17 mar 2015

Retenciones segmentadas para el campo

EN 2009, FEDERACION AGRARIA RECHAZO UNA PROPUESTA SIMILAR

No sólo un cambio de actores

La pulseada por las retenciones segmentadas es una radiografía de la relación entre la dirigencia federada y el Gobierno. La distancia de Buzzi a Príncipe. Las diferencias entre el planteo de la Mesa y las necesidades de los productores chicos.
 Por Raúl Dellatorre

Para algunos, la propuesta formulada ayer por el Gobierno devolviendo parte de las retenciones a los pequeños y medianos productores debió ser resuelta antes. Sin embargo, no fue ayer la primera vez que la Federación Agraria recibe una propuesta de “segmentación” de las retenciones para beneficiar a los más chicos. En la primavera de 2009, a pocas semanas de haber asumido como titular de Agricultura y Ganadería (cuando la cartera adquirió rango de ministerio), Julián Domínguez le propuso al entonces titular de Federación Agraria Eduardo Buzzi, una alternativa similar a la actual, o por lo menos diseñarla en conjunto. “Buzzi la tuvo sobre la mesa y no la agarró, porque estaba en otra cosa”, asegura hoy uno de los que participó en aquel encuentro entre dirigentes federados y varios integrantes del equipo del ministro, algunos de los cuales habían sido los artífices del acercamiento.
Eran tiempos complicados para el gobierno de Cristina Fernández. Venía de un 2008 que había terminado con una dura derrota para la propuesta de retenciones móviles a las exportaciones de soja –el golpe final al proyecto se lo había dado su vicepresidente, Julio Cobos, votando en contra para desempatar en el Senado–, y venía de otro duro golpe en junio de 2009, en las elecciones legislativas de mitad de ese primer mandato, con la lista oficialista a diputados en Buenos Aires (encabezada por Néstor Kirchner) derrotada por la opositora encabezada por Francisco de Narváez y con varios dirigentes rurales incluidos en la tira. No eran pocos los que, desde los medios dominantes, proclamaban en forma solapada o directa “el fin del kirchnerismo”.
La reacción del Gobierno al traspié fue decidir un cambio de gabinete en el que la creación del Ministerio de Agricultura fue una pieza clave. Julián Domínguez tenía instrucciones precisas: quebrar ese malestar existente en las zonas rurales hacia el Gobierno, que había sido capitalizado por la Mesa de Enlace e invertido por ésta, a su vez, en las listas opositoras. La táctica del flamante ministro fue buscar respuestas que satisficieran las necesidades de los productores más chicos. Le fue relativamente bien en la atención de la emergencia agropecuaria en algunas zonas del interior bonaerense y entrerriano, pero no así cuando debió negociar, mano a mano con Buzzi, la oferta de segmentar las retenciones, pese a que era una de las demandas originales de los federados cuando se transitaban los primeros pasos del conflicto por la 125 (resolución que disponía las retenciones móviles, de marzo de 2008).
“La propuesta no era para la Mesa de Enlace, sino para los productores más chicos, pero Buzzi privilegió su pertenencia a la primera y la rechazó; ya estaba en otra cosa”, recuerda hoy con indisimulada amargura uno de los participantes en aquellas frustradas negociaciones.
A partir de entonces, la Mesa de Enlace, con sus cuatro integrantes, asumió una posición de confrontación política abierta con el gobierno reclamando un lugar de privilegio en el abanico opositor. Hugo Biolcati (Sociedad Rural) ocupó claramente el rol de estratega de esa entente. Buzzi, en tanto, pasó a ser la cara que legitimaba la defensa de los intereses de los sectores más beneficiados del agronegocio. Una alianza que, con subas y bajas, se mantuvo hasta que una nueva conducción de Federación Agraria decidió cambiar la estrategia.
Omar Príncipe, titular de Federación Agraria desde diciembre pasado –cuando Buzzi pegó el salto para candidatearse en Santa Fe–, es un dirigente que evita las declaraciones altisonantes, pero en pocas semanas dejó en claro que no elude las decisiones audaces. En ese breve lapso al frente de la entidad, abrió las puertas a una negociación franca con el Gobierno y obtuvo una serie de ventajas para los pequeños productores, y no sólo para los afiliados a su organización.
Quizás haya pocas formas mejor de explicar lo que significan las políticas diferenciadas, la “segmentación” de los beneficios, que las diferentes miradas sobre lo que significa la compensación para los tamberos dispuesta un par de semanas atrás (30 centavos por litro para productores de hasta 2900 litros diarios), o el estímulo de 45 mil pesos que recibirá el pequeño productor de 100 toneladas, o de 87 mil pesos por cosecha el de 300 toneladas, según lo que se anunció ayer. Mientras que para los más críticos, alineados con los intereses dominantes del agronegocios se trata de “migajas”, para los pequeños productores es una compensación vital.
También hay una diferencia de valoración a nivel de las diferentes entidades. Sociedad Rural y Confederaciones Rurales mantienen el cuestionamiento global, de trasfondo político, a favor de un “libre mercado” en el que los principales jugadores puedan decidir el reparto de la renta sin injerencia estatal. Federación Agraria, históricamente, defendió la participación estatal como regulador de intereses y como contraparte en la defensa del pequeño productor. Para las primeras, las políticas “diferenciadas” son nada más que una jugada artera del Gobierno para dividir al sector. Para los federados, en cambio, la “segmentación” es la reivindicación de una bandera que la entidad levantó desde 2007 pero que su conducción abandonó después de la pelea de 2008, en función de otros intereses. Ayer, la propuesta de “segmentar las retenciones” en boca de la presidenta de la Nación no fue escuchada como un anuncio tardío de una mandataria próxima a dejar el cargo, sino como un mojón en el camino que deberá atravesar, sin poder ignorarlo, quien comience su recorrido el próximo 10 de diciembre. Un logro fundamental, sólo posible cuando voluntad política del Gobierno e intereses prevalecientes de los dirigentes están en sintonía y coinciden en el tiempo.

Una falta de mérito que es absolución encubierta

 FALLO QUE BENEFICIO AL EMPRESARIO CARLOS BLAQUIER


Los especialistas señalan que es la primera vez en 20 años que el tribunal decide introducirse en una causa, aún abierta, con un procesamiento y sin detenidos, para dictar una falta de mérito.
El empresario Carlos Blaquier estaba procesado en dos causas por delitos de lesa humanidad.
 Por Alejandra Dandan

Los sobrevivientes de las noches de apagones en Jujuy todavía hablan de las “camionetas de Ledesma” o de la “Gendarmería de Ledesma” al recordar las redadas y secuestros nocturnos de julio de 1976. Denunciaron la presencia de los vehículos de Ledesma en el Juicio a las Juntas de 1985; lo repitieron en las rondas realizadas durante años en torno del ingenio. Pero la Justicia no aceptó la validez de ese dato hasta 2012, cuando procesó a Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, por privación ilegal de la libertad de trabajadores y referentes sociales. El fallo de Casación del viernes pasado aceptó que se usaron las camionetas de Ledesma en los secuestros. No discutió lo que a las víctimas y familiares de los de-
saparecidos les costó probar durante casi cuarenta años. Pero como si se tratara de una tomadura de pelo o de una trampa, el mismo gesto de aprobación vació de sentido esa prueba: ahora que reconocen el uso de las camionetas, esas camionetas ya no importan: dicen que no bastan para probar la intención de Blaquier de colaborar en los secuestros.
Luego de un año y tres meses de tener la causa paralizada en Buenos Aires, la Sala IV de la Cámara de Casación dictó el viernes pasado una “falta de mérito” para Blaquier y Alberto Lemos. Quienes conocen la lógica de Casación entienden que la resolución encierra varias claves. Por un lado, que es “excepcional” y “escandalosa” porque es la primera vez en veinte años que el tribunal decide introducirse en una causa, aún abierta, con un procesamiento y sin detenidos en prisión, para dictar una falta de mérito. Por otro lado, señalan que la “falta de mérito” en realidad es una trampa, porque a cuarenta años de los crímenes opera como una “absolución encubierta”. Y por último explican que uno de los votos de la sentencia puede brindar un mensaje de impunidad hacia otras causas semejantes, porque señala que la colaboración civil es inocua.

La excepción

Blaquier y Alberto Lemos, el entonces administrador del ingenio, fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad en dos causas, por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976. El procesamiento fue confirmado en 2013 por la Cámara de Casación de Salta. La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, tomó el expediente en diciembre de 2013. Los jueces se pronunciaron el viernes pasado. Como dijo este diario por entonces, dieron por probado que la empresa aportó vehículos para los secuestros pero negaron el “dolo”, es decir que el dueño y administrador del ingenio hayan conocido los fines para los que se usaron.
Un dato elocuente para quienes conocen la dinámica de Casación es la notoria intención que mostró la Sala IV en intervenir en este expediente. Consultado por este diario, un juez señaló que ese tribunal no se mete en un expediente cuando hay un procesamiento en marcha. Al parecer, añadió, “la doctrina pacífica” de ese tribunal señala que no interviene en esos asuntos hasta que no hay una sentencia definitiva. Este caso muestra una excepción a ese principio. El dato lo confirmó un integrante de ese tribunal de alzada, que señaló que se trata de un “escándalo” y se preguntó por qué los fallos no fueron publicados por lo menos hasta ayer en el CIJ, que es el servicio de noticias de la Corte Suprema.

La falta de mérito como trampa

Este diario señaló como un problema en otras ocasiones y en delitos de lesa humanidad el dictado de las “faltas de mérito”. Por ejemplo, cuando la Cámara de Salta liberó por “falta de mérito” al capitán retirado Jorge Isaac Ripoll, mano derecha del coronel Carlos Néstor Bulacios, máxima autoridad represiva en la provincia de Jujuy. Esta figura exige nuevas pruebas para que la causa pueda ser reabierta y en el contexto del paso del tiempo eso se torna imposible. Jueces, fiscales y abogados consultados por este diario señalaron que la falta de mérito opera como un “sobreseimiento encubierto”. “La falta de mérito dictada en primera instancia puede ser apelada por el fiscal, pero en este caso fue dictada por el más alto tribunal antes de la Corte”, explicó uno de los jueces. Javier de Luca es fiscal general y tuvo a cargo las apelaciones ante la Cámara de Casación. Tiene diez días para presentar un recurso extraordinario a la Corte. “El problema estrictamente jurídico de una falta de mérito en Casación es que parte de un estándar analítico equivocado –dice–. Yo no sé si van a aparecer nuevas pruebas. El sistema procesal vigente tiene una etapa de instrucción escrita y otra de juicio oral que debe valorar si las pruebas alcanzan o no para juzgar y condenar. Eso no debe hacerlo ni la Cámara Federal de Salta ni la Cámara Federal de Casación, sino el correspondiente tribunal oral. Queda claro así que la ‘falta de mérito’ en Casación es un sobreseimiento encubierto, porque como en el sistema vigente no puede haber un sobreseimiento por duda (hasta hace veinte años existía el sobreseimiento provisional), ante un estado de sospecha debe enviarse la causa a juicio para que otros jueces juzguen.” Es decir, señala, “se basaron en un estándar de certeza, que se emplea en una sentencia, y esto sólo era un procesamiento”. En el mismo sentido, el primer juez agregó: “Casación dijo que había que seguir investigando. Pero a esta altura, con casi cuarenta años de historia, ¿qué aportes esperan? Si todas las pruebas que hay no son suficientes para demostrar la intención, ¿qué esperan? Por eso, en realidad esto no es una cuestión de prueba sino de valoración: de cómo se miran las pruebas, por eso hablamos de sobreseimiento encubierto en la falta de mérito”.

El dolo: ¿qué sabía Blaquier?

Hasta 2012 las causas sobre crímenes de lesa humanidad habían avanzado en los procesamientos a integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad y civiles, pero vinculados como funcionarios al aparato organizado de poder. La complicidad de los empresarios supuso abrir caminos alternativos para pensar las imputaciones. Uno de los aportes de esta causa fue situar a las camionetas del Ingenio Ledesma que se usaron para los secuestros en un contexto. El juez de instrucción Fernando Poviña reunió varios elementos. Indicó que la entrega de las camionetas no estaba registrada, que fueron entregas ocultas, sin control y que, justamente, no eran “inocuas”, sino que se hacían en un contexto histórico determinado: una época de fuerte persecución política y sindical, a trabajadores o líderes sindicales. Explicó que la empresa tenía antecedentes de disputa con esos mismos sindicalistas. Y que había sanciones o llamados de atención de parte de la empresa a esos trabajadores, e incluso actividad de inteligencia realizada sobre ellos para ver qué actividad sindical tenían. Los datos, recordaron en el juzgado, estuvieron apoyados por una abundante profusión de documentos: el acuerdo entre Blaquier y el represor Antonio Domingo Bussi; la instalación de un puesto de Gendarmería Nacional en un predio en las inmediaciones del ingenio, una fuerza de frontera que quedó ubicada así a varios kilómetros de la frontera real con Bolivia y estaba allí para “cubrir el avance del comunismo”. Se agregaron documentos sobre la intervención de Blaquier en el grupo Azcuénaga, en la preparación del golpe de Estado. La solicitada de apoyo a la dictadura publicada por Ledesma un año después del golpe. La carta al “Querido Joe” de Blaquier a José Alfredo Martínez de Hoz para ofrecer donantes y publicar un artículo en Estados Unidos que desacreditara las denuncias por las violaciones de derechos humanos en Argentina. Es por todo esto que en el juzgado creen que Casación leyó “descompaginadamente” la prueba penal y fragmentó los hechos. El fallo tiene también otros problemas. A los conflictos gremiales, por ejemplo, los llaman “desavenencias”. Al espionaje o inteligencia ilegal sobre los trabajadores se los presenta como controles legítimos sobre los bienes de la empresa. Y lo mismo ocurre cuando describen la prueba recogida en los allanamientos del 2012. Casación dice que eran actividades que hacía la empresa para cuidar sus bienes, cuando el juzgado habló de espionaje. Entre esos elementos hay hasta fotos que la empresa sacó desde adentro de una iglesia donde se hacía una misa por la memoria de Olga Aredez, la vida del intendente Luis Aredez, uno de los desaparecidos, tal vez el más emblemático, de Ledesma.

Griesa puso al Citi contra las cuerdas

 EL BANCO NO PUDO SUSPENDER EL FALLO QUE LE IMPIDE DISTRIBUIR PAGOS DE DEUDA ARGENTINA


El juez de Nueva York denegó una medida para frenar los efectos de su resolución que le ordena al Citibank no transferir los fondos que Argentina deposite en
favor de bonistas. El Gobierno podría quitarle la licencia para operar en el país.

El juez Thomas Griesa mantiene al Citi contra las cuerdas. El magistrado de Nueva York denegó al holding estadounidense el pedido para que suspendiera la orden de bloqueo sobre los servicios de deuda en dólares bajo legislación argentina, para poder cumplir con el vencimiento del próximo 31 de marzo. Tras conocerse la decisión, la casa matriz del Citi emitió un comunicado en el que sostuvo que “continúa explorando todas las opciones legales disponibles en un esfuerzo por cumplir con la decisión de la Corte y con la legislación argentina”. El Citibank había presentado un escrito junto con la Argentina para que Griesa libere los bonos bajo ley argentina de los alcances del bloqueo. Luego de que el juez rechazara esa liberación, los abogados del Citibank solicitaron un stay (medida de no innovar) para cumplir con los próximos pagos y evitar las posibles sanciones del gobierno argentino, como la pérdida de su licencia para operar en el país. El magistrado consideró que no se justifica una suspensión de su orden y la rechazó. Por su parte, la Cámara de Apelaciones neoyorquina confirmó que el 24 de marzo habrá una audiencia para que la Argentina se defienda ante la sentencia de desacato que Griesa dictó sobre el país.
El juez del Distrito Sur de Nueva York dispuso que la Argentina abonara 1330 millones de dólares a un grupo de fondos especulativos que encabeza NML Capital, de Paul Singer, y ordenó que la sentencia se hiciera efectiva junto con el pago de los servicios de deuda reestructurada. Ante la imposibilidad de acatar ese fallo –que hizo explícita el Gobierno–, el juez decidió el 28 de julio pasado congelar los fondos que el país depositaba con sus vencimientos de deuda reestructurada hasta que no alcanzara con los buitres algún tipo de entendimiento. El Citibank se presentó en tres ocasiones (fines de julio, septiembre y diciembre) para que le permitieran pagar la deuda bajo ley argentina. Griesa autorizó de manera excepcional la operación en las tres oportunidades.
El holding bancario intentó ir más allá y lograr la liberación sin que se requieran autorizaciones frente a cada vencimiento, con el argumento de que no se trata de deuda externa. El 12 de marzo pasado el juez rechazó desbloquear esos pagos, con lo que obliga al Citibank a optar entre incumplir su orden o incumplir las leyes bancarias argentinas. Ante el riesgo de represalias del Gobierno, los abogados de la casa matriz del Citi solicitaron horas después de la negativa de Griesa una suspensión de esa orden para pagar el servicio del bono PAR a fin de mes. “El Citibank se enfrenta a consecuencias catastróficas si no procesa el pago muy pequeño (3,7 dólares de millones) que recibirá en nombre de sus clientes, el 31 de marzo de 2015”, señaló, en una carta enviada a Griesa el viernes pasado, el estudio que representa al holding.
En ese escrito, el Citi retoma las definiciones del Ministerio de Economía sobre los riesgos en que incurriría el banco si no cumple con su rol en la cadena de pagos. El comunicado difundido por Economía remarca que la orden de Griesa pretende que “el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”. Reitera entonces que el país continuará pagando los servicios de deuda y el incumplimiento por parte del Citi “expone a la sucursal argentina del banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país”.
“Estos riesgos no son hipotéticos y ameritan el otorgamiento de la medida de no innovar (stay)”, peticionó el Citi a Griesa. Pero Griesa sostuvo en su declaración que, “habiendo examinado todos los argumentos y considerado asimismo todos los factores pertinentes para la obtención de una estancia (de suspensión), el tribunal no cree que se justifique la suspensión de la orden del 12 de marzo. Por lo tanto, se le niega la petición presentada por el Citibank para un stay”.
El holding se juega ahora la carta de la apelación, una instancia a la que sus abogados adelantaron que recurrirían cuando solicitaron el stay. En tanto, el próximo martes la Cámara de Apelaciones de Nueva York convocó a una audiencia para que los abogados que representan a la Argentina ofrezcan los argumentos para rechazar la sentencia de desacato dictada por Griesa el 29 de septiembre pasado, la cual no tuvo efectos prácticos para el país. La defensa se basará en lo violatorio de la sentencia en el marco del derecho internacional y el principio de igualdad soberana que goza todo país.

América Latina: la integración bajo el acecho del imperio

Por Eduardo Camín

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Los intentos de construir la integración regional entre los países de América del Sur hoy nos ofrecen imágenes contradictorias. Pero ya nada nos llama la atención de este acecho constante  del imperialismo frente a cada paso hacia delante de la integración de los pueblos latinoamericanos.
No obstante es muy cierto que los factores económicos, sociales y culturales se producen en trayectorias quebradas con retrocesos y vueltas a empezar. La contemplación histórica nos demuestra que el eslabonamiento de las conquistas políticas es mucho más efectivo de lo que aparece por lo menos cuando la voluntad es de rigor.
Pero cuando una nación o un conjunto de naciones pierden el paso histórico se produce su íntima decadencia, algo más grave que las propias crisis. Ante esta amenaza, la opinión social se inquieta y desorienta, se detiene en busca de un contenido político, de una calidad humana capaz de servir auténticamente a los desafíos de la nación o a la comunidad de naciones.
A esta ansiedad ha venido contestando una carencia, camuflada en una especie de silencio púdico, de algunos dirigentes en esa vuelta atrás por los senderos de la unidad, sin condenar al verdadero enemigo de la región. Los accidentes diplomáticos de los últimos tiempos ilustran esta diversidad de circunstancias, Bolivia, Chile, Perú Chile, entablaron una diatriba verbal de comunicados, acusaciones, espionaje etc., Esta oleada de fervor imperial frente a Venezuela tampoco es casualidad.
Recordemos que los dos principales bloques sudamericanos son la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (1) y el Mercosur (2) La primera integra a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú; Venezuela la abandonó en 2006, mientras que poco después Chile comenzó su proceso de reingreso como miembro asociado desde el 20 de setiembre del 2006.
Mientras tanto el Mercosur incluye como socios plenos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y más recientemente se sumó Venezuela. Los dos bloques están inmersos en diversos problemas. Entre los andinos, hay dos socios que en lugar de fortalecer sus relaciones con sus vecinos están más interesados en concretar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Mientras tanto las crisis recurrentes del Mercosur son mucho mejor conocidas fundamentalmente en Uruguay, y Paraguay, que en general expresan sus quejas entre las asimetrías de sus miembros, y la incapacidad para lograr estrategias comunes apoyadas en normas vinculantes supranacionales. A su vez, los dos bloques están tejiendo una maraña de acuerdos. El Mercosur ha aceptado como miembros asociados a Chile, Bolivia y Perú, y luego firmó un acuerdo de complementación económica con toda la CAN.
Las relaciones cada vez más intensas entre las naciones del Atlántico y las andinas explican los intentos en lograr un acuerdo sudamericano. En ese sentido la creación de la UNASUR (Unión de Naciones de Suramérica), obedece a este designo, en realidad el proyecto de integración sudamericano ha sido lanzado y relanzado, con distintos nombres, en varias ocasiones en los últimos siete años, a lo largo de al menos seis cumbres presidenciales.
Todas estas imágenes de idas y vueltas de acuerdos y desacuerdos, encierran algunas verdades y varias exageraciones, dejando en claro las contradicciones que enfrentamos. Los efectos inmediatos de esta posición teórica y práctica, de esta praxis sobre el conjunto de la sociedad latinoamericana generan una pérdida de capacidad de enjuiciamiento crítico de la realidad y un mayor grado de acatamiento de los mensajes provenientes del saber
institucionalizado. El núcleo central de estos intentos reside en la liberalización del comercio entre las naciones, bajo la forma de acuerdos de libre comercio, permitiendo algunas medidas de protección y amortiguación, y con un fuerte énfasis en emprendimientos comunes en infraestructura (carreteras, transportes, comunicación y energía).
En este acertijo de la integración quedan en evidencia varios núcleos centrales. La mayor parte de los países concibe la integración con sus vecinos como un complemento y una preparación para insertarse en la economía global (los casos más evidentes son Chile, Perú y Colombia). Para estos países la integración continental debe basarse en una liberalización amplia del comercio; en otras palabras, algo así como un gran tratado de libre comercio sudamericano, y desde allí saltar al resto del globo.
La representación de esta obra se realiza en un escenario múltiple por su decorado pero único en cuanto a su realidad argumental: la economía de mercado. Esta obra se representa en sesión continua, reproduciendo todos los días la misma trama: La explotación y la acumulación del capital, la obra permite establecer un dialogo univoco cuyo texto puede ser aprehendido sin complicaciones por los nuevos personajes, que se unen al reparto. Estos aspectos comerciales necesariamente se deben complementar con el tendido de y energía presentada como la Iniciativa en Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA. Ese énfasis aparece una y otra vez en esta conjunción de tratados. Sin lugar a dudas desde la óptica de la integración, las carreteras son necesarias primero para llevar insumos a regiones remotas, y luego para poder extraer minerales, cosechas y otros productos. Justamente en esemomento aparece una particularidad sudamericana: la mayor parte de las exportaciones se dirigen a destinos en otros continentes. Por lo tanto, la llamada “integración física”, antes que una “integración” para articular la producción, promueve “interconexiones” es decir, carreteras para poder alcanzar los puertos desde donde parten los navíos hacia Norteamérica, Europa o Asia. En el caso de la energía también hay interconexiones, tales como gasoductos, oleoductos y tendidos de alta tensión, antes que una estrategia energética común. Muchas de esas conexiones alimentan con energía la extracción y el procesamiento de recursos que son rápidamente exportados.
Nos encontramos así con una marcha de la integración que tiene muchas dificultades para fomentar el intercambio mutuo y en cambio avanza a lo largo de corredores de carreteras que alientan todavía más el comercio hacia otras regiones. Los actuales proyectos de interconexión física, antes que coordinar las zonas sudamericanas entre sí, están ordenados como ejes de transporte para llegar a los puertos en el océano Pacífico y en el Atlántico. Brasil en particular los fomenta, en tanto los necesita para poder extraer la producción de las zonas centrales de su territorio y alcanzar los puertos oceánicos peruanos de manera de abaratar los fletes de sus embarques hacia China.
Un Proyecto diferente
En paralelo, el ya fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, lanzó la idea de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) (3) como un camino distinto para lograr la integración. Un proyecto de colaboración e integración política, social y económica En el ALBA están participando entre otros Cuba, Venezuela, Bolivia Nicaragua, Ecuador. Su primer paso concreto fueron los Tratados de Comercio entre los Pueblos (TCP) que serían las alternativas a los mal denominados Tratados de Libre Comercio (TLC). Otorgando la prioridad a la relación entre los propios países en pie de igualdad y en el bien común, basándose en el dialogo subregional y concretando alianzas estratégicas fomentadas en el consenso y el acuerdo entre naciones. Por ahora con convenios de comercio privilegiado, asistencias financieras y programas de cooperación.
Pero hay que advertir que Venezuela está intentando innovar, con ideas tales como los proyectos mixtos que vinculan empresas estatales entre sí o permiten emprendimientos conjuntos en extracción de hidrocarburos en su propio territorio. En ese camino, Venezuela está utilizando sus reservas petroleras y gasíferas para impulsar cierto tipo de integración.
Inmersos en esta telaraña de siglas de acuerdos comerciales, políticos, culturales Es también urgente coordinar las estrategias productivas; ¿tiene algún sentido que las naciones del Cono Sur compitan entre sí para vender soja a China o a Europa, o que el gas argentino se gaste en Chile para extraer el cobre que se va a exportar fuera de la región? Todos invocan la importancia de la integración, pero se repiten los contratiempos y las disputas. Queremos estar unidos pero a la vez nos resistimos a dar los pasos necesarios. En ese camino es indispensable abordar la articulación de procesos productivos entre distintos países. En más de una ocasión estos esfuerzos conjuntos naufragan invocando un concepto convencional de soberanía, que sigue siendo necesario revisar para poder generar estrategias de desarrollo compartidas a nivel regional.
Pero la trayectoria ordenada de la sociedad es continua y ascendente sobre las vicisitudes de la Historia. La capacidad de estar en la actualidad de interpretar la vigencia de las ideas los sentimientos y las potencias sociales es una facultad vital para los hombres políticos .El político necesita una capacidad de ser rigurosamente actual muy superior a la del hombre medio ,porque su ciclo de ejercicio es más amplio , pero además nuestro tiempo es una etapa dominada por el imperialismo de la globalización, un instante critico de la Historia ,un destino vital de riesgo y transformaciones profundas para quienes no rehúyan la función de protagonistas.
NOTAS:
(1) La Comunidad Andina de Naciones (CAN) está constituida por Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, y cuenta como
miembro asociado a Chile.
(2) Mercado Común del Sur (Mercosur) está compuesto por Argentina , Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela , en
términos de mercado este bloque representa el 82,3% del PIB total de la América del Sur y está considerado el cuarto
bloque económico del mundo en términos de intercambios comerciales
(3) La Alianza bolivariana para América (ALBA) está integrada en otros miembros por Bolivia, Cuba, Dominicana,
Ecuador, Granada, Nicaragua, Venezuela. Hoy este acuerdo es más conocido como Alba-TCP) a pedido del presidente
Morales para incluir el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)

Sudamérica: desestabilización y desgaste

Diario La Jornada, México

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Cientos de miles de personas colmaron ayer las calles de Sao Paulo y otras ciudades de Brasil para manifestarse en contra del gobierno que preside Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT) y protestar por las más recientes medidas de política económica, así como por el escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal, Petrobras. En Argentina, en tanto, se gesta una alianza opositora entre la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) y la derechista Propuesta Republicana (Pro) del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, para enfrentar al gobernante Frente para la Victoria (peronista) de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en momentos en que la mandataria se encuentra acosada por el suicidio de un fiscal que la había acusado de encubrir a los responsables del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta una renovada ofensiva de la oposición política de su país combinada con una escalada de hostilidades por parte de Washington.
Ciertamente, las circunstancias en esas tres naciones sudamericanas son diversas y distintas, pero hay denominadores comunes insoslayables: los programas de injerencia y desestabilización –abiertos, en el caso de Venezuela, y discretos, por lo que hace a Brasil– procedentes de Estados Unidos y Europa occidental; la reacción de los sectores oligárquicos y mediáticos locales que buscan suprimir lustros de transformaciones sociales, estrategias de bienestar aplicadas desde el poder y políticas soberanas e integracionistas; el aparente agotamiento de los ciclos de expansión económica experimentados por los tres países, y también el inevitable desgaste del poder que experimentan los respectivos proyectos gobernantes y la pérdida de respaldo en sectores de la población.
Este último factor es particularmente perceptible en Brasil, donde la presidenta Rousseff no parece haber adquirido conciencia del grado de erosión que sufren su partido y su gobierno y no ha sido, en consecuencia, capaz de ofrecer más respuestas que un programa de ajuste característicamente neoliberal, como el que puso en práctica recientemente su ministro de Economía, Joaquím Levy, y que ha golpeado con particular dureza las finanzas de la clase media.
Las protestas masivas de 2012 y el estrecho margen con que la mandataria consiguió ser relecta el año pasado habrían debido ser indicios suficientes para que el equipo de gobierno asumiera la necesidad de reinventarse y de reconectarse con los sectores sociales que han respaldado el programa transformador del PT desde 2002, algo, que sin embargo, sigue sin ocurrir.
En términos generales, sin ignorar los desfavorables elementos exógenos que impulsan el desasosiego político y social en esas naciones hermanas –desde la nunca pausada ofensiva de capitales y gobiernos externos y de grupos reaccionarios internos hasta el estancamiento económico mundial e incluso factores climatológicos, como la sequía en parte del territorio brasileño–, es claro que el conjunto de los gobiernos progresistas sudamericanos no atraviesa por su mejor momento y que, después de tres lustros o más de transformaciones sociales, económicas y políticas, deben hacer frente a circunstancias nuevas y adversas para seguir adelante. Cabe esperar que lo logren, porque es difícil imaginar un escenario más trágico que una restauración oligárquica en uno o varios de los países mencionados.