Jerarca de Presidencia dijo que "no sabía" de la propuesta de Bonomi
Marzo 24, 2016
Dudas o directamente rechazo. Eso genera en los expertos la iniciativa impulsada por el Ministerio del Interior para incluir los robos, las rapiñas y los abigeatos a partir de determinado monto en la nómina de delitos precedentes al lavado de activos.
La ley antilavado prevé hoy 22 delitos previos que pueden habilitar a la Justicia a comenzar una indagatoria por blanqueo de capitales, como el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción. En esos casos el eje es ubicar los bienes adquiridos con dinero producto de otros delitos y recuperarlos para el Estado.
"Estamos presentado un proyecto de ley que establezca que cuando se robe más de determinada cantidad de dinero se considere delito precedente de lavado de activos, que es otra forma de restar motivación" a los delincuentes, dijo el lunes en conferencia de prensa el ministro Eduardo Bonomi.
La iniciativa del Ministerio del Interior sorprendió al responsable de la Secretaría Antilavado de la Presidencia, Carlos Díaz, que "no sabía" de la existencia de la propuesta. El jerarca dijo a El Observador que la idea puede incorporarse al trabajo de una comisión especializada que el mes pasado comenzó a trabajar en la formulación de una nueva ley antilavado que, entre otras cosas, deberá definir si incluye el delito fiscal como ilícito precedente.
"No es algo tan sencillo como aparenta. Habría que valorar qué carga implicaría para los juzgados especializados en crimen organizado y si esas sedes pueden absorber ese trabajo", dijo Díaz sobre la idea del Ministerio del Interior.
La posibilidad de incluir como delito precedente al lavado de activos en casos de hurto o robos forma parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero, en los hechos, "se corre riesgo de desnaturalizar y expandir en forma irrestricta la normativa antilavado", dijo el abogado tributarista y experto en blanqueo de capitales, Carlos Loaiza.
"Desde el punto de vista técnico no puede decirse que la idea del Ministerio del Interior sea un disparate, pero no hay ningún estudio que diga que de ese modo se desalentará el delito. Pero yo me permito dudarlo entre otras cosas porque las personas que roban no son necesariamente quienes ingresan ese botín en el circuito económico, cosa que implica la actividad del lavado", dijo Loaiza a El Observador.
En el mismo sentido que Loaiza, el experto en prevención de levado de activos, Ricardo Sabella, no cree que sea posible prevenir robos, rapiñas y abigeatos incluyendo esas figuras como delitos precedentes al blanqueo de capitales porque el autor de esos ilícitos "puede no ser el mismo que lava".
Sabella comentó a El Observador que más que al lavado de activos, para lograr el efecto que pretende el Ministerio del Interior "se debe apuntar a reducir y desestimular los delitos originales".
"Populismo punitivo"
El abogado experto en derecho penal económico Jorge Barrera sostuvo que "no es necesario" modificar la ley antilavado para perseguir los delitos a los que apunta el Ministerio del Interior sino que se debe apuntar a "mejorar la eficacia y utilizar las herramientas que hoy ya brinda la ley".
"En términos generales los populismos punitivos en el mundo han fracasado y los graves problemas de inseguridad pública no se soluciona aumentando los delitos ni las penas, sino deteniendo a los que cometen violaciones a ley penal", afirmó Barrera.
"Si se actúa con demagogia se puede hacer creer que teniendo más normas penales y más sanciones la seguridad pública va a mejorar, pero eso no es así. Uruguay necesita una política criminal única y que conjugue la eficacia con las garantías", expresó Barrera a El Observador.
En tanto, el abogado Leonardo Costa, experto en derecho tributario y lavado de activos, dijo que la propuesta del Ministerio del Interior de considerar como delito precedente al lavado de activos determinados robos, rapiñas y abigeatos "es poco razonable".
En cualquier caso, si se decide impulsar la propuesta del Ministerio del Interior, Costa sostuvo que lo conveniente sería habilitar las investigaciones por lavado de activos en causas de robos, rapiñas o abigeatos donde se pruebe que existe un grupo criminal organizado, más allá del monto del implicado en el delito.
Además, Costa agregó a El Observador que es "inoportuno" considerar una idea de este tipo de parte del Ministerio del Interior cuando está en discusión la posibilidad de incluir como delito precedente al lavado de activos el delito fiscal.
Ese es un antiguo reclamo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hacia Uruguay y esa entidad exige que ese tipo de delitos constituyan delito precedente al blanqueo de capitales en la próxima evaluación que hará al país en el año 2019.
Crecieron reportes de casos de lavado
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos aumentaron 27% en 2015 en comparación con 2014, según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), ya que pasaron de 286 a 363, según informó la semana pasada el diario El País. De los casos que fueron evaluados por la UIAF, 13 fueron enviados a la Justicia, según detalló el responsable de la Secretaría Antilavado de la Presidencia, Carlos Díaz.
El abogado experto en derecho penal económico Jorge Barrera sostuvo que "no es necesario" modificar la ley antilavado para perseguir los delitos a los que apunta el Ministerio del Interior sino que se debe apuntar a "mejorar la eficacia y utilizar las herramientas que hoy ya brinda la ley".
"En términos generales los populismos punitivos en el mundo han fracasado y los graves problemas de inseguridad pública no se soluciona aumentando los delitos ni las penas, sino deteniendo a los que cometen violaciones a ley penal", afirmó Barrera.
"Si se actúa con demagogia se puede hacer creer que teniendo más normas penales y más sanciones la seguridad pública va a mejorar, pero eso no es así. Uruguay necesita una política criminal única y que conjugue la eficacia con las garantías", expresó Barrera a El Observador.
En tanto, el abogado Leonardo Costa, experto en derecho tributario y lavado de activos, dijo que la propuesta del Ministerio del Interior de considerar como delito precedente al lavado de activos determinados robos, rapiñas y abigeatos "es poco razonable".
En cualquier caso, si se decide impulsar la propuesta del Ministerio del Interior, Costa sostuvo que lo conveniente sería habilitar las investigaciones por lavado de activos en causas de robos, rapiñas o abigeatos donde se pruebe que existe un grupo criminal organizado, más allá del monto del implicado en el delito.
Además, Costa agregó a El Observador que es "inoportuno" considerar una idea de este tipo de parte del Ministerio del Interior cuando está en discusión la posibilidad de incluir como delito precedente al lavado de activos el delito fiscal.
Ese es un antiguo reclamo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hacia Uruguay y esa entidad exige que ese tipo de delitos constituyan delito precedente al blanqueo de capitales en la próxima evaluación que hará al país en el año 2019.
Crecieron reportes de casos de lavado
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos aumentaron 27% en 2015 en comparación con 2014, según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), ya que pasaron de 286 a 363, según informó la semana pasada el diario El País. De los casos que fueron evaluados por la UIAF, 13 fueron enviados a la Justicia, según detalló el responsable de la Secretaría Antilavado de la Presidencia, Carlos Díaz.
