El juego de los opuestos

LOS ESCRITOS QUE ALBERTO NISMAN HABIA PREPARADO PARA PRESENTAR EN LA ONU

En esos documentos, elaborados en diciembre de 2014, el fiscal afirmaba lo contrario a lo denunciado un mes después. Realizaba consideraciones positivas de la política del Gobierno y decía que el Memorándum era entendible debido a la negativa iraní a colaborar.

 Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

El fallo de Daniel Rafecas revela, sobre el final, el contenido de dos escritos firmados por Alberto Nisman en diciembre de 2014, en los que el fiscal afirmó exactamente lo opuesto a lo que denunció menos de un mes más tarde. Los dos escritos estaban guardados en la caja fuerte de la Unidad Fiscal AMIA y fueron aportados por la secretaria de la fiscalía, Soledad Castro. El objetivo –contó Castro– era que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas interviniera para concretar las órdenes de captura de los iraníes sospechados, algo que no registra antecedentes. Los documentos fueron elaborados en forma contemporánea. Nisman decidió posponer la presentación de estos escritos, aunque los firmó entre diciembre y enero, con fecha de enero.

Detalla Rafecas: “En esos escritos, el doctor Nisman no sólo que no hace ningún tipo de alusión a la inminente presentación de la denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que, a lo largo de sus páginas, presenta una postura diametralmente opuesta, en el sentido de que realiza consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la actualidad, destaca todos los discursos de los dos sucesivos presidentes, todos los años, ante la ONU, y considera que tanto el ofrecimiento de juzgamiento en un tercer país (2010) como la firma del Memorándum (2013), ambas iniciativas del Poder Ejecutivo, como una consecuencia entendible de la erosión y desgaste que lograron hacer los iraníes debido a su irreductibilidad y negativa a colaborar en el avance de la causa AMIA, que llevaron al gobierno argentino, nos dice ahora el doctor Nisman, a ir paulatinamente reduciendo sus pretensiones, con tal de lograr el objetivo de siempre: sentar a los acusados ante el juez, y de este modo permitir avanzar la causa hacia el juicio oral”.

El juez cita tramos enteros de los documentos, en los que no cuestiona en nada a la Presidenta, sino todo lo contrario: “El objetivo central de la Justicia, de los familiares de las víctimas y del gobierno de la Nación Argentina fue lograr la detención de los imputados a fin de proceder a su posterior enjuiciamiento, naturalmente, con todas las garantías que brinda la Constitución Nacional”.

En los textos de Nisman transcriptos por Rafecas se enumeran los discursos de la Presidenta, incluso después de firmado el Memorándum. “El tratado vuelve a bajar las exigencias y las acota a un objetivo, convertir –de este modo– al descrédito internacional en un factor de presión legítimo conducente a lograr este objetivo: el sometimiento a proceso de los imputados iraníes para avanzar en el enjuiciamiento de aquellas personas judicialmente responsabilizadas por el atentado contra la sede de la AMIA.”

Es decir que mientras en la denuncia de enero, Nisman decía que la Presidenta y el canciller jugaban a favor de los iraníes sospechosos, los encubrieron, en el texto firmado por él en diciembre se decía todo lo contrario. El escrito dice “este instrumento bilateral sólo puede aspirar, en el mejor de los escenarios y bajo la interpretación más amigable de su letra, a que las autoridades judiciales argentinas puedan participar, en territorio iraní, de un interrogatorio”. Y Nisman afirma que “es entendible” que se busque ese camino.

La contradicción entre lo firmado en diciembre y lo que presentó después de su intempestiva vuelta de las vacaciones en Europa, haría pensar que los textos fueron escritos por personas distintas o que una razón política lo llevó a un cambio tan brutal. En los medios, el fiscal dijo que hacía tres años que trabajaba en la denuncia, pese a lo cual escribió lo contrario –un texto elogioso de la política del Gobierno– un mes antes.

Podemos y el ocaso de la monarquía española

Una marea popular avanza imparable llenando las plazas de emoción contenida. Es un movimiento de hombres y mujeres libres que ejercen su derecho a reivindicar un futuro digno. Un futuro garantizado por un poder democrático que nos ampare de forma efectiva ante la adversidad y abra un horizonte de esperanza a los pueblos y naciones históricas de nuestra Patria.

Publicado el 2/26/15 

MANUEL RUIZ ROBLES / REBELION – 

Una de las componentes más vigorosas de estos “vientos del pueblo” son las llamadas marchas de la dignidad o 22M, que constituyen un embrión de poder popular. Es sin duda un movimiento de gran trascendencia para apoyar un proceso constituyente en libertad. (i)

Las marchas de la dignidad están contribuyendo decisivamente a una confluencia de fuerzas populares que posibilitan a corto plazo la recuperación de la soberanía nacional secuestrada en 1939. Soberanía deficientemente recuperada en 1978 tras largos años de lucha clandestina, a menudo heroica, de las fuerzas opuestas a la dictadura.

Muchos hombres y mujeres pagaron con su vida o con largos años de cárcel su actitud democrática. La tortura fue una de las divisas del franquismo para infundir el terror mediante sus “hábiles” interrogatorios en las mazmorras del régimen.

Los reflejos de Pavlov inscritos en el ADN franquista del Régimen del 78 no se han hecho esperar. El gobierno del PP está promoviendo una batería de leyes injustas de carácter totalitario, algunas con el apoyo explícito del PSOE, que han encendido las alarmas de todos los demócratas de este país.

El estallido del 15M, que presagiaba el cambio, se ha materializado en un nuevo partido político: Podemos. Los poderes de la casta se aprestan a fagocitarlo mediante el viejo truco de la estaca y la zanahoria.(ii)

Un análisis sucinto de lo que está sucediendo –la realidad siempre es mucho más compleja- podría ser el siguiente:

La toma de control

La primera fase de intento de control del movimiento por parte del Régimen ha consistido en potenciar la imagen pública de un nuevo líder de masas. Este movimiento, inicialmente asambleario, está siendo impulsado por un talentoso grupo de jóvenes intelectuales, la mayoría profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, incluido un brillante científico del CSIC.

Todo esto está ocurriendo a la vez que esos mismos medios censuran las noticias referentes a las marchas de la dignidad. Por si esto no bastase manipulan descaradamente los informativos con la manifiesta finalidad de confundir a la opinión pública proyectando una imagen trucada de la realidad.

La segunda fase –mucho más agresiva- ha consistido en poner en acción la estaca de forma bien visible y torticera. Para ello han elegido cuidadosamente los blancos a abatir designándolos mediante filtraciones del aparato del Estado. A continuación sus poderosas baterías mediáticas han abierto fuego contra la flotilla capitana. Resultado: los números 2 y 3 del movimiento “tocados” aunque no hundidos. De esta forma se intenta aislar al número 1 de sus colaboradores más directos.(iii)

Esta operación de acoso y derribo tiene dos objetivos. El primero debilitar una de las componentes esenciales del movimiento popular con el fin de conseguir el desistimiento del impulso republicano que encarna. El segundo presionar al líder indiscutible del partido, Pablo Iglesias, para que se vea obligado a buscar amparo en los aledaños de Zarzuela.

La monarquía es uno de los recursos más temibles del sistema por su experiencia histórica en la instrumentalización de la corrupción como arma de dominio político. La Corona siempre actúa selectivamente. Pronto asistiremos indignados a nuevas intrigas palaciegas cuyo fin no sería otro que pactar la continuidad en la Jefatura del Estado de Felipe VI, desnaturalizando el carácter democrático del movimiento. Llueve sobre mojado.

Vientos de guerra

Se perfila en el horizonte un referéndum-trampa sobre la “forma de Estado”. Referéndum sin duda sesgado a favor de la monarquía mediante la utilización de los poderosos medios de la casta a su servicio, un “déjà vu” del referéndum pro OTAN.

El resultado de aquel “referéndum otánico”, junto a la reciente implicación de España en el llamado “escudo antimisiles” con base en Rota, ponen en grave riesgo nuestra soberanía y seguridad nacionales. Situación agravada por las aventuras guerreras a las que nos adhiere con criminal entusiasmo este régimen borbónico,

Se cierne sobre nuestra población europea un peligro de guerra generalizada. El excelente artículo “Vientos de guerra” escrito por el Capitán de Navío de la Armada Manuel Pardo de Donlebún Montesino -un excepcional militar español- nos advierte con extraordinaria lucidez de riesgos que hacen totalmente inaceptable nuestra permanencia en la OTAN. (iv)

La República

Una salida a la situación de crisis irreversible provocada por la restauración franquista del Régimen de los Borbones –reaccionaria saga que nos arrastra de nuevo a un futuro incierto- es la proclamación de la III República.

Sugiero a continuación un esquema de actuación forzosamente simple pues no soy experto en estos temas. Otros con más conocimiento y talento que yo sabrán desarrollarlo cumplidamente.

Los partidos que se decanten por la III República deberían de incluir dicho compromiso en sus programas electorales. De este modo es muy probable que tras las próximas elecciones se alcanzase una mayoría republicana. A continuación se constituiría un Gobierno de salvación nacional con participación de todas las fuerzas republicanas con representación parlamentaria. El Gobierno presentaría al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley electoral justa. La actual no lo es.

Una vez aprobada dicha Ley se convocarían elecciones a Cortes Constituyentes proclamándose la III República. Las nuevas Cortes redactarían una Constitución que debería ser debatida (sin interferencias militares espurias) y sometida a Referéndum.

Sin república no hay esperanza ni tampoco un futuro aceptable por nuestros pueblos. Por lo tanto –ante esta decisiva encrucijada histórica- sugiero a los electores que apoyen únicamente aquellas candidaturas que incluyan en sus programas, de forma fehaciente, su compromiso republicano.

Acabemos de una vez con el franquismo y su monarquía enquistados en las instituciones. Si todos empujamos en la misma dirección haremos caer la estaca.

La CIA en Ecuador

La Agencia Central de Inteligencia, cuyo nombre original en inglés es Central Intelligence Agency, más conocida por sus siglas CIA, es una de las mayores agencias de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos.

MARTHA LIDIA FERREIRA /

Publicado el 2/26/15




La CIA tiene sus cuarteles generales en Langley, Virginia, a pocos kilómetros de la capital estadounidense, Washington DC. Sus empleados, por lo general, operan en las Embajadas de Estados Unidos acreditadas de todo el mundo.Es la única agencia de inteligencia estadounidense que goza de independencia, pues sólo debe rendir cuentas al Director Nacional de Inteligencia. Por el poder del que goza la Agencia, ha llegado a ser considerada como un Estado dentro del Estado. La agencia tiene una considerable influencia en política exterior gracias a sus divisiones tácticas, como la División de Actividades Especiales.

La CIA tiene tres actividades principales, y por las que tradicionalmente se ha distinguido, estas son recopilar información sobre Gobiernos extranjeros, Corporaciones e individuos, analizar esa información junto a los otros datos recogidos por sus Agencias hermanas, y proporcionar una evaluación sobre Inteligencia para la Seguridad Nacional, para que así Estados Unidos enfoque correctamente sus políticas. El Gobierno de EEUU analiza, evalúa y genera actividades según sus intereses.

También se encarga de realizar, o supervisar, actividades encubiertas y otras operaciones tácticas. Los ejecutores de estas actividades pueden ser miembros de la Agencia, militares del ejército de EE.UU. u otros socios gubernamentales o privados.

Documentos desclasificados por la propia CIA, o revelaciones hechas por el Senado de Estados Unidos, a través de los sucesivos Comités de Inteligencia, demuestran que, a lo largo de su historia, la CIA ha planeado, intervenido, dirigido o ejecutado, numerosos asesinatos e intentos de asesinato de importantes personalidades políticas, Golpes de Estado derrocamientos de Gobiernos contrarios a las posiciones de Estados Unidos, entrenamiento y financiación de organizaciones terroristas o paramilitares, torturas, vigilancia masiva de individuos o secuestros selectivos.

Por otro lado, periodistas y medios de todo el mundo han acusado a la Agencia de haber violado las Convenciones de Ginebra sobre crímenes de guerra. También se le imputa la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haber realizado experimentos en humanos en contra de su voluntad, haber cooperado en el tráfico de drogas con organizaciones criminales, haber aplicado técnicas de interrogatorio mejoradas, haber cometido asesinatos selectivos (incluyendo el uso de drones) y rendiciones extraordinarias.

Considero existen varias formas de “distanciar” o inmovilizar a nuestros pueblos latinoamericanos, y caribeños, en lucha hacia el Socialismo del Siglo XXI. Quizás el más utilizado, por estos días, es el de crear un frente interno de tal magnitud, que nos obligue a defendernos, sin que los Organismos Internacionales, creados por nosotros como autodefensa de todos, en varias áreas, puedan prestar más apoyo que el declamativo. Brasil, Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia, y demás países de la Patria Grande, enfrentan conflictos internos de tal envergadura que la soberanía, y capacidad de autodeterminación plena, libre, se basa hoy, más que nunca, en el empoderamiento de sus pueblos e identificación y aislamiento del enemigo.

El Imperialismo, las Oligarquías a través, o dueñas de los Medios de Comunicación, que responden a sus intereses, el poder de las Redes Sociales, desenmascaran, a nivel mundial, una vez más, al FASCISMO con su peor cara: casi burda, brutal, cruel, inhumana, anacrónica. Hoy los pueblos reconocen y enfrentan a su enemigo, en cualquier país, con nombre y apellido. Pareciera vemos, a veces, la Edad Media un poco más sofisticada. Un terrorismo que, por propia definición, supera lo racional. Un amarillismo cruel que intenta insensibilizar y hacernos ver como común, lo más horrendo.

Luchamos en un frente interno, desestabilizador, provocado directamente por el Imperio y cipayos nacionales, vendepatrias por Cargos, dinero, promesas de todo tipo, que avasallan con su actitud oportunista la democracia, ignoran las urnas y resultados eleccionarios, el voto popular. Eso NO es democracia republicana! Y un frente externo donde pretenden trasladar sus intereses estratégicos a nuestros territorios. Nuestros países debieran poner los muertos, recursos naturales, negar políticas sociales de inclusión real, estrategias inciertas, no por nuestra voluntad soberana.

En Ecuador la oposición, a través de los Medios, intenta “vender al mundo” el espontaneísmo de un pueblo que cuestiona las políticas de Rafael Correa. La verdad es que a un pueblo con mayor nivel educativo e inclusión social es difícil engañarlo, pero el Poder intenta, solapadamente, desvirtuar las nuevas condiciones de vida y “hacer creer” en la necesidad de un denominado “Golpe blando”, similar al que pareciera están destinados los países de la Patria Grande. El término de Golpe blando confieso no me gusta y los politólogos y sociólogos lo usan para diferenciarlo de los Cívicos/ Militares.

“El golpe blando consiste en travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar ala verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerla caer por medio de alguna farsa judicial como fue en Honduras, o parlamentarista, como en Paraguay o forzando una intervención extranjera como se pretende hacer en Venezuela.” Luis Bruschtein (Página12 – 15 de marzo de 2014).

Hoy se tienen, en Ecuador, sobradas y contundentes pruebas, de la directa intervención de la Embajada de EEUU y la CIA a favor, por todos los medios, de una desestabilización de tal magnitud que obligue la salida, de una forma u otra, de Rafael Correa del Gobierno. Los que no se atreven en las urnas, en las Elecciones democráticas, quieren forzarlo, para sus intereses, de cualquier forma. Táctica actual.

Entre los Funcionarios que participan en estas acciones, encontramos a Albert Daniel Hernández y William James Mozdzierz (figura en Google como importador/exportador de Ecuador), denunciados como Agentes oficiales de la CIA por la revista GEHEIM, en su estancia en Bolivia (el primero en 2006 y el segundo en 2010). La misma revista los evidencia en el año 2013, ya radicados en Ecuador.

Estos dos Funcionarios han incrementado sus contactos con directivos del Partido político creado en 2012, y que participa en las Elecciones presidenciales en 2013, por primera vez, llamado “Creando Oportunidades” (CREO). El banquero Guillermo Lasso preside el Partido, fue Candidato y es el interlocutor de ambos Funcionarios. Av. Quito 2502 y Gómez Rendón; Guayaquil – Ecuador. www.creo.com.ec

Los violentos disturbios acaecidos en distintos lugares de Ecuador, provienen, sin duda alguna, de un trabajo de zapa de estos personajes, fogoneando el descontento popular, la protesta violenta, y descreimiento en el proceso revolucionario y sus logros.

Junto a ellos actúan dos Funcionarios más, identificados como activos de la CIA: David Erik Lindwall (Cónsul General Embajada de EEUU en Guayaquil) y Tyler Kendall Sparks, sumando a César Montúfar, del Movimiento Concertación Nacional. En 2013 el Director de Concertación, Juan Carlos Solines, aceptó la oferta del nuevo movimiento Creando Oportunidades (CREO) de ser su candidato a Vicepresidente de la república, acompañando a Guillermo Lasso, en las elecciones presidenciales de ese año. Esto provocó un cruce de versiones entre Solines y Montúfar, sobre si habían existido o no conversaciones previas para una coalición electoral de Concertación con CREO, este problema deviene en que varios militantes de Concertación salieran de sus filas y siguieran a Solines. Concertación, liderada por Montúfar, apoyó al candidato Mauricio Rodas.



Estos personajes ofrecieron apoyo logístico y un claro adoctrinamiento proimperialista, centrando sus actividades en Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Ríos de Cuenca, una ciudad del centro sur de la República del Ecuador, capital de la provincia del Azuay y de la Región 6, para lograr un movimiento de rechazo al Gobierno. Sin embargo, esta ciudad, de muy buen nivel económico y cultural, no tiene experiencia en repudio a Gobiernos democráticos.

Los jóvenes son el objetivo principal y han sumado, a su accionar antidemocrático, y de evidente injerencia en un país soberano, a cipayos comoMaría Cecilia Alvarado (Vice Prefecta del Azuay) y hermana de Rosa Alvarado (Vice Presidenta de la Asamblea Nacional).

Lasso, Montufar y ellas dos son impulsadas, con el financiamiento necesario de Washington, para accionar políticamente a través de un Plebiscito contra la Reelección.

Los lazos cercanos entre el Prefecto de Azuay, Paul Carrasco, y el Embajador norteamericano en Ecuador, Adam Nam, a través de Organizaciones socio/culturales en Cuenca, intentan propiciar la candidatura a Vicepresidente de Carrasco (como líder de la oposición con una supuesta popularidad) con Mauricio Rodas (Alcalde de Quito), como Presidente en 2017. Esta gente ha liderado todas las revueltas y actos de violencia en Ecuador.

Rafael Correa es una persona clara, auténtica, espontánea, con excelente apoyo de su pueblo pero sabemos el enemigo no duerme y, si cae uno, los demás nos debilitamos.

Seguimos el proceso…

El Ejército de México revela fotos de estudiantes de Ayotzinapa heridos

El Ejército mexicano ha publicado fotos de estudiantes de Ayotzinapa acompañadas de informes oficiales sobre los acontecimientos del pasado 26 de septiembre, cuando 43 de ellos resultaron desaparecidos. Según dichos informes, el ejército estuvo al tanto de lo que ocurría pero no intervino.

Publicado: 26 feb 2015

Reuters

El 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano ha divulgado fotos de los estudiantes de Ayotzinapa hechas en la noche del 26 de septiembre pasado, cuando los estudiantes fueron agredidos por policías y 43 de ellos resultaron desaparecidos. En las fotos, tomadas en un hospital aparecen 25 estudiantes que lograron salvarse de los tiroteos, aunque algunos de ellos resultaron heridos.

El diario mexicano 'Milenio' ha publicado unas imágenes que intentan justificar las acciones de los militares aquella noche. Algunos padres de estudiantes y activistas exigen investigar la posible participación del ejército en el crímen.




Milenio.com ✔ @MilenioFollow
#LasMásLeídas: Partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras #Ayotzinapa http://mile.io/1GtXq9u
7:35 PM - 25 Feb 2015

En una de las fotos se aprecia cómo se desangra Édgar Andrés Vargas, que resultó herido por bala en la cara. Según los informes de militares publicados por el diario, en los hospitales estuvieron también otras tres personas heridas por arma de fuego. Una de ellos, Aldo Gutiérrez Solano, presentaba una herida grave en la cabeza.

Jorge A. Medellín @JorgeMedellin95Follow
En la imagen aparece EDGAR ANDRES VARGAS, herido, camisa roja. Foto tomada por tropas del 27 Batallón de Infantería.
5:15 PM - 25 Feb 2015

Según los informes, el ejército estuvo al tanto de los acontecimientos violentos y vio a estudiantes heridos en dos hospitales cercanos a su cuartel, pero no intervino porque había ninguna circunstancia que así lo requiriera. Tampoco intervino la policía estatal, que culpa a la policía municipal de Iguala.

El único "derecho" que no tiene la oposición venezolana es a dar un golpe

Nunca antes en la historia de Venezuela una oposición había tenido tantos derechos garantizados, una realidad que nadie puede negar.

 26 feb 2015 

Karen Méndez


La oposición venezolana, que agrupa a los sectores más adinerados del país, tiene todos sus derechos políticos garantizados: si quieren marchar, marchan; si quieren denunciar por los medios de comunicación nacionales e internacionales cualquier cosa, así sea mentira y no tengan pruebas, lo denuncian; si quieren votar, votan; si quieren postularse a cargos de elección popular se postulan y si son electos se les reconoce; si quieren reunirse, se reúnen; si quieren hablar con el Presidente, hablan con el Presidente; si quieren que venga un funcionario del Vaticano para que sea garante del diálogo, viene un enviado del Vaticano; si se quieren levantar de la mesa y congelar el diálogo con el Presidente, se levantan, lo congelan y no pasa nada; si quieren hacer una gira internacional para denunciar por el mundo “los abusos” del Gobierno con total libertad hacen la gira; si quieren ser visitados por cuestionados ex presidentes, son visitados; y hasta si quieren recibir financiamiento del exterior, lo reciben violando libremente las leyes, tal como lo ha evidenciado el Gobierno de Barack Obama al autorizar para el año 2015 unos 5.5 millones de dólares para apoyar a la oposición venezolana.

La oposición de Venezuela lo tiene todo. El único “derecho” que no tiene es a dar un golpe de estado y con ello provocar una guerra civil en el país.

Nunca antes en la historia de Venezuela una oposición había tenido tantos derechos garantizados, una realidad que nadie puede negar. Sólo basta con revisar la historia y confirmar que durante los 40 años que gobernaron (1958-1998), desaparecieron y asesinaron a más de 3 mil venezolanos opositores de entonces, y encarcelaron y torturaron a otros cientos de estudiantes, trabajadores, sindicalistas e incluso ilegalizaron por cuatro décadas al Partido Comunista de Venezuela.

Sin embargo, si se lee lo que divulgan las grandes corporaciones mediáticas sobre Venezuela o lo que dicen los partidos de la derecha mundial, se podría llegar a pensar que esta “democrática, sacrificada, noble y recién nacida oposición” esta condenada a ser encarcelada tan sólo por pensar distinto y querer un cambio en el país.

Recientemente hemos visto que distintos personajes alrededor del mundo, encabezados por el propio Presidente Barack Obama, han pedido la libertad de Leopoldo López, condenado el encarcelamiento del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, implicado por los propios militares convictos y confesos en planes de golpes de estado, y han rechazado el procedimiento legal que se sigue contra María Corina Machado por generar violencia con sus llamados a “la salida” y luego pedir una intervención extranjera.

Lea también: Venezuela: La Fiscalía imputa a María Corina Machado por presunta conspiración

A estos 3 dirigentes los presentan como las víctimas de un “régimen opresor”. Pero ninguno dice que estos 3 dirigentes son reincidentes en sus acciones antidemocráticas.

Todos fueron protagonistas del golpe de estado de abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez provocando 19 muertos, que derogaron todos los poderes públicos y suspendieron todas las garantías constitucionales durante las 48 horas en las que fueron gobierno en 2002, que todos participaron en el golpe petrolero de 2002-2003, que luego de perder el referéndum revocatorio de 2004 llamaron a acciones violentas de calle, que son aliados de los sectores más guerreristas de EEUU, del sionismo israelí y de Álvaro Uribe Vélez. No dicen que en 2009, esta oposición a través del apoyo del terrorista internacional Luis Posada Carriles (cubano formado por la CIA que ejecutó los peores ataques terroristas en la región como la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976) intentó provocar acciones terroristas comandadas por el también terrorista Francisco Chávez Abarca, hoy condenado a 30 años de prisión en Cuba tras haber confesado su participación en cientos de atentados terroristas.

Estos que hoy levantan la voz en apoyo a la oposición, no dicen que en 2013 estos personajes se burlaron de la muerte del Presidente Chávez hasta casi provocar la ira del pueblo chavista y generar un enfrentamiento entre hermanos, y que el 14 de abril de 2013 tras no asumir una nueva derrota electoral llamaron a todos sus grupos violentos a salir a las calles a “drenar la arrechera”, lo que provocó el asesinato de 11 chavistas. Todas estos personajes, que fueron perdonadas por el Presidente Chávez el 31 de diciembre de 2007 a través de una amnistía, siguen apostando por los caminos violentos y anticonstitucionales. Son ellos los que se han negado al diálogo y a la paz.

El pasado 12 de febrero de 2014 llamaron a toda su militancia a salir a las calles para derrocar al Presidente Maduro, un llamado que incluyó innumerables acciones violentas de calle, infiltración del paramilitarismo colombiano y que provocó el asesinato de 43 personas, la quema de universidades, hospitales, espacios públicos y privados generando pérdidas para la nación calculadas en unos 10 mil millones de dólares, según cifras oficiales.

Las corporaciones mediáticas que hoy hablan todos los días de Venezuela, callaron cuando en este país los gobiernos amigos de EEUU cometieron las más horrendas masacres, como la de Cantaura, Yumare, El Amparo o la del Caracazo, tan sólo en esta última asesinaron a unos 3 mil venezolanos opositores entre el 27 de febrero y el 3 marzo de 1989, y a muchos los sepultaron en fosas comunes. Ahora, sin ningún tipo de vergüenza, arman escándalos internacionales supuestamente indignados porque el Gobierno no respeta los derechos humanos y encarcela a los que “piensan distinto” cuando saben que no hay un solo asesinado, desaparecido, torturado o preso político, porque lo que hay son políticos presos por delitos cometidos. Son estas corporaciones mediáticas las que han creado campaña de satanización y desprestigio contra Venezuela calificando al Presidente Nicolás Maduro como un tirano, déspota y autoritario, tan sólo porque no se deja dar un golpe y permite que la justicia actúe y encarcele a todas aquellas personas vinculadas con acciones violentas, antidemocráticas y anticonstitucionales.

¿Y qué pretendían? ¿Que como Presidente Maduro se cruce de brazos, se siente en un sofá y permita que dirigentes como Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Julio Borges concreten sus planes golpistas y provoquen guerra civil? ¿Debe Maduro permitir que ellos, en complicidad con EEUU, tal como lo han revelado los militares detenidos, bombardeen Telesur, el Ministerio de la Defensa, el Palacio de Gobierno, el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional? ¿Qué haría cualquier Presidente del mundo ante una insurrección de este tipo? ¿Deben los venezolanos complacer los caprichos de una minoría adinerada que quiere borrar del mapa a los más pobres, a los chavistas? No, la oposición tiene todos sus derechos garantizados, lo que no tienen es derecho a asesinar, bombardear, violar la Constitución, pasar por encima de la voluntad popular y provocar una guerra civil.

Ahora sale Estados Unidos, Álvaro Uribe Vélez y los personajes más oscuros del Partido Popular español, todos responsables de miles de muertos alrededor del mundo, a decir que se encuentran horrorizados, perturbados y perplejos porque el pasado 24 de febrero de 2015 un funcionario policial en el Estado Táchira asesinó a un joven inocente de apenas 14 años, hecho repudiado y condenado por toda la sociedad y el Gobierno Bolivariano en pleno. Pero ¿cómo creer que Obama, Uribe, Aznar y sus cómplices, quienes han provocado guerras, invasiones y han masacrado a sus propios pueblos, ahora sientan dolor y pena por la muerte de un joven venezolano?, ¿Cómo entender que el Gobierno de Estados Unidos se sienta preocupado por la muerte de este joven, cuyo asesino ya está preso, imputado y el jefe de la policía de ese estado destituido, y no sientan preocupación por los policías blancos de su país que han asesinado indiscriminadamente a varios jóvenes afroamericanos, y que además están libres y protegidos? ¿Hasta dónde llega la doble moral de estos asesinos?

Es evidente que estos personajes utilizan el tema de los derechos humanos y su defensa a los derechos civiles y políticos como una herramienta para invadir países o instalar Gobiernos títeres, tal como ya lo hicieron con Irak, Afganistán, Libia, Ucrania y Siria, entre otros.

El problema de Estados Unidos contra Venezuela no es con Maduro ni lo fue con Chávez, porque no es un problema de personajes, es un problema de intereses. Estados Unidos, que tiene el 5% de la población mundial consume 20% de la producción petrolera de todo el planeta, necesitan 20 millones de barriles de petróleo diarios para sostener su hegemonía, pero apenas logran producir 9.6 millones de barriles al día, cifra que incluye el petróleo de esquisto que han logrado extraer en estos últimos años a través del método fracking, que tantos daños ha provocado en los seres humanos y en el planeta tierra.

Mientras tanto, Venezuela, país que no controlan desde 1998, tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, aproximadamente 513 mil millones de barriles de petróleo extraíbles, más que cualquier otro país de la OPEP. Se estima que en los próximos 50 años, Venezuela será el único país del hemisferio occidental que podrá exportar petróleo.
Ya después de conocer estas cifras, cualquiera puede comprender “la preocupación” creciente de Estados Unidos por Venezuela, por qué ha emitido más de 50 declaraciones en lo que va de año, por qué sostiene que el Gobierno Bolivariano va en una mala dirección y aseguran que aplicarán sanciones o tomarán cualquier medida para encausarlo. Ya se puede comprender por qué López, Ledezma y Machado en el “Acuerdo de Transición” que firmaron y divulgaron el pasado 11 de febrero de 2015 como señal para activar el golpe de estado, confiesan en ese plan de gobierno que lo primero que harán al tomar el poder es pedir financiamiento al Fondo Monetario Internacional y cambiar la Directiva de PDVSA, la tercera empresa petrolífera más importante del mundo. Dos medidas necesarias para que Estados Unidos recupere el control de Venezuela.

Teniendo la oposición venezolana mecanismos inéditos en su historia y en la historia mundial para cambiar constitucionalmente un Gobierno, como convocar un referéndum revocatorio a la mitad del período presidencial, que en este caso sería a partir de abril 2016 ¿por qué tanto desespero y utilizan los atajos y las salidas violentas, no democráticas?

La guerra del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela está declarada. Sólo basta seguir la ruta del petróleo para saber la ruta de la guerra.

La Agencia Federal de Inteligencia :Quítate las gafas, Jam

Luego del anuncio de la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, se presentó el proyecto de ley. El Senado y el Ejecutivo designarán a las autoridades, pero la matriz de reclutamiento no cambió y los agentes serán los mismos que en la SI. Las abogadas Ileana Arduino y Natalia Federman discuten sobre la potencia transformadora del proyecto y miran el ejemplo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hace inteligencia sin anonimatos.

Por Ileana Arduino
Por Natalia Federman

A los lineamientos presentados de la Presidenta en materia de inteligencia le siguió la presentación de un proyecto de ley. Allí se ratifica la contundencia de algunos de esos anuncios y se abre un diálogo posible a partir del modo en que incluye algunas cuestiones como por aquellas que omite. Este texto no es una exégesis del proyecto. Nos proponemos ir sobre dos cuestiones, reflexionar al ritmo de la urgencia de los cambios.

La decisión de someter al director y subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia a un mecanismo de designación en el que intervienen el Ejecutivo y el Senado implica una mejora importante, ya que la selección se hará teniendo en cuenta antecedentes profesionales y fundamentos que serán evaluados por todas las representaciones políticas que ejerzan mandato popular.

¿Podría ser entendida como una herramienta extorsiva usada para obstaculizar de forma caprichosa el ejercicio de poderes inherentes a la conducción de un gobierno? Podría. Pero también podría ser una herramienta que, en el juego político de la democracia, utilizada en forma responsable y con control suficiente, procure calidad institucional: dependerá de los momentos políticos y la capacidad para entender las cuestiones en juego.

La contundencia del proyecto en la selección del director y el subdirector se hace blanda en la previsión del personal que lo integrará. Aunque en los fundamentos se diga que “Se proponen otras políticas de captación (sic) del personal”, sólo se contempla una medida administrativa que es el traspaso del personal hacia la futura estructura. ¿Los agentes de la AFI van a ser los mismos que los de la SI, que eran los mismos de la SIDE?

La matriz de reclutamiento y conformación de las áreas de inteligencia no cambiaron. Así, más allá de la mitología del mundo del espionaje y el encubierto que abunda en estos debates la escena que se vea puede ser decepcionante.

La previsión del traspaso, así a secas, genera fantasmas. Puede dudarse del éxito que tendrá una nueva estructura con integrantes idénticos.

Históricamente, el decisionismo y la autonomía favorecieron la acumulación de personal a golpe de favores, subgénero del clientelismo.
Planteada la disolución del organismo se instala como obvia la pregunta acerca de qué hacer con las personas que allí trabajan. Las experiencias de intervención y/o depuración institucional en organismos similares (en cuanto al nivel de desgobierno político y autonomía funcional condicionante de la democracia entre otras cosas), como Fuerzas Armadas y de Seguridad, han usado Leyes de prescindibilidad o comisiones de revisión de antecedentes que permiten diversificar los motivos de la renovación.

Se trata de un universo complejo en el que probablemente haya personas a las que les falte poco para retirarse o que debieron hacerlo ya y se mantienen activas; personas sumariadas por razones graves a las que se les aseguró impunidad mediante inacción administrativa o personas designadas sin cumplir tareas. Las razones de su (necesaria) separación serían muy distintas, por lo que habría que intervenir con una política de personal que contemple casos diversos.

Eso no ocurre de un día para el otro pero es importante ir revisando señales en ese sentido. No se trata de imponer una visión en exceso subjetivista que suponga que todo se resuelve con cambiar las individualidades ni se puede afirmar atolondradamente que todos los que integran la estructura deben ser separados, pero un traspaso a ciegas, sin beneficio de inventario, implica renunciar a cambios estructurales. 

Hay que pensar, entonces, en avanzar en una política de redefinición de los criterios de conformación profesional de estos organismos y en los mecanismos de control del desempeño.

Es necesaria una política profunda de revisión de la integración de las filas actuales de las áreas de inteligencia así como también de perfiles y exigencias hacia el futuro. De otro modo y con suerte, la potencia transformadora del proyecto terminará siendo la cúpula lustrosa de un edificio en ruinas.

El mito del agente o pensé que se trataba de cieguitos

En el año 2010 por decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kichner se desclasificó la información de inteligencia del ámbito militar para el período 1976 – 1983 (con excepción de aquella vinculada a conflictos bélicos). Desde entonces es posible acceder a legajos de personal civil de inteligencia reclutado por entonces por las Fuerzas Armadas.

La documentación, que mal mirada puede llevar a un aburrimiento pleno, sirve para entender los modos y criterios de conformación de aquellas estructuras.

Viendo la nómina de personal civil de las fuerzas de seguridad o de la SI es posible que se encuentre que el denominador común de los integrantes sea el parentesco o la amistad con autoridades de quienes dependen esas estructuras.

Un ejemplo concreto son las estructuras criminales de inteligencia como el Batallón 601, donde trabajaban primos, hijos, esposas, compañeros de universidad o soldados conscriptos que se habían ganado la confianza de los generales.
Sucede algo similar con el pasado militar o policial para entrar o ascender en las distintas áreas de inteligencia. Tenerlo, siempre fue más relevante que el “saber hacer” específico para ese puesto.

Esos requisitos, que se mantienen, tenían su sentido en un universo en que la militarización de la vida política alcanzó los niveles que todos conocemos.

¿Se puede decir que fueron criterios sostenidos al servicio de la calidad de la actividad de inteligencia? Difícilmente. En realidad, permitieron que medidas de depuración como pases a retiro o bajas en las fuerzas militares o policiales quedaran sin efecto: los agentes se incorporaban a esta zona difusa. Éste será otro aspecto a revisar.

Si la intención es la de transformar y no renombrar se deben conocer estas genealogías tejidas en la oscuridad. La mano de obra desocupada referida tiene mayor capacidad en la medida en que dispone de mecanismos y acceso al poder. Un primer paso es prescindir de ella (en serio), dejar de brindarle coberturas políticas y conocer a quién responde.

¿Secreto para qué?

El secreto de identidad como regla favoreció el desarrollo de estructuras polisémicamente monstruosas.

Con el desarrollo de las tecnologías y la circulación abierta de información, la centralidad del ocultamiento se fue volviendo más absurda.

Si la disponibilidad de múltiples fuentes abiertas y redes sociales (muli int) se acompaña de una buena capacidad analítica, muchas veces podemos conseguir mejores datos (y antes) que en una operación encubierta, con un agente infiltrado.

La diversidad de fuentes informativas debidamente sistematizadas y sometidas a controles de calidad permite producir insumos para planificar, diagramar y formular las estrategias y directivas.

Hoy, muchos países usan sistemas de inteligencia nacional que basan la obtención de datos en la multiplicidad de medios y, sólo excepcionalmente y previa autorización judicial, recurren a fuentes especiales como la interceptación de comunicaciones o las operaciones encubiertas.

La situación inversa, pensar todo desde la perspectiva que plantea la dependencia del secreto y la infiltración, provoca distorsiones hasta el punto en que es más probable que imperen lógicas de trabajo en las que se espía todo, todo el tiempo. Algo así como vivir de pesca.

Hoy, las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos son, por regla, secretos. Ello implica que la pertenencia de una determinada persona a un organismo de inteligencia (SI, FFAA, Cuerpo de Informaciones de PFA por nombrar solo algunos) no puede ser conocida.

Ahora bien, esas personas desarrollan su vida civil bajo su verdadera identidad (sin nombre supuesto ni documentación adulterada) y, a través de argucias, obtienen información de todo tipo. Así consiguieron información sobre la vida de funcionarios judiciales y políticos con la que se condicionó a todos los gobiernos democráticos.

Como se los habilita espiar todo el tiempo sin un objetivo, al final de la jornada sólo tienen un montón de chismes; raramente, alguna información sustancial desde el punto de vista de la Seguridad del Estado.

La consagración del secreto por el secreto mismo es la que facilita, entre otras, las maniobras como las del supuesto agente Bogado en las que cualquiera, así como así, alega ser servicio. La información resulta creíble porque nadie tiene muy claro qué hacen ni quiénes son.

Otra inteligencia es posible

Existen organismos de inteligencia que no necesitan contar con personal cuya identidad es desconocida (como el personal civil de inteligencia que trabaja en la hasta ahora SI) para asegurar la seguridad del sistema.

Un ejemplo es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que tiene un Departamento de Inteligencia Criminal cuyas misiones y funciones se encuentran reguladas por el decreto 785/08 y está integrado por el plantel de oficiales regulares de la fuerza sin identidad secreta (sí lo es la información producida que puede afectar la seguridad).

Desde el punto de vista del personal, integrar el servicio de inteligencia en las condiciones actuales implica insertarse en una economía informal: sin cuenta sueldo y sin posibilidad de acceso a crédito, ya que todos los aportes son realizados bajo el nombre supuesto del agente. Pensando en sus derechos laborales y de seguridad social, el escenario es de alta e innecesaria fragilidad.

Estas circunstancias facilitan la sumisión a la “obediencia ciega” (que el proyecto propone excluir como justificación del cumplimiento de órdenes ilegales) y la consolidación de una fidelidad no con el servicio público sino con quien lo convocó.

Sin una agenda temática que direccione qué tipo de información se debe reunir, de dónde y cómo y sin un control efectivo que garantice la calidad de esa información, resulta casi imposible que el personal no se autonomice y pase, nuevamente, a estar al servicio de sus propios intereses.

Volviendo al debate, el doctor Marcelo Sain ve posible el cambio de una agencia que abandone esos mecanismos de recolección de información por una estructura concentrada en la producción de análisis estratégicos en materia de seguridad, defensa, asuntos regionales e internacionales, entre otros, con un cuerpo selecto de analistas altamente capacitados y sin medios propios de obtención de información.

Los ejemplos que se mencionan aquí no son la única alternativa posible. Pero la situación actual de la secretaría, empezando por su falta de efectividad, es indefendible.
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LA DENUNCIA QUE HABIA PRESENTADO NISMAN CONTRA LA PRESIDENTA Y EL CANCILLER FUE DESESTIMADA POR EL JUEZ RAFECAS

“Las hipótesis de delito no se sostienen”

Tras analizar la documentación y las escuchas telefónicas de la denuncia, Rafecas determinó que no se preparó ni se concretó un plan para encubrir a Irán por el atentado a la AMIA. “No hay un solo elemento de prueba que apunte a la actual jefa de Estado”, señaló.

 Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

“Inexistencia de delito.” Con esta lapidaria calificación, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia originalmente presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otras personas por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. El magistrado desmenuzó la documentación y las escuchas telefónicas de la denuncia, impulsada luego por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que nunca la Argentina redujo la presión sobre Irán para que declararan los sospechosos y que todas las gestiones fueron para que se mantuvieran las órdenes de captura. En el texto, el juez exhibió por primera vez dos documentos (ver aparte), guardados en una caja de seguridad y firmados por Nisman en diciembre pasado, en los que reivindicaba la política de la Presidenta y el canciller en el caso AMIA, señalando que tuvieron “el objetivo de siempre: sentar a los acusados ante el juez y, de este modo, permitir avanzar la causa hacia el juicio oral”. O sea que, en diciembre, Nisman firmó todo lo contrario de lo que firmó en enero. Como agregado, Rafecas analizó una por una las escuchas telefónicas, en las que se registran verdaderos grotescos (ver aparte).

La resolución de Rafecas sigue el mismo rumbo que el señalado por algunos de los juristas más conocidos del país: Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Julio Maier o Luis Moreno Ocampo. Todos ellos coincidieron en que no existió delito alguno, porque ni siquiera llegaron a constituir actos de preparación: ni el Memorándum de Entendimiento con Irán entró en vigor ni se levantaron los alertas rojos, ni hubo intercambio de petróleo por granos ni se presentó ninguna pista falsa sobre el atentado para sacarles responsabilidad a los sospechosos iraníes.

Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita debe resolver si apela lo decidido por Rafecas, y su recurso tiene que ser sostenido por el fiscal de Cámara, Germán Moldes. Este último debería excusarse, ya que fue cuestionado por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA porque no sostuvo apelaciones en denuncias contra los funcionarios que armaron pistas falsas en la causa del ataque. Si Pollicita apela, deberá sortearse una sala de la Cámara Federal para que intervenga en el caso.

Comisión

Rafecas evaluó los puntos sustanciales de la denuncia de Nisman-Pollicita. Dice, por ejemplo, que una clave de la acusación es el memorándum y la Comisión de la Verdad creada por éste. Sin embargo, el juez señala que el acuerdo nunca entró en vigencia, la comisión nunca existió ni tomó medidas, por lo cual no “proyectó efecto jurídico alguno”. El juez se pregunta: “¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la Justicia argentina?” Lo que el magistrado quiso explicar es que para ayudar a los sospechosos iraníes no sólo hacía falta que el memorándum entrara en vigencia, sino que además se conformara la Comisión de la Verdad: nada de eso ocurrió.

“La barrera que separa las meras ideas y/o actos preparatorios del delito en sí mismo –sostuvo Rafecas– es un principio que distingue a un sistema democrático de uno autoritario: en dictaduras, estas barreras son arrasadas, y el poder punitivo cae con todo su peso no sólo sobre delitos, sino también sobre posibles vías de preparación e incluso ante la mera ideación o propuesta de un camino delictivo. Es lo que en Derecho Penal se conoce como el Derecho penal del enemigo, de matriz claramente inconstitucional.” Pero el magistrado remata sus conceptos con un razonamiento llamativo: si la firma del memorándum, con su cláusula sobre la comisión, “hubiese tenido una mínima connotación delictiva, debió ser denunciado por la propia Unidad Fiscal AMIA hace dos años, cuando se firmó, o cuando recibió respaldo en el Congreso de la Nación, convirtiéndose en ley un mes después”. Además, el juez afirma que el memorándum pasó por las manos de numerosos funcionarios de la Justicia Federal, que estudiaron y participaron de los amparos por inconstitucionalidad: el juez Canicoba Corral, el fiscal de Cámara, la propia Cámara Federal “ninguno le asignó una mínima connotación penal, sin perjuicio de que muchos de ellos tuvieron fuertes críticas y reparos a la estrategia diseñada en el marco del citado acuerdo”.

Alertas

La segunda base de la acusación de Nisman fue que la Presidenta y el canciller pretendieron levantar las capturas con alertas rojos emitidos contra los sospechosos iraníes. Rafecas enumeró una catarata de pruebas que indican lo contrario, empezando por la documentación enviada a Interpol exigiendo que los alertas no fueran levantados y siguiendo por las desmentidas del ex secretario general de Interpol Ronald Noble, entre ellas la publicada en forma exclusiva por Página/12.

El texto de Rafecas destaca que en la denuncia original de Nisman éste menciona en 15 oportunidades que los alertas rojos no se levantaron porque Interpol se mantuvo firme, pese a las supuestas gestiones del canciller por conseguir la anulación. “Estas afirmaciones de Nisman no se respaldaron con ninguna prueba. Ni una sola”, señaló el juez. En cambio, demuestra con documentación que ocurrió todo lo contrario de lo señalado por Nisman-Pollicita: que la Argentina, a través de Timerman, insistió siempre en que los alertas rojos no podían ni debían levantarse.

Rafecas dice:

- Cuando se notificó a Interpol de la firma del memorándum, el 15 de febrero de 2013, la Cancillería adjuntó una carta de Timerman en la que dos veces sostiene que los alertas rojos no se podían levantar y que esa facultad sólo la tenía el juez argentino.

- El juez cita al ex secretario general de Interpol Ronald Noble señalando que Timerman le pidió por escrito que la organización internacional de policía ratificara que no se levantaban los alertas rojos.

- Que Interpol contestó por escrito, en marzo de 2013, un mes y medio después de firmado el memorándum, que los alertas no se levantarían sin orden del juez.

- Que el reglamento de Interpol es claro: los alertas sólo pueden ser levantados por pedido de Interpol Argentina fundamentado en resolución de un magistrado.

- Rafecas transcribió en castellano y en inglés la declaración de Ronald Noble ratificando que Timerman fue dos veces a la central de Interpol a reafirmar que el gobierno argentino estaba comprometido “en un ciento por ciento” con los alertas rojos.

- En el fallo de ayer transcribió también la entrevista exclusiva de Página/12 a Noble, publicada el 18 de enero, en que el funcionario norteamericano, ex jefe de los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, sostiene que “lo afirmado por Nisman es falso”.

- Idéntico contenido tiene otra entrevista a Noble publicada por The Wall Street Journal.

- Rafecas señala que para Interpol el memorándum fue un paso adelante y que Noble se había ofrecido como mediador. Por eso, era obligatorio informar a Interpol del acuerdo, pero que eso no permitía ninguna alteración de los alertas rojos.

Por último, el juez estima que Irán tenía la expectativa de que se levantaran las alertas rojas. Como no se logró, se desinteresó del memorándum y nunca lo aprobó.

El juez señala también la contradicción entre lo que manifiesta la declaración del fallecido periodista José Eliaschev y lo que escribió en el diario Perfil. En la publicación, el periodista asegura que en un documento interno de la cancillería iraní, se informaba que “el gobierno argentino habría renunciado a llevar ante la Justicia al actual ministro de defensa Ahmad Vahidi” y agrega que “para la Inteligencia iraní ya es un hecho que el ministro de Defensa ya puede viajar al exterior sin problemas y que incluso, si una tercera parte demandara la extradición de Vahidi, la Argentina lo rechazaría”.

Rafecas cuenta la tentativa de uno de los prófugos –Ahmad Vahidi– de visitar Corea en mayo de 2014. La Cancillería le contestó automáticamente a su par de Corea que si el viaje se concretaba, debían de inmediato detener a Vahidi y la Argentina pediría la extradición. “No fue el fiscal, sino la Cancillería la que hizo saber a Corea de la posición argentina de pedir la captura.”

En cualquier caso, Rafecas redondeó señalando que no existe ningún sustento para afirmar que la Argentina intentó aliviar la situación de los iraníes y que, por el contrario, insistió una y otra vez en que se mantuvieran las capturas.

Rafecas indica que en el interrogatorio que le hizo Nisman a Eliaschev, el periodista no pudo dar información concreta que permitiera al menos corroborar la veracidad o la existencia del documento, su origen, si era copia o quién y con qué exactitud lo había traducido del farsi.

Nombres

Con la refutación de los dos elementos centrales de la denuncia, el juez dio por probada la inexistencia de delito. “Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenidas por el fiscal Pollicita se sostiene mínimamente”, señaló. Aun así, Rafecas decidió avanzar sobre otros aspectos contenidos en la denuncia y que no tienen que ver con hechos que pesen en la evaluación delictiva. Por ejemplo, analiza las famosas escuchas telefónicas utilizadas por Nisman en su denuncia (ver aparte). Aunque toma las escuchas referidas a cada uno de los imputados por Nisman, lo sustancial tiene que ver con los tres protagonistas centrales de la denuncia: la Presidenta, el canciller y el diputado Larroque. Por supuesto que no existe ninguna escucha en la que aparezcan la Presidenta ni el canciller ni Larroque. Respecto de la mandataria, Rafecas sostiene que Nisman suprime todas las declaraciones de CFK a lo largo de los años de su presidencia exigiendo a Irán que responda por el atentado. Nisman evalúa –sin pruebas– que eran “puestas en escena”. En cambio, Nisman consideró de importancia una escucha del falso espía Allan Bogado en que éste dice “el canciller cumple orden, orden, orden y orden”, con lo que se infiere que responde a lo que le indica la Presidenta. Se hablaba del memorándum. “Se trata de una escucha inocua”, evalúa Rafecas. La otra escucha en la que se menciona a CFK tiene que ver con Luis D’Elía. Este afirma que habló con Julio De Vido sobre el intercambio de cereales y carne por petróleo. “Esto viene del más alto nivel, la reunión la pidió la jefa”, le dice D’Elía a Jorge Khalil, representante de la comunidad chiíta. Como ya se sabe, aquel intercambio nunca se materializó y es público que Argentina ni siquiera tenía chances de comprarle crudo a Irán, dado que no se puede refinar ese crudo en el país.

“No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado respecto –aunque sea– a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida, delito que, además, y como ya expuse previamente, no existió, en ninguna de las dos hipótesis planteadas por el Dr. Pollicita en su requerimiento de instrucción”, concluyó el juez. Respecto del canciller Timerman, la cuestión es aún más categórica: “A lo largo de las miles de líneas de conversaciones escrutadas durante años, no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del canciller argentino ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267022-2015-02-27.html

CHILE: favores de campaña

Más de 30 nombres vinculados a la Alianza y Nueva Mayoría recibieron plata de SQM

Febrero 2015

Van a cumplirse cuatro meses desde que el fiscal Carlos Gajardo presentara al Servicio de Impuestos Internos (SII) un informe que reveló la emisión de boletas falsas –para financiar campañas políticas– por parte de Ripley, Alsacia, CorpBanca y Soquimich (SQM). Pero hasta la fecha el Servicio no ha presentado ninguna acción judicial que le permita a la Fiscalía requisar información relevante respecto de esas empresas.

Eso sí, otra acción judicial le permitió al fiscal Gajardo allanar las oficinas de SQM. A principios de enero el SII se querelló contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por eventual delito tributario. Esa acción judicial le dio luz verde a los fiscales para obtener la información contable de la empresa de Julio Ponce Lerou entre 2009 y 2014. Pero el SII reingresó la querella acotándola a solo un mes, julio del 2009. A pesar de esa decisión, el equipo de Gajardo logró elaborar una lista con 19 Rut sospechosos de emitir boletas falsas para financiar campañas políticas. Ahí aparecieron una asesora del PS Fulvio Rossi, varios militantes DC y dirigentes regionales de la UDI.

Los últimos movimientos internos de la Fiscalía despertaron las sospechas. La semana pasada el Ministerio Público decidió trasladar la arista SQM a la Fiscalía Centro Norte –a cargo de Andrés Montes–, y dejar el Caso Penta directamente en las manos de Alberto Ayala, relegando a Carlos Gajardo a un segundo plano. A partir de ahí, se han multiplicado las voces que cuestionan que el cambio se produjo justo cuando el escándalo del financiamiento irregular de campañas políticas empezaba a salpicar a la Nueva Mayoría.

En ese contexto, El Mostrador revisó un informe que envió SQM al Servicio de Impuestos Internos, donde revela los 240 Rut que le emitieron boletas el 2010. En el Servicio explican que todas las empresas, terminado un año tributario, deben hacer llegar esa información, y que esta da cuenta de los montos retenidos por cada boleta, lo que equivale al 10% del total facturado. El informe, que está en las carpetas investigativas del Caso Penta, revela que al menos 39 personas allegadas a campañas políticas facturaron a la empresa de Ponce Lerou en un año de segunda vuelta presidencial y de pago de las deudas que dejaron las campañas parlamentarias. Y hay varias sorpresas.

En el listado se repiten varios de los nombres que actualmente investiga la Fiscalía por emitir boletas sospechosas a SQM durante julio del 2009, el único mes que se le ha permitido investigar, y se agregan otros nuevos, como varios dirigentes de la UDI, la DC, RN, asesores de Fulvio Rossi, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavín. También, el informe revela millonarios pagos de la firma de Ponce Lerou a varias autoridades de Gobierno y del Poder Judicial.

Rossi y la DC

Cuando la semana pasada se reveló que una asesora del senador PS, Mariela Molina, estaba en el listado de 19 personas investigadas por la Fiscalía, por haber emitido una boleta de $4.444.444 a SQM, Rossi salió de inmediato a descartar la información. “No he cometido delito tributario y no estoy siendo investigado por nada”, aseguró, agregando que Molina dejó de trabajar para él en 2008, un año antes de que emitiera la boleta a SQM en medio de la campaña parlamentaria del socialista. Sin embargo, datos revelados por El Mostrador desmintieron esa defensa , evidenciando que el 2009 Molina sí prestó servicios para su campaña.

Pero no es lo único. Con el paso de los días, El Mercurio reveló que una segunda asesora de Rossi, María Valentina Martínez Zaror, también aparecía en el listado de la Fiscalía por emitir el 2009 un documento por el mismo monto que Molina, $4.444.444. En el caso de esta segunda asesora, se repitió el plato un año después, donde aparece facturando por $2.225.775.

Pero hay, asimismo, un tercer asesor de Rossi que aparece vinculado a SQM. En el listado 2010, René Lorenzo Madariaga Caronna figura emitiendo boletas a la empresa de Ponce Lerou por $17.777.766. Ese mismo año, Madariaga fue asesor comunicacional de Rossi. El 2011 siguió vinculado al senador, esta vez como asesor en temas de “análisis estratégicos”.

Los nombres vinculados a la Democracia Cristiana también se repiten en el informe enviado por SQM al Servicio de Impuestos Internos. Si en julio del 2009 el ex embajador de la falange en República Checa, Marcelo Rozas, su cónyuge y su hijo aparecen emitiendo boletas a la empresa minera, el 2010 vuelven a estar presentes. Ese año, Rozas facturó un total de $54.502.199. Su hijo, Daniel Rozas, lo hizo por $17.520.000, y su señora por $28.906.633. El ex embajador ha sido históricamente cercano a Gutenberg Martínez al interior de la DC.

En el SII aclaran que el informe de SQM da cuenta del total facturado por una persona en un año, por lo que los montos totales podrían corresponder a varias boletas presentadas por una misma persona.

Otro militante demócrata cristiano que figura facturando a Soquimich es el actual presidente del Gobierno Regional Metropolitano de Arica, el Core Raúl Castro Letelier. El documento extendido por el falangista es a través de su sociedad Castro Cruz Limitada, por un monto de $1.500.000. Castro Letelier es abogado y ha presidido el Colegio de Abogados en su región. También ha sido juez de policía local, presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá, presidente de la Corporación de Desarrollo y precandidato a diputado por la Democracia Cristiana.

El hijo del diputado DC Roberto León, Roberto León Araya, es parte de los nombres que actualmente investiga la Fiscalía por emitir en julio del 2009 una boleta a SQM por $2.500.000. Un año después esa cifra se eleva a $17.520.000. El diputado por Curicó señaló al vespertino La Segunda que su hijo prestó servicios a la empresa, y que esos dineros no fueron a parar a su campaña. “Como ingeniero agrícola titulado prestó asesoría a SQM”, aseguró.

Un nombre que llama la atención en el listado es el del escritor Hernán Rivera Letelier, que fue candidato a diputado PS el 2005 por Antofagasta. El 2010 facturó una boleta por $8.806.966. No contestó los mensajes que El Mostrador le envió para conocer su versión.

La segunda vuelta y el Gobierno de Piñera

Son varios los nombres que boletearon a Soquimich el 2010, mismo año en que participaron en la campaña presidencial de segunda vuelta de Sebastián Piñera. En el informe dado a conocer la semana pasada, figuraba Robert Araya facturando $2.777.777. Ese nombre se repite un año después por $16.686.130. En la rendición ante el Servel de la campaña de Piñera, Araya es mencionado como parte del trabajo territorial del ex mandatario, motivo por el que se le pagaron $500 mil. Durante el Gobierno de la Alianza, el abogado se desempeñó en el Servicio de Salud de Antofagasta.

Hay varios más. Matías Hormazabal Cavieres boleteó el 2010 a SQM por $4.444.444. Ese mismo año participó en la segunda vuelta presidencial apoyando a Piñera, motivo por el que –según información del Servel– fue remunerado con $3.333.334 por “servicios prestados a la candidatura”. Durante el transcurso del Gobierno de derecha, trabajó como funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Pamela Campos Joost también trabajó en la campaña de segunda vuelta de Sebastián Piñera, motivo por el que se le pagaron $1.666.667. El mismo 2010 emitió boleta a la empresa de Ponce Lerou por $10.277.777. Es uno de los nombres investigados por la Fiscalía, ya que el 2009 también había facturado, esta vez por $4.500.000.

En la misma situación figura Marisol Cavieres Romero, que participó de la segunda vuelta –recibiendo $1.666.667 por “trabajo en terreno”–, y facturando además a SQM por $8.444.443.

Pero los nombres vinculados a Piñera no se limitan a quienes participaron de su campaña en segunda vuelta. Varios ex funcionarios de su Gobierno emitieron boletas a la productora de litio durante el año que revisó El Mostrador.

Un caso que llama la atención es el de Pablo Toloza, integrante de Abogados Toloza y Compañía Limitada. Militante UDI. En 2010 esa sociedad aparece emitiendo una boleta por $2.777.780. En marzo del mismo año Toloza fue designado gobernador de Antofagasta, y en 2012 pasó a ser el Intendente Regional. Antes era asesor jurídico del diputado UDI Manuel Rojas y de la Municipalidad de Ollagüe. Su padre, Víctor Hugo Toloza –el otro socio de Abogados Toloza y Compañía Limitada–, al menos hasta el 2014 aparecía como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Es además presidente del Automóvil Club y ex integrante del Tribunal Calificador de Elecciones de la misma ciudad.

Según el ex diputado UDI Manuel Rojas, jamás le pagó a Toloza por sus asesorías y tampoco recibió dineros irregulares en su campaña del 2009: “En la década del 2000 él me ayudó. El en su currículo pudo haber puesto que era mi asesor, pero él era de la directiva de la UDI en Antofagasta, y siempre fue colaborador mío. No tengo antecedentes de las boletas que él ha emitido a SQM”, indicó el ex parlamentario.

Marcelo Pizarro San Martín fue director regional del Trabajo en Antofagasta desde que Piñera asumió la primera magistratura, en marzo del 2010. Ese mismo año el ex funcionario público facturó $13.908.355 a Soquimich.

Juan Pablo Destuet González era el jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias del MOP entre 2011 y 2014. En 2010 trabajaba en el estudio de abogados de Jaime Pilowsky (actual diputado DC por Peñalolén) y Gonzalo Infante. Infante y Destuet aparecen boleteando a SQM en el mencionado año por $4 millones y $7 millones, respectivamente.

El encargado regional de la Superintendencia de Salud en Arica, Marcelo Eduardo Ricci Báuerle, llegó a su cargo antes que Piñera asumiera la Presidencia. Ejerce desde el 2003, incluso antes que Iquique y Arica estuvieran en regiones separadas. Administrador público de la Universidad de Chile, el 2010 aparece boleteando a SQM por una cifra altísima: $40.035.511. Se mantiene en el cargo.

Otras autoridades regionales –que no forman parte del Poder Ejecutivo–, también integran el listado de los que el 2010 boletearon a la firma de Ponce Lerou. Inés del Tránsito Olivares Bugueño es oficial del 3° Juzgado de Letras de Arica. Emitió boleta por $1.756.100. Irma del Pilar Cayo Ferreira el 2010 era la receptora judicial de Iquique. Está siendo investigada por la Fiscalía por emitir en julio del 2009 una boleta por $2.960.000. Al año siguiente aparece facturando $10.821.122.

Nombres claves en la UDI

Una de las boletas que permitió abrir la arista SQM en el caso de las platas empresariales a campañas políticas entregadas de forma irregular, fue la emitida por Carolina de la Cerda, cuñada del UDI Pablo Wagner, quien ha reconocido a la Justicia que el documento que emitió el 2009 fue una boleta falsa, y que seguramente fue a parar a la campaña senatorial de Joaquín Lavín.

El 2010 también aparece facturándole a Ponce Lerou. Ese año lo hizo por la misma cifra que antes: $8.333.334.

Pero en la UDI son varios los nombres clave que aparecen en el listado. Y todos ellos vinculados a las campañas del 2009. Joaquín Lavín estaba de candidato a senador por Valparaíso ese año. Por ello, Carolina de la Cerda señaló que los dineros de sus boletas seguramente fueron a parar a su campaña. Pero hay una persona mucho más cercana al ex presidenciable UDI que también aparece emitiendo boletas a SQM.

Se trata de Karin Renate Grollmus Fritz, quien boleteó el 2010 por un total de $3.340.000. Ella suscribió junto a Joaquín Lavín el texto “Emprendimiento contra la pobreza”, publicado en marzo del 2009, en medio de la fallida candidatura senatorial del ex alcalde del gremialismo. También lo acompañó en sus dos aventuras presidenciales. Durante la administración de Sebastián Piñera trabajó como periodista en la Subsecretaría de Justicia, el Ministerio de Economía y la Intendencia Metropolitana. Actualmente es subdirectora de comunicaciones de la Universidad de Los Andes.

Asesores de parlamentarios gremialistas también forman parte del listado. Según los registros disponibles, desde el 2007 Carolina Isabel Gazitúa Larenas se desempeña como asesora del senador de la UDI Jaime Orpis. El 2010 emitió boleta por $3.335.011. Otro que aparece es Víctor Krefft Marín, militante UDI y encargado del partido en la Región Metropolitana Poniente. Hace años es asesor del senador Juan Antonio Coloma. El 2010 emitió boletas por $4.444.444.

El abogado y vicepresidente de la juventud gremialista, Juan Pablo Aguerreberry, el 2010 emitió un documento por $5.555.555. Mismo monto que su cónyuge, Laura Toledo Cruz, facturó el 2009, razón por la que actualmente es investigada por la Fiscalía. El 2010 Aguerreberry era concejal por Renca y secretario del partido para la Región Metropolitana Poniente. En 2012 asesoró a la diputada de su distrito, Karla Rubilar (Amplitud), por un total de $7 millones.

Enrique Gillmore Carmona ha sido director de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián. Hijo del brigadier general (r) del Ejército Enrique Gillmore Callejas –uno de los más cercanos a Pinochet–, es parte del consejo general de la UDI y vicepresidente del gremialismo en el Distrito 29 (La Pintana y Puente Alto). Emitió una boleta por $14.472.230.

Roberto Lewin Valdivieso es Core de la UDI por Las Condes y durante el Gobierno de Piñera fue jefe de la avanzada presidencial. Su hijo, Roberto Lewin Vial, emitió una boleta por $6.673.340.

Alejandro Arias Edwards entregó a SQM un comprobante por $5.566.670. Durante la Presidencia de Sebastián Piñera trabajó en la Dirección de Obras Portuarias y en Sernapesca. Fue parte del grupo Jóvenes sin Fronteras, que nació de la FEUC 2003 –presidida por el diputado UDI Jaime Bellolio–, que realiza trabajos voluntarios en coordinación con las Fuerzas Armadas. Es hijo del ex concejal RN de Lo Barnechea, Alejandro Arias Würslin.

Uno de los hijos de Pablo Longueira, José Tomás Longueira Brinkmann, boleteó el 2010 por $4.450.333. Una cifra un poco mayor –$5.555.556–, fue lo que, según el documento emitido, facturó Gustavo Alessandri Bascuñán, concejal de Puente Alto en cupo UDI. El edil es hijo del ex candidato a diputado por RN, Gustavo Alessandri Balmaceda, quien el 2009 buscó llegar al hemiciclo representando a La Florida.

La periodista encargada de la campaña de Alessandri Balmaceda, Nicole Etcheberry Spadaro, aparece en el listado 2010 de SQM, emitiendo una boleta por $3.333.333. Etcheberry trabajó entre 2011 y 2013 en la Secretaría General de Gobierno.

Otro UDI involucrado es Manuel Óscar Rodríguez Campillay, que fue candidato a Core en la última elección y está siendo investigado por Fiscalía debido a una boleta por $1.666.667 emitida en julio de 2009. El 2010 vuelve a aparecer, esta vez por un total de $13.350.003.

Existen más militantes de la Alianza que también forman parte de la lista de 39 nombres. Alejandro Moreno Prohens es un abogado y antiguo militante de RN. Consejero de la Sonami, ex funcionario de la dictadura y miembro de la Corte de Apelaciones de Copiapó el 2012, en 2010 aparece boleteando por $4.466.666.

Patricio Marcelo Lazcano Silva fue concejal RN por San Joaquín entre 2008 y 2012. Figura como director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea y como abogado del municipio de La Reina durante el 2013. Ha ejercido las mismas labores en Ñuñoa, La Florida y Santiago. También como abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Gobierno Regional Metropolitano durante el 2013. Boleteó el 2010 a SQM por un total de $12.241.122.

Un ex DC y actual PRI que figura en la lista es Jorge Rodrigo Brito Gajardo, quien ejerce como Core de la Región del Biobío. Fue candidato a diputado por el distrito 42 en las elecciones del 2009. Boleteó el 2010 por $16.666.677.

El resto de nombres que forman parte de la investigación de la Fiscalía por haber extendido boletas a SQM en julio del 2009, y que también aparecen en el listado 2010, son: Ana Palacios Silva, con $13.337.777, el 2010. Su hermano Mauricio, que también figura ese mismo año, con $6.666.677. Ambos son hijos del coronel de Ejército Mauricio Palacios Amigo. Carlos Sepúlveda Espinoza, con $15.722.222; Marisol Toro González, que aparece con $13.338.366; Alejandro Urra Lorca, asesor jurídico de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Municipalidad de Colina, que figura con $4.777.777; y Mónica Gajardo Córdova, con $14.888.888.

N. de la R.: Por un error en el documento que entregó el Rut, se incluye una boleta entregada por el señor Marcelo Ricci, cuando realmente el documento corresponde a su esposa Mariela Molina. El Mostrador intentó contactar al señor Ricci la semana pasada pero no recibió respuesta.

He ido a la ESMA

DECLARO JAVIER PENINO VIÑAS, EL HIJO DE DESAPARECIDOS QUE FUE APROPIADO POR EL REPRESOR JORGE VILDOZA Y SU MUJER

“Reconozco mi historia y quiero armarla a mi ritmo”

Javier Penino Viñas mantiene una relación distante con su familia biológica. Fue testigo por la defensa de su apropiadora, Ana María Grimaldos. Pero agradeció el trabajo de las Abuelas y reveló que visitó la ex ESMA, donde nació.

 Por Alejandra Dandan

“Javier usa el pelo corto como el papá, con motitas oscuras. Los ojos de la madre también los tiene Javier, como mi nieta”, fue diciendo su abuela Cecilia Pilar Fernández de Viñas, durante su declaración testimonial. Su nieto Javier Penino Viñas oía sentado a unos metros. Atento. A veces hasta con los ojos empañados de rojo. “Yo tenía un gato que, cuando quería salir, tocaba la llave de la puerta con la patita. Un día, Javier se fijó en ese detalle y me dijo: ‘Me parece que el gato quiere salir’. Eso habrá sido en agosto. Yo cumplo años en diciembre. Como sabíamos que él todavía estaba en Buenos Aires, lo invitamos a cenar el día de mi cumpleaños. Me quedó muy grabado eso. Javier no me conoce. Seré la abuela, pero él podía haberme llevado flores o bombones. Y lo que me llevó de regalo fue un almanaque inglés con todas figuras de gatos. Todo en inglés, gatos de campo, en cada mes había un gato con un animal distinto. Yo dije: ‘Se tomó el trabajo de pensar en mí como persona’. A mí eso me emocionó. Eso y siempre lo conservo el almanaque ése. No me llevó un libro, me llevó los gatos.”

Su abuela siguió hablando como si la sala de Comodoro Py se hubiese vaciado, en un contrapunto de encuentro muy esperado entre los dos. “Isabella es hermosísima”, dijo, sobre su bisnieta, uno de los dos hijos de Javier. “Y Gabriel debe tener ahora un año y medio, casi dos. Pero para mí son el símbolo de que mi hija, esté dónde esté, pudo ser abuela. Ella, Cecilia, y Hugo, abuelos, así que todo esto es positivo fuera de todo el drama de lo que es.”

Con alguna de estas escenas empezó en Retiro el juicio por la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas, hoy un adulto de 37 años, banquero, con su vida hecha en Londres, casado y con dos hijos. Hijo de Cecilia Viñas y de Hugo Penino, dos militantes secuestrados el 13 de julio de 1977 en Mar del Plata cuando ella llevaba siete meses de embarazo. Se sabe que los dos estuvieron secuestrados en Mar del Plata y que luego los marinos llevaron a ella a la ESMA. Javier nació en septiembre y fue apropiado por Jorge Vildoza, segundo jefe del centro clandestino. Conoció su identidad en 1998, intentó tender puentes con su familia biológica, pero eso se dificultó cada vez que se impulsaban las causas judiciales porque él siempre estuvo cerca del clan Vildoza.

Ayer empezó el juicio oral contra Ana María Grimaldos, la esposa de Vildoza, única acusada en el debate porque, según los papeles de la familia, el segundo de la ESMA está muerto. Los Vildoza estuvieron prófugos durante 24 años y cuando en 2012 Grimaldos fue finalmente ubicada y arrestada dijo que su esposo había muerto.

Javier fue el primer testigo del juicio. Los hijos biológicos de los Vildoza, con sus nietos y parientes, ocuparon tercera y cuarta fila de una sala pequeña. Atrás y adelante hubo HIJOS, integrantes de Abuelas, muchos de los Penino Viñas y sus amigos.

Javier declaró a pedido de la defensa, pero quiso hacerlo primero para poder presenciar el debate entero.

Soy Javier

“¿Quisiera contarles a los jueces los hechos vinculados con su identidad?”, preguntaron las defensas. “Yo obviamente al llegar a casa era un bebé, esto que reconstruí me lo contó mi familia, amigos de la familia, gente del entorno de la adopción.” Del tema de la “adopción” se había hablado en la casa de los Vildoza desde hacía un tiempo. “Mi madre adoptiva había perdido tres embarazos, uno en el ‘68 y otros dos en el ’70 y el ’71 y ya después de haber tenido a Mónica y Jorge en la casa se hablaba abiertamente del tema a partir del ’75 calculo. Desde ese punto de vista fui presentado como un chico adoptado y huérfano, sin familiares biológicos. Creo que eso contesta la pregunta.”

Javier llegó de camisa mangas largas blancas, reloj, saco y acento de novela centroamericana. Viajó especialmente para declarar. Agradeció a la Justicia. A Estela de Carlotto y a las Abuelas. Criticó la política del “horror” y a Vildoza que, como supuestamente está muerto para los acusados, es sobre el que no podrían recaer las penas. En ese contexto, Javier siempre dejó a salvo la figura de su apropiadora. La presentó como quien lo crió, con amor, como una mujer ingenua, subordinada a las decisiones de Vildoza.

–¿Cómo fue considerada esa situación (de su llegada) por parte de la familia?

–Fue considerado como algo feliz. Algo lindo –dijo–, que había pasado después de mucho tiempo de hablarse sin mucha acción, como son esas decisiones difíciles, me imagino. Jorge Vildoza, mi padre adoptivo o apropiador a los efectos de los términos legales, dijo que se iba a encargar de ver si en algún momento surgía una buena oportunidad de adoptar a un chico huérfano. Cuando apareció en la casa fue un poco eso. Avisó que posiblemente iba a concretarse la adopción y bueno, cuando llegué, fue motivo de alegría entre familiares. Estaban todos muy contentos. Obviamente, Ana María, de tener un bebé, que era lo que quería y buscaba, y Mónica y Jorge, que eran de unos 20 años los dos, de tener un hermanito. Un bebé en la casa. En ningún momento se habló de camuflar el origen. De pretender decir que yo era hijo biológico. Esto lo cuento yo sin haber estado consciente en ese momento, pero me consta a través de las formas de chequearlo de que era así.

La Guerra Fría

Javier nació en 1977. Vivió en Londres primero entre 1979 y 1981, cuando Vildoza era agregado naval, una estructura del Servicio de Inteligencia Naval. Pasó a Buenos Aires. Luego de que las Abuelas de Plaza de Mayo recibieran denuncias que los vinculaban con la apropiación de un hijo de desaparecidos, los Vildoza se fugaron a Paraguay, donde vivieron clandestinos entre 1984 y 1989. Salieron a Austria y luego a Su-dáfrica. Hace un tiempo Javier presentó una carta en la que cuenta cómo la Armada los proveyó de documentos mientras se empeñaban en fugarse. Dijo que todo eso lo hacía sentirse como en las películas de “testigos en peligro”. En esa clave, habló de su vida poblada de agentes de la Guerra Fría.

Todavía al comienzo, dijo, en la triple frontera, “fuimos a un hotel Carima del lado de Brasil, hotel turístico, con el pretexto de las cataratas. Vino un agente argentino que tenía preparado todo el set de documentos: partida de nacimiento, pasaportes, cédulas y, para completar los pasaportes, nos hace entrar uno por uno a su habitación donde tenía un miniestudio, fotos, huellas dactilares y él aplicó el plástico sobre el pasaporte, que en esos tiempos no estaban tan desarrollados como ahora, que son más difíciles de falsificar, me imagino”.

Más tarde habló de Sudáfrica. De Nelson Mandela. Y, en relación con Sudáfrica, de la idea de una política de “reconciliación”. En ese contexto, criticó a su familia porque impulsa el juicio contra su apropiadora. “Anecdóticamente puedo decir que viví en Sudáfrica en un período interesante. Cuando estaba el apartheid andando. Mis padres eligieron un colegio muy interesante. El primer colegio privado multirracial, así que pude tener una visión de cómo se de- sarrolló todo. Cuando salió Mandela de la cárcel, en nuestra escuela fue celebrado y pude ver la Comisión de la Verdad. Y la reconciliación. La idea fue sacar todo a la luz con las penas que implicó para ciertos operativos del gobierno... pero creo que fue algo sanador y algo muy bueno.”

Algo de la sanación apareció más tarde, otra vez.

He ido a la ESMA

Primero sacó de un bolso un libro enorme con la biografía que Abuelas preparó sobre sus padres. Agradeció esos datos. “A mí me interesa mucho la verdad”, dijo. “Reconozco completamente mi historia y quiero armarla a mi ritmo, a mis formas, sin que nadie me dicte cómo tengo que pensar y opinar. Vivir en Londres me hace bien, porque estoy lejos del ambiente tan polarizado que hay aquí. Una manera que a mí me resulta más sana. Nunca me he escondido de la verdad. Me parece que el trabajo de Abuelas es fantástico. Tratar de devolver la identidad a chicos que ya no somos chicos, a gente que se les fueron robados por una idea muy rara es algo fantástico. Y quería tomar la oportunidad de agradecer este trabajo, el archivo biográfico familiar. Me lo hicieron llegar por Guadalupe Penino. Lo leí de principio a fin con mucho interés. Un lujo poder ver a sus padres desde tantas perspectivas. Para los que no saben, son una serie de entrevistas a familiares y amigos, ex novios, ex novias de mis padres biológicos. Me permite entender desde un montón de perspectivas datos reales sobre sus formas de ser y de pensar en ese momento. Quería agradecerlo. Lo otro que quería señalar es que he ido a la ESMA. Me costó, pero me acerqué solo. Me colé en un tour para un Consulado británico y americano. Hablé con una de las chicas. Me dejó. Pude ver el lugar donde nací. Donde estuvo mi madre. Pude ver el lugar que era donde trabajaba mi padre adoptivo. Fue algo muy fuerte pero sanador.”

En ese momento, pareció que tenía los ojos llenos de lágrimas.

Hicieron preguntas los fiscales. Hubo un cuarto intermedio. Siguieron otras preguntas. Su abuela Cecilia se sentó a declarar. Javier salió y entró de nuevo. Y se sentó entre los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.

La abuela

“Lo que quiero yo es que él sea feliz”, dijo su abuela. “Que no haya esta división.” Se acordó de que un día esperó una llamada de él, que él estaba de visita en Buenos Aires. De que no la llamó, pero la llamó diez días después desde Londres. “A mí me parece que este clan Vildoza, el robo de niños y todo lo demás en la ESMA y en otras partes del país, me parece que cuando está acá lo debe condicionar más, o debe tener esa doble cosa de no querer afectarlos a ellos porque lo criaron, porque es un hombre ahora. Pero si llamó desde Londres será porque desde allá se sentiría dueño de su vida, por ahí, desde sus sensaciones y para nosotros sería una felicidad que fuera un sobrino más de mis hijos. Que yo pueda ver alguna vez a los seis juntos, a mí me queda poco tiempo. Que alguna vez pase va a ser lo mejor que me pueda pasar a mí.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-266848-2015-02-25.html