24 mayo, 2019
702 líderes sociales y 135 excombatientes habrían sido asesinados desde firma del Acuerdo
El movimiento Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denuncian un aumento sistemático en la violencia hacia líderes sociales y excombatientes de las Farc. Según el informe Todos los nombres, todos los rostros, “aún faltan desarrollos normativos y acciones efectivas para enfrentar la violencia sistemática en contra de comunidades, organizaciones y liderazgos”.
Sobre el panorama actual de homicidios aseguran que entre estos dos grupos que requieren especial protección del Estado ha habido 837 personas asesinadas entre enero de 2016 y mayo de 2019. De esta cifra, 702 serían líderes sociales y 135, excombatientes de las Farc. Además, según las organizaciones, desde la llegada de Iván Duque a la presidencia tienen registro de 236 líderes asesinados, un repunte en las cifras en los diez meses que lleva en el cargo.
Según el informe, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tienen un factor geográfico. Entre el 1° de enero y el 22 de mayo del 2019 se han presentado 88 asesinatos en 55 municipios, mientras que en el 2018 hubo 282 asesinatos en 138 de municipios. Para Indepaz, en el 2017 y en el 2016 los departamentos donde más se registraron estos crímenes fueron Cauca, Nariño y Antioquia.
Otro factor determinante, para las organizaciones, es la identidad de las víctimas. De los 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, la mayoría pertenecían a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del Acuerdo, 499 víctimas de homicidios han sido líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. Los crímenes también tendrían una relación con la construcción de género. De los 702 asesinatos registrados, 604 víctimas fueron hombres y 98 mujeres.
La causa presunta que más incide en estos asesinatos es el conflicto de tierras. Según el informe, gran parte de los asesinados defendían el territorio y los recursos naturales, pues representan el 71.08 % de los homicidios. Por otro lado, las muertes que estarían relacionadas con cultivos de coca, ya sea pactos de sustitución o erradicación forzada, suman 77 desde la firma del Acuerdo. Esta se descompone así: dos en 2016, 20 en 2017, 44 en 2018 y 5 en 2019.
Entre los presuntos autores de los homicidios, el informe resalta a exmiembros de grupos paramilitares, grupos armados ilegales como el ELN y el EPL, así como miembros de la Fuerza Pública o grupos armados residuales. Para amenazar a sus víctimas, estos actores recurren a diversas tácticas entre panfletos, llamadas y mensajes por chat o redes sociales, que son difundidas tanto en áreas urbanas como en el campo.
El movimiento Marcha Patriótica, que también participa como autor del informe, asegura que 200 de sus integrantes han sido asesinados desde su creación. De estos, 77 casos han ocurrido desde la firma del Acuerdo. Según el movimiento, en 20 de los 32 departamentos de Colombia se han presentado homicidios en contra de sus integrantes.
El Espectador
Nuevos falsos positivos revelados por el NYT: las órdenes son aumentar los combates y los muertos
Por Camilo Rengifo Marín
El Ejército colombiano citó el miércoles 22 a una reunión a 15 militares en la Segunda División en Bucaramanga, para que «confesaran» quiénes habían servido como fuentes para el informe de The New York Times del fin de semana pasado, donde se afirma que las órdenes recibidas desde el alto mando militar son las de aumentar no solo los combates sino también las muertes, apuntando a facilitar nuevos “falsos positivos”.
Como falsos positivo se conoce al asesinato deliberado de civiles por militares y/o paramilitares, a quienes enterraban con prendas de uso militar y armas plantadas por parte de la Fuerza Pública. El artículo de The New York Times sostiene que esas son las indicaciones de este nuevo mando, que nombró el presidente Iván Duque en diciembre pasado. Esta semana el gobierno comenzó la cacería de las fuentes de la nota del diario estadounidense.
El artículo de The New York Times, titulado «Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales», generó una profunda molestia en el gobierno de Iván Duque y propició una carta que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el canciller Carlos Holmes, enviaron al diario estadounidense el pasado 19 de mayo, donde califican el artículo como “parcial, tendencioso y distorsionado”. Agrega que indicadores de la naturaleza de subir las bajas son “inaceptables para el gobierno de Colombia”.
Lo que ha dado de qué hablar es el tono agresivo y sin sustento, poco usual en las comunicaciones de la cancillería, en una carta en inglés dirigida al “editor” del periódico, sin mencionar su nombre. «El artículo sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucciones contrarias a nuestra Constitución y nuestra legislación», manifestaron los ministros. «Con el fin de llegar a la conclusión en que se soporta el titular del artículo, el autor se refiere a supuestas entrevistas con oficiales de identidad reservada y documentación citada parcialmente y sacada de contexto».
Botero y los altos mandos militares, los generales Nicacio Martínez y Luis Fernando Navarro, han rechazado tajantemente que se hayan dado instrucciones apuntando a facilitar nuevos falsos positivos, como se conoce al asesinato deliberado de civiles, a quienes enterraban con prendas de uso militar y armas plantadas, por parte de la Fuerza Pública. El artículo de The New York Times, por su parte, sostiene que las indicaciones de este nuevo mando, que nombró el presidente Iván Duque en diciembre pasado, son aumentar no solo los combates sino también las muertes.
El comandante de la Segunda División, general Mauricio Moreno Rodríguez, envió un comunicado de prensa horas después de que trascendiera la reunión mencionada. El alto oficial confirmó el encuentro, pero dijo que tiene otro propósito: «adelantar temáticas sobre el desarrollo de operaciones militares y para establecer los parámetros de la operación Artemisa, que une esfuerzos militares y civiles sobre protección ambiental».
El diario El Espectador reveló que a los 15 militares que citaron les revisaron sus celulares y que sí llevaron a tres poligrafistas y añadió que un tema en particular inquieta al alto mando castrense: la reunión entre oficiales de inteligencia militar y comandantes regionales en Cúcuta, con presencia el general Diego Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, que pertenece a la Segunda División y opera en el Catatumbo, reveló The New York Times.
«Según los militares, en la reunión les dijeron que tenían ‘que hacer lo que sea’, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre bandas armadas rivales ‘para generar resultados’», advirtió el medio estadounidense. Villegas fue reseñado recientemente por la prensa por una cuestionada actuación de un cabo bajo su mando, que habría asesinado a Dumar Torres, un exguerrillero de las Farc, el pasado 22 de abril en una vereda del Catatumbo.
Poco después, reveló este diario, se conoció que en manos de los fiscales delegados ante la Corte Suprema ya está toda la información que el ente investigador ha recopilado contra Villegas, contra quien incluso se alcanzó a librar una orden de captura. ¿La razón? Casos de ejecuciones extrajudiciales.
El hecho es que el tema de esta reunión en la Segunda División ha prendido todas las alarmas. Este diario pudo confirmar también que, en este momento, representantes de la Procuraduría se dirigen hacia la sede de la Segunda División en Bucaramanga, para constatar qué está ocurriendo allí. «Estamos en el tema», le dijo una fuente de ese organismo a El Espectador.
El artículo del NYT
El artículo de The New York Times, firmado por Nicholas Casey, generó una profunda molestia en el gobierno del ultraderechista Iván Duque. En él asegura que el comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales.
La parte sustancial de la nota señala:
“A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente, dijeron los oficiales.
Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
Los militares implementaron una estrategia similar para derrotar a los grupos rebeldes y paramilitares de Colombia a mediados de la década de los 2000, antes de que se firmara un acuerdo de paz histórico que finalizó con décadas de conflicto.
Pero esas tácticas causaron la indignación nacional cuando se supo que los soldados, con el objetivo de cumplir sus cuotas, cometieron asesinatos generalizados y desapariciones de civiles. Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país, según las órdenes revisadas por el NYT y tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas.
Las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares. El ejército de Colombia sigue siendo investigado por la serie de asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de 2000, conocidos como “falsos positivos”. Los soldados mataban a campesinos y afirmaban que eran guerrilleros, a veces incluso vistiéndolos con uniforme y plantando armas cerca de sus cuerpos. Las tácticas surgieron de los superiores que exigían un mayor número de cuerpos, de acuerdo con los fiscales.
En largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos. En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar.
Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000”.
“Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, dijo uno de los oficiales, quienes hablaron con la condición de mantener su anonimato por temor a las represalias de sus superiores. El mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército de Colombia, reconoció haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes.
Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales. “La amenaza criminal se incrementó”, dijo. “Si seguimos al ritmo que veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos”.
La denuncia del general Matamoros en noviembre de 2015
Estrategia
ONU urge medidas preventivas de protección a defensores de DD HH
El asesinato de líderes sociales en el país no da tregua. Este es, precisamente, uno de los puntos sobre los que más llamó este jueves la atención la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
Ese fenómeno persistió el año pasado, no obstante las acciones del Gobierno Nacional para contrarrestar las amenazas y homicidios de estas personas y avances en las investigaciones de los casos.
El informe fue presentado este jueves en Cúcuta, en el marco de la situación que se vive en el Catatumbo, y allí la ONU señaló que hasta la fecha había documentado 116 homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos en el 2018, una cifra que podría crecer si el organismo multilateral confirma nuevos casos en terreno y con distintas fuentes.
Este año, según conoció EL TIEMPO, la ONU ya ha recibido reportes de 57 posibles casos de líderes y defensores asesinados, que están en proceso de documentación.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos el año pasado ocurrieron en 24 de los 32 departamentos del país y se concentran principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, que representan el 37 por ciento de los casos confirmados.
Solo en Norte de Santander se presentaron 18 asesinatos –el triple del promedio anual registrado en los tres años anteriores– y 10 de esos hechos se presentaron en la región del Catatumbo.
Cabe recordar que el Gobierno Nacional señaló este año que hay más de 4.000 líderes sociales y de DD. HH. con protección individual y hay 35 medidas de protección colectiva para algunas comunidades.
De hecho, en abril pasado, delegados del Gobierno explicaron en La Haya los principales ejes del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y de DD. HH. El plan incluye, entre otros, la articulación de las entidades del Estado, la intervención integral de los territorios, la atención de las alertas tempranas y las necesidades de los territorios.
La Fiscalía, además, ha reportado que los crímenes contra estas personas se han esclarecido en un 55 por ciento.
Ante el aumento del riesgo que corren los líderes sociales, el informe señala la preocupación de la Alta Comisionada porque en muchas ocasiones las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no responden a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor.
“La Alta Comisionada reitera que debe priorizarse el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal”, señala el documento.
Los principales perpetradores, según el organismo multilateral, son miembros de antiguas estructuras paramilitares (40 %), grupos armados ilegales (18 %), Eln (8 %) y disidencias de las Farc (8 %).
El 93 por ciento de los casos de homicidios ocurrieron en contextos regionales, que para la ACNUDH “registran una débil o nula presencia del Estado, y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del acuerdo de paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”.
De acuerdo con el informe anual, las personas que tienen mayor riesgo son líderes comunales, miembros de organizaciones sociales y funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo y de las personerías.
La Alta Comisionada señala que el 66 por ciento de los asesinatos estarían relacionados con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o al apoyo a la implementación del acuerdo de paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último en Cauca y Putumayo.
El Tiempo
