A un año de la vuelta al FMI
Por Carlos Heller
16 Mayo 2019
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Se cumplió un año del anuncio del presidente Macri (8/5/18) en el cual informó la solicitud de un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Lejos quedó la frase que sostenía que el acuerdo se hacía “de manera preventiva”.
En aquel momento afirmé (Tiempo Argentino, 13/5/18): “Todavía no se conocen los avances de la negociación, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y la recaudación. Ello implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar”. Un calco de lo que terminó ocurriendo. Lamentablemente no había muchas posibilidades de fallar con el pronóstico. La historia y el razonamiento económico daban una pauta de lo que pasaría luego.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, señaló hace unos días: “la transición de Argentina de una economía muy controlada a una más orientada a los mercados libres está demostrando ser más compleja de lo previsto”. La responsabilidad es más que clara: primero, del actual Gobierno, luego del FMI. Excede incluso la mala praxis.
En cuanto a la hipoteca que se deja, juntando los desembolsos de 2018 y 2019 se llega al 90% del total de la “ayuda” otorgada, los 57.500 millones de dólares. Significa que el próximo gobierno, más allá del signo que tenga, casi no recibirá nada. No obstante, deberá pagar entre 2022 y 2023 cerca de 43.000 millones de dólares, algo más del 10% del PIB en dólares de todo un año. Estas cifras dan una pauta de cómo se logró agravar la solvencia externa con la vuelta al FMI.
Por presión del gobierno de Donald Trump, la autorización del FMI para intervenir con los recursos prestados para estabilizar el tipo de cambio da vía libre para facilitar la fuga de capitales, lo cual impacta en los dólares disponibles para pagar la deuda en los próximos años. Va contra el propio estatuto del organismo, que no permite utilizar los fondos para financiar las salidas de capitales. Y hay algo que mucho no se conoce: en ciertos casos (la situación actual de Argentina encaja perfectamente) el Convenio Constitutivo permite (artículo VI) el uso de herramientas de control de capitales, aunque el Gobierno no está dispuesto a aplicarlas, aún a riesgo de seguir hipotecando al país. Queda claro que alternativas siempre existen.
Recientemente, desde una parte de la oposición se ha dicho que debe ser este Gobierno quien renegocie el acuerdo con el Fondo, para que el próximo gobierno tenga algo más de aire. ¿Estará pensando en algo de esto la gestión actual?
Toda renegociación tiene complejidades. Es interesante rescatar las palabras del exrepresentante ante el FMI, Héctor Torres, quien afirmó: “lo que le preocupa al mercado es el endeudamiento con el FMI”. Para el exfuncionario, una de las opciones que existen es “transformar este programa (stand by) en uno de facilidades extendidas (…), que está cargado de condicionalidad estructural, que requiere de un acuerdo del ejecutivo con el legislativo (…), un fuerte liderazgo político y un consenso nacional sobre lo que hay que hacer”. No resulta extraño pensar que esta idea se relaciona con los “10 puntos” que se incluyen en la reciente carta del presidente Macri, que entre otras cuestiones menciona la reforma laboral y previsional. Ningún futuro promisorio puede esperarse si se mantienen estas políticas.
Lo único que tenía de “preventivo” el acuerdo con el FMI es el deseo de evitar por todos los medios la deslegitimación de este modelo que gobierna para los mercados y privilegia a la especulación financiera.
De allí que la negociación debería encararse a partir de lograr una economía profundamente equitativa, que fomente la producción y el empleo y garantice efectivamente los derechos y la dignidad de las personas, en especial de las mayorías que hoy se encuentran injustamente perjudicadas.
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Se cumplió un año del anuncio del presidente Macri (8/5/18) en el cual informó la solicitud de un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Lejos quedó la frase que sostenía que el acuerdo se hacía “de manera preventiva”.
En aquel momento afirmé (Tiempo Argentino, 13/5/18): “Todavía no se conocen los avances de la negociación, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y la recaudación. Ello implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar”. Un calco de lo que terminó ocurriendo. Lamentablemente no había muchas posibilidades de fallar con el pronóstico. La historia y el razonamiento económico daban una pauta de lo que pasaría luego.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, señaló hace unos días: “la transición de Argentina de una economía muy controlada a una más orientada a los mercados libres está demostrando ser más compleja de lo previsto”. La responsabilidad es más que clara: primero, del actual Gobierno, luego del FMI. Excede incluso la mala praxis.
En cuanto a la hipoteca que se deja, juntando los desembolsos de 2018 y 2019 se llega al 90% del total de la “ayuda” otorgada, los 57.500 millones de dólares. Significa que el próximo gobierno, más allá del signo que tenga, casi no recibirá nada. No obstante, deberá pagar entre 2022 y 2023 cerca de 43.000 millones de dólares, algo más del 10% del PIB en dólares de todo un año. Estas cifras dan una pauta de cómo se logró agravar la solvencia externa con la vuelta al FMI.
Por presión del gobierno de Donald Trump, la autorización del FMI para intervenir con los recursos prestados para estabilizar el tipo de cambio da vía libre para facilitar la fuga de capitales, lo cual impacta en los dólares disponibles para pagar la deuda en los próximos años. Va contra el propio estatuto del organismo, que no permite utilizar los fondos para financiar las salidas de capitales. Y hay algo que mucho no se conoce: en ciertos casos (la situación actual de Argentina encaja perfectamente) el Convenio Constitutivo permite (artículo VI) el uso de herramientas de control de capitales, aunque el Gobierno no está dispuesto a aplicarlas, aún a riesgo de seguir hipotecando al país. Queda claro que alternativas siempre existen.
Recientemente, desde una parte de la oposición se ha dicho que debe ser este Gobierno quien renegocie el acuerdo con el Fondo, para que el próximo gobierno tenga algo más de aire. ¿Estará pensando en algo de esto la gestión actual?
Toda renegociación tiene complejidades. Es interesante rescatar las palabras del exrepresentante ante el FMI, Héctor Torres, quien afirmó: “lo que le preocupa al mercado es el endeudamiento con el FMI”. Para el exfuncionario, una de las opciones que existen es “transformar este programa (stand by) en uno de facilidades extendidas (…), que está cargado de condicionalidad estructural, que requiere de un acuerdo del ejecutivo con el legislativo (…), un fuerte liderazgo político y un consenso nacional sobre lo que hay que hacer”. No resulta extraño pensar que esta idea se relaciona con los “10 puntos” que se incluyen en la reciente carta del presidente Macri, que entre otras cuestiones menciona la reforma laboral y previsional. Ningún futuro promisorio puede esperarse si se mantienen estas políticas.
Lo único que tenía de “preventivo” el acuerdo con el FMI es el deseo de evitar por todos los medios la deslegitimación de este modelo que gobierna para los mercados y privilegia a la especulación financiera.
De allí que la negociación debería encararse a partir de lograr una economía profundamente equitativa, que fomente la producción y el empleo y garantice efectivamente los derechos y la dignidad de las personas, en especial de las mayorías que hoy se encuentran injustamente perjudicadas.
