Los desafíos abiertos de América latina
Por Eduardo Anguita
12 mayo, 2014
Un mes atrás, Eduardo Galeano fue el invitado de honor para inaugurar la Bienal del libro de Brasilia. En el auditorio del Museo Nacional, una obra diseñada por el arquitecto comunista Oscar Niemeyer, el gran escritor eligió compartir con los asistentes “Treinta de agosto”, un poema suyo dedicado a los detenidos desaparecidos. “Desaparecidos: los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre./Y también:/ los bosques nativos,/ las estrellas en la noche de las ciudades,/ el aroma de las flores,/ el sabor de las frutas,/ las cartas escritas a mano,/ los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo,/ el fútbol en la calle,/ el derecho a caminar,/ el derecho a respirar,/ los empleos seguros, las jubilaciones seguras,/ las casas sin rejas,/ las puertas sin cerradura,/ el sentido comunitario/ y el sentido común.” Aplausos, lágrimas. La Bienal se hacía a medio siglo del golpe militar en Brasil. El mismo año 1964 en que una Dilma Rousseff de 17 años se incorporaba a una organización revolucionaria marxista, como muchos que luego forjaron el Partido de los Trabajadores que está en el gobierno desde hace 12 años y que en octubre próximo pondrá en juego esa continuidad en una nueva elección libre.
Galeano habló, como siempre, con humor y franqueza. Y tuvo la ocurrencia de decir que en la actualidad sería incapaz de leer Las venas abiertas de América latina, su obra cumbre, publicada en 1971 cuando apenas tenía 31 años y era habitué del Café Brasilero en la Ciudad Vieja de Montevideo, el mismo donde todavía recibe a periodistas o escritores con el mismo aplomo de siempre. Porque Galeano es el de siempre y no se espanta al decir que esa prosa de izquierda –la de Las venas abiertas– es aburridísima. Estos días, un mes después, esa frase y otras, todas entrecomilladas, para dar más verosimilitud, recorrieron portadas y portales: que tendrían que meterlo en un hospital porque su cuerpo no aguantaría ese texto. Mucho puede aprenderse de la sinceridad del poeta. De su necesidad de ser auténtico y de, si se acepta el convite, a dialogar con aquellos años revolucionarios desde un presente al menos incierto para soñar con cambios o para profundizar los que se hicieron.
En Las venas abiertas está narrado el genocidio de los incas y los aztecas. Está contado, entre otras tristes historias, cómo Francisco Pizarro mandó capturar al inca Atahualpa en Cajamarca y cómo los conquistadores le prometieron paz si previamente entregaba toneladas de oro y de plata. El inca cumplió. Pero luego lo condenaron a morir. Eso sí, la propia historia confesional y monárquica española registra que el Atahualpa aceptó el bautismo cristiano y también cambiar su nombre por el de Francisco, el mismo del jefe de los invasores. Tras la ceremonia bautismal, en 1533, al inca lo acogotaron con el garrote vil. El mismo método criminal con que Francisco Franco mandó ejecutar a quienes sometía, no ya en las indias occidentales de los reyes católicos sino en la propia península. Por el garrote vil era ejecutado Puig Antich en 1974, cuando el tirano balbuceaba, no le quedaba mucho tiempo de vida, pero quería perpetuarse a través de su obra. Así eran los setenta, así eran los tiempos en que Galeano paría Las venas abiertas. Unos años antes, otro poeta, Héctor Roberto Chavero, decidía cambiar de nombre por voluntad propia, y se bautizó como Atahualpa Yupanqui: “Me galopaban en la sangre 300 años de América”.
Cinco siglos igual. Cajamarca, donde fue tomado prisionero el inca Atahualpa, la Minera Yanacocha explota desde 1992 la mina de oro más grande de América latina. El capital mayoritario es de la Newmont Mining Corporation, con sede en Colorado, Estados Unidos. Así como los golpes de Estado militares se desparramaban como el viento en los sesenta y setenta por el continente, a principios de los noventa, los andes se inundaron de códigos mineros diseñados en América del norte. Casi calcados los textos. Tanto en Perú, como en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y en Chile. Grandes beneficios fiscales y toda la logística para que los metales salgan hacia los países centrales. En 1992, la onza de oro valía alrededor de 100 dólares. Veinte años después vale tres veces más.
La pregunta es: ¿cómo está ahora la Cajamarca donde murió Atahualpa y donde la Newmont Mining se adueñó del oro en los neoliberales años noventa? La respuesta se escuchó esta semana en Lima, donde se lleva a cabo la reunión bianual de la Cepal y, por supuesto, lastima a cualquiera que albergue un mínimo sentimiento de igualdad: Cajamarca está entre las cinco regiones más pobres de Perú. El 55% del millón y medio de habitantes es pobre. Desde ya la minería no es la principal ocupación, pero de esa riqueza no queda nada. Según la prensa del sistema, la pobreza arreció porque los “antimineros” sabotearon a la Newport Mining y su proyecto Conga, resistido por la comunidad de Cajamarca. Las autoridades del gobierno de Ollanta Humala dicen que por culpa de las protestas ya no va el turismo a Cajamarca. Es posible que Las venas abiertas sean de una pesadez insondable. Más cruel es la colonización cultural.
La desigualdad. También es pesado el documento “Pactos para la igualdad – Hacia un futuro sustentable” con el cual Alicia Bárcenas abrió en la capital del Perú el pasado lunes 5 el encuentro que duró hasta el viernes 9 y que contó con la presencia de representantes de 40 países. El 27,9% de los habitantes de América latina y el Caribe son pobres según las mediciones de la Cepal, un organismo que sigue definiendo a esta región como la más desigual del planeta aunque la más pobre sea el continente africano.
Pese a que los precios de los productos primarios se mantienen favorables en el mercado internacional, el crecimiento del PBI de la región está estancado desde 2011.
La mexicana Bárcenas advirtió que hay un “escenario externo mucho más problemático: hoy América latina no es la misma de 2010 y 2012, está enfrentando una encrucijada muy compleja, ante un escenario externo mucho más problemático, de cara a la fase menos dinámica del ciclo y con problemas de sustentabilidad ambiental”. Las crisis financieras que se desataron en Estados Unidos y en Europa en 2008 y 2009 acentuaron los procesos de desregulación, de debilitamiento de los Estados de los países centrales. A la par, crecieron los llamados refugios fiscales donde las grandes multinacionales derivan parte creciente de sus transacciones comerciales y financieras para pagar menos impuestos y atemperar la menor actividad económica. Aunque China aumentó sus vínculos con América latina, no plantea una matriz diferente a la que vincula al continente con las multinacionales norteamericanas y europeas. El crecimiento fue extraordinario en la última década, en la actualidad llega al billón de dólares. Casi el 70% de esa relación comercial queda en manos de México y Brasil, que tienen un equilibrio entre exportaciones e importaciones. Ambos países les venden a China algo de productos industrializados. Muy de lejos, en tercer lugar, está Venezuela, que vende petróleo y compra productos industrializados. El cuarto lugar es de Argentina, que vende a China oleaginosas en granos y una parte en aceites de soja y girasol. Contra los productos primarios o levemente industrializados, Argentina compra a China productos industrializados, desde leds –o partes, para las armadurías de Tierra del Fuego– hasta material ferroviario. China hace inversiones directas en la región y tiene planteado firmar un tratado de libre comercio para profundizar los vínculos. Está claro que con la actual ecuación un convenio de ese tipo dejaría a gran parte de América latina sin perspectivas de salir de una economía primaria que deja buenos saldos comerciales, con capacidad de financiar al Estado sin entrar en la espiral de dependencia financiera de la banca privada y pública internacionales. La contraparte es que posterga la industrialización, ergo, la soberanía.
Propuestas. La Cepal, en este documento, subraya que no todo se debe a factores externos. La economista mexicana explicó que “a pesar del esfuerzo por hacer políticas sociales muy activas se requiere otras para reducir la informalidad en el empleo. Hay emergentes clases medias que demandan seguridad, transporte, educación y salud, han tenido más ingresos puertas adentro –de sus casas–, pero puertas afuera está el desafío del Estado para dar mejores bienes públicos”.
El texto completo presentado por Bárcenas es algo más corto que Las venas abiertas. Tiene 400 páginas con material de diagnóstico y, como suele hacer la Cepal, con un final propositivo, tan abierto como difícil de concretar. Basa la propuesta en la realización de pactos al interior de cada nación y también en los ámbitos supranacionales. De los siete pactos enumerados, el primero es “el pacto para una fiscalidad con vocación de igualdad” destinado a asegurar la estabilización macroeconómica contracíclica, apoyar el crecimiento y contribuir a la redistribución del ingreso disponible: “El pacto fiscal no es un pacto más, sino el pacto a partir del cual los demás pactos se hacen financieramente viables y que vincula del modo más fuerte las obligaciones y los beneficios de la sociedad. Además, el pacto fiscal es una de las claves para construir una institucionalidad estatal más robusta y con mayor capacidad de incidir para transformar las estructuras productivas y sociales de la sociedad”. Este enunciado pone en aprietos a buena parte de la dirigencia política y empresarial de la región, incluyendo a la Argentina, claramente. Aunque hayan mejorado la recaudación y el fondeo de programas de inclusión social desde 2003 hasta la actualidad, Argentina lleva tres décadas de democracia sin un debate profundo ni en el Congreso ni en el Ejecutivo sobre cómo hacer impuestos progresivos –que paguen más los que más ganan– ni cómo hacer bajar el coeficiente de impuestos directos (el IVA a nivel nacional, los ingresos brutos a escala de las provincias) y aumentar los indirectos (ganancias y bienes personales), centrando en las personas y no en las sociedades para evitar las maniobras de elusión y evasión. A su vez, es imposible optimizar la recaudación de impuestos y retenciones derivadas del comercio exterior sin cambios drásticos en los organismos de impuestos y la Aduana, así como un control de los puertos, la gran mayoría concesionados a actores privados. El segundo pacto planteado por Cepal es para la inversión, la política industrial y el financiamiento inclusivo. Subraya los bajos niveles de inversión en la región que limitan el crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo. La reducción de la inversión pública adoptada para enfrentar la crisis de la deuda durante los ochenta y noventa, provocó un gran déficit de infraestructura. Luego, aborda el desafío de la igualdad en el mundo del trabajo. Persiste una alta heterogeneidad salarial. Informalidad, brechas de género y de etnia en el acceso al empleo son parte del mapa laboral latinoamericano. Conviven trabajadores de empresas con alto coeficiente tecnológico, generalmente filiales de multinacionales, con sectores excluidos de todos los derechos. En cuarto lugar, plantea el desafío de los servicios públicos. Los pactos enunciados en quinto y sexto lugares son los de sustentabilidad ambiental y la gobernanza de los recursos naturales. Llevados a fondo, ambos temas ponen a la minería a cielo abierto y las técnicas de fracking en el tapete. Las multinacionales mineras y petroleras no parecen dispuestas a realizar inversiones si los gobiernos de la región asumen este desafío con compromiso.
El texto, en esto, es medular. Sólo un párrafo como para graficar la magnitud del desafío: “En la competencia entre países por captar mayor inversión en la explotación de los recursos naturales, se implementaron políticas que a veces reforzaron el poder de los inversionistas y de las grandes corporaciones mediante la desregulación, la liberalización comercial y financiera y la reducción de impuestos y exenciones fiscales, y debilitaron el rol del Estado y su capacidad para promover la gobernanza de los recursos naturales. Estas reglas del juego llevaron a resultados poco deseables, como la apropiación de tierras sin tener en cuenta los ecosistemas, la extracción intensiva de minerales y la explotación de los mares y otros recursos naturales con un consiguiente aumento de la concentración de recursos naturales en grandes corporaciones transnacionales, especialmente en los sectores mineros, petroleros, madereros y pesqueros. Ningún otro sector de la sociedad ganó más privilegios a nivel global y local que las grandes empresas, sean nacionales o transnacionales. Pese a los incipientes intentos de autorregulaciones voluntarias y la responsabilidad social empresarial, la concentración y el ejercicio de poder de las corporaciones juega un papel perjudicial para el medio ambiente y la preservación de recursos estratégicos en muchas zonas del planeta”.
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