22 mar 2015

A treinta años del crimen de Roslik

PESE AL TIEMPO TRANSCURRIDO EL CASO SIGUE IMPUNE

Vladimir Roslik Bichkov, médico uruguayo hijo de inmigrantes rusos, nació en San Javier en 1943 y falleció en el Batallón 9º de Fray Bentos el 16 de abril de 1984, como consecuencia de las torturas recibidas, tras haber sido detenido junto a otros residentes de la localidad.

Miércoles 16 abril



Demir Pereyra - Fray Bentos

Roslik había estudiado medicina en la ex URSS y fue acusado de traficar armas para los comunistas, extremo que nunca se comprobó. Su muerte violenta, ocurrida hoy hace 30 años, fue la última del período dictatorial.

La noticia corrió por el mundo entero: en el cuartel del Batallón N° 9 de Fray Bentos habían asesinado mediante tortura al médico de San Javier, Vladimir Roslik.

El homicidio de Roslik fue entonces denunciado por organizaciones de derechos humanos y por la prensa de la época (los semanarios Aquí, Convicción y Jaque, en particular (ver recuadro) e implicó la confirmación pública de las torturas y muertes por parte del régimen militar. El caso sacudió al país, en el marco de una dictadura cívico – militar que llegaba a su fin pocos meses antes de las elecciones programadas para noviembre de ese año y con varios partidos políticos ya actuando legalmente.

Una autopsia “oficial” de la dictadura consideró un “paro cardiorrespiratorio” como causa de su muerte. Sin embargo una segunda autopsia, realizada en Paysandú por un grupo de médicos civiles, aseguró que Roslik falleció víctima de una anemia aguda producida por las hemorragias provocadas por los golpes y la asfixia del “submarino”.

En el caso cumplió un rol fundamental la denuncia hecha por Gregorio Martirena, presidente de la Federación Médica del Interior (FEMI). “La acción del gremio médico uruguayo comprobó desgraciadamente que había médicos que participaban y creaban los métodos de la tortura, práctica que el Sindicato Médico señaló mundialmente expulsando del gremio” al Dr. Eduardo Sainz, responsable del “control” durante las golpizas y otro tipo de torturas, en el Batallón Rincón N°9 de Fray Bentos, afirmó Martirena.

En junio de 2013 la doctora Marisa Alza se excusó de actuar en el expediente del médico Vladimir Roslik, según la información que suministró la Dra. Livia Pignataro a la Suprema Corte de Justicia.La representante del ministerio público tomó la decisión “por razones personales”. La fiscal Alza está vinculada familiarmente con el médico Eduardo Sainz, quien firmó la primera autopsia de Roslik y que luego fue rectificada por los médicos del Hospital de Paysandú, en una segunda autopsia exigida por Mary Zavalkin, la viuda del médico.

La indagatoria penal por la muerte de Roslik fue desarchivada, en virtud del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se revocaron más de 80 actos administrativos dictados por anteriores gobiernos, por los cuales se consideraron bajo el amparo de la Ley de Caducidad diversos casos de crímenes cometidos durante la dictadura.

La fiscal Mariza Alza fue subrogada por la fiscal de la ciudad de Mercedes, quien no habría visto aún el expediente, por razones de un traslado reciente, según información obtenida en los últimos días.

En otro orden la defensa de los implicados interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 interpretativa de la Ley de Caducidad. La SCJ se pronunció declarando la inaplicabilidad de la citada ley.

El testimonio de Pires

Previo al desarchivo de la causa, la jueza letrada de 1er Turno de Fray Bentos, Livia Pignataro, incorporó al expediente del caso el testimonio de una persona fallecida. El hombre, que fue torturado junto a Roslik, dejó un documento certificado por escribano.

“Mientras nos torturaban yo escuché el nombre del que mandaba, era el Pocho Coubarrere. Esa es una de las personas más importantes de la muerte de Roslik (…) No vi el momento en que matan a Roslik, pero sentí bien claro cuando ese Pocho Coubarrere gritó ‘¡Pará, que este ya dio!’ y con eso entendí que Roslik había muerto”. Eso fue lo que contó el brasileño Antonio Pires da Silva Junior en agosto de 2008, cuando volvió al país para dejar asentado ante escribano público su testimonio.

El médico que firmó la primera “autopsia”
Sainz: “A mí me han degradado”

El doctor Eduardo Sainz, el médico que firmó la primera “autopsia” de Roslik, no da entrevistas. Como toda su vida, vive en el centro de la ciudad de Fray Bentos, y está jubilado. Últimamente, ha retirado la chapa de la fachada de su casa. Hasta hace unos años, se lo veía por la rambla de esta ciudad en compañía de dos perros Rotweiller y presumiblemente armado. En una comunicación telefónica con LA REPÚBLICA en el mes de julio del año 2013, Sainz reafirmó que “nunca” dio entrevistas y que siempre “me remití simplemente a lo que la Justicia ordenó y actué como tal”.

Más adelante, en la misma charla, Sainz aseguró que “el tema está muy politizado” y también declaró “no quiero entrar en esa órbita… a mí me han degradado, la gente habló muy mal de mí, yo fui un médico con una familia, como ciudadano me he comportado como tal y no he tenido una receptividad a lo que yo he hecho acá en Fray Bentos…”

Eduardo Sainz tiene 67 años, dice que “hace una vida socialmente casera”, que “comparte momentos familiares”, también “estudio, escucho música clásica, y leo, y también hago ejercicios, porque a mi edad hay que hacerlos…”

Testimonio: la denuncia de Jaque

“Trasciende que en Fray Bentos han matado a un médico de San Javier.

Como director de Jaque envío dos periodistas a Paysandú a entrevistar a los médicos que han hecho la segunda autopsia. La esposa de Roslik tuvo la lucidez, en medio de su dolor, de llevarse el cadáver a Paysandú y pedir una segunda autopsia. La primera, del Dr. Sainz, era un fraude.

Tres médicos (la autopsia la firman cinco) les dicen a mis periodistas que Roslik ha muerto bajo torturas. Obviamente no se hacen cargo de la afirmación. Sabíamos la verdad, el tema era demostrarla.

El modo de dar la noticia fue transcribir lo que el cura dijo en el entierro en San Javier: “Oremos por Vladimir Roslik que murió asesinado”. Fue la tapa de Jaque.

El cnel. Juan José Pomoli discute a los gritos con el director de Jaque y le advierte que está mintiendo y que no lo cierra en ese momento porque la gente iba a pensar que teníamos algo y que nos iba a cerrar en el momento que quedara claro que no teníamos nada para sostener la afirmación del asesinato.

Comienza una carrera contra reloj en que si Jaque no demostraba la afirmación publicada iba a ser cerrado. En ese momento la libertad pendía de lo que Jaque demostrara.

Manuel Flores Mora convence a un médico forense militar, de nombre Mautone, de entrar al instituto forense militar. Allí Flores Mora copia textualmente la verdadera autopsia y Jaque la publica.

La dictadura acepta que Vladimir Roslik murió bajo apremios físicos (como se le decía entonces a la tortura) y sanciona a los dos oficiales a cargo de la unidad de Fray Bentos donde fue muerto el médico de San Javier.

Jaque recibe el premio Juan Carlos de Periodismo por su aclaración del caso y su contribución al fin de la tortura en Uruguay. “Cuando arrancamos una autopsia asesina de las entrañas de la dictadura no solo terminamos con la tortura en el Uruguay sino que demostramos que el periodismo y la verdad pueden contra todo”.

(Testimonio de Manuel Flores Silva, entonces director del semanario Jaque).

EEUU establece normas estrictas para el “fracking” en terreno federal

El fracking, la controvertida técnica de extracción de gas natural que genera innumerables dudas medioambientales, cuenta desde este viernes y por orden de la Administración de Barack Obamacon estrictas reglas para su desarrollo en los pozos que se encuentren en terreno federal.


21 marzo 2015 
frackingLas quejas de la industria a tales medidas se han hecho oír de inmediato, ya que consideran la regulación una barrera para el crecimiento. Por su parte, algunos grupos de defensa del medio ambiente también levantaron su voz al considerar, sin embargo, que las normas no son lo suficientemente restrictivas y que la única manera de proteger a las comunidades del peligro del fracking es no permitiéndolo.
La fracturación hidráulica, o fracking, consiste en inyectar en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas para liberar el gas que se encuentra atrapado en la roca. Esa es la definición científica. La definición económica se traduce en que el fracking ha logrado situar a Estados Unidos en la línea de salida para convertirse en un corto plazo de tiempo en el mayor productor mundial de gas y petróleo, lo que le haría independiente del crudo extranjero.
Gracias a la combinación de fracking y perforaciones, la industria ha doblado casi su producción nacional de crudo en los seis pasados años a más de nueve millones de barriles por día. Un incremento mayor ha vivido la producción de gas, lo que ha permitido que EEUU ahorre más de 100.000 millones que de otra manera hubieran acabado invertidos en los mercados foráneos de petróleo.
El Departamento del Interior comenzó a esbozar la regulación del fracking durante el primer mandato de Obama y hoy, tras cuatro años de debate y estudio, la secretaria Sally Jewell ha anunciado que la nueva regulación “hará avanzar a la nación mientras que aseguramos un desarrollo responsable y protegemos los recursos contenidos en terrenos públicos”. “Esto es algo bueno para el público y para la industria”.
Son cerca de 100.000 los pozos y perforaciones que se encuentran afectados por la normativa al operar en territorio federal propiedad de 32 Estados de la Unión. De ellos, un 90% utiliza alguna técnica relacionada con el fracking. Algunos de esos estados ya regulaban de manera estricta la práctica mientras que otros lo dejaban en manos del Gobierno federal, que ahora ya cuenta con líneas de conducta.
“Yo misma he practicado la técnica del fracking”, ha declarado la secretaria Jewell, “por lo que entiendo tanto los riesgos como los beneficios de la técnica”. “Por tanto, le debemos a nuestros hijos hacer lo correcto”, ha proseguido.
A partir de ahora, las compañías que deseen efectuar fracturación hidráulica deberán enviar información detallada a la Oficina de Manejo de la Tierra (BLM, siglas en inglés), especificando la operación, el lugar exacto donde se realizará la fractura o la perforación, la profundidad a la que se encuentra el agua y la cantidad estimada de volumen de fluido que va a usarse.
“La actual regulación federal al respecto tiene más de 30 años y no había ido evolucionando a la par que la complejidad técnicas de las actuales operaciones de fracking”, ha finalizado la secretaria Jewell, que trabajó en la década de los ochenta para Mobil en Oklahoma.
(Con información de El País)

21 mar 2015

“Es sólo la punta del iceberg de lo que viene”,

Un ataque a dos mezquitas chiíes mata a 142 personas en Yemen

ÁNGELES ESPINOSA Dubái 
20 MAR 2015


 REUTERS

Hasta 142 personas han muerto este viernes en Saná, la capital deYemen, cuando varios suicidas han atacado dos mezquitas chiíes, según fuentes hospitalarias citadas por las agencias de noticias. El objetivo eran sin duda los rebeldes Huthi que desde finales de enero se hicieron con el poder y cuyos seguidores son sobre todo chiíes zaydíes. Su golpe de mano no sólo ha abierto una grave crisis política en el empobrecido país árabe, sino que ha azuzado la baza sectaria que Al Qaeda lleva años tratando de explotar y de la que ahora quiere aprovecharse el Estado Islámico, que se ha responsabilizado de los atentados.

Los ataques, con escaso intervalo entre sí, se han producido durante la plegaria del mediodía del viernes, justo cuando las aljamas están más concurridas. El primer suicida ha hecho estallar su cinturón explosivo en el interior de la mezquita de Badr, en el centro de Saná; pocos minutos después, un segundo terrorista activaba su bomba entre medio de los fieles que salían despavoridos. Casi al mismo tiempo otro individuo (dos según la agencia yemení Saba) se reventaba en la mezquita de Al Hashush, al norte de la ciudad. En Saada, al norte del país, la policía logró interceptar a otro suicida que pretendía atacar la mezquita del Imam Hadi.

En la de Badr ha resultado muerto su imam, Murtada al Mohadwari, considerado el líder espiritual de los Huthi. Entre los 350 heridos de distinta consideración que ha dejado la múltiple agresión, se halla Jaled al Madani, un destacado dirigente de ese grupo.
“Es sólo la punta del iceberg de lo que viene”, ha asegurado una desconocida división del Estado Islámico (EI) en Yemen a través de varias cuentas afiliadas en las redes sociales, según recoge la web de seguimiento del terrorismo SITE. Es la primera vez que el EI se responsabiliza de una acción terrorista en Yemen.

“Las huellas son de Al Qaeda… pero no me sorprendería saber que el EI esté operando ya allí también”, señala a este diario el embajador y analista yemení Mustapha Noman, en referencia al caos en el que se ha sumido su país.

Las dos mezquitas atacadas este viernes en Saná eran lugares habituales de rezo de los simpatizantes de Ansarullah, el grupo político armado más conocido por el nombre del clan que lo dirige, los Huthi. Se trata de un movimiento al estilo del Hezbolá libanés que tiene su feudo en las provincias del norte de Yemen fronterizas con Arabia Saudí. Sin embargo, desde el pasado verano, ha avanzado hasta tomar la capital y trata de extenderse a otras zonas del país con el apoyo de las fuerzas leales al ex presidente Ali Abdalá Saleh, quien en 2012 cedió el poder tras un año de protestas populares y ante la presión internacional.

Su espectacular éxito, apoyado en la lucha contra la corrupción y, según sus críticos, con ayuda de Irán, el líder regional de los chiíes, ha agravado las divisiones políticas, tribales y sectarias de Yemen, un país que lleva años al borde del abismo. A la pobreza, la explosión demográfica, la escasez de agua y penuria de alimentos, se superponen el separatismo del sur, la revuelta Huthi del norte, la amenaza de Al Qaeda en la Península Arábiga (una fusión de las ramas local y saudí de Al Qaeda que se halla entre su franquicia más activa) y, de confirmarse las reclamaciones de este viernes, ahora el EI.
El descontrol que supuso la toma del poder de los Huthi a finales de enero, y la consecuente dimisión del presidente Abdrabbo Mansur Hadiy el Gobierno en pleno, llevó al cierre temporal de numerosas embajadas extranjeras, incluidas las de EEUU y las europeas. Algunas legaciones árabes, entre ellas la de Arabia Saudí, han reanudado sus actividades desde sus consulados en Adén, el gran puerto del sur y segunda ciudad del país, a donde se trasladó Hadi cuando logró escapardel arresto domiciliario al que le sometieron los Huthi. Pero incluso allí, desde donde intenta recuperar la autoridad, fue objeto de un ataque el jueves.

La Marcha de la Dignidad vuelve a tomar cuerpo en Madrid

La madrileña plaza de Colón ha ejercido este sábado como punto de encuentro de miles de personas. Parados, preferentistas, sindicalistas, desahuciados y un amplio abanico de representantes de los colectivos sociales han confluido en este punto de la capital para cerrar de nuevo la Marcha de la Dignidad.

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GÁLVEZ


Manifestantes de las "Marchas de la dignidad", hoy en Madrid. / BALLESTEROS (EFE)

También lo hicieron el año pasado, aunque esta vez, como reconocen los propios impulsores, no se ha podido repetir la exitosa afluencia de 2014. “Pero hemos llenado la plaza y las calles adyacentes. Calculamos que estamos aquí cientos de miles”, subraya Ginés Fernádez, uno de los organizadores. La delegación del Gobierno ha cifrado en 12.000 los asistentes en el momento más álgido de la protesta.

Tras la marcha, que se ha desarrollado de manera pacífica, un grupo de unos 200 alborotadores cubiertos con pasamontañas han protagonizado varios incidentes. Han cortado la Gran Vía y han lanzado bengalas y petardos, además de destrozar mobiliario urbano. Los alborotadores se han enfrentado con la policía tras quemar varios contenedores y romper lunas. Finalmente, la policía los ha dispersado y rodeado en la calle La Paz, donde ha procedido a identificarlos. 17 personas han sido detenidas por los disturbios, según fuentes policiales. Uno de los arrestados, JM Bustamante, fue detenido en los incidentes del 22-M el año pasado, por causar destrozos.



Despliegue policial en Gran Vía ante los destrozos de un grupo de alborotadores. /BALLESTEROS (EFE)
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Llegados en nueve columnas procedentes de diferentes extremos de la Península, los asistentes han señalado a los Gobiernos del PP y PSOE como responsables de la crisis que atraviesa el país. Los han calificado de “instrumentos” de la Troika para “ahogar” a España con las políticas de austeridad. Y han insistido en que la recesión no ha acabado: “Sigue habiendo millones de desempleados, miles de familias a las que el banco echa a la calle, cientos de jóvenes que se tienen que ir al extranjero”, reflexiona Juan Guerrero, de 56 años, junto a la Cuesta de Moyano.

Este jornalero sevillano se ha tirado a la carretera a las nueve de la mañana de este sábado. Junto a otro medio centenar de compañeros, se ha subido a un autobús en Morón de la Frontera para unirse en Madrid a la columna que partió de Andalucía hace días. “Estamos aquí por la situación a la que nos ha llevado los recortes. Mientras a nosotros nos quitan derechos, algunos no dejan de enriquecerse”, remacha este padre de dos hijos, que sobrevive con una paga de 460 euros, y a quien no ha detenido el agua que ha caído en la capital desde la primera hora de la tarde. Precisamente, bajo una fina e intermitente lluvia, los congregados han recorrido las calles ensalzando los lemas en común que los unían: “Pan, trabajo y techo”; “No al pago de la deuda”; “Ni un recorte más; y “Fuera los Gobiernos de la Troika”. Unas consignas recogidas en un manifiesto que exige la salida del Ejecutivo de Rajoy, pero que se han diluido ante la heterogeneidad de los movimientos sociales presentes en la Marcha.



Un coche de policía, con las lunas rotas tras los disturbios. / J.J. GÁLVEZ

Los yayoflautas, las mareas de la Educación y la Sanidad, los afectados por los despidos de Coca-Cola, la PAH... Y, por supuesto, sindicatos y partidos políticos de izquierdas, como IU, Podemos y Equo, que tampoco han querido perderse la cita. “¿Qué ha cambiado respecto al pasado año?”, se ha preguntado Cayo Lara, coordinador federal de la coalición: “Pues ha aumentado la pobreza en el país. Y el empleo que se crea es precario. Y, además, continúan los desahucios. Por eso siguen vigentes las mismas causas por la que se convocó la Marcha en 2014”. En esa cita estuvo Beni de Blas, una madrileña de 62 años del barrio de Aluche, afectada por las preferentes de Bankia. Este sábado ha repetido: “He venido porque nos han estafado a muchas personas mayores. Y las autoridades nos han dejado tres años tirados en la calle. Solos”.

La mujer, que perdió los 45.000 euros que tenía ahorrados, relata su historia junto Roberto Rodríguez, un comercial de Bankia de 51 años que perdió su empleo en 2013, cuando la entidad financiera acometió un ERE. A su lado se pasean banderas de la III República y del Partido Comunista. Todo un conglomerado de símbolos unidos en la calle. Con el apoyo desde la distancia, también, de líderes del pasado. Como Julio Anguita, que animaba esta semana a sumarse al movimiento. “La democracia está siendo secuestrada. Los poderes económicos hacen y deshacen a su antojo”, subrayaba el excoordinador federal de IU e impulsor actual del Frente Cívico Somos Mayoría, uno de los colectivos que ha promovido la Marcha, junto al Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) de José Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero.

Porque el embrión de la actual Marcha de la Dignidad se remonta a 2013. “Entonces, había una sensación de que se estaban produciendo muchas movilizaciones esporádicas, de diferentes temas, pero sin que toda esa fuerza se llegara a aunar nunca”, recuerda Ginés Fernández, uno de los organizadores llegado este sábado desde Murcia. Fue entonces cuando, apoyado en los Campamentos Dignidad deExtremadura, el SAT decidió impulsar la idea. El objetivo: debían tomar Madrid la masa de afectados por los recortes derivados de las “políticas neoliberales” de los Gobiernos de Rajoy y Zapatero. “La dignidad ciudadana” debía, insistían sus promotores, recorrer las calles de la capital y señalar a los culpables de la crisis.

Así que, tomado el nombre de ese movimiento nacido en Mérida durante una concentración frente a una oficina de empleo para reclamar trabajo y una renta básica; la Marcha se tradujo finalmente el 22 de marzo de 2014 en una inmensa manifestación. Apoyados en centenares de colectivos de todo el país —300 solo de la Comunidad de Madrid—,decenas de miles de personas se dieron el pasado año cita en la capital. Los organizadores cifraron los asistentes en dos millones. La Delegación del Gobierno afirmó primero que solo eran 50.000, y después rebajó el dato a 36.000. Una cita que se desarrolló de forma pacífica hasta que, cuando apenas faltaban unos minutos para su conclusión, se enfrentaron varios grupos de radicales y los antidisturbios. Hubo más de 100 heridos y decenas de detenidos.

El recuerdo de ese episodio violento se ha traducido este sábado en un amplio despliegue de seguridad. Decenas de furgones con agentes se han apostado en el Paseo de la Castellana. Según fuentes policiales, más de 1.100 agentes de Policía Nacional han compuesto el operativo, pese a que la Delegación del Gobierno ya preveía una asistencia menor a la del año pasado, cuando repartió por las calles de la capital cerca de 1.650 antidisturbios.

Entonces, Madrid representó el fin del camino. La Marcha de la Dignidad suponía en 2014 el culmen de sucesivas pequeñas protestas repartidas por el país. La manifestación ha sido este sábado, en cambio, el principio de una travesía que concluye el próximo 22 de octubre. Para ese día, los promotores de la iniciativa han convocado una huelga general. “Y seguiremos. Y volveremos en 2016 si hace falta. Porque esto lo ha empezado la gente. Y acabará cuando la gente quiera”, concluye el sevillano Guerrero.

La devaluación salarial en España

Pos neoliberalismo : Plantillas renovadas, sueldos más bajos
La devaluación salarial se ceba en los que han perdido su trabajo y vuelven a ser contratados




La mayoría de los españoles están sufriendo la devaluación salarial / ULY MARTÍN

Casi una década después, España vuelve a situarse entre los países que más empleo crean en Europa. Y lo ha hecho con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mucho menor que en salidas de crisis anteriores. Un avance medio del 1,4% en 2014 ha bastado para que se hayan generado casi medio millón de puestos de trabajos nuevos en un año. El empleo crece, el PIB acelera su ritmo de expansión —al 2% en el tramo final de 2014, a cerca del 3% en las previsiones para 2015—, pero la devaluación salarial sigue ahí, atenuada por el menor coste de la vida. Esta misma semana, la encuesta de coste laboral reveló que a finales del año pasado, el salario medio había descendido un 0,2% en tasa anual. Un nuevo retroceso que llega en buena medida de la mano de los sueldos de esos nuevos empleos, significativamente más bajos que los de los destruidos durante la crisis.
La devaluación salarial es un poliedro de muchas caras. Está en la nómina de quienes, en el mismo empleo, cobran menos; también se aprecia en los que trabajan más horas ganando lo mismo; en la intensidad de las tareas de quienes continúan conservando el trabajo. Pero, sobre todo, impacta en los que perdieron su empleo y han encontrado otro, en los llamados salarios nuevos.

Con datos de cotizaciones hasta 2013, tres investigadores de la fundación Fedea calcularon que la reducción en cinco años para los nuevos contratados fue de un 8% para hombres y de un 4% para mujeres. Si en la ecuación se introduce la inflación, la reducción aumenta hasta el 17% y el 13%, respectivamente. Si se mide la evolución con la Encuesta de Población Activa, en el mismo periodo, la caída es de un 12% sin contar la inflación. En cambio, en la misma EPA, el sueldo de quienes tienen cinco o más años de antigüedad ha crecido, sin tener en cuenta la marcha de los precios. “Esto es un proceso natural”, explica Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. “Cuando alguien pierde su empleo en una crisis, al volver a trabajar cobra menos”.

Las nóminas de los nuevos contratados han caído hasta un 12% en cinco años, según la Encuesta de Población Activa
Tanto un dato como otro acaban en 2013, pero la tendencia no se detuvo el año pasado y eso puede verse (y deducirse) con lo sucedido en 2014. En las grandes empresas el empleo creció un 1,8% mientras que el salario medio bajó un 0,8%. Eso, teniendo en cuenta que, por el momento, los descuelgues o incumplimientos de convenios no se han generalizado, tiene un claro motivo: los sueldos de los nuevos empleados son sensiblemente inferiores y empujan la media a la baja.

“Mirando a los datos es difícil sostener que el ajuste no ha existido”, apunta Marcel Jansen, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, que al comienzo del proceso defendía la necesidad de ese ajuste. Según los números de UGT, entre 2009 y 2014 la pérdida de poder adquisitivo del salario medio es del 6,9%.

Volviendo a la investigación, publicada por Fedea en el blog de referencia Nada es gratis y elaborada por Marcel Jansen, Sergi Jiménez y José Ignacio García-Pérez, se aprecia algo de lo que advirtió el presidente del BCE, Mario Draghi, hace meses: “En algunos países los salarios reales de los nuevos contratos están en niveles vistos en los años ochenta del siglo pasado”. Una apreciación que sirve para España, aunque los investigadores de Fedea se detienen en 1993.

La apuesta por la reducción de costes de mano de obra para recuperar la productividad y la competitividad perdida, y así revitalizar el mercado de trabajo era uno de los propósitos de la reforma laboral. Una de las medidas de aquella norma era la de facilitar los despidos colectivos de los trabajadores indefinidos y con antigüedad. Ese camino, el de reducir los costes laborales, tuvo continuidad con subvenciones a la creación de nuevos empleos, como la tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones por contingencias comunes de 2014 para la contratación indefinida, o su última corrección, que reduce en 500 euros la base de cotización de los nuevos contratos fijos. Y en una vuelta de tuerca más se abre la puerta a que las empresas que hayan hecho ERE puedan acogerse a la ayuda, algo nuevo.

Y todo esto ha tenido frutos. España ha empezado a crear empleo antes de crecer al 2% como en crisis anteriores. Si se compara la marcha del PIB, el empleo o los costes laborales con Europa se observa cómo los dos primeros han cogido velocidad de crucero, mientras los costes laborales van muy por detrás.

Lo que también muestran los datos es la desigualdad de la devaluación salarial. El estudio de la EPA por deciles —división de la población asalariada en diez grupos por nivel de ingresos— muestra que el retroceso de los sueldos se ha cebado más en quienes menos cobran. En un artículo que verá la luz después de Semana Santa en la revista de CC OO EnClave de Economía, se pone de relieve cómo durante la crisis ha crecido esa desigualdad entre quienes tienen un salario más alto y uno más bajo: en 2007 el salario medio de los trabajadores que más ganaban multiplicaba por 5,9 el de quienes tenían un sueldo más bajo; en 2013, el múltiplo llegaba a 8,1.

En esto también tiene mucho que ver el comportamiento de los sueldos de los nuevos empleados con trabajos a tiempo parcial, una modalidad de empleo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. El economista de UGT Alberto del Pozo lo explica porque las empresas en los procesos de ajuste se desprenden de los trabajadores menos cualificados y, por tanto, menos pagados. En el inicio de la recuperación, estos empleos de más baja cualificación se han cubierto con contratos a tiempo parcial, en los que se retribuye peor la hora trabajada.

La reforma laboral apostó por la reducción del coste de la mano de obra
Con una reserva de más de cinco millones de parados, no parece que la devaluación salarial vaya a acabarse este año. Los sindicatos mayoritarios y los empresarios vuelven a debatir mañana el incremento de sueldos que servirá de referencia para los convenios de este año. Según las fuentes consultadas, la CEOE no está dispuesta a ir más allá del 0,9%, cuando la referencia de 2014 fue un aumento salarial del 0,6%.

Jansen defiende que ha llegado el momento de “poner fin al ajuste” pero, al mismo tiempo, aboga por la moderación salarial en la negociación sobre los convenios. “Tenemos que evitar que el ajuste siga en los salarios iniciales. Si los convenios apuran demasiado, se va a deteriorar la posición de los nuevos trabajadores”.

También Javier Andrés, partidario del ajuste en su comienzo, cree que ha llegado el momento de poner fin a la devaluación salarial, que no a la moderación. Pero sobre todo, este economista defiende que la evolución de los salarios sea “flexible”, es decir, que se revisen al alza si el sector o la empresa va bien. Y apostilla: “Tienen que estar alineados con la evolución de la productividad”.

Por su parte, Del Pozo, economista de UGT, defiende que los sueldos deben ganar poder adquisitivo. “No se va a consolidar el crecimiento si el consumo interno no tira. Para que la confianza crezca la gente tiene que tener empleo, claro, pero también tienen que crecer los sueldos”.

Un posible pacto de transición

Los líderes de los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, y de las patronales CEOE y Cepyme se volverán a ver mañana. Tratarán de acercar posiciones para cerrar el pacto salarial que llevan negociando desde hace meses. Sobre la mesa hay tres puntos clave. El primero, lógicamente, es cuánto van a subir los salarios. En lo referente a 2015 los empresarios se han plantado en el 0,9%; mientras los sindicatos no están dispuestos a bajar del 1%, “y algunas décimas”, apostilla un negociador sindical.

Más difícil aún resulta encontrar un punto común sobre 2016 y esta vez no es solo por el porcentaje de incremento, sino por la introducción o no de una cláusula que garantice el poder adquisitivo de los salarios. La incertidumbre sobre lo que va a suceder con la inflación el año que viene, por las incógnitas sobre el crudo, lleva a sindicatos y empresarios a ser inflexibles: los primeros, la exigen; los otros, la rechazan.

La solución puede estar, admiten fuentes de ambas partes, en recortar la extensión del acuerdo. Reducir su vigencia a 2015 y retomar las negociaciones en otoño con el horizonte de precios más despejado. En cambio, otra fuente señala que esta posibilidad está perdiendo fuerza. “No tendría sentido firmar en abril un acuerdo solo para 2015 y volver en poco tiempo a la mesa”, continúa.

El tercer punto en el que hay desacuerdo gira en torno a qué sucede con los convenios caducados que no se han renovado. El mes pasado, tras la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre que falló que las condiciones laborales pactadas continuaban vigentes porque se integraban en los contratos, ambas partes estaban de acuerdo en buscar una solución consensuada. En cambio, el miércoles, en la junta directiva de CEOE, la cúpula de la patronal abogó por dejar este asunto al margen de la negociación.



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