ARGENTINA
La configuración del Estado policial
Declaración de Carta Abierta ante los sucesos de Jujuy
Dos hechos de enorme gravedad se produjeron en las últimas horas en la provincia de Jujuy: la violenta represión a los obreros en huelga del ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, por parte de la Guardia de Infantería, con un saldo de 80 heridos; y nuevas detenciones de integrantes de la organización barrial Tupac Amaru, que incluyen a Raúl Noro, su Secretario de Prensa y compañero de Milagro Sala.
Ambos acontecimientos, cuyo repudio masivo, enérgico y urgente resulta imprescindible, se encuentran ligados íntimamente al ensayo territorial de un Estado policial. Su promoción desde el gobierno del radical de la Alianza Cambiemos Gerardo Morales pareciera surgir como único modelo estatal viable ante el programa de ajuste y acelerada concentración de riqueza del actual giro neoliberal en el país. Son sus rasgos principales la persecución judicial de militantes sociales y políticos a través de causas armadas a medida por magistrados y fiscales afines; campañas mediáticas de demonización y prejuzgamiento convenientemente editadas y coordinadas; represión violenta de movilizaciones y protestas, incluyendo disparos de armas de fuego y golpizas; accionar de grupos parapoliciales con aparente cobertura oficial (como en el caso de ataque a la redacción de Tiempo Argentino y al Centro Educativo Isauro Arancibia); y un despliegue sistemático de las acciones disciplinantes por parte de las fuerzas de seguridad, como el hostigamiento, las requisas y el amedrentamiento de acciones cívicas en la vía pública.
No se trata tan sólo de una impronta sobre la superficie del entramado jurídico e institucional, sino de un verdadero ensayo de trasmutación simbólica en los cimientos de la vida democrática argentina, como quedó evidenciado en los raquíticos festejos del Bicentenario de la Independencia. Las celebraciones de las fechas patrias, que en la última década recuperaron el sentido popular, independentista y antimonárquico de las gestas principales de la configuración de la Argentina, estuvieron caracterizadas por imágenes militaristas, por una vergonzosa genuflexión pro imperial y la reivindicación de figuras claves del golpismo. En el mismo sentido puede considerarse la preocupante invitación oficial a referentes neonazis para conformar una “Mesa Nacional de Juventudes” en la Casa Rosada.
El Estado policial, la fisura del Estado de Derecho, puede constituirse en el reemplazo del cotillón electoral de la concordia, el diálogo y la felicidad cuando este sucumba bajo el peso del desempleo y la pobreza crecientes. El ensañamiento con militantes sociales y políticos que emerjan de una realidad acuciante, como el caso de Milagro Sala, puede convertirse en la moneda corriente de una sociedad irreconocible si las fuerzas democráticas y populares no avanzan en acciones contundentes.
Por ello, nos sumamos a las iniciativas colectivas de repudio a la represión y encarcelamiento de militantes y trabajadores, y a la vulneración del Estado de Derecho en la Argentina.
Dos hechos de enorme gravedad se produjeron en las últimas horas en la provincia de Jujuy: la violenta represión a los obreros en huelga del ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, por parte de la Guardia de Infantería, con un saldo de 80 heridos; y nuevas detenciones de integrantes de la organización barrial Tupac Amaru, que incluyen a Raúl Noro, su Secretario de Prensa y compañero de Milagro Sala.
Ambos acontecimientos, cuyo repudio masivo, enérgico y urgente resulta imprescindible, se encuentran ligados íntimamente al ensayo territorial de un Estado policial. Su promoción desde el gobierno del radical de la Alianza Cambiemos Gerardo Morales pareciera surgir como único modelo estatal viable ante el programa de ajuste y acelerada concentración de riqueza del actual giro neoliberal en el país. Son sus rasgos principales la persecución judicial de militantes sociales y políticos a través de causas armadas a medida por magistrados y fiscales afines; campañas mediáticas de demonización y prejuzgamiento convenientemente editadas y coordinadas; represión violenta de movilizaciones y protestas, incluyendo disparos de armas de fuego y golpizas; accionar de grupos parapoliciales con aparente cobertura oficial (como en el caso de ataque a la redacción de Tiempo Argentino y al Centro Educativo Isauro Arancibia); y un despliegue sistemático de las acciones disciplinantes por parte de las fuerzas de seguridad, como el hostigamiento, las requisas y el amedrentamiento de acciones cívicas en la vía pública.
No se trata tan sólo de una impronta sobre la superficie del entramado jurídico e institucional, sino de un verdadero ensayo de trasmutación simbólica en los cimientos de la vida democrática argentina, como quedó evidenciado en los raquíticos festejos del Bicentenario de la Independencia. Las celebraciones de las fechas patrias, que en la última década recuperaron el sentido popular, independentista y antimonárquico de las gestas principales de la configuración de la Argentina, estuvieron caracterizadas por imágenes militaristas, por una vergonzosa genuflexión pro imperial y la reivindicación de figuras claves del golpismo. En el mismo sentido puede considerarse la preocupante invitación oficial a referentes neonazis para conformar una “Mesa Nacional de Juventudes” en la Casa Rosada.
El Estado policial, la fisura del Estado de Derecho, puede constituirse en el reemplazo del cotillón electoral de la concordia, el diálogo y la felicidad cuando este sucumba bajo el peso del desempleo y la pobreza crecientes. El ensañamiento con militantes sociales y políticos que emerjan de una realidad acuciante, como el caso de Milagro Sala, puede convertirse en la moneda corriente de una sociedad irreconocible si las fuerzas democráticas y populares no avanzan en acciones contundentes.
Por ello, nos sumamos a las iniciativas colectivas de repudio a la represión y encarcelamiento de militantes y trabajadores, y a la vulneración del Estado de Derecho en la Argentina.
