Según AI, se registran 12.500 personas desaparecidas durante gestión de Peña Nieto

México, como Gambia, Siria, Sri Lanka y Bosnia y Herzegovina, es uno de los países cuyos gobiernos usan la desaparición forzada para silenciar a sus detractores e infundir miedo, denunció la organización civil Amnistía Internacional (AI).

31 agosto, 2015   México

Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, presentó un reporte con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que revelan que desde 2007 casi 25 mil personas habrían desaparecido en México, esto es durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Casi la mitad de las desapariciones, 12 mil 500, ocurrieron durante la actual administración, informó AI y añadió que “gobiernos de todas las regiones del mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto”, dijo Shetty este 27 de agosto.

Al enlistar casos emblemáticos de desaparición forzada, Amnistía Internacional mencionó el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo gran impacto a nivel mundial.

“Aún con la atención mundial en el caso, las autoridades mexicanas han fallado en investigar apropiadamente todas las vertientes del caso, especialmente las preocupantes críticas sobre la complicidad de las fuerzas armadas“, dice el documento.

La organización ha solicitado el Gobierno de México resolver el problema de los desaparecidos y ha organizado una campaña de cartas en español llamada #Noesnormal, instando al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a que investigue adecuadamente las miles de desapariciones.

Carta de AI dirigida a Enrique Peña Nieto:

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Sr. Presidente,

Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la crisis de derechos humanos que atraviesa México.

Es momento de que las autoridades reconozcan que las desapariciones y desapariciones forzadas en México son uno de los temas que ha enmarcado esta crisis y de que cumplan su obligación de poner en marcha acciones efectivas para combatirla. Por esto, le pido que se tomen las siguientes medidas:

Generar protocolos de búsqueda rápidos y efectivos para todos los casos de desaparición.

La aprobación de una ley general sobre desaparición forzada que incluya la declaración de ausencia por desaparición.

La creación de un registro único de personas desaparecidas.

Que se adopten medidas legislativas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles.

Que las investigaciones sean exhaustivas, agotando hasta la última línea de investigación y se facilite la participación de personas allegadas a las víctimas.

También, le pido que se prevengan y sancionen actos de intimidación y hostigamiento contra las familias de personas desaparecidas y contra organizaciones que las acompañan.

Aristegui Noticias

Ver documento 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/day-of-the-disappeared/

La PGR debe dar información sobre desapariciones forzadas desde 1960: INAI

La Procuraduría General de la República (PGR) debe buscar y entregar información estadística sobre investigaciones iniciadas por el delito de desaparición forzada entre 1960 y febrero de 2015.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular solicitó el número de hechos investigados por la PGR.

De acuerdo con la resolución del INAI, La Procuraduría deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha se encuentran en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.

Asimismo aquellas averiguaciones en las que se ejercitó acción penal, contra cuántas personas, por qué delitos y el estado de los procesos; de las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, en cuántos actos se desestimó por razones de prescripción de los delitos;

Además a cuáles dependencias de gobierno federal, estatal o municipal se adscribía cada funcionario público investigado, y el estado de la República en donde sucedieron los hechos investigados en cada averiguación previa abierta.

La resolución del INAI ocurre luego de que un particular solicitó esa información y la PGR proporcionó un cuadro con información estadística del fuero federal, relacionada con el delito de desaparición forzada, de 1960 a 2015; sin embargo, dicho cuadro cataloga como “Información no disponible” aquella correspondiente al periodo comprendido de 1960 a 2000.

Señaló también que en sus bases de datos no existen variables que permitan conocer las razones de prescripción de los delitos, las personas ofendidas y/o víctimas, su sexo, las dependencias de gobierno a las que estaban adscritos los funcionarios investigados, ni el estado procesal de las investigaciones.

Por ese motivo y debido a que el inconforme consideró que la PGR atendió parcialmente su requerimiento, presentó un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

En alegatos, la PGR aseveró que puso a disposición la totalidad de la información estadística con la que cuenta y agregó que, en su caso, los documentos fuente serían las propias averiguaciones previas en cuestión que tienen el carácter de reservadas.

La PGR se declaró incompetente para conocer los procedimientos penales federales y las sentencias emitidas, con el argumento de que la instancia competente es el Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente la procuraduría envió un alcance al recurrente que le informaba de un micrositio en su portal de Internet, en el cual podría obtener mayor información a la proporcionada inicialmente.

No obstante, éste corresponde a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, aunado a que únicamente refiere a las averiguaciones previas iniciadas por esa dependencia a partir de enero de 2014.

Al analizar el caso, el INAI advirtió que la PGR no cumplió el procedimiento de búsqueda establecido en la ley, ya que cuenta con los sistemas Informático de Procuración de Justicia Federal, de Registro de Detenidos y el Institucional de Información Estadística.

Aunado a ello se observó que, en respuesta a solicitudes de información presentadas con anterioridad, la PGR ha entregado información con un nivel de desglose mayor al que obra en sus bases de datos.

En ese sentido se concluyó que la dependencia omitió garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información del particular, toda vez que cuenta y está en posibilidad de entregar datos adicionales como sexo de las víctimas, órdenes de aprehensión, estado procesal y tipo de sentencias, entre otros.

Por tanto, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales modificó la respuesta de la PGR y le instruyó una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes y en los sistemas de datos con los que cuente, a fin de que entregue al particular la información de su interés.

Animal Político

Argentina: corte de Nueva York ordena desestimar demanda de fondos buitre contra Banco Central

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y rechazó la demanda realizada por los fondos buitre que buscaban determinar a la entidad bancaria como un “alter ego” del Estado argentino con el fin de embargar sus reservas.

1 septiembre, 2015   Economía

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y rechazó la demanda realizada por los fondos buitre que buscaban determinar a la entidad monetaria como un “alter ego” del Estado argentino con el fin de embargar sus reservas.

En un documento de 43 páginas, la Corte de Apelaciones “revocó” la orden de Griesa del 26 de septiembre de 2013, y lo instruyó a que desestime el reclamo de los fondos buitre EM y NML Capital realizado en el marco del litigio que llevan adelante contra Argentina en los tribunales de Estados Unidos.

“La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York sienta un precedente internacional y garantiza de manera decisiva la inembargabilidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) frente a la pretensión de los fondos buitre y demuestra que el BCRA desarrolló una estrategia correcta en este litigio”, subrayó el presidente de la entidad, Alejandro Vanoli, al destacar la importancia del fallo.

Para la Corte, en su decisión, Griesa “incurrió en error” de interpretación respecto a “la imputación de la renuncia de Argentina sobre inmunidad soberana del BCRA en base a una teoría del alter ego”, así como en “la aplicación de la excepción a la actividad comercial del uso del BCRA de sus cuentas con la Reserva Federal de Nueva York”.

En el extenso y detallado texto con fecha de hoy, el tribunal de segunda instancia desestimó los argumentos de los fondos buitre por “no ser suficientes” respecto a la supuesta dependencia del BCRA con el Estado argentino en lo que hace a las operaciones diarias.
“La mayoría de las acciones que supuestamente tomadas por el BCRA son funciones gubernamentales llevadas adelante por la mayoría de los bancos centrales”, sostuvo el pronunciamiento.

En ese sentido, el tribunal mencionó que los gobiernos “comúnmente ejercitan algunas medidas de control sobre sus agencias” siendo que junto con los bancos centrales, “incluida” la administración estadounidense y la Reserva Federal, “con frecuencia consultan y coordinan sus acciones con respecto a las políticas monetarias”.

A su vez, los magistrados de la instancia de apelación rechazaron otro de los argumentos de los fondos buitre respecto a “fraudes e injusticias” en referencia a la cancelación con el Fondo Monetario Internacional, al asegurar que “no hay nada irregular o fraudulento acerca de que Argentina reconozca una preferencia por el pago de un conjunto de acreedores sobre otros”.

“El alegato de los demandantes simplemente no muestra que Argentina ha utilizado al BCRA para frustrar los esfuerzos de cobro de sus acreedores o de que trató al BCRA como una entidad `falsa´ para ocultar sus propios activos”, aseveró el texto.

Por otro lado, la Corte de Apelaciones responde a “la otra excepción a la inmunidad soberana en la que se basó” el tribunal del distrito sur liderado por Griesa, que dice que un estado extranjero no es inmune en una acción comercial desarrollada en los Estados Unidos.

Así, “ninguna de estas acciones después del 2001 -préstamos otorgados por el BCRA a la Argentina, coordinación de la política monetaria, el nombramiento o remoción de directores del BCRA- son actividades comerciales que ocurrieron en los Estados Unidos”, detalló.

Luego de desestimar uno a uno los planteos realizados por los fondos buitre, el tribunal de apelación determinó que el “BCRA no constituye un `alter ego´ de Argentina a los efectos de esta demanda”.

La orden adoptada hoy representa un fuerte revés para los fondos buitre y es el segundo pronunciamiento en contra de las decisiones del juez Griesa en lo que va del mes, luego que el 10 de agosto el tribunal le revocara una orden en un caso sobre una serie de demandas colectivas de tenedores de bonos emitidos por Argentina y le ordenara al magistrado seguir las instrucciones impartidas con anterioridad.

Télam

Medios, poder y política en el centro del debate

Por Andrés Mora Ramírez

1 septiembre, 2015   Columnistas de NODAL

No cabe duda que la esfera de la comunicación social representa un campo de intensas disputas, en el que no sería aventurado afirmar que se libran batallas decisivas para el futuro de los proyectos nacionales y regionales que se pusieron en marcha en los últimos 15 años.

La sede académica de FLACSO en Quito, Ecuador, albergó durante los días 26, 27 y 28 de agosto el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, un evento que contó con la participación de más de mil investigadores y estudiantes que se abocaron al estudio de los principales problemas y desafíos de nuestro continente. Uno de los ejes temáticos analizó el complejo entramado de intereses y relaciones entre medios de comunicación, poder y procesos políticos en la actual coyuntura de nuestra América. Tres dimensiones de análisis, en las que convergen los enfoques de la investigación en nuestros países, permiten caracterizar y comprender las transformaciones que tienen lugar en nuestras sociedades, y las tensiones que animan los debates y discusiones en foros institucionales, en la academia y en los espacios de acción propios de los movimientos sociales.

La primera dimensión es la cultural, que se expresa en la paulatina constitución de lo que algunos autores definen como sociedades tecno-mediáticas, en las que la omnipresencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en prácticamente todos los órdenes de la vida, ha favorecido la emergencia de un nuevo sujeto tecno-mediatizado: ese cuya posibilidad de ejercer ciudadanía en el nuevo contexto, va a depender de su capacidad de consumo de productos y contenidos mediados por las TIC (y, en realidad, por los agentes económicos que controlan su producción). Un sujeto, además, cuya forma de ser y estar en el mundo –su identidad cultural- se define en función de experiencias vinculadas, por un lado, a una percepción del tiempo diferente: el eterno presente, la instantaneidad de los inmensos flujos de información y entretenimiento que viajan sin descanso de la red internet a los dispositivos móviles; y por el otro lado, a la normalización o incorporación del sentido común dominante a través del consumo narrativas mediáticas –implícitas en todos los productos de consumo cultural- que naturalizan el orden hegemónico, desmovilizan políticamente y, en el peor de los casos, “inmunizan” al ser humano frente al dolor de sus semejantes y frente a la barbarie de nuestro tiempo.

Si bien este fenómeno ocurre a escala global, las formas específicas que adquiere en América Latina son claves para explicar los procesos de despolitización propios de aquella sociedad neoliberales avanzadas, que poco a poco van abandonando la acción política emancipadora y el horizonte utópico a cambio de participar –aunque sea solo marginalmente- de las fantasías del mercado y del consumo.

La segunda dimensión es la política, que nos remite a los diversos escenarios de confrontación entre los gobiernos posneoliberales (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela), con su apuesta social, de redistribución de la riqueza y de forja de nuevas alianzas sociales, y los poderosos grupos económicos de la comunicación, cuyo control oligopólico de los medios tradicionales y los emergentes (vinculados a las nuevas TIC) en varios países suramericanos ha sido cuestionado y sometido a nuevas regulaciones que, en su afán de democratización de las comunicaciones, tocaron delicados intereses políticos relacionados con la custodia del statu quo neoliberal. Asimismo, afectaron intereses económicos vinculados a las condiciones que hacían posible –hasta hace pocos años- el desarrollo de un capitalismo informacional que no seguía más leyes que las de la oferta y la demanda, aunque en ello se cometieran atropellos a derechos sociales y culturales de pueblos originarios y de sectores de la población que eran prácticamente invisibilizados en la construcción de los relatos o narrativas sobre la realidad que difunden los medios hegemónicos.

A diferencia de lo que pasó en el sur de nuestra América, más al norte, en México y Centroamérica, los grupos mediáticos lograron apuntalar su dominación sobre los sistemas de medios de comunicación y, desde allí, sobre los sistemas políticos y las llamadas instituciones democráticas, haciendo de los procesos electorales, por ejemplo, un mercado de compra y venta de votos (que garantiza el acceso al poder de partidos y dirigentes leales al poder económico-mediático), imágenes y discursos, que vacían de sentido las prácticas propias de la democracia liberal burguesa. En efecto, desde la campaña electoral del 2006 en México, en la que los poderosos grupos Televisa y TV Azteca se empeñaron en derrotar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, apelando a procedimientos espurios, vacíos legales e interpretaciones jurídicas leoninas; hasta las recientes campañas sucias que presenciamos en Honduras, El Salvador y Costa Rica, en los comicios celebrados entre 2013 y 2014, se va configurando un modus operandi de complicidad entre clases dominantes y grupos mediáticos, que pretende blindar a esta región de la eventual llegada al poder de partidos y líderes que supongan un cuestionamiento al modelo neoliberal, a sus formas de acumulación y, en definitiva, que impida que fuerzas sociales por largo tiempo constreñidas eventualmente exploren alternativas de cambio político y económico.

Finalmente, con respecto de la dimensión de la integración latinoamericana, parece existir un acuerdo en torno a la necesidad de potenciar el desarrollo de nuevos paradigmas de la comunicación, que consideren los aportes originales de nuestra región (la comunicación popular, la comunicación comunitaria, la comunicación participativa), desde las distintas iniciativas de integración construidas en el siglo XXI. Si bien los empeños puestos por los gobiernos posneoliberales en la aprobación de leyes que regulan temas como propiedad de los medios, concentración, cuotas de producción, participación de actores sociales, reconocimiento de la diversidad cultural y la pluralidad, entre otros, representan un avance sustancial en esta materia, no se puede negar que resta mucho por hacer a escala regional para forjar sistemas soberanos de medios, cada vez menos dependientes de los grupos mediáticos nacionales y extranjeros, y a la vez, para dotar de mayor presencia ciudadana, desde el espacio de la comunicación, al proceso complejo, diverso y multipolar de la integración nuestroamericana de los últimos lustros. Iniciativas de la importancia y calibre de TeleSur, la Radio del Sur o Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, que se consolidaron en los últimos diez años, demuestran la urgencia de articular estos y otros proyectos a los espacios de integración, como una prenda de garantía de continuidad y sobrevivencia ante la ofensiva de la derecha continental, y lo que se ha dado en llamar la restauración neoliberal conservadora.

Para quienes optamos por pensar a América Latina desde acá, desde nuestras historias, trayectorias y aspiraciones comunes, no cabe duda que la esfera de la comunicación social representa un campo de intensas disputas, en el que no sería aventurado afirmar que se libran batallas decisivas para el futuro de los proyectos nacionales y regionales que se pusieron en marcha en los últimos 15 años. Y en esa medida, debemos estar presentes, posicionarnos y actuar por la construcción de nuevos conocimientos que nos ayuden a develar los entramados del poder, la dominación y los caminos posibles de la liberación comunicacional.

*Académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigación y Docencia en Educación, de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Familiares de Desaparecidos: un llamado humanitario

DESAPARECIDOS

31.08.2015

MONTEVIDEO (Uypress) - Familiares de detenidos desaparecidos ha emitido una carta a la opinión pública, con el objetivo de realizar una nueva acción en la búsqueda de los familiares desaparecidos en el régimen de facto.

Texto de la misiva.

El rescate de la política

Financiarización significa que el dinero lo invade todo. Que el capital especulativo es hegemónico. Los bancos ya no prestan para inversiones productivas o para que la gente compre lo que necesita o para se hagan investigaciones. No, los bancos viven de la compra y venta de papeles. Cuando se anuncia, con todos sus ceros, al final de cada día, cuánto ha movido cada Bolsa de valores, no se ha producido ni un bien, ni se ha generado ni un empleo.

 Por Emir Sader

El capital financiero nació para apoyar a la agricultura, adelantar capital que recibirá después de la cosecha. Hoy ese capital fue promovido al sector hegemónico de las economías, un fin en sí mismo.

Cuando se agotó el ciclo anterior del capitalismo, el diagnóstico triunfante decía que la economía había dejado de crecer porque había demasiadas trabas, demasiadas regulaciones. Habría que terminar con ellas y, según Ronald Reagan, la economía volvería a crecer y todos ganarían de nuevo.

Las regulaciones fueron canceladas –programa central del neoliberalismo–, pero no se retomó el crecimiento. Porque, como decía Marx, el capital no está hecho para producir, sino para acumular. Sin trabas, el capital se transfirió en cantidades gigantescas al sector financiero, que es donde gana más, paga menos impuestos y tiene liquidez total. No es que existan capitalistas productivos y especulativos. Todo gran grupo económico tiene un banco o un centro de inversiones, de donde gana más que en sus actividades originales.

Liberado de trabas, el capital se concentró en su forma financiera, como capital especulativo, el que sólo vende y compra papeles, el que vive del endeudamiento –de países, de empresas, de personas–. El que se alimenta de las deudas y alimenta las deudas.

Cuando empezó la crisis actual en el centro del capitalismo, Obama dijo que había que salvar a los bancos porque si no sus techos caerían en las cabezas de todos. Se han salvado los bancos, que están muy bien, a Dios gracias, los que han quebrado enseguida fueron los países.

En un mundo así dominado por el dinero, no cabe la política, como espacio de decisión de las personas sobre el destino de la sociedad. Pueden pronunciarse pero, si se pronuncian por otra lógica que no sea la de los bancos, viven su frustración, porque las redes de poder no dejan espacio para otra lógica que no sea la de la especulación financiera.

Hacer política es ir a contramano de la lógica capitalista contemporánea, la lógica neoliberal, que busca imponer los intereses del capital financiero. El que entra en esa lógica es devorado por ella. Hacer política es construir alternativas que privilegien las políticas sociales y no los ajustes fiscales, los procesos de integración regional y no los Tratados de Libre Comercio, que recuperen la capacidad de acción y de hacer política de los Estados y de los gobiernos.

Actuar en esa dirección es estar condenado por los organismos financieros internacionales, por los grandes medios, por los partidos tradicionales. Pero es la única forma de rescatar el derecho de la gente de escoger su destino, en contra del destino definido por el dinero y los bancos.