URUGUAY
Analistas dudan de la eficacia de las medidas anunciadas por el Ejecutivo en un intento por dar batalla contra una evolución de los precios por arriba del 10%
Por Andrés Oyhenard Marzo 13, 2016
Nicolás Garrido
El mensaje de compromiso para contener los precios y las medidas que fue comunicando el equipo económico en los últimos días para contener las presiones inflacionarias no sorprendieron a la mayoría de los analistas, una vez conocido el dato de inflación de febrero que dejó el indicador en 10,23% en la medición interanual.
Ninguno esperaba grandes anuncios porque las recetas disponibles en los manuales de economía -que tiene el gobierno para contener los precios- son bastante acotadas. Sin margen para apelar a las tarifas públicas como en el pasado producto de un elevado déficit fiscal -se ubicó en 3,8% del PIB en los 12 meses a enero-, y las rigideces para meter tijera en el gasto público, la primeras medidas de más corto impacto se concentraron en la política monetaria. También se anunció un investigación para determinar si en algunos rubros no existen conductas anticompetitivas en la fijación de precios.
¿Cuál fue la reacción de los expertos? El Observador recogió el punto de vista de seis economistas para que transmitieran su visión al respecto. El economista Javier de Haedo dijo que los controles en la fijación de precios "son para la tribuna, no para la inflación". "Ojalá los mercados fueran más competitivos, empezando por frutas y verduras, pero es otro tema. En definitiva, como siempre, lo único que se hace cuando la inflación se les escapa, es apretar en la política monetaria y bajar el precio del dólar", apuntó De Haedo. A su juicio, los precios tienen "su dinámica, muy atada al pasado (indexación) e incorporando efectos de cambios en precios relativos (devaluación) y shocks (clima, tarifas, etc.) Para el experto, al pasarse la inflación del umbral de 10%, ahora "el verdadero techo del rango meta pasó a ser del 12%".
El economista Alejandro Cavallo de Equipos Consultores consideró que las medidas anunciadas pueden tener efectos puntuales. "Evidentemente la suba de encajes tiene efectos en el sector bancario, puesto que acota la capacidad de conceder crédito de estas instituciones y puede llevar a encarecer los préstamos, lo que llevaría a restringir el circulante", indicó. Respecto al control de precios, dijo que puede evitar las subas por algunos meses, lo que repercutiría en menores subas de algunos rubros. "Sin embargo, no esperamos que estas medidas tengan un impacto sustantivo sobre los precios o sobre las expectativas de los agentes", aseguró. No obstante, admitió que en la actual coyuntura "no sería del todo recomendable que la política económica enfatice el cumplimiento de los objetivos de inflación, puesto que eso dificultaría el ajuste de precios relativos que la economía debe necesariamente procesar".
El economista Rafael Mantero ensayó esta semana en su cuenta de la red social Twitter una breve y sintética descripción analizando por qué la inflación superó el umbral de los dos dígitos y por qué el gobierno tiene poco para hacer. Para el experto, la inflación actual "no es un accidente, y resultará mayormente estéril intentar reencausarla vía información sobre precios y/o controles". También apuntó a una economía con doble moneda que debilita los canales de transmisión de la política monetaria con "una efectividad acotada". A esto hay que sumarle "una política fiscal procíclica (desde que existen datos), que genera excesos de absorción (demanda) en épocas de auge". A juicio de Mantero, también tienen su rol un mecanismo de fijación de salarios mayormente disociado de la evolución de productividad, indexado a inflación pasada. Dada la indexación en los salarios, "excesos transitorios de demanda agregada (privada y pública), tienden a generar efectos permanentes en inflación", indicó.
Por otro lado, recordó que Uruguay cuenta con pasividades constitucionalmente indexadas a los salarios, lo que "agrava y amplifica efectos distorsivos". Además, los precios de muchos bienes y servicios están fijados en dólares en el mercado interno. Por tanto, con "algo" de rigidez nominal más un tipo de cambio en alza, es igual a una inflación "involuntaria".
"En resumen: tenemos razones estructurales muy profundas que explican alta inflación. Continuarán existiendo, aún con información perfecta", aseguró Mantero.Twitear
En una línea similar, la coordinadora de la área de coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Udelar, Gabriela Mordecki, tiene una visión un poco escéptica sobre el impacto inmediato de ajustar aún más la política monetaria sobre los precios. La experta explicó que Uruguay es una economía "bimonetaria" por lo que el BCU solamente controla "una parte" del dinero circulante. La experta consideró que apelar a una rebaja de las tarifas públicas sería hoy la herramienta "más a mano" y con un "impacto fuerte" para contener la inflación, aunque la "situación fiscal" le impide hoy el Ejecutivo apelar a esa vía.
Por su parte, la gerente senior de la consulta PwC, Mercedes Comas, dijo que hoy la principal herramienta en el terreno monetario que el gobierno está utilizando para contener los precios es la cotización del tipo de cambio. "Eso es lo que al final del día ha terminado impactando de forma más directa en los precios", indicó. Dado el "delgado equilibrio entre inflación y competitividad", las restricciones desde el punto de vista salarial y fiscal, la analista consideró que el política monetaria cuenta con un margen de acción "muy estrecho" para tener resultados en el corto plazo.
"La inflación va a seguir rondando 10%, por más que la demanda esté más floja", estimó Comas.Twitear
Deberes en competencia
El experto en competencia e investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias, Sociales, Leandro Zipitría, había declarado a El Observador que un marco "institucional relativamente débil" como el uruguayo, tener las competencias de regulación y defensa de la competencia separadas "hace más difícil la captura regulatoria que se observa en algunos mercados". En segundo lugar, indicó que hay que "evaluar" si es necesario un control de fusiones.
"No estoy diciendo que haya que incluir un control de fusiones ex ante, sino que hay que empezar a evaluar las fusiones que han habido en distintos mercados y determinar el efecto que ello tiene sobre los precios. En los últimos años hubo una concentración importante en distintos mercados y no tenemos un diagnóstico sobre el mismo", reconoció.
En su momento, "el Ejecutivo privilegió la inversión, quizá los tiempos hoy hayan cambiado", planteó. De todas formas, Zipitría resaltó como importante que el tema está sobre la mesa. "Hay que discutirlo pensando con la cabeza fría. Cualquiera sea el problema, no empezó con el dato de inflación de febrero", culminó.
Las acciones del gobierno
Una política monetaria más restrictiva
Luego de un período de cierta estabilidad en el mercado, las licitaciones de letras de regulación monetaria del Banco Central -que emite en el mercado para sacar pesos de circulación- comenzaron a mostrar una tónica ascendente. En febrero, una letra a 178 días que pagaba una tasa de interés del 13,5% anual trepó al 15,9% en una licitación por igual plazo en la primera semana de marzo. A esto se sumó el anuncio del presidente del BCU, Mario Bergara, esta semana de elevar los encajes bancarios. Para las colocaciones en pesos con plazo contractual menor a 30 días el porcentaje pasa de 23% a 28% y en los depósitos en dólares con plazo de hasta 180 días, de 26% a 28%. En teoría, la medida restringe la capacidad de los bancos para prestar dinero, no solo afectando el volumen de financiamiento a las familias y empresas, sino también encareciendo el acceso al crédito. Eso contribuye a reducir la cantidad de dinero en circulación y a través de una menor demanda de bienes y servicios, quitarle presiones a la inflación. Estas modificaciones suponen que las instituciones financieras deberán inmovilizar aproximadamente US$ 710 millones, según estimó el economista de CPA Ferrere, Alfonso Capurro. La próxima acción que tomará el gobierno en este terreno será comunicada por el Copom sobre fines de mes, según lo confirmó Bergara.
Control sobre la fijación de precios
Fue una de las innovaciones en materias de medidas antiinflacionarias que comunicó el ministro de EconomíaDanilo Astori en entrevista con la Secretaría de Comunicación de Presidencia. El jerarca se mostró “sorprendido” por los remarques que hubo en algunas rubros de alimentos y bebidas, limpieza e higiene personal. Por eso consideró oportuno solicitar al Área de Defensa del Consumidor y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para que desarrolle un análisis y brinde información acerca de la existencia de posibles abusos de posiciones dominantes. “Defender la competencia puede ser también un arma muy importante para luchar contra la inflación”, argumentó Astori. Entrevistado por En Perspectiva de radio Oreintal, Astori profundizó sobre sus sospechas de abuso o posición dominante en la fijación de precios de algunos rubros de la canasta. “Cuando uno ve frutas o verduras en los estantes de supermercados o algunos productos de limpieza e higiene, por lo menos siente la necesidad de que haya un análisis más detenido de la situación”. Por otro lado, se acordó que el pedido de la planilla de precios que el Área de Defensa del Consumidor les pide a los supermercados abandonen su frecuencia quincenal como hasta ahora y pasen a ser diaria, en un intento por dar más transparencia al mercado.
Corrección fiscal con ajustes en entes públicos
Preocupado por el impacto del desequilibrio de las cuentas públicas a futuro con un escenario de menor crecimiento de la economía para el quinquenio en curso, el equipo económico se fijó como meta llevar el déficit fiscal al 2,5% para el final del período de gobierno. Cuando se trazó esa meta para la presentación de la ley de Presupuesto el rojo de las cuentas públicas se ubicaba en 3,5% del PIB. Para el primer año (2015) estaba previsto que se procesara una reducción de tres décimas, algo que finalmente no ocurrió. Por el contrario, el dato de enero mostró un deterioro de esa variable con un déficit en el interanual a enero de 3,8% del PIB. Esto se dio pese al “ajuste de cinturón” en las empresas públicas que aumentaron sus tarifas en enero por encima o la par de la evolución de la inflación, redujeron su ritmo de inversiones y achicaron sus gastos operativos. El gobierno espera que las transferencias de las empresas públicas de 2,3 puntos porcentuales del PIB a 3,3 puntos porcentuales para 2019, hasta llegar a US$ 600 millones. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a Presidencia la pasada semana que el declive de las cuentas públicas está más vinculado a una caída de los ingresos por un menor dinamismo de la economía, ya que el gasto público no estaba creciendo.
Cambio en mecanismos para ajustar salarios
Antes que se procesara un rebote en las presiones inflacionarias actuales, Ejecutivo había dado un giro relevante respecto a los mecanismos de ajustes de salarios en el sector privado. Los lineamientos que rigen desde julio tienen como novedad la incorporación de ajustes nominales decrecientes en función de la realidad de cada sector de actividad (dinámico, intermedio o en problemas). Si bien ese mecanismo de ajuste no elimina la indexación de los salarios a la inflación, los correctivos planteados a 18 y 24 meses iban en la dirección “correcta”, según destacaron en su momento los analistas privados que reclamaban desde hace un tiempo un cambio. Sin embargo, la realidad de los últimos meses demostró que las presiones inflacionarias se aceleraron y en muchos casos los ajustes nominales propuestos por el gobierno no cubren la evolución de los precios, hecho que terminó volviendo compleja y dificultosa la negociación, sobre todo por la férrea oposición del PIT-CNT ante la amenaza cada vez latente de una pérdida de salario real. Mañana el presidente Tabaré Vázquez recibirá a una delegación de la central sindical para abordar ese tema (ver página 4). El gobierno ha mostrado una actitud firme con el argumento de que hoy lo relevante debe ser la preservación del empleo.
