29 mar 2016

Legalización del cultivo de amapola para heroína y morfina a fin de reducir el narcotráfico, divide las aguas políticas en Mexico


La propuesta del gobernador de uno de los estados mexicanos más afectados por el narcotráfico –Guerrero- para legalizar el cultivo de amapola con fines médicos para reducir la violencia en su región, ha abierto un inédito y controvertido camino en un país arrasado por el poder de los narcos.
28 de marzo de 2016


Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero (al sur de México) planteó esta semana la legalización como vía para disminuir la violencia en su estado, uno de los más pobres del país y principal productor de goma de opio, para producir fundamentalmente heroína con destino al mercado estadounidense.
De las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece también el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Guerrero está convencido que podría ser una opción para acabar con la dependencia de los campesinos de su estado con las mafias del crimen organizado, donde la heroína es un negocio cada vez más grande.

Los campesinos de Guerrero no han encontrado al momento otra forma de sobrevivir, en tanto sus cultivos de maíz son solamente para el consumo familiar y el gobierno central no ha dado solución alternativa alguna: En esas condiciones el cultivo de amapolas en sus pequeñas parcelas, se ha convertido en el centro de la producción que es comprada por los narcos a cualquier precio, al tiempo que exigen el control absoluto del territorio.
Las aguas políticas se dividen por el tema

El año pasado, el gobierno de México aumentó el debate en su política de drogas a raíz de un recurso de amparo de la Corte Suprema que permitió cultivar marihuana con fines lúdicos en cuatro casos específicos, pero hasta la fecha nadie había planteado la legalización de la amapola.

El tema de la amapola es mucho más complejo que el cannabis en tanto requiere de profundos cambios legislativos: el mercado legal de los opiáceos es controlado por un organismo de Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, reconocido por los países miembros de la ONU, como autoridad fiscalizadora.

La ONU acepta que algunos países como Australia, Francia, Hungría, India, España y Turquía produzcan, pero tienen que cumplir una serie de requisitos que México no parece en condiciones de alcanzar de momento., particularmente las de registrar toda la producción y controlar todas y cada una de las transacciones para evitar el pasaje al mercado negro, según publica eldiariodechihuahua.com.mx