SORPRESA ENTRE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS POR UNA DECLARACION DE LORENZETTI SOBRE LA INVESTIGACION DEL ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL
En su mensaje de apertura del año judicial, el presidente de la Corte aseguró que en la investigación por el ataque a la embajada hubo un fallo. Pero en esa causa no se averiguó nada, no hay culpables y tanto en el fallo de 1999, de la Corte anterior, como en el de 2006, presidida por Lorenzetti, se planteaba profundizar la investigación.
Por Raúl Kollmann
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se despachó ayer durante su mensaje de apertura del año judicial con una frase que dejó azorados a los familiares de las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel. Sostuvo que “hubo una sentencia de 1999 que determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Se encontró culpable al grupo Hezbollah. Es cosa juzgada”. El titular del máximo tribunal trató así de justificar la actuación de la Corte, pero el expediente muestra que en esa causa no se averiguó nada: ni quién entró al país para cometer el atentado, ni quién compró la camioneta con la que supuestamente se perpetró el ataque, ni de dónde salieron los explosivos, ni quién tuvo la camioneta en los días previos al atentado, ni quién la manejó hasta Arroyo y Suipacha, ni quiénes sirvieron de apoyo a la masacre. Lorenzetti intentó contestarle a la presidenta Cristina Kirchner, quien en su discurso de apertura de sesiones justamente señaló que la Corte no avanzó un paso en el esclarecimiento del ataque. Y la realidad es ésa, que no se investigó ni se averiguó nada.
La frase “cosa juzgada” provocó más que sorpresa entre los familiares de las víctimas, ya que el fallo citado, y otro de 2006 que Lorenzetti prefirió olvidar, dicen exactamente lo contrario.
1999
La acordada del 23 de diciembre de 1999, a la que se refirió Lorenzetti, no está dedicada a tratar globalmente la investigación del atentado contra la Embajada de Israel. En verdad, es un fallo en el que se sobresee a un personaje secundario del expediente, la iraní Nasrim Mokhtari, una prostituta que alternaba en cabarets de París y a la que un brasileño, Wilson Dos Santos, vinculó con el atentado contra la embajada. La mujer, traída a la Argentina por la SIDE, estaba totalmente desquiciada, deambuló como homeless y terminó en un psiquiátrico. La resolución de la Corte dice dos cosas. El punto primero, “sobreseer parcial y provisionalmente a Nasrim Mokhtari”. El punto segundo: “Concentrar el objeto procesal de la presente causa en las líneas de investigación que se encuentran en pleno desarrollo en el expediente principal”. O sea, la Corte menemista usó un fallo respecto de una protagonista menor para decir en un segundo punto que las líneas de investigación debían continuar en función de dos parámetros: que el atentado fue cometido por la Jihad islámica, brazo armado de Hezbollah, y que el ataque se perpetró con una camioneta Ford F-100, comprada en la avenida Juan B. Justo a un fotógrafo policial, Antonio Galbucera, con un documento a nombre de un brasileño, Ribeiro Da Luz.
En los hechos, aquello no significaba nada. No se sabe por ejemplo quién era el tal Ribeiro Da Luz porque el documento brasileño era falso. Tampoco se averiguó adónde llevaron la camioneta y la orden de captura contra el jefe militar de Hezbollah, Imad Mughnyah, no significaba nada, porque no había estado en la Argentina ni existía constancia alguna de que alguien vinculado con él hubiera llegado al país. Es decir que ayer Lorenzetti intentó transmitir la idea de que es una causa resuelta, cuando en verdad se sabe mucho menos que del atentado contra la AMIA.
2006
Lo asombroso es que en 2006, con la Corte ya presidida por Lorenzetti, hubo otro fallo respecto de la embajada. En ese momento, los familiares de las víctimas, encabezadas por Carlos Susevich, que perdió a su hija Liliana, pidieron que el caso fuera considerado de lesa humanidad, porque se había cometido por razones de raza o religión. La Corte rechazó esta pretensión en un fallo emitido el 13 de diciembre de 2006, pero dejó en claro que la causa seguía abierta. Dice el fallo: “Por ello se resuelve. 1. Seguir investigando. 2. Que no es procedente pronunciamiento alguno respecto de la extinción penal en la presente causa. 3. Reiterar las órdenes de captura ordenadas en esta causa”. Es decir, no se menciona ninguna cosa juzgada ni el cierre de la causa, sino lo contrario.
Muertos
En realidad, el expediente “Embajada” fue denunciado por los familiares como un verdadero escándalo. El ataque se produjo el 17 de marzo de 1992 y como se trataba de una embajada, considerada por las leyes territorio de otro país, correspondía que la investigación fuera instruida por la Corte Suprema. El caso estuvo a cargo del presidente del máximo tribunal en la época menemista, Ricardo Levene (h), quien recién cinco años más tarde delegó la causa en el secretario penal de la Corte, Esteban Canevari. Este decidió dar un paso elemental: contar las víctimas. En 1999, siete años después del atentado, Canevari estableció que los muertos fueron 22 y no 29, como se difundió en los primeros años. Y esa es la razón por la que hoy, en la plaza seca de Arroyo y Suipacha, hay un listado de las víctimas con sólo 22 nombres y apellidos. La investigación fue tan mala –según evaluaron los familiares– que tardaron siete años en contar los fallecidos.
El cráter
Durante todo ese tiempo, también se desarrolló una discusión sobre la forma en la que se concretó el ataque. Levene recurrió a tres ingenieros de la Universidad de Tucumán, quienes nunca estuvieron en el predio, pero que mediante un modelo matemático y de estructuras concluyeron que la explosión fue dentro del edificio. Eso contradecía los peritajes realizados por la Policía Federal y Gendarmería, en especial el comandante de esta última fuerza, Osvaldo Laborda. La cuestión fue zanjada en una audiencia pública en la que los integrantes del máximo tribunal se convencieron de la utilización de una camioneta bomba.
El fallo en el que se sostiene la mecánica del atentado llama la atención: las voces autorizadas que aparecen mencionadas son las de dos expertos antiterroristas, que todo indica fueron aportados por la SIDE. Uno, israelí, Ariel Merari; el otro, norteamericano, Bruce Hoffman, de la Rand Corporation norteamericana. Son ellos los que mencionan a Hezbollah. Daba la impresión de que Estados Unidos e Israel ya jugaban su partido.
Pero, además, se tomó en cuenta una reivindicación del atentado atribuida a Hezbollah que, supuestamente, le hizo llegar un comunicado al diario An Nahar, aunque el director del periódico dijo que la fuente de la carta era desconocida. También hubo una desmentida de la Jihad islámica y también una supuesta ratificación de la autoría mediante un video. Los integrantes de la Corte dieron por válida la autoría de Hezbollah, pero nada se estableció sobre quién vinculado a esa organización llegó a la Argentina. Se trató de una imputación más política que basada en pruebas.
Captura
El paso siguiente fue pedir la captura de Mughnyah, quien era la figura militar a la que se le adjudicaban todas las operaciones de Hezbollah y de otros grupos libaneses. Es curioso que en el fallo de 1999 se hace una enumeración de graves hechos terroristas, la mayoría adjudicados a grupos palestinos, incluso sirios, casi todas acciones en Medio Oriente. Y, de todas maneras, se usó el listado para concluir que el ataque fue de Hezbollah. En su momento, el referente de los familiares, Susevich, sostuvo que “no creemos esa hipótesis. Al momento del ataque contra la embajada, Hezbollah no tenía el poder y la capacidad como para concretar un atentado de esa envergadura”. Era difícil aceptar o rechazar lo señalado por Susevich dado que no se encontró ni un dato de quienes habrían participado en la operación en Argentina.
Sea como fuere, Mughnyah fue asesinado en septiembre de 2008 en Damasco, Siria. Le colocaron un artefacto explosivo en el apoyacabezas de su camioneta. El hecho se atribuyó a la Mossad israelí.
Hay que agregar que el ex embajador de Israel en la Argentina, Itzhak Avirán, dijo el año pasado “nosotros (por Israel), ya dimos cuenta de los responsables. La gran mayoría de los culpables ya no está en este mundo y lo hicimos nosotros”. El propio Alberto Nisman pidió la declaración de Avirán, lo que hasta el momento no se concretó y la Presidenta volvió a reclamar que el ex embajador venga a la Argentina a explicar sus dichos.
Cosa juzgada
Lorenzetti trató ayer de refutar las expresiones de Cristina Kirchner en su mensaje del domingo pasado. “¿Alguien le puede informar a esta Presidenta cuál es el resultado de esta investigación que llevó adelante la Corte del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Cuáles son los procesados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y me puede informar por qué el Estado de Israel no reclama por la embajada y sí por la AMIA?”, preguntó CFK.
El titular de la Corte se defendió diciendo que por aquel fallo del máximo tribunal es cosa juzgada. Página/12 intentó comunicarse con él para consultarlo al respecto, pero no obtuvo respuesta. Juristas consultados por este diario afirmaron que “sólo hay cosa juzgada cuando hay una sentencia firme que cierra el proceso con una condena o una absolución”. En el caso “Embajada” no hay nada que se le parezca. Nunca hubo un detenido, ni siquiera un sospechoso argentino que haya sido parte de la trama local del ataque. Y por supuesto nadie fue llevado a juicio, ni condenado, ni absuelto. La causa no está cerrada y lo reconoce la propia Corte en dos fallos, los de 1999 y 2006. Pero, sobre todo, no podría estar cerrada ni haber cosa juzgada porque no se avanzó en nada de lo concreto del atentado.
Si Lorenzetti quiso ayer dar por concluida la polémica con la Presidenta diciendo que el caso “Embajada” ya está, difícilmente lo consiga. Los familiares y la realidad pintan un panorama muy distinto: no se sabe casi nada.
