El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció que en el país existen empresas que “ejercen activamente el terrorismo económico a través de acciones de especulación sistemática”. Así lo manifestó ayer durante su informe bimensual desde la Cámara de Diputados. El funcionario mencionó como parte de este entramado a las empresas General Electric SA, Maltería Pampa SA (Cerveza Quilmes, Brahma, entre otras), cuyo presidente está vinculado con una financiera, el laboratorio Monte Verde S.A. (que produce para Laboratorios Raffo SA) y el caso de Procter & Gamble. Las maniobras denunciadas, y que son objeto de investigación administrativa por parte de la AFIP, incluyen subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y la manipulación de los precios de transferencia con el objetivo de evadir o eludir el pago de impuestos en el país. Según estimaciones de los investigadores Jorge Gaggero, Magdalena Rúa y Alejandro Gaggero, la fuga de divisas en 2012 vía precios de transferencia fue de 13.218 millones de dólares, un 9 por ciento del total del comercio exterior.
Durante su última visita al Senado, el ministro coordinador sugirió que el Parlamento debía crear una comisión bicameral para investigar “las maniobras de desestabilización económica”. El bloque de senadores del FpV ya presentó un proyecto en esta dirección y ayer Capitanich profundizó la información sobre algunas empresas que a través de distintos mecanismos estarían evadiendo al fisco. Sobre General Electric, el funcionario acusó a sus directivos de aplicar una “sobrefacturación de importaciones y aumento de precios, lo que implica mayor egreso de dólares e incremento de la estructura de costos para generar un impacto en el balance fiscal”. Esta empresa emplea a más de 2000 personas y se dedica a proveer insumos básicos para iluminación, generación eléctrica, transporte aéreo y ferroviario, salud, tratamiento de agua, industrias metalúrgicas y de petróleo y gas.
Según un comunicado de la propia GE, la empresa “no ha recibido ningún requerimiento de las autoridades del Gobierno respecto de sus operaciones de comercio exterior” y aclaró que “dan cumplimiento a todas las leyes y normas de la Argentina”. La situación denunciada por Capitanich todavía no llegó a la Justicia, pero sí está en una instancia de investigación dentro de la AFIP.
A través de otro comunicado, el titular del ente fiscalizador, Ricardo Echegaray, sostuvo que los casos mencionados por Capitanich “se están investigando en sede administrativa, intercambiando información con administraciones tributarias y aduaneras de otros países, siguiendo los protocolos técnicos de los acuerdos suscritos por la AFIP en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Organización Mundial de Aduanas (OMA)”.
“Las presuntas maniobras fraudulentas para girar las divisas al exterior implican la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, además de operaciones con el contado con liqui que buscan generar presiones permanentes que induzcan a la devaluación”, graficó el ministro coordinador.
La otra compañía señalada por el funcionario fue Maltería Pampa S.A., que integra el grupo multinacional Ambev, dedicado a la producción global de cervezas. En la Argentina distribuyen Quilmes y Brahma, entre otras. En este caso se habría realizado una “subfacturación en las exportaciones, lo que provoca menor ingreso de dólares al país y una disminución de utilidades de la filial local”. El fraude estimado rondaría los 234 millones de dólares y para lograrlo se habría utilizado un sistema de triangulación mediante empresas vinculadas, algunas radicadas en Uruguay. En junio de 2013, a través de una asamblea ordinaria de socios, la empresa designó como presidente a Gustavo Jorge Friggeri, la vicepresidencia quedó para Nelson José Jamel y como director titular Gastón Alfredo Pringles. Los tres empresarios también forman parte del directorio de Hohneck S.A., una empresa dedicada a los servicios de financiación y actividades financieras (Asamblea ordinaria del 11/04/2011) y de Lambic Holding S.A., otra financiera (Asamblea ordinaria del 25/07/2013).
La otra denunciada fue Monte Verde S.A., empresa controlada por Laboratorios Raffo. Según Capitanich, las supuestas operaciones ilícitas rondarían los 16 millones de dólares. “La subfacturación en la exportación de productos farmacéuticos permite el giro de dividendos. Acá hubo un aprovechamiento de un convenio de cooperación comercial firmado con Perú y exportan a un tercio de lo que vale el producto”, informó el ministro coordinador.
“Una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP y en la medida en que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble”, aclaró la entidad que preside Echegaray. Según una investigación de Verónica Grondona, economista del Cefid-AR, algunos casos de triangulación y manipulación de los precios de transferencia llegaron a los tribunales locales, entre ellos Nobleza Piccardo y Bagó, por las exportaciones realizadas vía Suiza, en el primer caso, y Panamá, en el segundo. Las cerealeras también forman parte de estas maniobras. Bunge y Cargill enfrentan demandas por la triangulación realizada a través de Zonamérica, la zona franca ubicada en Montevideo, Uruguay.
