Las marcas que deja el neoliberalismo. El impacto en la salud mental del proyecto político gobernante
Por Mario Burgos y Mario Woronowski
9 de mayo de2019
Como síntesis del 5° Encuentro Nacional de Salud organizado en la ciudad de La Plata se presenta aquí un cuadro sobre la degradación de las condiciones de vida y la devastación subjetiva. La muerte, los despidos y la persecución como disciplinadores para un rediseño social.
En el marco del 5° Encuentro Nacional de Salud organizado en la ciudad de La Plata por el Frente Ciudadano por la Salud y la Fundación Soberanía Sanitaria, tuvo lugar un debate apasionado y profundo acerca de las marcas en la subjetividad del proyecto neoliberal que nos gobierna. Nuestra es la responsabilidad por esta síntesis. El mérito por un contenido que creemos de mucho valor, pertenece totalmente a los panelistas.
El desguace subjetivo como estrategia de dominación
La salud mental es un territorio en disputa, ante los efectos des-subjetivantes de las políticas en curso. El neoliberalismo enferma, destruye y mata y esta acción regresiva se manifiesta a cada sujeto y colectivo como imposibilidad de dar respuesta a cuestiones que antes podía resolver. Esto se potencia por la irrupción violenta y masiva del proceso destructivo, tras un largo periodo de ampliación de posibilidades y derechos.
Se han desordenado las coordenadas que organizaban la vida de millones, y con ello se desbordan las marcas de referencia de la cotidianeidad. Se multiplican episodios de angustia y cuadros depresivos, en los que se combinan la degradación de las condiciones de vida y la devastación subjetiva, ya que se induce una interpretación fatalista y “en soledad” de las pérdidas sufridas.
La muerte como acto y significación se ha convertido en un eje central de disciplinamiento, con dos modalidades emblemáticas: la muerte violenta y ejemplar (Santiago y Rafael entre otros); y el significativo incremento de muertes ligadas a contextos de trabajo que tras una década de disminución, registra un 5 por ciento de aumento en el último año. La muerte, en un país en el que el genocidio sigue presente en la subjetividad de la sociedad toda.
Otro eje de disciplinamiento son los despidos, que agreden la identidad de quien deja de ejercer tareas en que despliega sociabilidad y capacidad transformadora, fragmentando espacios colectivos, desde el lugar de trabajo hasta la propia familia. A ello se suma la producción de sentidos denigrantes hacia los trabajadores por parte de los aparatos del Estado, que aun cuando operan asistiendo lo hacen desde la filantropía, reforzando la degradación de quien recibe ayuda.
Un tercer eje es la persecución política, desde las campañas mediáticas y judiciales hasta la prisión. Milagro Sala es un caso emblemático: mujer, india, dirigente social, sindical y política, lo arbitrario de su procesamiento y el sadismo con que es tratada, pretenden ser una lección para quien ose plantarse frente al poder. Se trata de sustituir subjetividades solidarias, involucradas en el quehacer colectivo, por una subjetividad meritocrática, en la que el desarrollo personal es sólo fruto del esfuerzo individual. Al obviar las condiciones en que cada uno está obligado a procurarse su subsistencia y desarrollo, todo fracaso recaerá en culpa sobre sí. La alternativa que se ofrece es culpar a otros que ya han sido marginados del proceso productivo, sea por recibir una asistencia “que no merecen”, sea por ser presentados como amenaza para la seguridad.
Disciplinamiento y precarización son objetivos palpables en las relaciones laborales pero no se reducen a ellas: se trata de una ingeniería de rediseño social, que a través de la fabricación de existencias precarias se propone la aceptación fatalista y la resignación de los agredidos: de ello dan fe las estrategias de acoso, amedrentamiento y humillación que están cuidadosamente planificadas y no son simplemente expresiones de sadismo. La fragilización es un efecto buscado a través de sistemáticas estrategias de shock que apuntan a producir “estados de indefensión aprendida”. Citando a Naomi Klein, “no se puede quitar derechos a colectivos sin antes fragilizar previamente a los sujetos”.
El Estado también produce sentido cuando des-jerarquiza el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. La subsunción del área de Salud dentro de Desarrollo pone de relieve el lugar de “salud para pobres” con que la contrarreforma del Estado aspira a desarmar sus funciones de garante de bienestar “por fuera del mercado”. Si de acuerdo a Floreal Ferrara, “salud es la capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida”, al definir un lugar de mayor subordinación para los trabajadores y una vida de mayor precariedad para la mayoría de la población, se ejerce una doble agresión a la salud y con ello a la salud mental: se desmerecen los actores sociales involucrados (los trabajadores) y se deja en claro el corrimiento del Estado respecto de promover y proteger derechos.
La concentración de la riqueza en pocas manos, que necesita de la idealización del éxito como razón y eje organizador de la vida, conlleva un núcleo de crueldad que se disimula en los discursos “políticamente correctos” y se promueve constantemente a través de los medios hegemónicos formales e informales. Esa crueldad aflora en las redes y en el habla cotidiana y reconoce anclajes en el imaginario de parte de los sectores medios: aquellos en que se hizo carne la ética del esfuerzo individual y el ascenso social como clave del triunfo. Y así como la crueldad implica el repliegue sobre sí y la apropiación del cuerpo del otro –a quien no se reconoce como semejante– el fracaso conlleva como su reverso la caída en la depresión.
Se subraya: crueldad y depresión, dos modos que la clínica de hoy pone permanentemente en evidencia. Meritocracia, desprecio racista por lo popular y plebeyo, repulsa machista de lo femenino y lo diverso, xenofobia selectiva hacia quienes vienen a ofrecer su fuerza de trabajo, son aspectos fundantes de la subjetividad en la que se apoya y que impulsa este gobierno. Y cuando deviene la caída del mito meritocrático, la autoafirmación suele tomar el camino de la agresividad, el odio, la repulsión del otro “inferior” cuya suerte es aquello que a toda costa se quiere exorcizar.
La creación de un “otro” diferente, peligroso, regresivo, viene a asentarse, en el caso de los pueblos originarios, en una tradición no resuelta de negación, segregación y despojo. En la medida en que la tierra, como propiedad inmobiliaria, fuente mineral o base latifundista, se valoriza nuevamente, se promueve el mito “mapuche” o “qom” justificando la violencia represiva desde el rechazo y demonización de sus formas culturales. Se coincide en reconocer un atraso en las diferentes disciplinas de la salud en la comprensión y abordaje de la subjetividad de estas comunidades.
Resistencia y construcciones colectivas
¿Desde dónde interpelar este sentido común dirigido a liquidar las identidades solidarias, colectivas y de protagonismo popular que fueron capaces de resistir los embates liberales desde hace décadas? Se postula que tales emblemas identitarios debieran rearmarse a través de:
La construcción de espacios multisectoriales de defensa colectiva de conquistas y derechos adquiridos.
La defensa, recuperación y articulación de los espacios institucionales contra los que el modelo atenta: sindicatos, movimientos sociales, leyes y espacios de defensa de sectores vulnerados.
La recuperación del espacio público y de la acción pública para la defensa de los derechos que el gobierno apunta a liquidar.
Un corte ético donde el semejante, el otro humano, sea el fundamento del lazo que organiza la sociedad.
Los diferentes relatos pusieron de relieve algunos pilares: las estrategias de organización, “la calle” (hacer público lo que se quiere aislar y encerrar en lo privado) y la defensa o la recuperación del lazo con los otros, porque la reciprocidad, el cuidado y la ternura son soportes humanizantes. Se dice que “hacer red” es hacerlo “in situ”: con la gente, en el barrio, haciendo trama con memoria, resistencia y habilitando el despliegue de potencias colectivas.
El relato de la experiencia de organización de la comunidad de Moreno a partir de la explosión que se llevó la vida de Sandra y Rubén constituyó no sólo un testimonio conmovedor sino una lección de altísimo potencial político por la capacidad de articular un amplísimo abanico de diversidades poniendo por delante el reconocimiento mutuo y el objetivo común. Vale la pena comparar dos posturas contrapuestas: por parte del Estado provincial, la reacción inicial fue desaparecer durante casi un mes, sin más presencia que algún gesto represivo y el intento de borrar los rastros de su responsabilidad en las muertes. Por parte de la comunidad, el impacto por la tragedia y las primeras reacciones de dolor, indignación y resistencia, encontraron formas de organización y de articulación preexistentes que permitieron una reacción inmediata. Este encuentro entre lo previo y las consecuencias luctuosas del ajuste hizo posible que confluyeran gremios docentes, movimientos sociales, familias. Se inventaron herramientas, se organizó un acampe, un comité de crisis, se logró imponer agenda al gobierno, se armó un comité de seguimiento. En esta puja se ha impuesto una forma de convivencia y disputa, forzada por la acción colectiva.
La lucha de las mujeres por un lugar de pleno derecho ha operado en estos años de modo ejemplificador. Por una parte han protagonizado las movilizaciones y acciones más masivas de la historia, han instalado temas como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la disputa por la equidad en el trato y la remuneración laboral, etc. Por otra parte, el proceso que describimos ha tenido por efecto el recrudecimiento de acciones violentas contra su integridad (femicidios, abusos, violaciones) y la multiplicación de discursos retrógrados desde los medios de comunicación e incluso en el ámbito judicial. La lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo vio convivir la disputa legislativa, aun teniendo en cuenta el rechazo del Senado, con discursos y prácticas machistas y autoritarias que habían pasado a reservarse para el ámbito privado. Se coincidió en que poner en primer plano ejes de unidad resulta indispensable para defender el espacio logrado e instalar condiciones para avanzar.
Respecto de los trabajadores del campo de la Salud Mental, se destacó que sólo la articulación entre lo clínico, lo político y lo ético permite posicionarse para intervenir en una situación en donde lo manicomial amenaza retornar a través de la desactivación de iniciativas y programas y del recrudecimiento del paradigma abstencionista y punitivista en materia de consumos problemáticos. La combinación entre tres factores: la atención puesta en “la droga” como sujeto y eje de la asistencia y no en la persona que padece y por lo tanto consume; el negocio de las granjas de internación y la facilidad con que los jueces envían a las personas que consumen a vivir en ellas privadas de todo derecho, rearma el circuito manicomial con estas poblaciones. Hay una deuda en la construcción de dispositivos clínico-técnico-políticos que den respuesta adecuada y solvente a las situaciones más severas de consumo problemático. No se evitarán las políticas abstencionistas si no construimos respuestas que eviten la derivación de personas en situación crítica hacia los dispositivos de encierro.
Se pone en cuestión la identidad del trabajador del Estado: se relatan experiencias de trabajo barrial “inventadas” a partir de asumirse como tales desde una perspectiva de protagonismo y generación de iniciativas: se “es” el Estado al servicio de las necesidades de la población y no empleados/as de una patronal (en este caso el Estado). Los trabajadores que producen política pública, los sindicatos que articulan lo reivindicativo y lo político-institucional. Se destaca que estos abordajes encuentran base en la larga capacidad de resistencia que el pueblo argentino ha ido forjando a lo largo de su historia para resurgir de las situaciones más adversas. Se identifican ciertas deudas pendientes y se señalan caminos para la acción de las trabajadoras y trabajadores de la salud Mental:
Disputar la vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental en todo el país. Hoy, junto a grandes logros como la vigencia del Consejo Consultivo Honorario de la Ley y el reconocimiento en algunos distritos de los derechos de las personas con padecimiento mental, se verifica su no implementación ni reconocimiento en varias jurisdicciones y sectores, la precarización laboral y salarial de las diferentes profesiones y el desguace de servicios.
Disputar el incremento de la oferta asistencial, sobre todo a aquellos sectores más agredidos por el modelo neoliberal.
La construcción, en fin, de un Plan nacional de salud mental que forme parte, desde la acción en equipos interdisciplinarios, de un Sistema Nacional Integrado de Salud.
* Subcomisión de Salud Mental del Frente Ciudadano por la Salud.
Panelistas: Guillermo Anachouri (Tucumán); Aníbal Angeletti, Antonio Tesolini (Programa Andres Rosario); Marcela Bottinelli (UNLanús- CCHLNSM); Mariana Cattáneo (Suteba Moreno); Adriana Clemente (Fac. Cs. Soc.-UBA); Jaime Fernández Miranda (UNR); Liliana Hendel (Periodista); Romina Naporichi (Comunidad Qom Rosario); Cynthia Ramacciotti, Claudia Saavedra (Ex Programa “Tramando Barrio”) ; Cecilia Ros, Miriam Wlosko (UNLa); Iris Valles (Rosario, CCHLNSM); Alejandra Wagner (UNLP).
El desguace subjetivo como estrategia de dominación
La salud mental es un territorio en disputa, ante los efectos des-subjetivantes de las políticas en curso. El neoliberalismo enferma, destruye y mata y esta acción regresiva se manifiesta a cada sujeto y colectivo como imposibilidad de dar respuesta a cuestiones que antes podía resolver. Esto se potencia por la irrupción violenta y masiva del proceso destructivo, tras un largo periodo de ampliación de posibilidades y derechos.
Se han desordenado las coordenadas que organizaban la vida de millones, y con ello se desbordan las marcas de referencia de la cotidianeidad. Se multiplican episodios de angustia y cuadros depresivos, en los que se combinan la degradación de las condiciones de vida y la devastación subjetiva, ya que se induce una interpretación fatalista y “en soledad” de las pérdidas sufridas.
La muerte como acto y significación se ha convertido en un eje central de disciplinamiento, con dos modalidades emblemáticas: la muerte violenta y ejemplar (Santiago y Rafael entre otros); y el significativo incremento de muertes ligadas a contextos de trabajo que tras una década de disminución, registra un 5 por ciento de aumento en el último año. La muerte, en un país en el que el genocidio sigue presente en la subjetividad de la sociedad toda.
Otro eje de disciplinamiento son los despidos, que agreden la identidad de quien deja de ejercer tareas en que despliega sociabilidad y capacidad transformadora, fragmentando espacios colectivos, desde el lugar de trabajo hasta la propia familia. A ello se suma la producción de sentidos denigrantes hacia los trabajadores por parte de los aparatos del Estado, que aun cuando operan asistiendo lo hacen desde la filantropía, reforzando la degradación de quien recibe ayuda.
Un tercer eje es la persecución política, desde las campañas mediáticas y judiciales hasta la prisión. Milagro Sala es un caso emblemático: mujer, india, dirigente social, sindical y política, lo arbitrario de su procesamiento y el sadismo con que es tratada, pretenden ser una lección para quien ose plantarse frente al poder. Se trata de sustituir subjetividades solidarias, involucradas en el quehacer colectivo, por una subjetividad meritocrática, en la que el desarrollo personal es sólo fruto del esfuerzo individual. Al obviar las condiciones en que cada uno está obligado a procurarse su subsistencia y desarrollo, todo fracaso recaerá en culpa sobre sí. La alternativa que se ofrece es culpar a otros que ya han sido marginados del proceso productivo, sea por recibir una asistencia “que no merecen”, sea por ser presentados como amenaza para la seguridad.
Disciplinamiento y precarización son objetivos palpables en las relaciones laborales pero no se reducen a ellas: se trata de una ingeniería de rediseño social, que a través de la fabricación de existencias precarias se propone la aceptación fatalista y la resignación de los agredidos: de ello dan fe las estrategias de acoso, amedrentamiento y humillación que están cuidadosamente planificadas y no son simplemente expresiones de sadismo. La fragilización es un efecto buscado a través de sistemáticas estrategias de shock que apuntan a producir “estados de indefensión aprendida”. Citando a Naomi Klein, “no se puede quitar derechos a colectivos sin antes fragilizar previamente a los sujetos”.
El Estado también produce sentido cuando des-jerarquiza el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. La subsunción del área de Salud dentro de Desarrollo pone de relieve el lugar de “salud para pobres” con que la contrarreforma del Estado aspira a desarmar sus funciones de garante de bienestar “por fuera del mercado”. Si de acuerdo a Floreal Ferrara, “salud es la capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida”, al definir un lugar de mayor subordinación para los trabajadores y una vida de mayor precariedad para la mayoría de la población, se ejerce una doble agresión a la salud y con ello a la salud mental: se desmerecen los actores sociales involucrados (los trabajadores) y se deja en claro el corrimiento del Estado respecto de promover y proteger derechos.
La concentración de la riqueza en pocas manos, que necesita de la idealización del éxito como razón y eje organizador de la vida, conlleva un núcleo de crueldad que se disimula en los discursos “políticamente correctos” y se promueve constantemente a través de los medios hegemónicos formales e informales. Esa crueldad aflora en las redes y en el habla cotidiana y reconoce anclajes en el imaginario de parte de los sectores medios: aquellos en que se hizo carne la ética del esfuerzo individual y el ascenso social como clave del triunfo. Y así como la crueldad implica el repliegue sobre sí y la apropiación del cuerpo del otro –a quien no se reconoce como semejante– el fracaso conlleva como su reverso la caída en la depresión.
Se subraya: crueldad y depresión, dos modos que la clínica de hoy pone permanentemente en evidencia. Meritocracia, desprecio racista por lo popular y plebeyo, repulsa machista de lo femenino y lo diverso, xenofobia selectiva hacia quienes vienen a ofrecer su fuerza de trabajo, son aspectos fundantes de la subjetividad en la que se apoya y que impulsa este gobierno. Y cuando deviene la caída del mito meritocrático, la autoafirmación suele tomar el camino de la agresividad, el odio, la repulsión del otro “inferior” cuya suerte es aquello que a toda costa se quiere exorcizar.
La creación de un “otro” diferente, peligroso, regresivo, viene a asentarse, en el caso de los pueblos originarios, en una tradición no resuelta de negación, segregación y despojo. En la medida en que la tierra, como propiedad inmobiliaria, fuente mineral o base latifundista, se valoriza nuevamente, se promueve el mito “mapuche” o “qom” justificando la violencia represiva desde el rechazo y demonización de sus formas culturales. Se coincide en reconocer un atraso en las diferentes disciplinas de la salud en la comprensión y abordaje de la subjetividad de estas comunidades.
Resistencia y construcciones colectivas
¿Desde dónde interpelar este sentido común dirigido a liquidar las identidades solidarias, colectivas y de protagonismo popular que fueron capaces de resistir los embates liberales desde hace décadas? Se postula que tales emblemas identitarios debieran rearmarse a través de:
La construcción de espacios multisectoriales de defensa colectiva de conquistas y derechos adquiridos.
La defensa, recuperación y articulación de los espacios institucionales contra los que el modelo atenta: sindicatos, movimientos sociales, leyes y espacios de defensa de sectores vulnerados.
La recuperación del espacio público y de la acción pública para la defensa de los derechos que el gobierno apunta a liquidar.
Un corte ético donde el semejante, el otro humano, sea el fundamento del lazo que organiza la sociedad.
Los diferentes relatos pusieron de relieve algunos pilares: las estrategias de organización, “la calle” (hacer público lo que se quiere aislar y encerrar en lo privado) y la defensa o la recuperación del lazo con los otros, porque la reciprocidad, el cuidado y la ternura son soportes humanizantes. Se dice que “hacer red” es hacerlo “in situ”: con la gente, en el barrio, haciendo trama con memoria, resistencia y habilitando el despliegue de potencias colectivas.
El relato de la experiencia de organización de la comunidad de Moreno a partir de la explosión que se llevó la vida de Sandra y Rubén constituyó no sólo un testimonio conmovedor sino una lección de altísimo potencial político por la capacidad de articular un amplísimo abanico de diversidades poniendo por delante el reconocimiento mutuo y el objetivo común. Vale la pena comparar dos posturas contrapuestas: por parte del Estado provincial, la reacción inicial fue desaparecer durante casi un mes, sin más presencia que algún gesto represivo y el intento de borrar los rastros de su responsabilidad en las muertes. Por parte de la comunidad, el impacto por la tragedia y las primeras reacciones de dolor, indignación y resistencia, encontraron formas de organización y de articulación preexistentes que permitieron una reacción inmediata. Este encuentro entre lo previo y las consecuencias luctuosas del ajuste hizo posible que confluyeran gremios docentes, movimientos sociales, familias. Se inventaron herramientas, se organizó un acampe, un comité de crisis, se logró imponer agenda al gobierno, se armó un comité de seguimiento. En esta puja se ha impuesto una forma de convivencia y disputa, forzada por la acción colectiva.
La lucha de las mujeres por un lugar de pleno derecho ha operado en estos años de modo ejemplificador. Por una parte han protagonizado las movilizaciones y acciones más masivas de la historia, han instalado temas como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la disputa por la equidad en el trato y la remuneración laboral, etc. Por otra parte, el proceso que describimos ha tenido por efecto el recrudecimiento de acciones violentas contra su integridad (femicidios, abusos, violaciones) y la multiplicación de discursos retrógrados desde los medios de comunicación e incluso en el ámbito judicial. La lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo vio convivir la disputa legislativa, aun teniendo en cuenta el rechazo del Senado, con discursos y prácticas machistas y autoritarias que habían pasado a reservarse para el ámbito privado. Se coincidió en que poner en primer plano ejes de unidad resulta indispensable para defender el espacio logrado e instalar condiciones para avanzar.
Respecto de los trabajadores del campo de la Salud Mental, se destacó que sólo la articulación entre lo clínico, lo político y lo ético permite posicionarse para intervenir en una situación en donde lo manicomial amenaza retornar a través de la desactivación de iniciativas y programas y del recrudecimiento del paradigma abstencionista y punitivista en materia de consumos problemáticos. La combinación entre tres factores: la atención puesta en “la droga” como sujeto y eje de la asistencia y no en la persona que padece y por lo tanto consume; el negocio de las granjas de internación y la facilidad con que los jueces envían a las personas que consumen a vivir en ellas privadas de todo derecho, rearma el circuito manicomial con estas poblaciones. Hay una deuda en la construcción de dispositivos clínico-técnico-políticos que den respuesta adecuada y solvente a las situaciones más severas de consumo problemático. No se evitarán las políticas abstencionistas si no construimos respuestas que eviten la derivación de personas en situación crítica hacia los dispositivos de encierro.
Se pone en cuestión la identidad del trabajador del Estado: se relatan experiencias de trabajo barrial “inventadas” a partir de asumirse como tales desde una perspectiva de protagonismo y generación de iniciativas: se “es” el Estado al servicio de las necesidades de la población y no empleados/as de una patronal (en este caso el Estado). Los trabajadores que producen política pública, los sindicatos que articulan lo reivindicativo y lo político-institucional. Se destaca que estos abordajes encuentran base en la larga capacidad de resistencia que el pueblo argentino ha ido forjando a lo largo de su historia para resurgir de las situaciones más adversas. Se identifican ciertas deudas pendientes y se señalan caminos para la acción de las trabajadoras y trabajadores de la salud Mental:
Disputar la vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental en todo el país. Hoy, junto a grandes logros como la vigencia del Consejo Consultivo Honorario de la Ley y el reconocimiento en algunos distritos de los derechos de las personas con padecimiento mental, se verifica su no implementación ni reconocimiento en varias jurisdicciones y sectores, la precarización laboral y salarial de las diferentes profesiones y el desguace de servicios.
Disputar el incremento de la oferta asistencial, sobre todo a aquellos sectores más agredidos por el modelo neoliberal.
La construcción, en fin, de un Plan nacional de salud mental que forme parte, desde la acción en equipos interdisciplinarios, de un Sistema Nacional Integrado de Salud.
* Subcomisión de Salud Mental del Frente Ciudadano por la Salud.
Panelistas: Guillermo Anachouri (Tucumán); Aníbal Angeletti, Antonio Tesolini (Programa Andres Rosario); Marcela Bottinelli (UNLanús- CCHLNSM); Mariana Cattáneo (Suteba Moreno); Adriana Clemente (Fac. Cs. Soc.-UBA); Jaime Fernández Miranda (UNR); Liliana Hendel (Periodista); Romina Naporichi (Comunidad Qom Rosario); Cynthia Ramacciotti, Claudia Saavedra (Ex Programa “Tramando Barrio”) ; Cecilia Ros, Miriam Wlosko (UNLa); Iris Valles (Rosario, CCHLNSM); Alejandra Wagner (UNLP).
