La Fiscalía de Bolivia confirmó otros dos fallecidos21 de noviembre de 2019
Una manifestación masiva se congregó en Senkata, El Alto, en repudio a las muertes y llamó a continuar con los cortes.La Fiscalía General de Bolivia confirmó la muerte de otras dos personas durante la represión policial-militar del martes en Senkata. De esta manera el número de muertos durante la trágica jornada llegó a ocho personas. Según autopsias de la fiscalía dos de las muertes se produjeron por armas de fuego. Una manifestación masiva se congregó en Senkata en repudio a las muertes y llamó a continuar con los cortes. Este jueves marcharán a La Paz. Por otro lado, el gobierno de facto otorgó un salvoconducto que permitirá a la hija de Evo Morales asilarse en México.
Llegó a ocho el número de los muertos durante la represión del martes, según informó en un comunicado el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que depende de la Fiscalía General de Bolivia. Policías y militares actuaron de manera conjunta para liberar la salida de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en El Alto. “Se evidencia objetivamente ocho cadáveres. De estos, a dos ya se realizó la autopsia médico legal y seis son velados en una capilla de Senkata. Los médicos forenses realizarán las autopsias faltantes”, informó el IDIF. El resultado de las dos autopsias realizadas hasta el momento arrojó que dos de los muertos recibieron balas de armas de fuego, según informó el director del IDIF Andrés Flores. El organismo también dio los nombres de los fallecidos: Edwin Juchamani Paniagua (con autopsia), Rudy Cristian Vásquez (con autopsia), Juan José Tenorio Mamani de (23 años), Joel Colque Patty (22), Antonio Ronaldo Quispe Ticona (23), Pedro Quispe Mamani (37), Clemente Eloy Mamani Santander (23), Devi Posto Cusi (34). También se reportaron más de 30 heridos.
Al grito de “el Alto no está solo carajo” miles de personas llegaron desde distintas provincias bolivianas a Senkata para repudiar la masacre. La zona amaneció completamente militarizada. En los alrededores de la planta de YPFB simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) guardaron un minuto de silencio por los fallecidos. Luego celebraron un cabildo abierto en donde resolvieron varios medidas: continuar con los bloqueos hasta lograr la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Añez y la libertad de todos los detenidos durante las manifestaciones. También acordaron realizar una nueva movilización hacia La Paz este jueves.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al gobierno de facto desmovilizar a las Fuerzas Armadas. "Las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano", manifestó Cruz.
Por otra parte, el Ministerio Público inició de oficio una investigación en la que imputó a siete personas "por la destrucción y caída del muro” de la estatal YPFB. Un comunicado emitido por la Fiscalía informó que los sospechosos fueron acusados de terrorismo. Este delito conlleva en Bolivia penas de quince a veinte años de prisión, que se pueden sumar a otras condenas. Además están acusados de sedición, que está penada con uno a tres años de cárcel, de instigación pública a delinquir y de atentados contra la seguridad de los servicios públicos. "Habrían ocasionado destrozos e incitaron a la quema y saqueo de las instalaciones públicas de YPFB de la zona de Senkata, El Alto, momento en el que fueron aprehendidos por efectivos policiales", sostuvo la Fiscalía.
A su vez, el gobierno de facto autorizó un salvoconducto para Evaliz Morales Alvarado, hija de Evo Morales, quien se encuentra asilada en la embajada de México en La Paz. "Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales para que reciba asilo en México bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre", argumentó la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez en su cuenta de Twitter. La Cancillería también informó que autorizó otro salvoconducto para la ex legisladora y dirigente indígena María Inocenta Poñe Poichee. La dirigente también se encontraba asilada en la Embajada mexicana.
Ya son 32 los muertos en Bolivia desde la crisis que comenzó el día de las elecciones presidenciales, el 20 de octubre pasado. Según la Defensoría del Pueblo también hay 775 heridos.
Llegó a ocho el número de los muertos durante la represión del martes, según informó en un comunicado el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que depende de la Fiscalía General de Bolivia. Policías y militares actuaron de manera conjunta para liberar la salida de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en El Alto. “Se evidencia objetivamente ocho cadáveres. De estos, a dos ya se realizó la autopsia médico legal y seis son velados en una capilla de Senkata. Los médicos forenses realizarán las autopsias faltantes”, informó el IDIF. El resultado de las dos autopsias realizadas hasta el momento arrojó que dos de los muertos recibieron balas de armas de fuego, según informó el director del IDIF Andrés Flores. El organismo también dio los nombres de los fallecidos: Edwin Juchamani Paniagua (con autopsia), Rudy Cristian Vásquez (con autopsia), Juan José Tenorio Mamani de (23 años), Joel Colque Patty (22), Antonio Ronaldo Quispe Ticona (23), Pedro Quispe Mamani (37), Clemente Eloy Mamani Santander (23), Devi Posto Cusi (34). También se reportaron más de 30 heridos.
Al grito de “el Alto no está solo carajo” miles de personas llegaron desde distintas provincias bolivianas a Senkata para repudiar la masacre. La zona amaneció completamente militarizada. En los alrededores de la planta de YPFB simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) guardaron un minuto de silencio por los fallecidos. Luego celebraron un cabildo abierto en donde resolvieron varios medidas: continuar con los bloqueos hasta lograr la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Añez y la libertad de todos los detenidos durante las manifestaciones. También acordaron realizar una nueva movilización hacia La Paz este jueves.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al gobierno de facto desmovilizar a las Fuerzas Armadas. "Las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano", manifestó Cruz.
Por otra parte, el Ministerio Público inició de oficio una investigación en la que imputó a siete personas "por la destrucción y caída del muro” de la estatal YPFB. Un comunicado emitido por la Fiscalía informó que los sospechosos fueron acusados de terrorismo. Este delito conlleva en Bolivia penas de quince a veinte años de prisión, que se pueden sumar a otras condenas. Además están acusados de sedición, que está penada con uno a tres años de cárcel, de instigación pública a delinquir y de atentados contra la seguridad de los servicios públicos. "Habrían ocasionado destrozos e incitaron a la quema y saqueo de las instalaciones públicas de YPFB de la zona de Senkata, El Alto, momento en el que fueron aprehendidos por efectivos policiales", sostuvo la Fiscalía.
A su vez, el gobierno de facto autorizó un salvoconducto para Evaliz Morales Alvarado, hija de Evo Morales, quien se encuentra asilada en la embajada de México en La Paz. "Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales para que reciba asilo en México bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre", argumentó la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez en su cuenta de Twitter. La Cancillería también informó que autorizó otro salvoconducto para la ex legisladora y dirigente indígena María Inocenta Poñe Poichee. La dirigente también se encontraba asilada en la Embajada mexicana.
Ya son 32 los muertos en Bolivia desde la crisis que comenzó el día de las elecciones presidenciales, el 20 de octubre pasado. Según la Defensoría del Pueblo también hay 775 heridos.
