la democracia representativa no induce a la participación sino que la desalienta. Las reiteradas tentativas de participación y su resultado político-institucional estéril producen frustración y pasividad en la sociedad civil.
La magnitud del problema y su incidencia en las diversas instancias de la vida política, al que no es la primera vez que dedico estas notas dominicales, requieren tratamiento detenido de cada uno de los institutos políticos en los que se sostiene, o inversamente, en aquellos que permiten revertirlo, al menos parcialmente. El editorial aludido, subraya varios aspectos de la crítica ciudadana que pretende poner en cuestión, entre ellos, “que les pagamos altos sueldos para que no hagan nada”. Precisamente el asunto salarial, encarado como instituto preciso, es un aspecto que dejé abierto en artículos previos. Me permití exponer dos posturas extremas, ambas inmejorablemente intencionadas desde la izquierda. Por un lado la que llamaré “limitativa”, como la fijación de un salario equivalente al de algún trabajador. Por otro, la que llamaré “filantrópica”, de importante tradición en las izquierdas con diferencias en magnitud, que consiste en aprovechar el ostensible privilegio salarial de los cargos electivos y de confianza, para derivar una proporción del estipendio hacia causas políticas de interés como el sostenimiento financiero de los partidos y organizaciones o iniciativas político-sociales.
La primera, rescata –desconozco si conscientemente- el principio de “discriminación positiva”, también llamado de “acción afirmativa”, que a diferencia de la discriminación a secas, pretende establecer políticas que dan a un determinado segmento social desfavorecido, un trato preferencial. Induce a desestimular la postulación de los que el editorial de “La República” menciona como “aprovechadores” e inversamente alentar la integración de trabajadores. La segunda, aún inspirada en la transformación, es estrictamente conservadora y aprovecha las oportunidades del sistema para beneficio de la supuesta transformación que, en lo que al régimen político respecta, así nunca llegará.
No comparto ninguna de las dos opciones, aunque le reconozco a la primera el mérito de bloquear el usufructo privado de la función pública. Sin embargo no es el único modo si ese es el objetivo, que también hago propio. Tal aprovechamiento deviene del privilegio económico y la eternización en la política. Ambos deben limitarse, pero el privilegio es una medida relativa, no sólo respecto a una media económica, un oficio, o la ausencia de propiedad, sino a un ingreso precedente. En las sociedades de clase, la desigualdad salarial y de ingresos en general es la regla, no la excepción y es indispensable partir de lo existente. La igualación en la esfera ciudadana, no guarda correlato en el capitalismo con igualdad alguna en la esfera despótica de la economía. La prerrogativa desaparece si el salario en la función pública mantiene exactamente al mismo nivel que antes de asumirla y ésta resulta a la vez, un transitorio pasaje en la vida laboral del postulante. Limitarla drásticamente, salvo alguna excepción, conlleva un perjuicio. Mi conclusión es que debe incorporarse un instituto que llamaré de “desprofesionalización” que implica retribuir a todos (sin excepción) los cargos políticos con el/los salario/s correspondiente a los ingresos declarados y documentados previos a su asunción, para poder ejercer su nueva actividad con plena dedicación. Lo concibo como un pequeño paso hacia una mayor colectivización de la política. El fundamento último es que no existe el oficio de político de forma tal que quien temporalmente asume una función pública llega con un oficio y una remuneración y debe volver luego a ejercerlo. Inversamente, reconocerlo como oficio y remunerarlo como tal, implicaría responder el siguiente interrogante. ¿En qué consejo de salario, con qué representantes y contra qué patronal se negocia su magnitud? Igualar los salarios de los políticos con algún parámetro, es un modo de afirmar encubiertamente el oficio que cuestiono. No por ello debe negarse o vulnerarse el principio de igualdad ciudadana, sino tratar de lograr que ese mismo propósito igualitario se extienda hacia la totalidad de la vida social, o para decirlo en términos más llanos aún, que la distribución de la riqueza también resulte equivalente. Entretanto, invocando nuevamente la crudeza, habrá que reconocer que los burgueses, los rentistas y parásitos diversos, tienen también los mismos derechos a elegir y ser elegidos. Esta propuesta no se contradice con el igualitarismo social. Si tienden a equilibrarse las remuneraciones en toda la sociedad, el instituto seguiría teniendo plena vigencia.
Soy consciente de la necesidad de mediatizaciones y la contemplación de ciertas excepciones, particularmente para con los trabajadores o los más desfavorecidos. La más evidente es la necesidad de hábitat para quienes viven en otras localidades, que debe contemplarse, tanto como la necesidad de viajar periódicamente a reunirse con sus seres queridos y atender sus cuestiones personales. Otra batería de institutos que regulen el financiamiento de la política y garanticen infraestructura, podrá compensar la desigualdad. Un buen ejemplo es la construcción prevista por el Sveriges Riksdag, la asamblea legislativa sueca, que desde la década del ´90 erigió edificios con pequeños apartamentos (los últimos de los cuales son monoambientes de 18 metros cuadrados) con cocina y lavaderos en áreas comunes, al estilo hostel. Los legisladores carecen de servicio doméstico, pero también de secretaria propia, asesores, choferes, etc. Lejos de esto, entretanto en nuestros países, deberá calcularse un plus para asegurar la mudanza. Otra excepción a contemplar es el de los trabajadores precarizados o en negro o los cuentapropistas con escaso nivel de blanqueo salarial, aquellos casos en los que no puedan documentarse con precisión los ingresos, etc. que deberán fijarse por aproximación y contexto, aunque no de los rentistas puros, es decir sin salario, ya que no lo necesitan para reproducirse como tales. El caso de alguien momentáneamente desocupado, es más simple aún con sólo contemplar su/s último/s empleo/s.
Intento pensar en un principio de igualdad real y no formal, como creo que expresan las propuestas limitativas. Principio basado en la satisfacción de las mismas necesidades hasta la asunción que a la vez impidan posteriormente el provecho privado o el mejoramiento económico personal del futuro representante o jerarca. La fijación de una idéntica retribución para todos los cargos en cualquier caso seguiría siendo desigual, en más o en menos, respecto a otras magnitudes salariales en la sociedad. No resuelve la desigualdad social.
Por último, un aspecto a considerar es que varias funciones y cargos, particularmente en el Poder Ejecutivo (eludo aquí el judicial, ya que merece tratamiento específico en otra oportunidad) requiere de mucho más que acuerdos políticos, programáticos, o particular confianza, sino también de conocimientos del área o temática, idoneidad, talento e iniciativa. Las dos concepciones de las que me distancio, desestimulan la postulación de los más capaces que seguramente tienen una trayectoria laboral destacada. Si un candidato es muy capaz, no lo va a descubrir la ciudadanía mediante la propaganda política ni sus compañeros de militancia antes que el capital, la universidad o el estado. Ya tendría que haber demostrado sus habilidades y tendrá un sueldo proporcional a tal exhibición para el mercado laboral local.
Para domar al mercado (laboral y de bienes) es indispensable la política. Pero los políticos no deberían pasar por encima del mercado laboral. Al hacerlo, pisoteando la política, aplastan la energía social transformadora.
La enferman de apatía.
Publicado en Noticias
Por Emilio Cafassi
Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
Un editorial de este diario advertía recientemente los riesgos de la apatía ciudadana, ejemplificado con el descenso de participación en las elecciones internas en Uruguay. También a su manera lo hizo el propio presidente Mujica, en una mesa redonda organizada por la CEPAL en la que reiteró buena parte de las críticas y denuncias que realizara en la ONU, pero añadió el “peligroso descreimiento de las masas en la política”. Síntomas de una crisis de credibilidad en los partidos, en las elecciones y en algunas instituciones republicanas. Se perciben en los dos subsistemas que componen el sistema representativo: la llamada república democrática y el dispositivo de partidos, expresando la crisis actual del conjunto que reproduce e incrementa la desconexión entre representantes y representados.
En el vasto espectro de izquierdas, el síntoma no es exclusivamente atribuible a laxos progresismos o socialdemocracias. En las más radicales, el énfasis es exclusivamente anticapitalista, no antirrepresentativo. Menos aún lo es en materia de crítica al culto a la personalidad, a la infalibilidad del líder, a la ausencia de rotación y distribución del poder. ¿No hay allí tanta o más devoción por el dirigente y la centralización cuanto desconfianza en las capacidades colectivas? ¿No se igualan en sus concepciones político-institucionales a quienes pretenden criticar? La explicación de la apatía política de diversos sectores sociales debe tener en cuenta el factor institucional: la democracia representativa no induce a la participación sino que la desalienta. Las reiteradas tentativas de participación y su resultado político-institucional estéril producen frustración y pasividad en la sociedad civil.
La magnitud del problema y su incidencia en las diversas instancias de la vida política, al que no es la primera vez que dedico estas notas dominicales, requieren tratamiento detenido de cada uno de los institutos políticos en los que se sostiene, o inversamente, en aquellos que permiten revertirlo, al menos parcialmente. El editorial aludido, subraya varios aspectos de la crítica ciudadana que pretende poner en cuestión, entre ellos, “que les pagamos altos sueldos para que no hagan nada”. Precisamente el asunto salarial, encarado como instituto preciso, es un aspecto que dejé abierto en artículos previos. Me permití exponer dos posturas extremas, ambas inmejorablemente intencionadas desde la izquierda. Por un lado la que llamaré “limitativa”, como la fijación de un salario equivalente al de algún trabajador. Por otro, la que llamaré “filantrópica”, de importante tradición en las izquierdas con diferencias en magnitud, que consiste en aprovechar el ostensible privilegio salarial de los cargos electivos y de confianza, para derivar una proporción del estipendio hacia causas políticas de interés como el sostenimiento financiero de los partidos y organizaciones o iniciativas político-sociales.
La primera, rescata –desconozco si conscientemente- el principio de “discriminación positiva”, también llamado de “acción afirmativa”, que a diferencia de la discriminación a secas, pretende establecer políticas que dan a un determinado segmento social desfavorecido, un trato preferencial. Induce a desestimular la postulación de los que el editorial de “La República” menciona como “aprovechadores” e inversamente alentar la integración de trabajadores. La segunda, aún inspirada en la transformación, es estrictamente conservadora y aprovecha las oportunidades del sistema para beneficio de la supuesta transformación que, en lo que al régimen político respecta, así nunca llegará.
No comparto ninguna de las dos opciones, aunque le reconozco a la primera el mérito de bloquear el usufructo privado de la función pública. Sin embargo no es el único modo si ese es el objetivo, que también hago propio. Tal aprovechamiento deviene del privilegio económico y la eternización en la política. Ambos deben limitarse, pero el privilegio es una medida relativa, no sólo respecto a una media económica, un oficio, o la ausencia de propiedad, sino a un ingreso precedente. En las sociedades de clase, la desigualdad salarial y de ingresos en general es la regla, no la excepción y es indispensable partir de lo existente. La igualación en la esfera ciudadana, no guarda correlato en el capitalismo con igualdad alguna en la esfera despótica de la economía. La prerrogativa desaparece si el salario en la función pública mantiene exactamente al mismo nivel que antes de asumirla y ésta resulta a la vez, un transitorio pasaje en la vida laboral del postulante. Limitarla drásticamente, salvo alguna excepción, conlleva un perjuicio. Mi conclusión es que debe incorporarse un instituto que llamaré de “desprofesionalización” que implica retribuir a todos (sin excepción) los cargos políticos con el/los salario/s correspondiente a los ingresos declarados y documentados previos a su asunción, para poder ejercer su nueva actividad con plena dedicación. Lo concibo como un pequeño paso hacia una mayor colectivización de la política. El fundamento último es que no existe el oficio de político de forma tal que quien temporalmente asume una función pública llega con un oficio y una remuneración y debe volver luego a ejercerlo. Inversamente, reconocerlo como oficio y remunerarlo como tal, implicaría responder el siguiente interrogante. ¿En qué consejo de salario, con qué representantes y contra qué patronal se negocia su magnitud? Igualar los salarios de los políticos con algún parámetro, es un modo de afirmar encubiertamente el oficio que cuestiono. No por ello debe negarse o vulnerarse el principio de igualdad ciudadana, sino tratar de lograr que ese mismo propósito igualitario se extienda hacia la totalidad de la vida social, o para decirlo en términos más llanos aún, que la distribución de la riqueza también resulte equivalente. Entretanto, invocando nuevamente la crudeza, habrá que reconocer que los burgueses, los rentistas y parásitos diversos, tienen también los mismos derechos a elegir y ser elegidos. Esta propuesta no se contradice con el igualitarismo social. Si tienden a equilibrarse las remuneraciones en toda la sociedad, el instituto seguiría teniendo plena vigencia.
Soy consciente de la necesidad de mediatizaciones y la contemplación de ciertas excepciones, particularmente para con los trabajadores o los más desfavorecidos. La más evidente es la necesidad de hábitat para quienes viven en otras localidades, que debe contemplarse, tanto como la necesidad de viajar periódicamente a reunirse con sus seres queridos y atender sus cuestiones personales. Otra batería de institutos que regulen el financiamiento de la política y garanticen infraestructura, podrá compensar la desigualdad. Un buen ejemplo es la construcción prevista por el Sveriges Riksdag, la asamblea legislativa sueca, que desde la década del ´90 erigió edificios con pequeños apartamentos (los últimos de los cuales son monoambientes de 18 metros cuadrados) con cocina y lavaderos en áreas comunes, al estilo hostel. Los legisladores carecen de servicio doméstico, pero también de secretaria propia, asesores, choferes, etc. Lejos de esto, entretanto en nuestros países, deberá calcularse un plus para asegurar la mudanza. Otra excepción a contemplar es el de los trabajadores precarizados o en negro o los cuentapropistas con escaso nivel de blanqueo salarial, aquellos casos en los que no puedan documentarse con precisión los ingresos, etc. que deberán fijarse por aproximación y contexto, aunque no de los rentistas puros, es decir sin salario, ya que no lo necesitan para reproducirse como tales. El caso de alguien momentáneamente desocupado, es más simple aún con sólo contemplar su/s último/s empleo/s.
Intento pensar en un principio de igualdad real y no formal, como creo que expresan las propuestas limitativas. Principio basado en la satisfacción de las mismas necesidades hasta la asunción que a la vez impidan posteriormente el provecho privado o el mejoramiento económico personal del futuro representante o jerarca. La fijación de una idéntica retribución para todos los cargos en cualquier caso seguiría siendo desigual, en más o en menos, respecto a otras magnitudes salariales en la sociedad. No resuelve la desigualdad social.
Por último, un aspecto a considerar es que varias funciones y cargos, particularmente en el Poder Ejecutivo (eludo aquí el judicial, ya que merece tratamiento específico en otra oportunidad) requiere de mucho más que acuerdos políticos, programáticos, o particular confianza, sino también de conocimientos del área o temática, idoneidad, talento e iniciativa. Las dos concepciones de las que me distancio, desestimulan la postulación de los más capaces que seguramente tienen una trayectoria laboral destacada. Si un candidato es muy capaz, no lo va a descubrir la ciudadanía mediante la propaganda política ni sus compañeros de militancia antes que el capital, la universidad o el estado. Ya tendría que haber demostrado sus habilidades y tendrá un sueldo proporcional a tal exhibición para el mercado laboral local.
Para domar al mercado (laboral y de bienes) es indispensable la política. Pero los políticos no deberían pasar por encima del mercado laboral. Al hacerlo, pisoteando la política, aplastan la energía social transformadora.
La enferman de apatía.
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