Por Carlos Heller
NODAL, 10 mayo, 2019
Todo indica que las recientes medidas lanzadas por el Gobierno argentino entrarían en contradicción con su modelo plasmado en los últimos tres años y medio. ¿Se trata de un viraje? En absoluto. Los funcionarios dejaron bien en claro que estas políticas se tomaron para poder “transitar los próximos meses”, en vista de las elecciones presidenciales de octubre.
En el marco de una carrera electoral que se muestra bastante complicada en cuanto a las aspiraciones del presidente Macri de ser reelegido, se han anunciado distintas medidas “de alivio”. Según expresaron los funcionarios encargados de comunicarlas, su objetivo sería “paliar la crisis” económico-social que padece la mayoría de los argentinos.
Ahora bien, al analizar el impacto y la implementación de estas medidas nos encontrarnos con que, en realidad, sus efectos no cambian en nada el modelo aplicado.
Acuerdo de precios de productos ¿esenciales?
En septiembre de 2017, el diario Ámbito Financiero titulaba “Presentarán último Precios Cuidados. Se eliminará, gradualmente, en 2018”. En el cuerpo de la nota se señalaba que “tanto el Gobierno como los empresarios creen que el programa debe terminar”. Se mencionaba también que éste sería reemplazado por un plan de ayuda social alimentario y eventuales programas de devolución de IVA para beneficiarios de planes sociales.
Si bien el programa de Precios Cuidados se encuentra prácticamente desarticulado, las medidas que se habían prometido en 2017 para su reemplazo no se encuentran vigentes: la devolución de parte del IVA a jubilados, implementada con bombos y platillos a fines de 2017, se eliminó en febrero de 2019.
A mediados de abril se lanzó un nuevo programa de supuesta contención de precios: el “Acuerdo de Precios de Productos Esenciales”. Claro que la canasta no le hace honor a su denominación. Se incluyen menos alimentos de primera necesidad, como frutas y verduras, y más productos de almacén y procesados. Se incorporaron además segundas o terceras marcas y productos propios de cada cadena de supermercados.
Adicionalmente, se percibe una estrategia empresarial (avalada por el Gobierno) que consiste en la salida constante de determinados productos de los acuerdos y su reemplazo por otros, para luego volver pero con nuevo precio. Según un informe de Nielsen, una consultora internacional especializada en consumo, el 78% de los productos incluidos elevaron sus precios en hasta un 10% antes de ingresar al Programa.
Es por ello que en algunos casos se produce la incongruencia de que los precios de mercado resultan más convenientes que los fijados dentro del acuerdo.
Este “acuerdo de caballeros”, según el nombre que le dio el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, no es más que un tibio apoyo de los sectores empresarios a la gestión de Macri para aspirar a obtener otros cuatro años más de políticas pro mercado en las que el Estado cumpla el rol de “canchero”: un término acuñado por el Presidente para indicar que, mientras él gobierne, se encargará de preparar el campo de juego para que el sector privado actúe y logre maximizar sus beneficios sin control real alguno.
Congelamiento (por unos meses) de tarifas
Según el comunicado del Gobierno Nacional, la decisión de no aumentar (hasta fin de año) las tarifas de electricidad, gas y transporte público está dirigida sólo al consumo residencial y enfocada principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien se invitó a las provincias a que se sumen y acompañen “el esfuerzo”, hasta ahora sólo once provincias, de un total de 23, se sumaron a los anuncios del gobierno central.
Quedarían afuera de este esquema las pequeñas empresas, los clubes de barrio, las cooperativas, que también vienen padeciendo los fuertes aumentos tarifarios, que en muchos casos podrían llevarlos a su cierre definitivo.
Se comunicó además que será el Estado, no las empresas prestadoras de servicios públicos, el que absorberá los costos, lo que se traduce en un aumento del gasto público de entre 9.000 a 10.000 millones de pesos. En un contexto de acuerdo de déficit cero con el FMI y de caída de la recaudación por la baja en la actividad (el PIB acumula diez meses seguidos de caída) la única opción para financiarlo sería más ajuste en otras áreas del Estado.
¿Beneficios sociales?
En el caso particular de los descuentos en comercios a jubilados y beneficiarios de planes sociales, se caracterizan por su transitoriedad, de hecho, las bases y condiciones de algunos supermercados ya anuncian que la duración será hasta fines de julio.
Se lanzó también una línea de préstamos subsidiados enfocados a este segmento poblacional, que surge a partir de la imposibilidad de los jubilados de cubrir sus necesidades básicas con los actuales haberes. Resulta contradictorio entonces que luego puedan afrontar el pago de las cuotas, que absorberán hasta un tercio de sus ya magros ingresos. A esto se suma el hecho de que gran parte de los beneficiarios ya tienen créditos tomados, con lo que, en el caso de que aún puedan seguir endeudándose, el efecto va a ser escaso.
La verdadera solución sería que sus haberes aumentaran al menos al mismo ritmo que la inflación, algo que está lejos de ocurrir en las actuales condiciones. Sólo en 2018, con una inflación del 47,6%, el haber jubilatorio mínimo (el que percibe más de la mitad de los jubilados) se incrementó un 28,5%.
Finalmente, otro de los instrumentos utilizados por el Gobierno para incentivar el consumo, un indicador en franco retroceso por la fuerte caída de los ingresos reales de la población, es el “Ahora 12”. Un programa de compras en cuotas que ya existía bajo la administración anterior. La gran diferencia es que mientras antes era sin interés, ahora se viene aplicando con un costo financiero total que se encuentra ligeramente por debajo de la tasa de interés del mercado. Nuevamente, un “alivio” que parece no ser tal.
En definitiva, lo determinante es que continúa un modelo que nos ofrece un futuro aparentemente promisorio a cambio de un presente angustiante, con pérdida de derechos económicos y sociales que parece no terminar nunca.
Lo más importante es que hay alternativas para cambiar este esquema y no es cierto que no existan recursos para ello. La clave, como siempre, es cómo éstos se distribuyen. Es entonces necesario un Estado que represente a las mayorías y no a los poderes económicos concentrados. Sectores a quienes en estos días se les está pidiendo una “colaboración” para crear una efímera idea de que las cosas están mejorando. Un tratamiento con aspirinas que lo único que logra es una momentánea sensación de disminución de los síntomas. Hay otro camino; con convicción y apoyo popular se puede lograr un modelo que se ocupe del bienestar general. Claro que para ello se requiere de otros actores en el gobierno. En este sentido, las elecciones presidenciales de fines de octubre del corriente año constituyen una gran oportunidad.
*Presidente Partido Solidario de Argentina. Ex diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires
Todo indica que las recientes medidas lanzadas por el Gobierno argentino entrarían en contradicción con su modelo plasmado en los últimos tres años y medio. ¿Se trata de un viraje? En absoluto. Los funcionarios dejaron bien en claro que estas políticas se tomaron para poder “transitar los próximos meses”, en vista de las elecciones presidenciales de octubre.
En el marco de una carrera electoral que se muestra bastante complicada en cuanto a las aspiraciones del presidente Macri de ser reelegido, se han anunciado distintas medidas “de alivio”. Según expresaron los funcionarios encargados de comunicarlas, su objetivo sería “paliar la crisis” económico-social que padece la mayoría de los argentinos.
Ahora bien, al analizar el impacto y la implementación de estas medidas nos encontrarnos con que, en realidad, sus efectos no cambian en nada el modelo aplicado.
Acuerdo de precios de productos ¿esenciales?
En septiembre de 2017, el diario Ámbito Financiero titulaba “Presentarán último Precios Cuidados. Se eliminará, gradualmente, en 2018”. En el cuerpo de la nota se señalaba que “tanto el Gobierno como los empresarios creen que el programa debe terminar”. Se mencionaba también que éste sería reemplazado por un plan de ayuda social alimentario y eventuales programas de devolución de IVA para beneficiarios de planes sociales.
Si bien el programa de Precios Cuidados se encuentra prácticamente desarticulado, las medidas que se habían prometido en 2017 para su reemplazo no se encuentran vigentes: la devolución de parte del IVA a jubilados, implementada con bombos y platillos a fines de 2017, se eliminó en febrero de 2019.
A mediados de abril se lanzó un nuevo programa de supuesta contención de precios: el “Acuerdo de Precios de Productos Esenciales”. Claro que la canasta no le hace honor a su denominación. Se incluyen menos alimentos de primera necesidad, como frutas y verduras, y más productos de almacén y procesados. Se incorporaron además segundas o terceras marcas y productos propios de cada cadena de supermercados.
Adicionalmente, se percibe una estrategia empresarial (avalada por el Gobierno) que consiste en la salida constante de determinados productos de los acuerdos y su reemplazo por otros, para luego volver pero con nuevo precio. Según un informe de Nielsen, una consultora internacional especializada en consumo, el 78% de los productos incluidos elevaron sus precios en hasta un 10% antes de ingresar al Programa.
Es por ello que en algunos casos se produce la incongruencia de que los precios de mercado resultan más convenientes que los fijados dentro del acuerdo.
Este “acuerdo de caballeros”, según el nombre que le dio el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, no es más que un tibio apoyo de los sectores empresarios a la gestión de Macri para aspirar a obtener otros cuatro años más de políticas pro mercado en las que el Estado cumpla el rol de “canchero”: un término acuñado por el Presidente para indicar que, mientras él gobierne, se encargará de preparar el campo de juego para que el sector privado actúe y logre maximizar sus beneficios sin control real alguno.
Congelamiento (por unos meses) de tarifas
Según el comunicado del Gobierno Nacional, la decisión de no aumentar (hasta fin de año) las tarifas de electricidad, gas y transporte público está dirigida sólo al consumo residencial y enfocada principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien se invitó a las provincias a que se sumen y acompañen “el esfuerzo”, hasta ahora sólo once provincias, de un total de 23, se sumaron a los anuncios del gobierno central.
Quedarían afuera de este esquema las pequeñas empresas, los clubes de barrio, las cooperativas, que también vienen padeciendo los fuertes aumentos tarifarios, que en muchos casos podrían llevarlos a su cierre definitivo.
Se comunicó además que será el Estado, no las empresas prestadoras de servicios públicos, el que absorberá los costos, lo que se traduce en un aumento del gasto público de entre 9.000 a 10.000 millones de pesos. En un contexto de acuerdo de déficit cero con el FMI y de caída de la recaudación por la baja en la actividad (el PIB acumula diez meses seguidos de caída) la única opción para financiarlo sería más ajuste en otras áreas del Estado.
¿Beneficios sociales?
En el caso particular de los descuentos en comercios a jubilados y beneficiarios de planes sociales, se caracterizan por su transitoriedad, de hecho, las bases y condiciones de algunos supermercados ya anuncian que la duración será hasta fines de julio.
Se lanzó también una línea de préstamos subsidiados enfocados a este segmento poblacional, que surge a partir de la imposibilidad de los jubilados de cubrir sus necesidades básicas con los actuales haberes. Resulta contradictorio entonces que luego puedan afrontar el pago de las cuotas, que absorberán hasta un tercio de sus ya magros ingresos. A esto se suma el hecho de que gran parte de los beneficiarios ya tienen créditos tomados, con lo que, en el caso de que aún puedan seguir endeudándose, el efecto va a ser escaso.
La verdadera solución sería que sus haberes aumentaran al menos al mismo ritmo que la inflación, algo que está lejos de ocurrir en las actuales condiciones. Sólo en 2018, con una inflación del 47,6%, el haber jubilatorio mínimo (el que percibe más de la mitad de los jubilados) se incrementó un 28,5%.
Finalmente, otro de los instrumentos utilizados por el Gobierno para incentivar el consumo, un indicador en franco retroceso por la fuerte caída de los ingresos reales de la población, es el “Ahora 12”. Un programa de compras en cuotas que ya existía bajo la administración anterior. La gran diferencia es que mientras antes era sin interés, ahora se viene aplicando con un costo financiero total que se encuentra ligeramente por debajo de la tasa de interés del mercado. Nuevamente, un “alivio” que parece no ser tal.
En definitiva, lo determinante es que continúa un modelo que nos ofrece un futuro aparentemente promisorio a cambio de un presente angustiante, con pérdida de derechos económicos y sociales que parece no terminar nunca.
Lo más importante es que hay alternativas para cambiar este esquema y no es cierto que no existan recursos para ello. La clave, como siempre, es cómo éstos se distribuyen. Es entonces necesario un Estado que represente a las mayorías y no a los poderes económicos concentrados. Sectores a quienes en estos días se les está pidiendo una “colaboración” para crear una efímera idea de que las cosas están mejorando. Un tratamiento con aspirinas que lo único que logra es una momentánea sensación de disminución de los síntomas. Hay otro camino; con convicción y apoyo popular se puede lograr un modelo que se ocupe del bienestar general. Claro que para ello se requiere de otros actores en el gobierno. En este sentido, las elecciones presidenciales de fines de octubre del corriente año constituyen una gran oportunidad.
*Presidente Partido Solidario de Argentina. Ex diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires
