La jugada del fondo rotatorio
ESCRITO POR: WALTER PERNAS
Investigación judicial contra militares navales uruguayos constata fraude
Cuatro oficiales de la Armada Nacional se robaban los dineros que quedaban como remanente en cuentas bancarias de la institución, mediante una trama que implicaba hacer girar la plata internamente para luego llevársela en cheques. La maniobra es por casi 300 mil dólares. Al cierre de esta edición el fiscal Juan Gómez se disponía a solicitar los procesamientos de cuatro oficiales de la Armada por robarse el dinero remanente de varias cuentas de la institución.
Se trata de militares que trabajan en el Servicio de Hacienda y Contabilidad (Secon), que tenían acceso a las cuentas bancarias de diversos rubros y que manejaban los llamados “fondos rotatorios” del arma.
Estos fondos constituyen una especie de “caja chica” con un tope de 15 millones de pesos, y se los utiliza para solucionar problemas urgentes (arreglos, compra de repuestos), para lo cual se pueden realizar compras directas luego de presentar el mejor de tres precios, por ejemplo.
Cuando se emplea parte de esos fondos se deben presentar las facturas que acrediten el desembolso, y entonces vuelve a depositarse dinero en la cuenta para que siempre se disponga de los 15 millones de pesos para resolver imponderables.
Pero una investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Defensa determinó que al menos los cuatro oficiales del Secon que ayer, jueves, comparecieron ante la justicia de crimen organizado, estaban involucrados en una maniobra para robar dinero de los “fondos rotatorios”.
Los oficiales tenían acceso a las cuentas bancarias de diversos rubros de la Armada. Aun cubriendo las necesidades del servicio (pagos, compras, contratos) suele quedar dinero sin gastar en esas cuentas, y a estos montos se les denomina –según la jerga de la Armada– de una forma particular para tratarse de dineros públicos: “fondos ociosos”.
Los militares saben que, de quedar ociosa la plata, tal remanente debe devolverse a Rentas Generales.
Pero la organización integrada por estos cuatro oficiales de la Armada decidió otro destino para los fondos. Los remanentes no eran enviados a Rentas Generales sino transferidos a “fondos rotatorios”, la caja chica también manejada por los oficiales del Secon. Y desde esa cuenta se retiraba la plata mediante el cobro de cheques.
El pasaje del dinero desviado a través de los fondos rotatorios hasta la salida a los bolsillos de los oficiales no tardaba más de 24 horas. Una vez retirado el dinero, el fondo rotatorio volvía a completarse procurando que quedara nuevamente en 15 millones de pesos.
La maniobra parece burda, sobre todo porque se debía acreditar en algún momento qué pasaba con los remanentes “ociosos” y para qué se usaba el dinero que se retiraba de “fondos rotatorios”, pero no debe olvidarse que los que debían controlar el flujo de dinero y todas las cuentas bancarias eran los mismos que se robaban el dinero.
Aun así, un alerta se disparó en la interna de la Armada, y el Ministerio de Defensa ordenó la investigación que derivó en el arresto administrativo de los cuatro oficiales, y en la presentación de una denuncia ante la justicia de crimen organizado.
El 23 de marzo el comandante en jefe de la Armada, Ricardo Giambruno, se presentó personalmente ante la sede judicial, en lo que pareció una señal política hacia adentro y hacia afuera de la institución.
“Luego de los hechos acaecidos hace casi cuatro años atrás, la Armada Nacional ha implementado controles que apuntan a minimizar las posibilidades de incurrir en situaciones como las vividas anteriormente”, señaló un comunicado librado en ese momento por la Armada.
Con esto se hacía referencia a las demás causas que involucran a oficiales navales y en las cuales se comprobaron fraudes millonarios en los últimos años, que son investigados por la justicia al menos desde 2009.
El punto es que aun cuando varios de los funcionarios marcharon a la cárcel, las maniobras se mantuvieron en estos tiempos, y la prueba está en este nuevo caso de corrupción.
El comunicado afirmó que la denuncia en la interna fue presentada por el jefe del Secon, y que una vez concluida la investigación se constataron hechos que “hacen presumir la comisión de delito”. Por ello la Armada “aplicó las sanciones disciplinarias correspondientes”, lo que implicó el arresto preventivo en tanto el caso es investigado también por la justicia militar.
Pero es la justicia de crimen organizado la que decidirá si los cuatro oficiales de la Armada que han declarado ayer en la sede de la calle Buenos Aires van a la cárcel por las maniobras.
El delito con mayores posibilidades de ser aplicado es el de fraude.1 De llegar a ser condenados –esto sería para etapas posteriores, las que tendrán lugar dentro de unos años–, la sede judicial deberá tener en cuenta el monto del fraude para cuantificar el daño que se le hizo al Estado.
En otras oportunidades la justicia ha procesado a funcionarios públicos por gastar dinero del Estado en un rubro distinto al que debía emplearse, según la asignación hecha por la administración. En esos casos la plata igualmente era gastada por la institución de acuerdo a su política de gestión, pero no se usaba para uso personal de los funcionarios.
Este caso es distinto. Los cuatro oficiales de la Armada lograron llevarse el dinero a sus bolsillos, los que fueron engrosados con unos 6 millones de pesos (casi 300 mil dólares) en menos de un año y medio (2012-2014). n
1. “El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la administración, en beneficio propio o ajeno, será castigado con 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial (para ocupar cargos públicos) de dos a seis años y multa de 50 a 15 mil unidades reajustables”, es decir entre 1.550 dólares y 467 mil dólares, según valores actuales.
El incendio del Secon
El Servicio de Hacienda y Contabilidad (Secon) se ubica en la calle Misiones 1435, casi 25 de Mayo.
El 13 de julio de 2011 al mediodía hubo un incendio en el subsuelo de esa repartición de la Armada, y se quemaron varias cajas con archivos. Los peritajes judiciales verificaron que se trató de un incendio intencional, por lo cual desfilaron por el juzgado varias decenas de funcionarios para ser interrogados sobre el asunto.
Entre los oficiales de Secon indagados en aquel momento se encuentran algunos de los que ahora están por ser procesados. Cuatro meses después del siniestro el caso se archivó por falta de pruebas para acusar a los responsables.
El retardo de las causas
En mayo de 2012 la entonces fiscal de crimen organizado Mónica Ferrero solicitó el procesamiento del ex comandante en jefe de la Armada Hugo Viglietti por el delito de fraude, al constatar su participación en compras “fantasmas” entre mayo de 2007 y diciembre de 2008, cuando el jerarca se desempeñaba como comandante de flota. Pidió, además, que se procesara a seis capitanes y 13 empresarios proveedores de la Armada.
La solicitud ingresó a la sede juicial cuando aún se encontraba a su frente la jueza Graciela Gatti, quien no adoptó resolución en su momento. La magistrada pasó a un tribunal de apelaciones civil y su lugar fue ocupado por el juez Néstor Valetti, quien luego de estudiar el caso decidió que el expediente –con miles de fojas– debía subdividirse en varias causas, en tanto aparecían 16 grandes hechos presuntamente delictivos a indagar.
A dos años de aquel pedido de procesamiento, aún no hay resolución por el caso Viglietti.
Y en estos momentos, además de la indagatoria contra ese ex jefe de la Armada, existen otras 28 carpetas que describen, cada una, un presunto hecho delictivo cometido por funcionarios navales que aún no han podido investigarse en profundidad.
http://brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/3759-la-jugada-del-fondo-rotatorio
