Mauricio Macri presentó su primera declaración jurada como presidente ante la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. Comparada con la que había presentado como candidato, Macri declaró más del doble de riquezas: ayer indicó que su patrimonio en 2015 ascendía a 110 millones de pesos, mientras que para 2014 la suma era de 52 millones. Macri ya tiene abierta una causa penal, iniciada por la dirigente kirchnerista Gabriela Cerruti, por diferencias entre lo que fue su declaración jurada como jefe de Gobierno y la que hizo como candidato a presidente. Pero el dato más llamativo es que declaró activos por 18 millones en las Islas Bahamas, un paraíso fiscal al que se lo relacionó a partir de los Panamá Papers.
Paraíso fiscal
En el escándalo internacional que partió de la filtración de documentos internos del estudio de abogado Mossack Fonseca –especialista en ocultar patrimonios– involucró a Macri en una firma offshore en las Bahamas llamada Fleg Trading. Luego apareció en el Registro Público de Panamá una segunda empresa, llamada Kagemusha. Ninguna estaba declarada. La presunta omisión maliciosa es investigada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado.
Macri ayer sumó otro elemento a investigar: declaró activos en las Islas Bahamas, conocidas por ser una guarida fiscal, por 18 millones de pesos. El año anterior, había señalado una suma similar, pero dividida en una cuenta en Estados Unidos y otra en Suiza.
Las acciones
La principal explicación para la duplicación de sus bienes es que las acciones que tenía en sus empresas y que había declarado ante la Oficina Anticorrupción con un valor simbólico de 0,01 pesos ahora pasaron a tener un valor real. “Hay una discusión entre lo que pide la Ciudad para las declaraciones juradas y lo que pide la Nación. Ante la duda que genera esto, se valorizaron las acciones”, explicaron a este diario en Balcarce 50.
“Jurídicamente, no va a tener un problema. En todo caso, la OA anterior la permitió a él establecer un valor simbólico para las tenencias accionarias. ¿Por qué la OA anterior aceptó eso?”, planteó Natalia Volosín, abogada especialista en criminalidad económica. “En una de las empresas Yacylec, pone ese valor simbólico. En la venta de esa empresa a Sideco, para no tener conflicto de intereses, aparece otro valor. Vendió el 5,33 por ciento y el valor que declara en la venta es 0,10 por acción, no 0,01”, indicó la abogada. “En la declaración nueva no tiene las mismas participaciones que en el inicio del período. Básicamente, las que no tiene más son las del grupo familiar. Nunca supimos cuál fue su participación en esas compañías. Y ahora ya no las tiene, así que nunca vamos a saber”, destacó.
Entre las empresas que declaró se encuentran Agropecuaria de Guayquiraro, donde tienen acciones por 19 millones; 4 Leguas, donde declara acciones por tres millones, Yacylec (dos millones y medio), María Amina (un millón 200 mil), Molino Arrocero Río Guayquiraro (644 mil) y E. Costa S.A. (337 mil). La mayoría se dedican a la industria agropecuaria, que fue beneficiada con la quita de retenciones, la cría de ganado bovino y a la industria lechera.
Caminito
Macri declara además una serie de propiedades nuevas que fueron adquiridas en el transcurso del año pasado. Se trata de cuatro inmuebles: tres terrenos en Pilar (uno de 152 mil metros cuadrados, otro de 157 mil metros cuadrados y un tercero de 187 mil metros, cada uno valuado en una cifra casi idéntica: 596 mil pesos) y uno en Salta de 1300 hectáreas, valuado en 334 mil pesos.
Por primera vez, Macri declaró un fideicomiso de 19 millones de pesos llamado Oficinas Caminito, que es un emprendimiento inmobiliario en el sur de la ciudad.
“Es el dueño del mayor emprendimiento inmobiliario del sur de la ciudad y se hizo votar exenciones impositivas”, denunció la ex legisladora Gabriela Cerruti, quien recordó que ese fideicomiso es el que remodeló la ex fábrica de Alpargatas, sobre Avenida Patricios, y lo convirtió en Molina Ciudad, un edificio de 65 mil metros cuadrados de estudios de diseño y lofts.
“En diciembre de 2012 la Legislatura debatió y votó el proyecto de creación del Distrito de las Artes. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo a través del ministro Francisco Cabrera contemplaba un sinnúmero de exenciones impositivas y ventajas”, recordó la dirigente de Nuevo Encuentro, quien afirmó que volverá a denunciar penalmente a Macri, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito, falsificación de documento público y negocios incompatibles con la función pública. “Mintió públicamente cuando dijo que no tenía cuentas en Bahamas y ahora declara 18 millones”, advirtió.
Caputo
Al igual que ocurría en las declaraciones juradas anteriores, Macri informa que su amigo, asesor en las sombras y contratista del Estado Nicolás Caputo le debe 22 millones de pesos. “Eso es muy serio –consideró Volosín–. Si fuera un juez, debería excusarse por las generales de la ley. Tiene vínculo de amistad y es acreedor de este empresario. Las causales de excusación no son válidas para un Gobierno que adjudica licitaciones”. También se mantiene otro préstamo al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien –al igual que Macri–se vio implicado en los Panamá Papers.
Grindetti es investigado por el Poder Judicial luego de que en esos documentos apareciera una cuenta en Suiza y una sociedad offshore que no habían sido declaradas por el ex ministro de Hacienda porteño. En la declaración jurada del presidente sobre el año 2015 figura con una deuda de 455 mil pesos. Macri declaró, en tanto, deudas con Socma y con El Molino por 78 millones de pesos. En la declaración jurada anterior, la deuda que admitía era de tres millones 800 mil pesos. Declaró 7 millones 423 mil pesos en depósitos y 1.164.000 dólares y 100 mil pesos en efectivo. En su primera declaración como jefe de Gobierno, Macri declaró bienes por 27 millones de pesos. Volvió a declarar una propiedad de 33 mil metros cuadrados con un valor de 5 millones de pesos en Punta del Este, Uruguay.
Macri indicó que buena parte de sus empresas serían incluidas en un fideicomiso ciego para evitar conflictos de intereses. Sin embargo, no queda claro cuáles de estos bienes forman parte de ese fideicomiso y cuáles siguen siendo libremente manejados por el mandatario. La secretaria de Lucha contra la Corrupción Ajena, Laura Alonso, deberá ahora analizar todos los documentos.
