México: aprueban en Chiapas ley que criminaliza la protesta
16 mayo, 2014 México
Con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Congreso local aprobó hoy la iniciativa del código que establece el “uso legítimo de la fuerza” por parte de las instituciones de seguridad pública estatal, reforma considerada por activistas y legisladores de oposición como “un retroceso más en materia de derechos humanos” en la entidad.
La reforma supuestamente regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así como avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.
Este hecho puso en estado de alerta a activistas y organismos no gubernamentales, aunque las voces para frenar la reforma fueron aisladas.
Hoy, en el seno del Legislativo sólo estuvieron en contra de la polémica iniciativa cuatro legisladores de oposición: dos diputadas del PRD, Alejandra Soriano y Hortensia Zúñiga; un legislador del Movimiento Ciudadano (MC), Vladimir Balboa; Sonia Catalina Álvarez, del PT, y la panista Gloria Luna Ruiz, quien se abstuvo de respaldar la propuesta.
El resto votó a favor de la iniciativa presentada por el gobernador Manuel Velasco.
El nuevo Código considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien en la petición que se hace ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.
Incluso, en caso de manifestaciones pacíficas se podrán armar operativos preventivos para, entre otros, resguardar bienes de terceros en caso de que la protesta se torne violenta.
Además, se establecen protocolos de actuación de las corporaciones durante las detenciones y otras forma de intervención para resguardar la seguridad pública.
El Código también define, clasifica y establece las reglas para el uso legítimo de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas bajo los principios de “legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad y con respeto y protección de los derechos humanos”.
Hortensia Zúñiga, coordinadora de la fracción del PRD, calificó la propuesta como una medida autoritaria, pues “constituye un amague contra la manifestación pública en momentos que en el país y en Chiapas se vive un descontento social generalizado por las reformas y decisiones gubernamentales que agravian a la mayoría de mexicanos”.
Enseguida se pronunció por un modelo de Código que no inhiba la protesta social; por el contrario, que se creen los protocolos necesarios para garantizar la libre manifestación de las ideas, en un ambiente de legalidad y de paz.
El presente Código, acusó la legisladora, “no atiende el espíritu de la recomendación 12/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; por el contrario, con su subjetividad y discrecionalidad violenta los artículos 14 y 16 constitucionales que prevén los derechos de seguridad jurídica y legalidad”.
Lo que se intenta, denunció, “es acallar las protestas y limitar la libre expresión que tienen los ciudadanos para pedirle a los gobernantes en turno que cumplan con sus compromisos y que generen mejores condiciones de vida para sus gobernados. Con esto se pretende criminalizar la protesta social, regular las marchas y las manifestaciones, por lo que de votarse a favor en sus términos sería tanto como dar salvoconducto a la impunidad del Estado”, acotó.
El activista defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, dijo que este nuevo Código se suma a otras decisiones políticas que han implicado desandar lo avanzado en la materia, como fue la cancelación de los apoyos económicos que se brindaban a los adultos mayores.
El también abogado agregó que además de no contar con un organismo eficaz y confiable para la defensa de los derechos humanos en Chiapas, ahora se ha dotado a las policías de facultades legales para atropellar las garantías fundamentales al amparo del Código sobre el uso legítimo de la fuerza.
“En realidad, la iniciativa de código pretende legalizar los atropellos que ya cometen las policías y aumentar las posibilidades legales en que pueden vulnerar nuestros derechos en el contexto de las manifestaciones públicas”, mencionó.
Es posible, alertó, “que pensemos que nunca vamos a vernos involucrados en esas situaciones, que la iniciativa de Código está dirigida para los revoltosos; sin embargo, no habrá que perder de vista que las leyes pueden ser generales, pero los destinatarios nunca lo son, tarde o temprano podemos ejercer el derecho a manifestarnos y enfrentar el ‘uso legítimo de la fuerza’”.
http://www.proceso.com.mx/?p=372328
18 may 2014
Evo Morales confirma que Bolivia desarrolla energía nuclear con apoyo de Argentina
Evo Morales confirma que Bolivia desarrolla energía nuclear con apoyo de Argentina
16 mayo, 2014 Bolivia
El presidente Evo Morales aseguró ayer que Bolivia trabaja con apoyo de Argentina en el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos, en la inauguración del IV Congreso Internacional Gas y Petróleo, que se realiza en Santa Cruz y fue organizado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Mandatario instó a los participantes a debatir la búsqueda de nuevas fuentes de energía para la exportación y la generación de mayores divisas. El encuentro, que concluye hoy, reúne a expertos, ejecutivos y autoridades en materia de hidrocarburos de diferentes países de América Latina, Europa y Asia.
Por otro lado, el gerente Ejecutivo Corporativo del Directorio de Gas y Energía de Petrobras, Hugo Repsold, señaló que Brasil pretende comprar gas natural de Bolivia hasta 2030, manteniendo los 30 millones de metros cúbicos por día, cantidad estipulada en el contrato que aún está en vigencia.
“Algunos técnicos, como siempre, dicen: ‘Es muy peligroso, no hay que informar a la población, hay que trabajar calladamente, a veces puede reaccionar el pueblo’”, contó Morales
Por tal motivo, prosiguió, las reuniones bilaterales comenzaron bajo condiciones “secretas y a puertas cerradas”.
“Yo después me di cuenta ¡qué miedo! y cuando planteamos de frente al pueblo que (íbamos) a avanzar en energía atómica con fines pacíficos, más bien el pueblo aplaudió contento y feliz”, sostuvo.
En octubre de 2010, Morales hizo públicos acuerdos con el Gobierno de su entonces aliado político Mahmud Ahmadinejad para contar con tecnología iraní a fin de desarrollar una planta nuclear en Bolivia, en el marco de programas de cooperación tecnológica y financiera.
El desarrollo energético nuclear -de acuerdo a la explicación de Morales- serviría primero al mercado interno y, eventualmente, al externo. “Imagínense los ingresos económicos que va a tener Bolivia”, expresó.
Bolivia no certificó por ahora sus reservas de uranio, aunque existen informes preliminares de antigua data de que existe el mineral radioactivo en los departamentos de Potosí y Tarija.
El Presidente consideró clave que una nación desarrolle sus fuerzas energéticas para los “tiempos que se vienen”, pues “el país que tiene control de la parte energética es el país que tiene poder, no es el que tiene misiles o mucha plata”, sostuvo ante los más de mil asistentes al congreso.
En esta versión del encuentro se analiza el rol que juegan las empresas petroleras estatales en el mercado del gas y petróleo.
Ayer, ejecutivos de las petroleras YPF Argentina, Petrobras, Petroamazonas de Ecuador y Pdvsa expusieron millonarios planes de inversión y sus perspectivas sobre el mercado del gas.
Dos desafíos
En esa linea planteó al congreso dos desafíos: delinear formas de ampliar la inversión en energía y diversificar las fuentes de generación de energía para llegar al 2025 con fuerte presencia en la energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar porque considera que será un factor de poder político.
Justificó su pedido de proyectos de inversión señalando que después de la nacionalización, “la responsabilidad ahora es darle mayor valor agregado a los recursos naturales”.
Dijo que espera del congreso propuestas sobre cómo generar proyectos y nuevos programas que beneficien al pueblo boliviano, “qué políticas hay que implementar, qué proyectos hay en camino, al margen de definir su financiamiento”.
Aseguró que la inversión privada “siempre será respetada, pero queremos empresarios con capacidad y con conciencia social”, dijo y comentó que “ojalá los empresarios (bolivianos) puedan reemplazar a la (empresa coreana) Samsung, estoy encontrando nuevos empresarios jóvenes que nunca se han aprovechado del Estado”.
El presidente de YPFB, la estatal petrolera del país, Carlos Villegas explicó que en los últimos años hubo cambios “significativos” en el mercado internacional del gas, relacionados con los precios, el volumen de producción o el transporte, por lo que en el congreso se abordará el trabajo de las empresas petroleras y su interacción en esos nuevos escenarios.
Respecto a la diversificación de obtención de la energía, dijo que es un rumbo que ha tomado el Gobierno, sobre todo en generación hidroeléctrica.
El presidente de YPFB Andina y coordinador del evento, Jorge Ortiz, puso como ejemplo de esos cambios el hecho de que Estados Unidos haya pasado de ser un gran demandante a ser un gran oferente de shale gas, lo cual sin duda tiene su impacto.
Estrategia de Petrobras y el gas boliviano
La estrategia 2013-2030 de la estatal brasileña Petrobras incluye la compra de gas boliviano pues uno de sus ejes es apoyar el esfuerzo exploratorio para que el gas pueda aportar a cubrir la demanda de Brasil, dijo ayer el gerente ejecutivo de la Dirección de Gas y Energía de Petrobras, Hugo Repsold.
Indicó que se pretende mantener el tope máximo de la demanda de 30 millones de metros cúbicos al día, como lo establece el contrato aún vigente hasta 2019.Dijo que Brasil aún tiene “una gran dependencia internacional” de gas natural, por lo que Petrobras no tiene previsto elevar la cantidad del Gas Natural Licuado (GNL) que compra. Es por eso que el otro eje de su estrategia es posicionarse en el mercado del GNL pero con una inversión mínima en la cadena productiva.
Repsold dijo que Petrobras no considera necesario pensar más infraestructura de transporte porque la que está instalada es suficiente para satisfacer la demanda; más bien lo que considera “fundamental” es renovar el contrato de importación de gas con Bolivia y hacer inversiones en exploración.
IDEA ARGENTINA
G-10 de petroleras estatales
El presidente de la petrolera estatal YPF Argentina, Miguel Galuccio, planteó ayer conformar un G10 de petroleras estatales de la región en busca de sinergias que potencien el poder de contar con recursos energéticos.
Dijo que la idea aún está por madurar, aunque ya la comentó con su similar en Bolivia, Carlos Villegas, cuando se dirigían a Santa Cruz. El grupo podría estar conformado por la brasileña Petrobras, por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), YPF Argentina, la venezolana Pdvsa y la mexicana Pemex, entre otras.
“Es una idea que voy a charlar con el resto de mis pares, de formar un G10, capaz que termina siendo un G12 de presidentes de compañías nacionales”, dijo.
Añadió que el objetivo de su planteamiento es fortalecer a las estatales petroleras.“El presidente (Evo Morales) dijo que tener energía es poder, yo creo que, a su vez, agruparse y buscar sinergias es todavía tener más poder”, señaló.
Galuccio se refería a lo expresado por Morales en su discurso de inauguración del evento, cuando señaló que ahora el poder se asienta en la posesión de la energía y el control de las fuentes de energéticos, ya no en el armamento bélico.
El ejecutivo argentino destacó que la región no sólo tiene potencial energético, sino también un entorno favorable para su integración en base a la energía pues está libre de conflictos, comparte importantes lazos culturales y existe una red de gasoductos que cruza las fronteras y le permite hacer intercambio de energía.
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140516/evo-confirma-que-bolivia-desarrolla-energia_255045_558140.html
16 mayo, 2014 Bolivia
El presidente Evo Morales aseguró ayer que Bolivia trabaja con apoyo de Argentina en el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos, en la inauguración del IV Congreso Internacional Gas y Petróleo, que se realiza en Santa Cruz y fue organizado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Mandatario instó a los participantes a debatir la búsqueda de nuevas fuentes de energía para la exportación y la generación de mayores divisas. El encuentro, que concluye hoy, reúne a expertos, ejecutivos y autoridades en materia de hidrocarburos de diferentes países de América Latina, Europa y Asia.
Por otro lado, el gerente Ejecutivo Corporativo del Directorio de Gas y Energía de Petrobras, Hugo Repsold, señaló que Brasil pretende comprar gas natural de Bolivia hasta 2030, manteniendo los 30 millones de metros cúbicos por día, cantidad estipulada en el contrato que aún está en vigencia.
“Algunos técnicos, como siempre, dicen: ‘Es muy peligroso, no hay que informar a la población, hay que trabajar calladamente, a veces puede reaccionar el pueblo’”, contó Morales
Por tal motivo, prosiguió, las reuniones bilaterales comenzaron bajo condiciones “secretas y a puertas cerradas”.
“Yo después me di cuenta ¡qué miedo! y cuando planteamos de frente al pueblo que (íbamos) a avanzar en energía atómica con fines pacíficos, más bien el pueblo aplaudió contento y feliz”, sostuvo.
En octubre de 2010, Morales hizo públicos acuerdos con el Gobierno de su entonces aliado político Mahmud Ahmadinejad para contar con tecnología iraní a fin de desarrollar una planta nuclear en Bolivia, en el marco de programas de cooperación tecnológica y financiera.
El desarrollo energético nuclear -de acuerdo a la explicación de Morales- serviría primero al mercado interno y, eventualmente, al externo. “Imagínense los ingresos económicos que va a tener Bolivia”, expresó.
Bolivia no certificó por ahora sus reservas de uranio, aunque existen informes preliminares de antigua data de que existe el mineral radioactivo en los departamentos de Potosí y Tarija.
El Presidente consideró clave que una nación desarrolle sus fuerzas energéticas para los “tiempos que se vienen”, pues “el país que tiene control de la parte energética es el país que tiene poder, no es el que tiene misiles o mucha plata”, sostuvo ante los más de mil asistentes al congreso.
En esta versión del encuentro se analiza el rol que juegan las empresas petroleras estatales en el mercado del gas y petróleo.
Ayer, ejecutivos de las petroleras YPF Argentina, Petrobras, Petroamazonas de Ecuador y Pdvsa expusieron millonarios planes de inversión y sus perspectivas sobre el mercado del gas.
Dos desafíos
En esa linea planteó al congreso dos desafíos: delinear formas de ampliar la inversión en energía y diversificar las fuentes de generación de energía para llegar al 2025 con fuerte presencia en la energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar porque considera que será un factor de poder político.
Justificó su pedido de proyectos de inversión señalando que después de la nacionalización, “la responsabilidad ahora es darle mayor valor agregado a los recursos naturales”.
Dijo que espera del congreso propuestas sobre cómo generar proyectos y nuevos programas que beneficien al pueblo boliviano, “qué políticas hay que implementar, qué proyectos hay en camino, al margen de definir su financiamiento”.
Aseguró que la inversión privada “siempre será respetada, pero queremos empresarios con capacidad y con conciencia social”, dijo y comentó que “ojalá los empresarios (bolivianos) puedan reemplazar a la (empresa coreana) Samsung, estoy encontrando nuevos empresarios jóvenes que nunca se han aprovechado del Estado”.
El presidente de YPFB, la estatal petrolera del país, Carlos Villegas explicó que en los últimos años hubo cambios “significativos” en el mercado internacional del gas, relacionados con los precios, el volumen de producción o el transporte, por lo que en el congreso se abordará el trabajo de las empresas petroleras y su interacción en esos nuevos escenarios.
Respecto a la diversificación de obtención de la energía, dijo que es un rumbo que ha tomado el Gobierno, sobre todo en generación hidroeléctrica.
El presidente de YPFB Andina y coordinador del evento, Jorge Ortiz, puso como ejemplo de esos cambios el hecho de que Estados Unidos haya pasado de ser un gran demandante a ser un gran oferente de shale gas, lo cual sin duda tiene su impacto.
Estrategia de Petrobras y el gas boliviano
La estrategia 2013-2030 de la estatal brasileña Petrobras incluye la compra de gas boliviano pues uno de sus ejes es apoyar el esfuerzo exploratorio para que el gas pueda aportar a cubrir la demanda de Brasil, dijo ayer el gerente ejecutivo de la Dirección de Gas y Energía de Petrobras, Hugo Repsold.
Indicó que se pretende mantener el tope máximo de la demanda de 30 millones de metros cúbicos al día, como lo establece el contrato aún vigente hasta 2019.Dijo que Brasil aún tiene “una gran dependencia internacional” de gas natural, por lo que Petrobras no tiene previsto elevar la cantidad del Gas Natural Licuado (GNL) que compra. Es por eso que el otro eje de su estrategia es posicionarse en el mercado del GNL pero con una inversión mínima en la cadena productiva.
Repsold dijo que Petrobras no considera necesario pensar más infraestructura de transporte porque la que está instalada es suficiente para satisfacer la demanda; más bien lo que considera “fundamental” es renovar el contrato de importación de gas con Bolivia y hacer inversiones en exploración.
IDEA ARGENTINA
G-10 de petroleras estatales
El presidente de la petrolera estatal YPF Argentina, Miguel Galuccio, planteó ayer conformar un G10 de petroleras estatales de la región en busca de sinergias que potencien el poder de contar con recursos energéticos.
Dijo que la idea aún está por madurar, aunque ya la comentó con su similar en Bolivia, Carlos Villegas, cuando se dirigían a Santa Cruz. El grupo podría estar conformado por la brasileña Petrobras, por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), YPF Argentina, la venezolana Pdvsa y la mexicana Pemex, entre otras.
“Es una idea que voy a charlar con el resto de mis pares, de formar un G10, capaz que termina siendo un G12 de presidentes de compañías nacionales”, dijo.
Añadió que el objetivo de su planteamiento es fortalecer a las estatales petroleras.“El presidente (Evo Morales) dijo que tener energía es poder, yo creo que, a su vez, agruparse y buscar sinergias es todavía tener más poder”, señaló.
Galuccio se refería a lo expresado por Morales en su discurso de inauguración del evento, cuando señaló que ahora el poder se asienta en la posesión de la energía y el control de las fuentes de energéticos, ya no en el armamento bélico.
El ejecutivo argentino destacó que la región no sólo tiene potencial energético, sino también un entorno favorable para su integración en base a la energía pues está libre de conflictos, comparte importantes lazos culturales y existe una red de gasoductos que cruza las fronteras y le permite hacer intercambio de energía.
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140516/evo-confirma-que-bolivia-desarrolla-energia_255045_558140.html
Sánchez Cerén: “Debe democratizarse el espectro radioeléctrico”
Sánchez Cerén: “Debe democratizarse el espectro radioeléctrico”
16 mayo, 2014 El Salvador
El presidente electo tiene claro que el espectro radioeléctrico debe otorgarse equitativamente entre el sector comercial, público y comunitario y no sólo favorecer a los oligopolios mediáticos comerciales para que se lucren con ello.
La polémica sobre la subasta de seis canales de televisión que tiene en proceso la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, sigue en aumento, ya que el mismo presidente electo, Salvador Sánchez Cerén ha dicho que debe democratizarse el espectro radio eléctrico, por ser un bien público.
“Debe de democratizarse el espectro radioeléctrico, creo que es necesario abrir la competencia en el país para que la población tenga más oportunidades de más información y además también sabemos que en ese radioespectro tiene posibilidades tanto el sector público, el sector privado como el sector comunitario”, expresó Sánchez Cerén.
A pesar que el tema de la subasta es legal, pues está plasmado como único mecanismo para otorgar frecuencias radioeléctricas en la Ley de Telecomunicaciones, pero no es democrático, y ese es el punto detonante en esta discusión, ya que el sector público y menos el comunitario pueden acceder a una concesión donde el que gana es el que paga más.
En esta batalla por el derecho a la comunicación, son las organizaciones sociales las que están luchando por ser escuchadas para que se detenga el proceso actual de subasta de las seis frecuencias, una lucha que pareciera como David y Goliat, en la que el gigante son los oligopolios mediáticos que han concentrado a los medios de comunicación radiales y televisivos.
Oscar Pérez, miembro de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, una organización que está peleando para frenar la subasta y para que los medios comunitarios sean reconocidos se muestra satisfecho con esta primera reacción de Sánchez Cerén y cuestiona al presidente actual, Mauricio Funes por permitir un proceso que atenta contra la democracia.
“Si bien es cierto la SIGET se ampara en la legalidad, no es coherente con la democracia con la democracia de este país, porque puede ser legal, pero no democrático, ni puede ser justo, porque en una subasta solamente los que tienen plata pueden participar, y lo que están subastando no es un carro, no es una casa, es un recurso nacional de las y los salvadoreños que sirve para debilitar o fortalecer la libertad de expresión”, enfatizó Pérez.
Para el recién nombrado Astor Escalante, actual superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, la protesta de las organizaciones sociales para que se detenga el proceso solo es “ronroneo” debido a una coyuntura política y se olvida o deja de lado que la subasta es un mecanismo antidemocrático que ha sido muy cuestionado en toda América Latina por las relatorías de libertad de expresión de la ONU y OEA.
Sin embargo, para Sánchez Cerén el tema está claro, ya que no se trata solo de “ronroneos” sino de democracia y por ello deben abrirse los espacios para los tres sectores, comerciales, públicos y comunitarios.
“Debe de tomarse en cuenta también a los intereses, tanto de las grandes corporaciones, de las corporaciones pequeñas y también de las pequeñas empresas comunitarias porque tiene que ver con la democratización”, enfatizó.
¡Tiro la piedra y escondo la mano!
Sorpresivamente ARENA ha tomado el tema como un caballito de batalla en contra del gobierno, ya que fue en los gobiernos de la derecha que se aprobó la Ley de Telecomunicaciones en 1997, esto en coherencia con sus políticas de privatización, sin embargo ahora es la tricolor la que está cuestionando la subasta de esas seis frecuencias.
“Pido se introduzca pieza de correspondencia para frenar actual subasta de frecuencias de TV, hay muchas cosas que aclarar en ese caso” dijo el diputado arenero Roberto d’Aubuisson, posición nada coherente con los discursos y acciones que siempre ha realizado su partido sobre este tema.
Para Pérez la posición de ARENA está clara, arremeter en contra del saliente presidente Funes y dos la doble moral que siempre ha manejado la derecha.
“ARENA la tiene contra el presidente Funes, entonces ahora resulta que se han montado en este caballito de batalla por la democratización de las comunicaciones, pero para atacar a Funes y segundo la doble moral que tienen, porque esta Ley de Telecomunicaciones donde la subasta es único mecanismo para concesionar frecuencias de radio y televisión fue aprobada por ARENA, entonces por favor, esa doble moral no funciona si queremos construir de verdad patria y democracia”, aseveró Pérez.
¿Cuál es la prisa?
El Superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez, cuestiona la prisa en subastar estos seis canales, un proceso que se abrió a pocos días que termine el mandato de Funes. En este sentido mostró su descuerdo con la subasta y expresó que debería modificarse la Ley de Telecomunicaciones ya que está defasada.
“Ley de Telecomunicaciones, además de estar ya atrasada debido al extraordinario avance tecnológico ocurrido en ese ramo en los últimos quince años, forma parte del paquete de leyes de privatización de los años 90, decretadas sin criterios de competencia, que favorecen o facilitan la concentración económica”, dijo Díaz Rodríguez, quien agregó que la Superintendencia de Competencia emitirá en los próximos días la opinión técnica formal, sobre este tema.
Sánchez Cerén espera que la SIGET escuche a los sectores sociales, pues en un pueblo democrático no puede solo favorecerse a los más poderosos.
“Entiendo de que ellos, lo que están abriendo es esa licitación; sería bueno que escucharan tanto al sector privado como al sector público, al sector social, que pudieran escucharlos para ver si ese proceso, además de estar ajustado a la ley también se toman en cuenta los intereses de los diferentes actores que están en la comunicación, tanto televisiva como radial”, expresó el presidente electo.
Pérez hace un llamado a Funes, y le recuerda que fueron los oligopolios mediáticos comerciales que lo censuraron los que ahora su gobierno está favoreciendo y le solicita que suspenda este proceso de subasta.
“No es coherente esta decisión de la subasta dentro de una presidencia de alguien que fue vilipendiado, ofendido por los oligopolios mediáticos comerciales de este país y ¡cómo es posible que ahora en sus últimas acciones como mandatario quiera favorecer y fortalecer a los oligopolios mediáticos comerciales que lo atropellaron a él como periodista, como comunicador!, manifestó Pérez.
El miembro de la Junta Ciudadana enfatizó que esperan que el presidente Funes “dé la orden al señor Escalante para que detenga la subasta en beneficio de la democratización de las comunicaciones, la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación en este país”.
http://voces.org.sv/2014/05/15/sanchez-ceren-debe-democratizarse-el-espectro-radioelectrico/
16 mayo, 2014 El Salvador
El presidente electo tiene claro que el espectro radioeléctrico debe otorgarse equitativamente entre el sector comercial, público y comunitario y no sólo favorecer a los oligopolios mediáticos comerciales para que se lucren con ello.
La polémica sobre la subasta de seis canales de televisión que tiene en proceso la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, sigue en aumento, ya que el mismo presidente electo, Salvador Sánchez Cerén ha dicho que debe democratizarse el espectro radio eléctrico, por ser un bien público.
“Debe de democratizarse el espectro radioeléctrico, creo que es necesario abrir la competencia en el país para que la población tenga más oportunidades de más información y además también sabemos que en ese radioespectro tiene posibilidades tanto el sector público, el sector privado como el sector comunitario”, expresó Sánchez Cerén.
A pesar que el tema de la subasta es legal, pues está plasmado como único mecanismo para otorgar frecuencias radioeléctricas en la Ley de Telecomunicaciones, pero no es democrático, y ese es el punto detonante en esta discusión, ya que el sector público y menos el comunitario pueden acceder a una concesión donde el que gana es el que paga más.
En esta batalla por el derecho a la comunicación, son las organizaciones sociales las que están luchando por ser escuchadas para que se detenga el proceso actual de subasta de las seis frecuencias, una lucha que pareciera como David y Goliat, en la que el gigante son los oligopolios mediáticos que han concentrado a los medios de comunicación radiales y televisivos.
Oscar Pérez, miembro de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, una organización que está peleando para frenar la subasta y para que los medios comunitarios sean reconocidos se muestra satisfecho con esta primera reacción de Sánchez Cerén y cuestiona al presidente actual, Mauricio Funes por permitir un proceso que atenta contra la democracia.
“Si bien es cierto la SIGET se ampara en la legalidad, no es coherente con la democracia con la democracia de este país, porque puede ser legal, pero no democrático, ni puede ser justo, porque en una subasta solamente los que tienen plata pueden participar, y lo que están subastando no es un carro, no es una casa, es un recurso nacional de las y los salvadoreños que sirve para debilitar o fortalecer la libertad de expresión”, enfatizó Pérez.
Para el recién nombrado Astor Escalante, actual superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, la protesta de las organizaciones sociales para que se detenga el proceso solo es “ronroneo” debido a una coyuntura política y se olvida o deja de lado que la subasta es un mecanismo antidemocrático que ha sido muy cuestionado en toda América Latina por las relatorías de libertad de expresión de la ONU y OEA.
Sin embargo, para Sánchez Cerén el tema está claro, ya que no se trata solo de “ronroneos” sino de democracia y por ello deben abrirse los espacios para los tres sectores, comerciales, públicos y comunitarios.
“Debe de tomarse en cuenta también a los intereses, tanto de las grandes corporaciones, de las corporaciones pequeñas y también de las pequeñas empresas comunitarias porque tiene que ver con la democratización”, enfatizó.
¡Tiro la piedra y escondo la mano!
Sorpresivamente ARENA ha tomado el tema como un caballito de batalla en contra del gobierno, ya que fue en los gobiernos de la derecha que se aprobó la Ley de Telecomunicaciones en 1997, esto en coherencia con sus políticas de privatización, sin embargo ahora es la tricolor la que está cuestionando la subasta de esas seis frecuencias.
“Pido se introduzca pieza de correspondencia para frenar actual subasta de frecuencias de TV, hay muchas cosas que aclarar en ese caso” dijo el diputado arenero Roberto d’Aubuisson, posición nada coherente con los discursos y acciones que siempre ha realizado su partido sobre este tema.
Para Pérez la posición de ARENA está clara, arremeter en contra del saliente presidente Funes y dos la doble moral que siempre ha manejado la derecha.
“ARENA la tiene contra el presidente Funes, entonces ahora resulta que se han montado en este caballito de batalla por la democratización de las comunicaciones, pero para atacar a Funes y segundo la doble moral que tienen, porque esta Ley de Telecomunicaciones donde la subasta es único mecanismo para concesionar frecuencias de radio y televisión fue aprobada por ARENA, entonces por favor, esa doble moral no funciona si queremos construir de verdad patria y democracia”, aseveró Pérez.
¿Cuál es la prisa?
El Superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez, cuestiona la prisa en subastar estos seis canales, un proceso que se abrió a pocos días que termine el mandato de Funes. En este sentido mostró su descuerdo con la subasta y expresó que debería modificarse la Ley de Telecomunicaciones ya que está defasada.
“Ley de Telecomunicaciones, además de estar ya atrasada debido al extraordinario avance tecnológico ocurrido en ese ramo en los últimos quince años, forma parte del paquete de leyes de privatización de los años 90, decretadas sin criterios de competencia, que favorecen o facilitan la concentración económica”, dijo Díaz Rodríguez, quien agregó que la Superintendencia de Competencia emitirá en los próximos días la opinión técnica formal, sobre este tema.
Sánchez Cerén espera que la SIGET escuche a los sectores sociales, pues en un pueblo democrático no puede solo favorecerse a los más poderosos.
“Entiendo de que ellos, lo que están abriendo es esa licitación; sería bueno que escucharan tanto al sector privado como al sector público, al sector social, que pudieran escucharlos para ver si ese proceso, además de estar ajustado a la ley también se toman en cuenta los intereses de los diferentes actores que están en la comunicación, tanto televisiva como radial”, expresó el presidente electo.
Pérez hace un llamado a Funes, y le recuerda que fueron los oligopolios mediáticos comerciales que lo censuraron los que ahora su gobierno está favoreciendo y le solicita que suspenda este proceso de subasta.
“No es coherente esta decisión de la subasta dentro de una presidencia de alguien que fue vilipendiado, ofendido por los oligopolios mediáticos comerciales de este país y ¡cómo es posible que ahora en sus últimas acciones como mandatario quiera favorecer y fortalecer a los oligopolios mediáticos comerciales que lo atropellaron a él como periodista, como comunicador!, manifestó Pérez.
El miembro de la Junta Ciudadana enfatizó que esperan que el presidente Funes “dé la orden al señor Escalante para que detenga la subasta en beneficio de la democratización de las comunicaciones, la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación en este país”.
http://voces.org.sv/2014/05/15/sanchez-ceren-debe-democratizarse-el-espectro-radioelectrico/
17 may 2014
Caminos de integracion: el SUCRE
ALBA realiza transacciones comerciales mil millonarias con el SUCRE
Operaciones comerciales con el SUCRE superan los dos mil 200 millones de dólares
Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América han movilizado alrededor de 20 millones de dólares (16 millones de Sucre) en 22 operaciones comerciales este año, utilizando el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos.
El Consejo Monetario del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) destacó que los Estados parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han realizado transacciones comerciales con la moneda única, cuyo importe supera los dos mil 200 millones de dólares.
El titular del Consejo, Eudomar Tovar, precisó que, en los tres años de vigencia del SUCRE, los dos mil 200 millones de dólares equivalen a mil 600 millones de Sucres. “Esto nos muestra que la moneda única se está posicionando y se ven buenos resultados", enfatizó.
Igualmente, resaltó que este año se han ejecutado 22 operaciones comerciales con la moneda única, con un monto aproximado de 16 millones de Sucres (20 millones de dólares).
“Estamos en el camino correcto, porque este sistema nos ayuda a fortalecer el comercio y la parte productiva de la región” latinoamericana y caribeña, puntualizó Tovar.
El funcionario participó en un acto conmemorativo por el tercer aniversario del SUCRE y la XXX Reunión del Consejo Monetario, que tuvo lugar este jueves en el Banco Central de Bolivia (BCB).
Al respecto, el titular del BCB, Marcelo Zabalaga, explicó que el empleo del Sucre no representa una operación comercial monetaria, pues se ejecuta a través de una cuenta con el banco del país que compra los productos a otro, entidades que previamente acuerdan utilizar el convenio del ALBA.
Los países que integran el ALBA (Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Ecuador) acordaron en octubre de 2009 crear el SUCRE, para agilizar las transacciones monetarias en las operaciones comerciales y terminar con la hegemonía del dólar.
teleSUR-PL-BoliviaEnTuManos-PáginaSiete/MARL
Operaciones comerciales con el SUCRE superan los dos mil 200 millones de dólares
Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América han movilizado alrededor de 20 millones de dólares (16 millones de Sucre) en 22 operaciones comerciales este año, utilizando el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos.
El Consejo Monetario del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) destacó que los Estados parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han realizado transacciones comerciales con la moneda única, cuyo importe supera los dos mil 200 millones de dólares.
El titular del Consejo, Eudomar Tovar, precisó que, en los tres años de vigencia del SUCRE, los dos mil 200 millones de dólares equivalen a mil 600 millones de Sucres. “Esto nos muestra que la moneda única se está posicionando y se ven buenos resultados", enfatizó.
Igualmente, resaltó que este año se han ejecutado 22 operaciones comerciales con la moneda única, con un monto aproximado de 16 millones de Sucres (20 millones de dólares).
“Estamos en el camino correcto, porque este sistema nos ayuda a fortalecer el comercio y la parte productiva de la región” latinoamericana y caribeña, puntualizó Tovar.
El funcionario participó en un acto conmemorativo por el tercer aniversario del SUCRE y la XXX Reunión del Consejo Monetario, que tuvo lugar este jueves en el Banco Central de Bolivia (BCB).
Al respecto, el titular del BCB, Marcelo Zabalaga, explicó que el empleo del Sucre no representa una operación comercial monetaria, pues se ejecuta a través de una cuenta con el banco del país que compra los productos a otro, entidades que previamente acuerdan utilizar el convenio del ALBA.
Los países que integran el ALBA (Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Ecuador) acordaron en octubre de 2009 crear el SUCRE, para agilizar las transacciones monetarias en las operaciones comerciales y terminar con la hegemonía del dólar.
teleSUR-PL-BoliviaEnTuManos-PáginaSiete/MARL
La jugada del fondo rotatorio
La jugada del fondo rotatorio
ESCRITO POR: WALTER PERNAS
Investigación judicial contra militares navales uruguayos constata fraude
Cuatro oficiales de la Armada Nacional se robaban los dineros que quedaban como remanente en cuentas bancarias de la institución, mediante una trama que implicaba hacer girar la plata internamente para luego llevársela en cheques. La maniobra es por casi 300 mil dólares. Al cierre de esta edición el fiscal Juan Gómez se disponía a solicitar los procesamientos de cuatro oficiales de la Armada por robarse el dinero remanente de varias cuentas de la institución.
Se trata de militares que trabajan en el Servicio de Hacienda y Contabilidad (Secon), que tenían acceso a las cuentas bancarias de diversos rubros y que manejaban los llamados “fondos rotatorios” del arma.
Estos fondos constituyen una especie de “caja chica” con un tope de 15 millones de pesos, y se los utiliza para solucionar problemas urgentes (arreglos, compra de repuestos), para lo cual se pueden realizar compras directas luego de presentar el mejor de tres precios, por ejemplo.
Cuando se emplea parte de esos fondos se deben presentar las facturas que acrediten el desembolso, y entonces vuelve a depositarse dinero en la cuenta para que siempre se disponga de los 15 millones de pesos para resolver imponderables.
Pero una investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Defensa determinó que al menos los cuatro oficiales del Secon que ayer, jueves, comparecieron ante la justicia de crimen organizado, estaban involucrados en una maniobra para robar dinero de los “fondos rotatorios”.
Los oficiales tenían acceso a las cuentas bancarias de diversos rubros de la Armada. Aun cubriendo las necesidades del servicio (pagos, compras, contratos) suele quedar dinero sin gastar en esas cuentas, y a estos montos se les denomina –según la jerga de la Armada– de una forma particular para tratarse de dineros públicos: “fondos ociosos”.
Los militares saben que, de quedar ociosa la plata, tal remanente debe devolverse a Rentas Generales.
Pero la organización integrada por estos cuatro oficiales de la Armada decidió otro destino para los fondos. Los remanentes no eran enviados a Rentas Generales sino transferidos a “fondos rotatorios”, la caja chica también manejada por los oficiales del Secon. Y desde esa cuenta se retiraba la plata mediante el cobro de cheques.
El pasaje del dinero desviado a través de los fondos rotatorios hasta la salida a los bolsillos de los oficiales no tardaba más de 24 horas. Una vez retirado el dinero, el fondo rotatorio volvía a completarse procurando que quedara nuevamente en 15 millones de pesos.
La maniobra parece burda, sobre todo porque se debía acreditar en algún momento qué pasaba con los remanentes “ociosos” y para qué se usaba el dinero que se retiraba de “fondos rotatorios”, pero no debe olvidarse que los que debían controlar el flujo de dinero y todas las cuentas bancarias eran los mismos que se robaban el dinero.
Aun así, un alerta se disparó en la interna de la Armada, y el Ministerio de Defensa ordenó la investigación que derivó en el arresto administrativo de los cuatro oficiales, y en la presentación de una denuncia ante la justicia de crimen organizado.
El 23 de marzo el comandante en jefe de la Armada, Ricardo Giambruno, se presentó personalmente ante la sede judicial, en lo que pareció una señal política hacia adentro y hacia afuera de la institución.
“Luego de los hechos acaecidos hace casi cuatro años atrás, la Armada Nacional ha implementado controles que apuntan a minimizar las posibilidades de incurrir en situaciones como las vividas anteriormente”, señaló un comunicado librado en ese momento por la Armada.
Con esto se hacía referencia a las demás causas que involucran a oficiales navales y en las cuales se comprobaron fraudes millonarios en los últimos años, que son investigados por la justicia al menos desde 2009.
El punto es que aun cuando varios de los funcionarios marcharon a la cárcel, las maniobras se mantuvieron en estos tiempos, y la prueba está en este nuevo caso de corrupción.
El comunicado afirmó que la denuncia en la interna fue presentada por el jefe del Secon, y que una vez concluida la investigación se constataron hechos que “hacen presumir la comisión de delito”. Por ello la Armada “aplicó las sanciones disciplinarias correspondientes”, lo que implicó el arresto preventivo en tanto el caso es investigado también por la justicia militar.
Pero es la justicia de crimen organizado la que decidirá si los cuatro oficiales de la Armada que han declarado ayer en la sede de la calle Buenos Aires van a la cárcel por las maniobras.
El delito con mayores posibilidades de ser aplicado es el de fraude.1 De llegar a ser condenados –esto sería para etapas posteriores, las que tendrán lugar dentro de unos años–, la sede judicial deberá tener en cuenta el monto del fraude para cuantificar el daño que se le hizo al Estado.
En otras oportunidades la justicia ha procesado a funcionarios públicos por gastar dinero del Estado en un rubro distinto al que debía emplearse, según la asignación hecha por la administración. En esos casos la plata igualmente era gastada por la institución de acuerdo a su política de gestión, pero no se usaba para uso personal de los funcionarios.
Este caso es distinto. Los cuatro oficiales de la Armada lograron llevarse el dinero a sus bolsillos, los que fueron engrosados con unos 6 millones de pesos (casi 300 mil dólares) en menos de un año y medio (2012-2014). n
1. “El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la administración, en beneficio propio o ajeno, será castigado con 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial (para ocupar cargos públicos) de dos a seis años y multa de 50 a 15 mil unidades reajustables”, es decir entre 1.550 dólares y 467 mil dólares, según valores actuales.
El incendio del Secon
El Servicio de Hacienda y Contabilidad (Secon) se ubica en la calle Misiones 1435, casi 25 de Mayo.
El 13 de julio de 2011 al mediodía hubo un incendio en el subsuelo de esa repartición de la Armada, y se quemaron varias cajas con archivos. Los peritajes judiciales verificaron que se trató de un incendio intencional, por lo cual desfilaron por el juzgado varias decenas de funcionarios para ser interrogados sobre el asunto.
Entre los oficiales de Secon indagados en aquel momento se encuentran algunos de los que ahora están por ser procesados. Cuatro meses después del siniestro el caso se archivó por falta de pruebas para acusar a los responsables.
El retardo de las causas
En mayo de 2012 la entonces fiscal de crimen organizado Mónica Ferrero solicitó el procesamiento del ex comandante en jefe de la Armada Hugo Viglietti por el delito de fraude, al constatar su participación en compras “fantasmas” entre mayo de 2007 y diciembre de 2008, cuando el jerarca se desempeñaba como comandante de flota. Pidió, además, que se procesara a seis capitanes y 13 empresarios proveedores de la Armada.
La solicitud ingresó a la sede juicial cuando aún se encontraba a su frente la jueza Graciela Gatti, quien no adoptó resolución en su momento. La magistrada pasó a un tribunal de apelaciones civil y su lugar fue ocupado por el juez Néstor Valetti, quien luego de estudiar el caso decidió que el expediente –con miles de fojas– debía subdividirse en varias causas, en tanto aparecían 16 grandes hechos presuntamente delictivos a indagar.
A dos años de aquel pedido de procesamiento, aún no hay resolución por el caso Viglietti.
Y en estos momentos, además de la indagatoria contra ese ex jefe de la Armada, existen otras 28 carpetas que describen, cada una, un presunto hecho delictivo cometido por funcionarios navales que aún no han podido investigarse en profundidad.
http://brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/3759-la-jugada-del-fondo-rotatorio
ESCRITO POR: WALTER PERNAS
Investigación judicial contra militares navales uruguayos constata fraude
Cuatro oficiales de la Armada Nacional se robaban los dineros que quedaban como remanente en cuentas bancarias de la institución, mediante una trama que implicaba hacer girar la plata internamente para luego llevársela en cheques. La maniobra es por casi 300 mil dólares. Al cierre de esta edición el fiscal Juan Gómez se disponía a solicitar los procesamientos de cuatro oficiales de la Armada por robarse el dinero remanente de varias cuentas de la institución.
Se trata de militares que trabajan en el Servicio de Hacienda y Contabilidad (Secon), que tenían acceso a las cuentas bancarias de diversos rubros y que manejaban los llamados “fondos rotatorios” del arma.
Estos fondos constituyen una especie de “caja chica” con un tope de 15 millones de pesos, y se los utiliza para solucionar problemas urgentes (arreglos, compra de repuestos), para lo cual se pueden realizar compras directas luego de presentar el mejor de tres precios, por ejemplo.
Cuando se emplea parte de esos fondos se deben presentar las facturas que acrediten el desembolso, y entonces vuelve a depositarse dinero en la cuenta para que siempre se disponga de los 15 millones de pesos para resolver imponderables.
Pero una investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Defensa determinó que al menos los cuatro oficiales del Secon que ayer, jueves, comparecieron ante la justicia de crimen organizado, estaban involucrados en una maniobra para robar dinero de los “fondos rotatorios”.
Los oficiales tenían acceso a las cuentas bancarias de diversos rubros de la Armada. Aun cubriendo las necesidades del servicio (pagos, compras, contratos) suele quedar dinero sin gastar en esas cuentas, y a estos montos se les denomina –según la jerga de la Armada– de una forma particular para tratarse de dineros públicos: “fondos ociosos”.
Los militares saben que, de quedar ociosa la plata, tal remanente debe devolverse a Rentas Generales.
Pero la organización integrada por estos cuatro oficiales de la Armada decidió otro destino para los fondos. Los remanentes no eran enviados a Rentas Generales sino transferidos a “fondos rotatorios”, la caja chica también manejada por los oficiales del Secon. Y desde esa cuenta se retiraba la plata mediante el cobro de cheques.
El pasaje del dinero desviado a través de los fondos rotatorios hasta la salida a los bolsillos de los oficiales no tardaba más de 24 horas. Una vez retirado el dinero, el fondo rotatorio volvía a completarse procurando que quedara nuevamente en 15 millones de pesos.
La maniobra parece burda, sobre todo porque se debía acreditar en algún momento qué pasaba con los remanentes “ociosos” y para qué se usaba el dinero que se retiraba de “fondos rotatorios”, pero no debe olvidarse que los que debían controlar el flujo de dinero y todas las cuentas bancarias eran los mismos que se robaban el dinero.
Aun así, un alerta se disparó en la interna de la Armada, y el Ministerio de Defensa ordenó la investigación que derivó en el arresto administrativo de los cuatro oficiales, y en la presentación de una denuncia ante la justicia de crimen organizado.
El 23 de marzo el comandante en jefe de la Armada, Ricardo Giambruno, se presentó personalmente ante la sede judicial, en lo que pareció una señal política hacia adentro y hacia afuera de la institución.
“Luego de los hechos acaecidos hace casi cuatro años atrás, la Armada Nacional ha implementado controles que apuntan a minimizar las posibilidades de incurrir en situaciones como las vividas anteriormente”, señaló un comunicado librado en ese momento por la Armada.
Con esto se hacía referencia a las demás causas que involucran a oficiales navales y en las cuales se comprobaron fraudes millonarios en los últimos años, que son investigados por la justicia al menos desde 2009.
El punto es que aun cuando varios de los funcionarios marcharon a la cárcel, las maniobras se mantuvieron en estos tiempos, y la prueba está en este nuevo caso de corrupción.
El comunicado afirmó que la denuncia en la interna fue presentada por el jefe del Secon, y que una vez concluida la investigación se constataron hechos que “hacen presumir la comisión de delito”. Por ello la Armada “aplicó las sanciones disciplinarias correspondientes”, lo que implicó el arresto preventivo en tanto el caso es investigado también por la justicia militar.
Pero es la justicia de crimen organizado la que decidirá si los cuatro oficiales de la Armada que han declarado ayer en la sede de la calle Buenos Aires van a la cárcel por las maniobras.
El delito con mayores posibilidades de ser aplicado es el de fraude.1 De llegar a ser condenados –esto sería para etapas posteriores, las que tendrán lugar dentro de unos años–, la sede judicial deberá tener en cuenta el monto del fraude para cuantificar el daño que se le hizo al Estado.
En otras oportunidades la justicia ha procesado a funcionarios públicos por gastar dinero del Estado en un rubro distinto al que debía emplearse, según la asignación hecha por la administración. En esos casos la plata igualmente era gastada por la institución de acuerdo a su política de gestión, pero no se usaba para uso personal de los funcionarios.
Este caso es distinto. Los cuatro oficiales de la Armada lograron llevarse el dinero a sus bolsillos, los que fueron engrosados con unos 6 millones de pesos (casi 300 mil dólares) en menos de un año y medio (2012-2014). n
1. “El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la administración, en beneficio propio o ajeno, será castigado con 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial (para ocupar cargos públicos) de dos a seis años y multa de 50 a 15 mil unidades reajustables”, es decir entre 1.550 dólares y 467 mil dólares, según valores actuales.
El incendio del Secon
El Servicio de Hacienda y Contabilidad (Secon) se ubica en la calle Misiones 1435, casi 25 de Mayo.
El 13 de julio de 2011 al mediodía hubo un incendio en el subsuelo de esa repartición de la Armada, y se quemaron varias cajas con archivos. Los peritajes judiciales verificaron que se trató de un incendio intencional, por lo cual desfilaron por el juzgado varias decenas de funcionarios para ser interrogados sobre el asunto.
Entre los oficiales de Secon indagados en aquel momento se encuentran algunos de los que ahora están por ser procesados. Cuatro meses después del siniestro el caso se archivó por falta de pruebas para acusar a los responsables.
El retardo de las causas
En mayo de 2012 la entonces fiscal de crimen organizado Mónica Ferrero solicitó el procesamiento del ex comandante en jefe de la Armada Hugo Viglietti por el delito de fraude, al constatar su participación en compras “fantasmas” entre mayo de 2007 y diciembre de 2008, cuando el jerarca se desempeñaba como comandante de flota. Pidió, además, que se procesara a seis capitanes y 13 empresarios proveedores de la Armada.
La solicitud ingresó a la sede juicial cuando aún se encontraba a su frente la jueza Graciela Gatti, quien no adoptó resolución en su momento. La magistrada pasó a un tribunal de apelaciones civil y su lugar fue ocupado por el juez Néstor Valetti, quien luego de estudiar el caso decidió que el expediente –con miles de fojas– debía subdividirse en varias causas, en tanto aparecían 16 grandes hechos presuntamente delictivos a indagar.
A dos años de aquel pedido de procesamiento, aún no hay resolución por el caso Viglietti.
Y en estos momentos, además de la indagatoria contra ese ex jefe de la Armada, existen otras 28 carpetas que describen, cada una, un presunto hecho delictivo cometido por funcionarios navales que aún no han podido investigarse en profundidad.
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