¿Qué es lo que preocupa del uso de las armas de descarga eléctrica?
07 Mayo 2019
Las Armas No Letales utilizan una descarga eléctrica para anular el sistema nervioso central y provocar una contracción involuntaria del tejido muscular.
Las armas "incapacitantes" generan temor por los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes. Bullrich podría adquirir pistolas, bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos.
En China, uno de los mayores exportadores de elementos de tortura del mundo, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI), se equipa a los policías con bastones de descarta eléctrica con puás.
En América latina no existen estudios oficiales que documenten la letalidad de este tipo de dispositivos. Sin embargo, relevamientos de fundaciones y ONG y los reportes de casos en EEUU y Europa deben ser tomados como “lecciones valiosas” para la región.
Amnistía Internacional dio cuenta que un “importante número de investigaciones médicas indican que una exposición corta a AML eléctricas no presenta riesgos probados y que la mayoría de las muertes generadas por armas eléctricas fueron resultado de exposición prolongada o repetida, asfixia, condiciones de salud preexistentes (como arritmias o uso de marcapasos) o ingestión previa de sustancias tóxicas”.
Omega Reserch Foundation aseguró que la legitimidad no otorgar una efectividad en el uso y consideró que deben ser prohibidas a nivel global. “Los dispositivos disparan dardos unidos al arma por cables delgados. En el impacto, los dardos emiten una descarga eléctrica que causa incapacitación neuromuscular y dolor extremo”, indicó Omega, la organización británica dedicada investigar la fabricación, comercio y uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales.
“La mayoría de los modelos también pueden mostrar una chispa a través de los electrodos y pueden utilizarse como armas paralizantes, administrando una dolorosa descarga eléctrica localizada”, agregó en un informe titulado Herramientas de Tortura y Represión en América del Sur.
La página oficial de Taser International admite que sus pistolas transmiten pulsos eléctricos a través de los cables hacia el cuerpo, inmovilizando las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico y paralizando temporalmente a la persona. Según dicen los fabricantes, la energía puede penetrar hasta cuatro centímetros de ropa, dos centímetros por dardo.
Foto: gentileza Reuters
El mayor temor es cuando se aplican sobre quienes han padecido o padecen enfermedades cardíacas o similares, sobre personas con trastornos mentales, en estado de embriaguez, con demencia senil o epilépticos.
Las Taser registran día, hora y tiempo en que fueron utilizadas y por quién. Los dispositivos cuentan con número de serie y pueden grabar audio y video. Todo eso permitiría esclarecer las circunstancias ante la sospecha de abuso de la fuerza. Esa es otra de las preocupaciones: el uso excesivo de la fuerza.
Excesivos
En Estados Unidos al menos 43 personas murieron en 25 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias se elevó a menos 670 desde 2001, advirtió Amnistía Internacional en su informe anual de 2016. “La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se recurrió al arma Taser”, afirmó la ONG con más de 3 millones de simpatizantes y presencia en 150 países.
En Ecuador fueron utilizadas con “fuerza excesiva” y para “detenciones arbitrarias” durante las protestas del 17 y 18 de septiembre de 2014. Según Human Rights Watch, varios de los apresados fueron sometidos a descargas eléctricas durante el arresto y mientras estaban en custodia.
En Colombia se registraron varios casos. El más conmocionante ocurrió en junio de 2014 en el barrio marginal La Playita, de la localidad de Buenaventura, a 500 km de Bogotá, durante una asamblea del Espacio Humanitario Puente Nayero. Según denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el joven afrocolombiano Wiston Stiven González Castillo fue llevado por dos policías en medio de la reunión y torturado en el hombro, cuello y los testículos con armas de descarga eléctrica hasta que se quedaron sin batería.
En Venezuela la Red de Apoyo a la Justicia y la Paz informó que el 11% de las víctimas de tortura y malos tratos entre 2003 y 2011 habían sido sometidas a descargas eléctricas.
Tanto en Colombia como en Venezuela se reportó el uso de las armas no letales en cárceles. Amnistía Caracas reveló en octubre de 2014 que Gloria Tobón, una detenida en las marchas opositoras de marzo anterior, fue mojada con agua antes de recibir descargas eléctricas en los brazos, senos y genitales.
El boliviano Michael Ylimori Daza alegó en agosto de 2014 que fue torturado por efectivos para que confiese un asesinato. Luego de su declaración, el Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia ratificó que las lesiones en su cuerpo habían sido provocadas por un arma de descarga eléctrica.
En Chile el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Gonzalo Yusef, reconoció que la experiencia con estas armas “no fue exitosa” para controlar grandes manifestaciones ni desórdenes particulares.
La Ley y el orden
Otra de las preocupaciones es la falta de transparencia en la comercialización de estas armas. “Para mejorar los regímenes de control de exportación, se deben incluir en la legislación nacional listas claras de equipos cuya exportación esté sujeta a licencias, se deben implementar controles de manera efectiva y se deben implementar salvaguardas sólidas de derechos humanos para evitar transferencias irresponsables”, recomendó Omega Research.
Para la fundación inglesa, es muy inquietante la ausencia de transparencia en la presentación de informes sobre las ventas de ANL. “Los acuerdos de producción con licencia son cada vez más comunes y los Estados deben tomar medidas para evitar que se utilicen para evadir los controles de exportación”, alertaron. Hasta ahora, no se sabe qué marca, modelo ni de qué país fabricante serán las armar que circularán en menos de 60 días por el país.
Los cañones sónicos fueron desarrollados a pedido del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Ningún país admitió públicamente haberlos utilizado. El primer cañón lo desarrolló el alemán Richard Wallauschek en la Segunda Guerra Mundial.
Si bien el Comité contra la Tortura, órgano de la Convención contra la Tortura de la ONU, con rango constitucional en la Argentina, establece que el uso del arma Taser implica una violación a los derechos humanos, no existe un marco normativo internacional que regule y clasifique instrumentos policiales. Una preocupación más.
Para Wilma Martínez, abogada del Observatorio de Derechos Humanos argentino, estas armas conllevaba un “peligro inminente” para cualquier ciudadano, más allá del protocolo de uso establecido por Patricia Bullrich. “Los agentes de seguridad no podrían prever -aun mediando un protocolo de uso que aún no existe- el efecto letal sobre el universo de personas vulnerables, como ejemplo, con dolencias cardíacas, mujeres embarazadas o bajo el efecto de drogas”, detalló en diálogo con ámbito.com.
“Se tratan de picanas portátiles, inalámbricas. Esto no puede pasar inadvertido. Si la utilización de las picanas es ilegal y repudiada por la sociedad cuando se la emplea en un ‘interrogatorio’ en un sótano policial, también lo es cuando se la utilice para reducir a un delincuente o manifestante”, recalcó la letrada.
Promesas
El Tribunal Superior de Justicia porteño autorizó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a usarlas. Los jueces capitalinos aseguran que como todavía no hay un daño, no se las puede prohibir. “¿La Justicia solo va a actuar cuando haya un muerto o un torturado?”, se preguntó la abogada Martínez.
“El recurso de amparo tiene, entre otras, esa función específica. Amparar a las personas para que no sean violados sus derechos humanos, cuando el daño sea actual o inminente. El Superior Tribunal de Justicia borró con un fallo, la letra de la Constitución de un plumazo”, replicó. La Corte Suprema tiene para resolver un recurso extraordinario sobre este tema.
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro aclaró que es una “herramienta de tipo disuasivo” y prometió diseñar un “exhaustivo” programa de capacitación del personal. Otra de las preocupaciones.
En la Resolución 395, la ministra Bullrich justificó las millonarias compras en estudios de la Universidad de California (UCSD), la de Winston-Salem y del Instituto de Medicina Legal de Málaga que aseguran que “no tienen efectos letales”. Apunta que se serán un “medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”.
D’Alessandro dijo en una repuesta a un pedido de informes del ODH que no sólo capacitarán a los metropolitanos y federales “en el aspecto táctico sino también respecto de los fundamentos teóricos que justifican su uso, los riesgos asociados (en términos de impacto en la salud e integridad física de las personas con quienes se produzca el enfrentamiento y de todos aquellos que pudiesen verse colateralmente afectados) y los mecanismos internos de rendición de cuentas del personal policial en casos de uso excesivo, entre otras orientaciones imprescindibles”.
En este marco, el UNLIREC emitió cinco recomendaciones para los países que tengan intención de adoptar Armas Menos Letales.
Las Armas No Letales utilizan una descarga eléctrica para anular el sistema nervioso central y provocar una contracción involuntaria del tejido muscular.
Las armas "incapacitantes" generan temor por los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes. Bullrich podría adquirir pistolas, bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos.
Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las pistolas de descarga eléctrica, el Gobierno nacional avanzó con la regulación del uso de las “armas electrónicas de uso no letales”, que los defensores de los derechos humanos denominaron “neopicanas”.
Las principales preocupaciones que rodean a las armas “incapacitantes” son los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes.
Las ANL que los ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad pretenden adquirir no solo son las Taser X26. Dentro de la definición del primer párrafo también se podrían incluir bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos.
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) alertó por las potenciales consecuencias físicas y cognitivas de las armas menos letales, que incluyen lesiones y, eventualmente, la muerte.
Aunque el trabajo de la ONU citó un estudio de 2008 del National Institute of Justice que demostró una disminución de casi 60% en las probabilidades de generar una lesión en un sospechoso, la UNILIREC remarcó que “grueso” de las preocupaciones se vincula a las lesiones que pueden generar en ciudadanos “inocentes” y en circunstancias en donde los individuos no puedan defenderse.
Las principales preocupaciones que rodean a las armas “incapacitantes” son los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes.
Las ANL que los ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad pretenden adquirir no solo son las Taser X26. Dentro de la definición del primer párrafo también se podrían incluir bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos.
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) alertó por las potenciales consecuencias físicas y cognitivas de las armas menos letales, que incluyen lesiones y, eventualmente, la muerte.
Aunque el trabajo de la ONU citó un estudio de 2008 del National Institute of Justice que demostró una disminución de casi 60% en las probabilidades de generar una lesión en un sospechoso, la UNILIREC remarcó que “grueso” de las preocupaciones se vincula a las lesiones que pueden generar en ciudadanos “inocentes” y en circunstancias en donde los individuos no puedan defenderse.
En China, uno de los mayores exportadores de elementos de tortura del mundo, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI), se equipa a los policías con bastones de descarta eléctrica con puás.
En América latina no existen estudios oficiales que documenten la letalidad de este tipo de dispositivos. Sin embargo, relevamientos de fundaciones y ONG y los reportes de casos en EEUU y Europa deben ser tomados como “lecciones valiosas” para la región.
Amnistía Internacional dio cuenta que un “importante número de investigaciones médicas indican que una exposición corta a AML eléctricas no presenta riesgos probados y que la mayoría de las muertes generadas por armas eléctricas fueron resultado de exposición prolongada o repetida, asfixia, condiciones de salud preexistentes (como arritmias o uso de marcapasos) o ingestión previa de sustancias tóxicas”.
Omega Reserch Foundation aseguró que la legitimidad no otorgar una efectividad en el uso y consideró que deben ser prohibidas a nivel global. “Los dispositivos disparan dardos unidos al arma por cables delgados. En el impacto, los dardos emiten una descarga eléctrica que causa incapacitación neuromuscular y dolor extremo”, indicó Omega, la organización británica dedicada investigar la fabricación, comercio y uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales.
“La mayoría de los modelos también pueden mostrar una chispa a través de los electrodos y pueden utilizarse como armas paralizantes, administrando una dolorosa descarga eléctrica localizada”, agregó en un informe titulado Herramientas de Tortura y Represión en América del Sur.
La página oficial de Taser International admite que sus pistolas transmiten pulsos eléctricos a través de los cables hacia el cuerpo, inmovilizando las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico y paralizando temporalmente a la persona. Según dicen los fabricantes, la energía puede penetrar hasta cuatro centímetros de ropa, dos centímetros por dardo.
Foto: gentileza Reuters
El mayor temor es cuando se aplican sobre quienes han padecido o padecen enfermedades cardíacas o similares, sobre personas con trastornos mentales, en estado de embriaguez, con demencia senil o epilépticos.
Las Taser registran día, hora y tiempo en que fueron utilizadas y por quién. Los dispositivos cuentan con número de serie y pueden grabar audio y video. Todo eso permitiría esclarecer las circunstancias ante la sospecha de abuso de la fuerza. Esa es otra de las preocupaciones: el uso excesivo de la fuerza.
Excesivos
En Estados Unidos al menos 43 personas murieron en 25 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias se elevó a menos 670 desde 2001, advirtió Amnistía Internacional en su informe anual de 2016. “La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se recurrió al arma Taser”, afirmó la ONG con más de 3 millones de simpatizantes y presencia en 150 países.
En Ecuador fueron utilizadas con “fuerza excesiva” y para “detenciones arbitrarias” durante las protestas del 17 y 18 de septiembre de 2014. Según Human Rights Watch, varios de los apresados fueron sometidos a descargas eléctricas durante el arresto y mientras estaban en custodia.
En Colombia se registraron varios casos. El más conmocionante ocurrió en junio de 2014 en el barrio marginal La Playita, de la localidad de Buenaventura, a 500 km de Bogotá, durante una asamblea del Espacio Humanitario Puente Nayero. Según denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el joven afrocolombiano Wiston Stiven González Castillo fue llevado por dos policías en medio de la reunión y torturado en el hombro, cuello y los testículos con armas de descarga eléctrica hasta que se quedaron sin batería.
En Venezuela la Red de Apoyo a la Justicia y la Paz informó que el 11% de las víctimas de tortura y malos tratos entre 2003 y 2011 habían sido sometidas a descargas eléctricas.
Tanto en Colombia como en Venezuela se reportó el uso de las armas no letales en cárceles. Amnistía Caracas reveló en octubre de 2014 que Gloria Tobón, una detenida en las marchas opositoras de marzo anterior, fue mojada con agua antes de recibir descargas eléctricas en los brazos, senos y genitales.
El boliviano Michael Ylimori Daza alegó en agosto de 2014 que fue torturado por efectivos para que confiese un asesinato. Luego de su declaración, el Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia ratificó que las lesiones en su cuerpo habían sido provocadas por un arma de descarga eléctrica.
En Chile el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Gonzalo Yusef, reconoció que la experiencia con estas armas “no fue exitosa” para controlar grandes manifestaciones ni desórdenes particulares.
La Ley y el orden
Otra de las preocupaciones es la falta de transparencia en la comercialización de estas armas. “Para mejorar los regímenes de control de exportación, se deben incluir en la legislación nacional listas claras de equipos cuya exportación esté sujeta a licencias, se deben implementar controles de manera efectiva y se deben implementar salvaguardas sólidas de derechos humanos para evitar transferencias irresponsables”, recomendó Omega Research.
Para la fundación inglesa, es muy inquietante la ausencia de transparencia en la presentación de informes sobre las ventas de ANL. “Los acuerdos de producción con licencia son cada vez más comunes y los Estados deben tomar medidas para evitar que se utilicen para evadir los controles de exportación”, alertaron. Hasta ahora, no se sabe qué marca, modelo ni de qué país fabricante serán las armar que circularán en menos de 60 días por el país.
Los cañones sónicos fueron desarrollados a pedido del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Ningún país admitió públicamente haberlos utilizado. El primer cañón lo desarrolló el alemán Richard Wallauschek en la Segunda Guerra Mundial.
Si bien el Comité contra la Tortura, órgano de la Convención contra la Tortura de la ONU, con rango constitucional en la Argentina, establece que el uso del arma Taser implica una violación a los derechos humanos, no existe un marco normativo internacional que regule y clasifique instrumentos policiales. Una preocupación más.
Para Wilma Martínez, abogada del Observatorio de Derechos Humanos argentino, estas armas conllevaba un “peligro inminente” para cualquier ciudadano, más allá del protocolo de uso establecido por Patricia Bullrich. “Los agentes de seguridad no podrían prever -aun mediando un protocolo de uso que aún no existe- el efecto letal sobre el universo de personas vulnerables, como ejemplo, con dolencias cardíacas, mujeres embarazadas o bajo el efecto de drogas”, detalló en diálogo con ámbito.com.
“Se tratan de picanas portátiles, inalámbricas. Esto no puede pasar inadvertido. Si la utilización de las picanas es ilegal y repudiada por la sociedad cuando se la emplea en un ‘interrogatorio’ en un sótano policial, también lo es cuando se la utilice para reducir a un delincuente o manifestante”, recalcó la letrada.
Promesas
El Tribunal Superior de Justicia porteño autorizó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a usarlas. Los jueces capitalinos aseguran que como todavía no hay un daño, no se las puede prohibir. “¿La Justicia solo va a actuar cuando haya un muerto o un torturado?”, se preguntó la abogada Martínez.
“El recurso de amparo tiene, entre otras, esa función específica. Amparar a las personas para que no sean violados sus derechos humanos, cuando el daño sea actual o inminente. El Superior Tribunal de Justicia borró con un fallo, la letra de la Constitución de un plumazo”, replicó. La Corte Suprema tiene para resolver un recurso extraordinario sobre este tema.
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro aclaró que es una “herramienta de tipo disuasivo” y prometió diseñar un “exhaustivo” programa de capacitación del personal. Otra de las preocupaciones.
En la Resolución 395, la ministra Bullrich justificó las millonarias compras en estudios de la Universidad de California (UCSD), la de Winston-Salem y del Instituto de Medicina Legal de Málaga que aseguran que “no tienen efectos letales”. Apunta que se serán un “medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”.
D’Alessandro dijo en una repuesta a un pedido de informes del ODH que no sólo capacitarán a los metropolitanos y federales “en el aspecto táctico sino también respecto de los fundamentos teóricos que justifican su uso, los riesgos asociados (en términos de impacto en la salud e integridad física de las personas con quienes se produzca el enfrentamiento y de todos aquellos que pudiesen verse colateralmente afectados) y los mecanismos internos de rendición de cuentas del personal policial en casos de uso excesivo, entre otras orientaciones imprescindibles”.
En este marco, el UNLIREC emitió cinco recomendaciones para los países que tengan intención de adoptar Armas Menos Letales.
Incorporar en la normativa nacional de manera clara el control y regulación de las AML.
Desarrollar protocolos que contemplen el uso de la fuerza menos letal como instancia para evitar el uso de armas de fuego y determinen la capacitación requerida para su empleo
Integrar el uso de AML al uso continuo de la fuerza respetando la legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Llevar un registro actualizado de las existencias de AML en posesión de los cuerpos policiales y de la seguridad privada, así como definir lineamientos para su almacenamiento.
Informar a la población sobre las políticas y programas de uso de AML
Desarrollar protocolos que contemplen el uso de la fuerza menos letal como instancia para evitar el uso de armas de fuego y determinen la capacitación requerida para su empleo
Integrar el uso de AML al uso continuo de la fuerza respetando la legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Llevar un registro actualizado de las existencias de AML en posesión de los cuerpos policiales y de la seguridad privada, así como definir lineamientos para su almacenamiento.
Informar a la población sobre las políticas y programas de uso de AML
