Vázquez controlará gestión de Ancap de forma personal
3 enero de 2016
El presidente Tabaré Vázquez será la figura institucional que personalmente estará, prácticamente, encima de la gestión de Ancap de ahora en adelante, confirmaron a LA REPÚBLICA altas fuentes del gobierno que fueron consultadas en medio de un debate parlamentario sobre la ley de capitalización que ayer se terminó sancionando en el Poder Legislativo.
Los mismos voceros agregaron a este diario que los representantes que serán elegidos de los ministerios de Economía y de Industria, así como los que delegará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que a partir de este mes tendrán la función en la planificación de las inversiones, en la reestructuración de los planes de negocios y en el reperfilamiento de la deuda de Ancap, serán “preponderantes” y los que tendrán la última palabra en la gestión de los próximos años en esa empresa pública.
Vázquez será quien tomará los controles finales de lo que la comisión interministerial analice y concluya sobre la administración de Ancap y para ello, se sostendrá una reunión de alto nivel una vez por mes. La primera de esas instancias se realizará ya en este enero que está corriendo.
Las fuentes ilustraron que al directorio actual del ente petrolero no se le pidió la renuncia y que éstos permanecerán allí hasta que ellos lo determinen.
“Las figuras que serán designadas para estar encima de la gestión de Ancap tanto de Economía como de Industria en esta comisión de seguimiento y control, serán preponderantes y no sólo para los próximos meses sino para los próximos años” en la gestión de Ancap, sentenciaron los voceros que hablaron con este diario que, por otro lado, se entiende que no está en discusión la autonomía del ente del Estado con esta decisión política al designar a un grupo de expertos en materia de gestión pública.
La confirmación del “rol preponderante” en Ancap de la comisión de ahora en adelante y del presidente Vázquez como principal decidor de lo que se administre en la empresa pública, surge tras la sanción de la ley de capitalización de Ancap ayer en Diputados, en una sesión que se prolongó por más de 12 horas con un debate adobado con acusaciones y reproches sobre la gestión pública y que con los únicos votos de la izquierda fue aprobada.
Los representantes llegaron a la sesión luego de frustrarse un primer llamado el martes pasado debido a la falta de un voto para levantar el receso parlamentario.
El viernes 1° de enero a las 21 horas, el oficialismo obtuvo el cuórum para suspender la inactividad legislativa, derivó rápidamente el proyecto a la comisión y a las 10:30 de ayer dos de enero, comenzó la sesión. Pero ésta se inició con duros reproches de la oposición hacia el gobierno que determinó una rápida suspensión por algunos minutos para enfriar el ambiente.
Durante la jornada, el diputado Darío Pérez de Liga Federal del departamento de Maldonado volvió a hacer la diferencia dentro del oficialismo. Confesó que para él, la jornada de ayer era “incómoda” y que si bien votaba la ley de capitalización, reclamó al gobierno un acto de “constricción” que significa “arrepentimiento y deseo explícito de cambiar”. También le reclamó al Poder Ejecutivo que “no se socialice una gestión deficitaria” en Ancap, que “se haga cargo el responsable” y pidió que se remuevan “directores y gerentes”.
La posición de Pérez despertó luego una serie de reproches de algunos legisladores del Frente Amplio. El primero en responderle fue el exintendente de Maldonado, el diputado de Alianza Progresista Óscar de los Santos que, sin aludirlo, reivindicó las inversiones hechas en Ancap y aventuró que los éxitos “se verán en estos años de gobierno”.
Luego, más explícito, el diputado Felipe Carballo que responde políticamente a Raúl Sendic, sentenció que “desde ésta banca de la lista 711 no vamos a agraviar a ningún compañero del Frente Amplio, ni siquiera a Darío Pérez”.
Pérez pidió la palabra pasadas algunas horas de sentirse aludido por sus propios colegas frenteamplistas para señalar que “a mí nadie me puede agraviar porque, entre otras cosas, tengo el traste limpio” y aseguró que “por mí, el Frente Amplio nunca va a pasar vergüenza”.
El diputado Pérez fue ayer el único del oficialismo que en sala pidió la remoción de los actuales jerarcas de Ancap. La oposición, en tanto, confesó repetidamente que si la ley de capitalización incluyera la destitución del directorio y la creación de algunas figuras como la del gerente general o el gerente financiero, apoyaban la norma que finalmente ayer a la noche fue derivada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Blancos y colorados arremetieron contra el FA
Dos hechos que en los últimos meses condimentaron el debate sobre la gestión de Ancap, como la emisión de una publicidad del ente en una radio comunitaria de la localidad de Quebracho en Paysandú y el alquiler de un remolcador para las barcazas que transportan combustible por el río Uruguay se robaron varios pasajes del extenso debate parlamentario de ayer sábado.
El diputado de Paysandú por el partido Colorado Walter Verri, aseguró que esa radio comunitaria “ya no emite más” y que únicamente funcionó mientras recibió fondos de Ancap.
El nacionalista Nicolás Olivera, también de Paysandú, aseguró que la radio “nunca emitió la publicidad” contratada por Ancap y desafió al diputado comunista Óscar Andrade a que presente pruebas de esa publicidad que minutos antes había confirmado había sido irradiada. Olivera fue el mismo que figuró a la gestión de Ancap como si “hubiera pasado un huracán; el huracán Raúl” en alusión al vicepresidente Sendic.
El diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, fue otro de los legisladores que hizo énfasis en la publicidad en la radio Quebracho. “Acá hubo corrupción”, aseguró.
Ancap contrató publicidad en esa radio de Paysandú por un valor de 5.000 dólares. Respecto al remolcador construido por Ancap que lleva el nombre de Ky Chororo pero que se encuentra inactivo por cuestiones técnicas, algunos legisladores insistieron que se debió alquilar otro barco y que ese arriendo equivale al monto del que se mandó construir. El diputado Jorge Gandini dijo que el remolcador alquilado lleva el nombre de “Raúl S.”.
Alfredo Asti: Ancap está en riesgo crediticio
El diputado Alfredo Asti de Asamblea Uruguay fue el único de este sector que intervino en la larga sesión de la cámara baja sentenciando que Ancap “está en una situación de riesgo crediticio” y que por ello era fundamental la aprobación de la ley de capitalización. Apuntó que las consultoras internacionales debían recibir una señal política contundente en esa materia por el “riesgo crediticio” del ente del Estado.
El debate parlamentario no se limitó, como era de esperar, al contenido de la ley remitida el pasado 28 de diciembre desde el Poder Ejecutivo sino que derivó en acusaciones de corrupción en la gestión de la empresa pública.
Incluso se llegó al punto de acusar a la dirección del sindicato de Ancap, la Federación, de “sindicato amarillo”. El diputado Jorge Gandini los acusó de ser “complcies del gobierno” en la actual situación del ente.“Fancap que tiene un silencio cómplice y si el actual fuera un gobierno blanco o colorado estaríamos siendo juzgados en la plaza pública” sostuvo Gandini.
El diputado de la lista 711, Felipe Carballo, acusó a la oposición de mentir; “que Ancap está fundida” dijo, y de que “están en plena campaña electoral”. Vaticinó que en el futuro la oposición “se va a arrepentir de todo lo que ha dicho en contra de Ancap” y a su entender, con la ley de capitalización “se está haciendo una devolución a las inversiones hechas en Ancap”.
Desde la bancada del partido Socialista, los diputados Gonzalo CIvila y Roberto Chiazzaro coincidieron con el diputado Carballo que políticamente responde a Raúl Sendic.
“La política anti inflacionaria del gobierno es el motivo de parte de la deuda de Ancap” dijo Civila, apuntando que “los costos de distribución y los de la masa salarial de los funcionarios” generaron el endeudamiento. Roberto Chiazzaro en tanto, acusó también a la oposición que “está haciendo un circo” con el tema Ancap y dijo que “si no se encuentran dolos ante la Justicia, deberán responder los que hoy acusan de delitos” en la gestión de la empresa pública. Sostuvo también que la norma de capitalización no es una inyección de dinero sino “un resarcimiento”.
