POR PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO FIRMADO
La jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez accedieron a tramitar una denuncia que había presentado en 2013 el abogado Gustavo Salle por presuntas irregularidades en el contrato que firmó el Poder Ejecutivo con una empresa local indirecta de GDF-Suez (GNL Montevideo) para la construcción de la planta regasificadora.
jue may 29 2014
Inicialmente, la denuncia de Salle había sido archivada, pero luego, el abogado incorporó al expediente el contrato (que es reservado) y eso motivó que el caso se reactivara. Así, a pedido del fiscal Gómez, la jueza De los Santos ordenó la formación de una junta de peritos para que se ocupe de analizar el caso.
"Hoy por hoy la regasificadora está siendo investigada por la justicia especializada en crimen organizado", dijo Salle ayer a El País.
"La causa se empieza a instruir en base a un contrato que la Justicia no tenía y que yo le presenté", agregó el abogado, que está vinculado a grupos de ultraizquierda y que ha presentado varias denuncias sobre presuntos casos de corrupción contra el actual gobierno.
Para Salle, en relación al contrato sobre la regasificadora existió "una ingeniería jurídica de violación de leyes que termina con la garantía soberana firmada por (el exministro de Economía, Fernando) Lorenzo". A su juicio, la irregularidad es que el Estado "termina garantizando a una empresa privada".
Esa garantía es para el caso de que UTE incumpla "cualquiera de las obligaciones garantizadas", según uno de los anexos del contrato.
En ese supuesto, el Estado uruguayo "cumplirá con el pago de las mismas incluyendo pero sin limitación sus intereses (incluidos los moratorios), penalidades, el valor residual, costos razonables, más todos los reajustes legales o convencionales, gastos, comisiones, tributos, indemnizaciones, prestaciones pecuniarias de carácter legal o cualquier otro concepto", señala el texto del contrato.
UTE junto a Ancap son propietarias de Gas Sayago (empresa que realizó el llamado a licitación de la obra) y extendieron una fianza solidaria por las obligaciones de esa empresa. Sin eso, Gas Sayago "es una cáscara vacía" había dicho a El País una fuente cercana a las negociaciones.
Otro de los aspectos cuestionados en el contrato es que GDF-Suez presentó su oferta como GDF Suez Energy Latin America Participacoes, sin embargo el contrato lo firmó la empresa constituida en Uruguay, GNL Montevideo S.A. calificada como "filial indirecta" de la primera. Así, ni la empresa originalmente adjudicataria, ni la casa matriz firman el contrato, ni establecen una fianza solidaria por sus obligaciones.
El único "respaldo", es una carta en la que GDF "confirma que GNL Montevideo S.A. es una sociedad miembro del grupo GDF Suez" y que "será regida por las leyes de Francia".
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