La lucha de clases en Europa y la globalización
Por Jose Candela
Abril , 2019
El Estado democrático europeo moderno, tal y como lo conocemos desde 1945, es el resultado de varias secuencias encadenadas de una larga guerra civil, que se extendió desde 1914 a 1945, y su inspiración cultural corresponde a la revolución de 1848. Culminó en la victoria contra el fascismo, con un compromiso entre las fuerzas que apoyaron, libraron y ganaron la II Guerra Mundial: en primer lugar, dos imperios que pronto entrarían en conflicto, pero también una amplia coalición de clases sociales europeas, de la que salió la mayor extensión del Estado liberal que se ha dado en la historia contemporánea: la soberanía popular, el sufragio universal y el Estado del Bienestar.
Durante treinta y cinco años, Europa contempló la emancipación de las colonias, el desarrollo de los derechos ciudadanos para integrar el voto y la ciudadanía femenina, el reconocimiento legal de la seguridad laboral de las clases trabajadoras; unos compromisos que se plasmaron en las instituciones políticas y económicas del Estado del Bienestar, y también en los acuerdos entre estados europeos para crear un área económica común, como camino para la cooperación política y la prevención de conflictos. Todas esas instituciones democráticas consolidaron las instituciones culturales de la democracia europea, ámbito del aprendizaje ciudadano y político de la actual Europa.
La culminación del compromiso de posguerra (máximo empleo, seguridad laboral y bienestar), coincidió con el inicio de su declive en la llamada crisis del petróleo y con el primer tropiezo del dominio imperial de EE.UU; el cual, minado por las deudas acumuladas por la Guerra de Viet-Nam, tuvo que devaluar el dólar y eliminar el patrón oro. Esta misma crisis, inició del desmoronamiento del Imperio soviético, arruinado por la ineficiencia de su economía y la carrera de armamentos, y aceleró la caída de las dictaduras de Grecia, Portugal y España.
La culminación del compromiso de posguerra (máximo empleo, seguridad laboral y bienestar), coincidió con el inicio de su declive en la llamada crisis del petróleo y con el primer tropiezo del dominio imperial de EE.UU; el cual, minado por las deudas acumuladas por la Guerra de Viet-Nam, tuvo que devaluar el dólar y eliminar el patrón oro. Esta misma crisis, inició del desmoronamiento del Imperio soviético, arruinado por la ineficiencia de su economía y la carrera de armamentos, y aceleró la caída de las dictaduras de Grecia, Portugal y España.
La derecha liberal empezó una contraofensiva contra las conquistas sociales, que liberó las fuerzas del capital para su extensión al conjunto del planeta. Esta nueva fase de expansión del capitalismo tuvo un prólogo político en el pacto Nixon-Chu-en-Lai, y se apoyó organizativamente en las nuevas tecnologías de la información y en el abaratamiento del comercio transoceánico, financieramente en la libre circulación de capitales y la liberalización bancaria, e industrialmente en la revolución logística, que convirtió la producción en trasnacional.
El conjunto iniciaba una tercera revolución industrial capitalista que abrió el pacífico y Asia al gran esfuerzo inversor que conocemos como Globalización. Este proceso ha puesto en crisis el propio Estado del Bienestar y sus instituciones, por lo que es imposible pensar la lucha de clases actual al margen del escenario global.
Entre las fuerzas primarias que dan forma a la economía global, el elemento central es la tecnología informática[1]. Las nuevas tecnologías confrontan al “Mundo, ya desde fines del siglo pasado, a una creciente serie de desafíos y problemas que las instituciones actuales se muestran incapaces de afrontar y resolver; entre ellas la centralidad de la Corporación en el gobierno de la economía, porque es el ámbito de la creación, acumulación y gestión del capital intelectual: el conocimiento experto y la capacidad de organización productiva que coordina la cadena mundial de creación de valor. Las Corporaciones crean y se crean sobre nuevas formas de organización del trabajo, que han desplazado del lugar central en la producción al obrero-operador, sustituido primero por el supervisor (Richta, 1971; Bell, 1976), y ambos por el experto y el organizador (Drucker, 1998). Según Piketty, emerge un nuevo componente social de la oligarquías capitalista[2], que marca de forma clara los nuevos rasgos de la desigualdad neoliberal, tanto en Occidente como en las nuevas potencias industriales asiáticas; éstas últimas emergidas de una nueva forma de nacionalismo no liberal, donde se replican las configuraciones de la oligarquía de los países del viejo capitalismo, en cuyo centro ya no están los rentistas del Mundo de ayer, sino los altos ejecutivos. Estos influyen directamente en los gobiernos, como ha sido el papel jugado por Goldman Sachs en el enfoque de la gestión de la crisis de 2008. O en China gobiernan directamente, el Comité Central del Partido Comunista Chino reúne la mayor concentración mundial de multimillonarios.
La respuesta europea a este proceso, ha sido el intento de convertir el Mercado Común en una Unión Europea, que superase los estados-nación; pero la fuerte presión neoliberal de la globalización ha boicoteado la construcción de las nuevas instituciones liberal-democráticas: la UE se ha quedado a medio camino entre Unión política y Área de libre comercio, hipotecando fuertemente sus facultades como actor global.
EL ESTADO NACIONAL EN LA ERA GLOBAL
El contexto histórico y global implica que un estado concreto, el español, está limitado funcionalmente para trazar políticas sociales y económicas, tanto por la extensión y potencia alcanzada por la globalización, como por su pertenencia a la Unión Europea; por otra parte, hay que ser conscientes de que la no pertenencia al bloque regional, la UE, supondría el suicidio como nación. Las fantasías de independencia nacional en el mundo globalizado, pueden llevar a la ruina de los estados, como ocurrió con la Cuba socialista o con el fracaso del primer proyecto de gobierno griego de Tsyriza. Por lo tanto, en la dialéctica de incertidumbres crecientes de la globalización, la acción democrática en el siglo XXI sobre las instituciones económicas, y sobre las instituciones culturales, que orientan y realizan la difusión de la cultura y el conocimiento, solo tendrá eficacia si combina adecuadamente los dos ámbitos de decisión que configuran el futuro: la nación-estado y la Unión Europea. Siendo la primera un ámbito de decisión muy limitado y subordinado a la segunda. Y la segunda, un ámbito siempre amenazado por su carácter plurinacional, pero potencialmente determinante en el ámbito global. Por lo tanto, el camino necesario para recuperar la democracia perdida frente al capitalismo global.
Por lo tanto, una estrategia de cambio profundo debe combinar la perspectiva del estado nación, ámbito de la política democrática tradicional, con las estrategias de cara a Europa, ámbito donde se ha trasladado el poder de las instituciones económicas y, dado el carácter confederal de Europa, a las alianzas entre estados, forma principal en que se instrumentan las políticas en la UE. Aunque existe un Parlamento Europeo, que se manifiesta en el Gobierno de la Comisión; el Consejo seguirá jugando un papel de segunda cámara y las alianzas intergubernamentales seguirán siendo decisivas en la UE. Los problemas sociales, culturales y políticos comunes a la Europa actual, aconsejan una coalición parlamentaria entre el amplio espectro socialista, como bloque trasformador en el sur, con los verdes del norte y el centro. Solo así puede ser pensada Europa, la complejidad y diversidad cultural lo aconsejan; pero las diferencias entre las diferentes sociedades estatales implica que esa doble estrategia, aún esté lejos de ser asumida por ambas fuerzas.
Como las alianzas tienen un doble componente, geográfico y de clase, no habrá real representación europea sin partidos y sindicatos, continentalmente confederados. A partir de esa premisa, se necesita, en primer lugar, clarificar qué políticas tiene que defender el Parlamento europeo, la Comisión y el Consejo, para conseguir la ampliación de la capacidad de actuación nacional, ámbito de la acción democrática. En primer lugar, de las finanzas públicas, hoy en día el emblema máximo de la soberanía, porque lo es de la solidaridad. Solo la UE puede eliminar los refugios paralegales de evasión y blanqueo de capitales, así como la competencia desleal entre estados miembro para captar financiación. Hacer factible el control de los capitales es una tarea imprescindibles para afrontar las necesidades de la acción social del estado. La alternativa es el déficit presupuestario, algo que la globalización y la Unión Europea hacen muy peligroso, pues el endeudamiento suele terminar, como en la época del PP de Aznar, en la venta del patrimonio público, bancos, energéticas, incluso suelo… Solo la autonomía financiera, permite obtener soberanía suficiente para definir el “Bien Común” de cada comunidad nacional de la UE.
En cuanto a las políticas nacionales concretas que la actual estructura del poder global permite a un estado como el español, existen cuatro áreas donde la acción socioeconómica es necesaria: Financiera, Empleo, impulsar un nuevo modelo de desarrollo, y encontrar formas de gestión más participativas, dando entrada a la democracia en la producción. Conseguir holgura financiera para las políticas sociales implica nueva tributación; aunque los tipos y bases deban situarse dentro de los límites que impone la libre circulación de capitales, las necesidades del comercio y la inversión global, hay un margen de 6 puntos del PIB, marcado por la diferencia comparativa respecto a la media del tamaño del sector público en Europa.
En relación con el empleo, la construcción sigue siendo el vehículo más eficiente y eficaz, que habrá que adaptar a la estrategia de lucha contra el cambio climático y la pacificación del tráfico urbano, ambas entrelazadas, y a la de la municipalización de la vida democrática. En esa línea se debería desarrollar una línea de inversiones municipales en vivienda social de alquiler para cubrir el déficit actual, calculado en dos millones de viviendas. Aunque el pago de la financiación se cubriría con los alquileres, se necesitaría dotar la inversión inicial con deuda finalista; cualquier gobierno con voluntad de hacerlo, podría fácilmente presentar un plan a Bruselas, que sería aprobado, porque iría inscrito en la hoja de ruta de la lucha contra el cambio climático: reforma de viviendas para adaptarlas a una mayor eficiencia energética y bloques autosuficientes de energía renovable. El principal problema para la viabilidad de un plan ambicioso de vivienda social, sería dotarlo de suelo urbano. La delimitación del suelo urbano es una herramienta que la actual correlación en la UE permite utilizar para políticas sociales; pero para ello se necesita desarrollar el capítulo de la Constitución que cubre el “bien común”.
El cambio de modelo productivo choca con el veto de la UE a las inversiones públicas para la reindustrialización. Los servicios públicos locales, autonómicos y los transportes nacionales, son el último reducto que queda de inversión pública. Su defensa implica la mejora de su eficiencia y eficacia: las acciones públicas deben priorizar estas líneas estratégicas, si quieren conservarlos. Este capítulo puede ser el proyecto piloto para una de las innovaciones más revolucionarias en el Estado del Bienestar hispánico: la generalización de la calidad total, sistemas de organización participativa de la eficiencia y eficacia de la provisión de servicios y actividades, industriales y profesionales, suficientemente probados en las industrias innovadoras del oriente asiático. A medio camino del servicio público, como tercer sector, se encuentran los Servicios sociales; hasta el parón provocado por la gestión del segundo mandato de Aznar, fueron un vivero de Economía Social. Recuperar la gestión cooperativa significa financiación y calidad total, para que la eficacia del servicio sea mantenida, dentro de unos criterios económicos razonables.
Conectado con los dos programas de empleo y servicios públicos y sociales, existe un terreno inexplorado y con un gran potencial para la acción pública en la economía, que es la trasformación hacia una economía verde; lo que se conoce en los países anglosajones como New Green Deal, y que es el programa de los Verdes europeos[3]. Como el veto de la UE no es extensivo a las ayudas dirigidas a iniciativas cooperativas y empresariales (PYME), la conversión verde de amplios sectores económicos es un arma magnífica para desarrollar nuevas actividades económicas, con base cooperativa, o incorporando PYMES a conglomerados de desarrollo del capital intelectual local; ambos terrenos donde es necesario implicar a los actores sociales en el control de las inversiones públicas.
Cualquiera de estas políticas necesita una trasformación radical del sistema educativo, hacerlo más igualitario, en primer lugar, y eficaz socialmente: inyectando dinero en la investigación universitaria, aprovechando las sinergias con los sistemas públicos del bienestar, y una reforma radical de la FP, para adaptarla a las capacidades culturales de los jóvenes que no desean una educación clásica, para familiarizarlos con las nuevas tecnologías y adaptar las habilidades a las necesidades prácticas de la sociedad. Por último, toda trasformación radical tiene perdedores por inadaptación o por edad y falta de base cultural; sería necesario paliar los efectos de la trasformación económica mediante una renta mínima.
Todo lo anterior, necesita valentía para evitar la privatización del poco patrimonio empresarial público que existe y acercar los estándares del sector público a la media europea. Significa emprender una Reforma Fiscal que recupere el espíritu de la que se llevó a cabo tras la Transición Democrática[4], adaptada a las nuevas realidades empresariales, sociales y tecnológicas del siglo XXI: Impuestos sobre las fortunas y sucesiones; gravamen específico para grandes rentas, particulares y corporativas, por supuesto, pero sin superar los estándares europeos, para evitar la evasión legal; impuestos verdes y tecnológicos, y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, único medio de controlar los movimientos de capitales, y reducir la velocidad de las mismas, haciendo más viable su inspección… Otras propuestas que circulan por ahí son más bonitas, pero su implantación en el contexto de la UE resulta fantasiosa
[1] (Kenichi Ohmae, 1995. END OF THE NATION STATE, Harper Collins Publishers)
[2] (Grant R. M., 1991, Resources, capabilities, and the knowledge-based view): Esta nueva relación de trabajo implica, a su vez, una manera diferente de apropiación del plus-valor, basada en el “Balance entre la corporación y sus empleados”: El poder de apropiación por la empresa sobre el conocimiento creado en ella es directamente proporcional a la dependencia del desempeño de las habilidades de las personas respecto a las rutinas de la organización
[3] Creo que ese término define algo mucho más amplio, que impulsa el proceso de la Globalización
[4] Todas las modificaciones al diseño inicial de Fernández Ordoñez supusieron restar eficacia recaudadora e inspectora al sistema fiscal de la democracia.
Entre las fuerzas primarias que dan forma a la economía global, el elemento central es la tecnología informática[1]. Las nuevas tecnologías confrontan al “Mundo, ya desde fines del siglo pasado, a una creciente serie de desafíos y problemas que las instituciones actuales se muestran incapaces de afrontar y resolver; entre ellas la centralidad de la Corporación en el gobierno de la economía, porque es el ámbito de la creación, acumulación y gestión del capital intelectual: el conocimiento experto y la capacidad de organización productiva que coordina la cadena mundial de creación de valor. Las Corporaciones crean y se crean sobre nuevas formas de organización del trabajo, que han desplazado del lugar central en la producción al obrero-operador, sustituido primero por el supervisor (Richta, 1971; Bell, 1976), y ambos por el experto y el organizador (Drucker, 1998). Según Piketty, emerge un nuevo componente social de la oligarquías capitalista[2], que marca de forma clara los nuevos rasgos de la desigualdad neoliberal, tanto en Occidente como en las nuevas potencias industriales asiáticas; éstas últimas emergidas de una nueva forma de nacionalismo no liberal, donde se replican las configuraciones de la oligarquía de los países del viejo capitalismo, en cuyo centro ya no están los rentistas del Mundo de ayer, sino los altos ejecutivos. Estos influyen directamente en los gobiernos, como ha sido el papel jugado por Goldman Sachs en el enfoque de la gestión de la crisis de 2008. O en China gobiernan directamente, el Comité Central del Partido Comunista Chino reúne la mayor concentración mundial de multimillonarios.
La respuesta europea a este proceso, ha sido el intento de convertir el Mercado Común en una Unión Europea, que superase los estados-nación; pero la fuerte presión neoliberal de la globalización ha boicoteado la construcción de las nuevas instituciones liberal-democráticas: la UE se ha quedado a medio camino entre Unión política y Área de libre comercio, hipotecando fuertemente sus facultades como actor global.
EL ESTADO NACIONAL EN LA ERA GLOBAL
El contexto histórico y global implica que un estado concreto, el español, está limitado funcionalmente para trazar políticas sociales y económicas, tanto por la extensión y potencia alcanzada por la globalización, como por su pertenencia a la Unión Europea; por otra parte, hay que ser conscientes de que la no pertenencia al bloque regional, la UE, supondría el suicidio como nación. Las fantasías de independencia nacional en el mundo globalizado, pueden llevar a la ruina de los estados, como ocurrió con la Cuba socialista o con el fracaso del primer proyecto de gobierno griego de Tsyriza. Por lo tanto, en la dialéctica de incertidumbres crecientes de la globalización, la acción democrática en el siglo XXI sobre las instituciones económicas, y sobre las instituciones culturales, que orientan y realizan la difusión de la cultura y el conocimiento, solo tendrá eficacia si combina adecuadamente los dos ámbitos de decisión que configuran el futuro: la nación-estado y la Unión Europea. Siendo la primera un ámbito de decisión muy limitado y subordinado a la segunda. Y la segunda, un ámbito siempre amenazado por su carácter plurinacional, pero potencialmente determinante en el ámbito global. Por lo tanto, el camino necesario para recuperar la democracia perdida frente al capitalismo global.
Por lo tanto, una estrategia de cambio profundo debe combinar la perspectiva del estado nación, ámbito de la política democrática tradicional, con las estrategias de cara a Europa, ámbito donde se ha trasladado el poder de las instituciones económicas y, dado el carácter confederal de Europa, a las alianzas entre estados, forma principal en que se instrumentan las políticas en la UE. Aunque existe un Parlamento Europeo, que se manifiesta en el Gobierno de la Comisión; el Consejo seguirá jugando un papel de segunda cámara y las alianzas intergubernamentales seguirán siendo decisivas en la UE. Los problemas sociales, culturales y políticos comunes a la Europa actual, aconsejan una coalición parlamentaria entre el amplio espectro socialista, como bloque trasformador en el sur, con los verdes del norte y el centro. Solo así puede ser pensada Europa, la complejidad y diversidad cultural lo aconsejan; pero las diferencias entre las diferentes sociedades estatales implica que esa doble estrategia, aún esté lejos de ser asumida por ambas fuerzas.
Como las alianzas tienen un doble componente, geográfico y de clase, no habrá real representación europea sin partidos y sindicatos, continentalmente confederados. A partir de esa premisa, se necesita, en primer lugar, clarificar qué políticas tiene que defender el Parlamento europeo, la Comisión y el Consejo, para conseguir la ampliación de la capacidad de actuación nacional, ámbito de la acción democrática. En primer lugar, de las finanzas públicas, hoy en día el emblema máximo de la soberanía, porque lo es de la solidaridad. Solo la UE puede eliminar los refugios paralegales de evasión y blanqueo de capitales, así como la competencia desleal entre estados miembro para captar financiación. Hacer factible el control de los capitales es una tarea imprescindibles para afrontar las necesidades de la acción social del estado. La alternativa es el déficit presupuestario, algo que la globalización y la Unión Europea hacen muy peligroso, pues el endeudamiento suele terminar, como en la época del PP de Aznar, en la venta del patrimonio público, bancos, energéticas, incluso suelo… Solo la autonomía financiera, permite obtener soberanía suficiente para definir el “Bien Común” de cada comunidad nacional de la UE.
En cuanto a las políticas nacionales concretas que la actual estructura del poder global permite a un estado como el español, existen cuatro áreas donde la acción socioeconómica es necesaria: Financiera, Empleo, impulsar un nuevo modelo de desarrollo, y encontrar formas de gestión más participativas, dando entrada a la democracia en la producción. Conseguir holgura financiera para las políticas sociales implica nueva tributación; aunque los tipos y bases deban situarse dentro de los límites que impone la libre circulación de capitales, las necesidades del comercio y la inversión global, hay un margen de 6 puntos del PIB, marcado por la diferencia comparativa respecto a la media del tamaño del sector público en Europa.
En relación con el empleo, la construcción sigue siendo el vehículo más eficiente y eficaz, que habrá que adaptar a la estrategia de lucha contra el cambio climático y la pacificación del tráfico urbano, ambas entrelazadas, y a la de la municipalización de la vida democrática. En esa línea se debería desarrollar una línea de inversiones municipales en vivienda social de alquiler para cubrir el déficit actual, calculado en dos millones de viviendas. Aunque el pago de la financiación se cubriría con los alquileres, se necesitaría dotar la inversión inicial con deuda finalista; cualquier gobierno con voluntad de hacerlo, podría fácilmente presentar un plan a Bruselas, que sería aprobado, porque iría inscrito en la hoja de ruta de la lucha contra el cambio climático: reforma de viviendas para adaptarlas a una mayor eficiencia energética y bloques autosuficientes de energía renovable. El principal problema para la viabilidad de un plan ambicioso de vivienda social, sería dotarlo de suelo urbano. La delimitación del suelo urbano es una herramienta que la actual correlación en la UE permite utilizar para políticas sociales; pero para ello se necesita desarrollar el capítulo de la Constitución que cubre el “bien común”.
El cambio de modelo productivo choca con el veto de la UE a las inversiones públicas para la reindustrialización. Los servicios públicos locales, autonómicos y los transportes nacionales, son el último reducto que queda de inversión pública. Su defensa implica la mejora de su eficiencia y eficacia: las acciones públicas deben priorizar estas líneas estratégicas, si quieren conservarlos. Este capítulo puede ser el proyecto piloto para una de las innovaciones más revolucionarias en el Estado del Bienestar hispánico: la generalización de la calidad total, sistemas de organización participativa de la eficiencia y eficacia de la provisión de servicios y actividades, industriales y profesionales, suficientemente probados en las industrias innovadoras del oriente asiático. A medio camino del servicio público, como tercer sector, se encuentran los Servicios sociales; hasta el parón provocado por la gestión del segundo mandato de Aznar, fueron un vivero de Economía Social. Recuperar la gestión cooperativa significa financiación y calidad total, para que la eficacia del servicio sea mantenida, dentro de unos criterios económicos razonables.
Conectado con los dos programas de empleo y servicios públicos y sociales, existe un terreno inexplorado y con un gran potencial para la acción pública en la economía, que es la trasformación hacia una economía verde; lo que se conoce en los países anglosajones como New Green Deal, y que es el programa de los Verdes europeos[3]. Como el veto de la UE no es extensivo a las ayudas dirigidas a iniciativas cooperativas y empresariales (PYME), la conversión verde de amplios sectores económicos es un arma magnífica para desarrollar nuevas actividades económicas, con base cooperativa, o incorporando PYMES a conglomerados de desarrollo del capital intelectual local; ambos terrenos donde es necesario implicar a los actores sociales en el control de las inversiones públicas.
Cualquiera de estas políticas necesita una trasformación radical del sistema educativo, hacerlo más igualitario, en primer lugar, y eficaz socialmente: inyectando dinero en la investigación universitaria, aprovechando las sinergias con los sistemas públicos del bienestar, y una reforma radical de la FP, para adaptarla a las capacidades culturales de los jóvenes que no desean una educación clásica, para familiarizarlos con las nuevas tecnologías y adaptar las habilidades a las necesidades prácticas de la sociedad. Por último, toda trasformación radical tiene perdedores por inadaptación o por edad y falta de base cultural; sería necesario paliar los efectos de la trasformación económica mediante una renta mínima.
Todo lo anterior, necesita valentía para evitar la privatización del poco patrimonio empresarial público que existe y acercar los estándares del sector público a la media europea. Significa emprender una Reforma Fiscal que recupere el espíritu de la que se llevó a cabo tras la Transición Democrática[4], adaptada a las nuevas realidades empresariales, sociales y tecnológicas del siglo XXI: Impuestos sobre las fortunas y sucesiones; gravamen específico para grandes rentas, particulares y corporativas, por supuesto, pero sin superar los estándares europeos, para evitar la evasión legal; impuestos verdes y tecnológicos, y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, único medio de controlar los movimientos de capitales, y reducir la velocidad de las mismas, haciendo más viable su inspección… Otras propuestas que circulan por ahí son más bonitas, pero su implantación en el contexto de la UE resulta fantasiosa
[1] (Kenichi Ohmae, 1995. END OF THE NATION STATE, Harper Collins Publishers)
[2] (Grant R. M., 1991, Resources, capabilities, and the knowledge-based view): Esta nueva relación de trabajo implica, a su vez, una manera diferente de apropiación del plus-valor, basada en el “Balance entre la corporación y sus empleados”: El poder de apropiación por la empresa sobre el conocimiento creado en ella es directamente proporcional a la dependencia del desempeño de las habilidades de las personas respecto a las rutinas de la organización
[3] Creo que ese término define algo mucho más amplio, que impulsa el proceso de la Globalización
[4] Todas las modificaciones al diseño inicial de Fernández Ordoñez supusieron restar eficacia recaudadora e inspectora al sistema fiscal de la democracia.
