El Comercio, Ecuador
15 noviembre, 2019
15 noviembre, 2019
El 2019 promete ser peor que el año pasado para América Latina, una región donde el estallido social en varios países amenaza con sepultar los esfuerzos de recuperación económica, mientras aumentan los temores sobre la gobernabilidad y la democracia.
Esta semana, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) redujo al 0,1% la proyección de crecimiento regional para el 2019, en un contexto internacional de menores precios de las materias primas. De concretarse esa proyección, se cumplirían siete años de estancamiento o de bajo crecimiento, lo que implica un deterioro de los niveles de ingreso per cápita de la población.
El año pasado ya había sido mediocre, pues la región creció apenas 1,2%, insuficiente para mejorar los indicadores de empleo o pobreza. En este contexto llegaron las protestas sociales en Haití, Ecuador, Chile o Bolivia, que desnudaron una serie de problemas que no se pueden explicar únicamente por factores económicos. El estudio Latinobarómetro 2018, que monitorea la democracia y la situación económica de los habitantes de la región, mostró sus peores resultados desde mediados de la década de los 90, cuando empezó a levantar información. En Bolivia, donde un 44% de los habitantes percibió progreso en el 2018 -el indicador más alto en Latinoamérica-, se desató una crisis política que provocó la renuncia del presidente Evo Morales.
Esa crisis aún no concluye y ahora está pasando factura a la economía, con negocios cerrados y desabastecimiento de alimentos. Las protestas en Chile o Ecuador se encendieron por decisiones económicas, pero revelaron un malestar más profundo en la población. En el caso de Chile es la desigualdad, el acceso a la educación o las insuficientes pensiones para la jubilación. Para los latinoamericanos, el principal problema, tanto familiar como de país, es económico, lo que evidencia el poco espacio que tienen los gobiernos para aplicar medidas de ajuste.
Los políticos necesitan llegar a acuerdos con la sociedad antes de tomar medidas, caso contrario se pone en riesgo la gobernabilidad.
El Comercio
Esta semana, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) redujo al 0,1% la proyección de crecimiento regional para el 2019, en un contexto internacional de menores precios de las materias primas. De concretarse esa proyección, se cumplirían siete años de estancamiento o de bajo crecimiento, lo que implica un deterioro de los niveles de ingreso per cápita de la población.
El año pasado ya había sido mediocre, pues la región creció apenas 1,2%, insuficiente para mejorar los indicadores de empleo o pobreza. En este contexto llegaron las protestas sociales en Haití, Ecuador, Chile o Bolivia, que desnudaron una serie de problemas que no se pueden explicar únicamente por factores económicos. El estudio Latinobarómetro 2018, que monitorea la democracia y la situación económica de los habitantes de la región, mostró sus peores resultados desde mediados de la década de los 90, cuando empezó a levantar información. En Bolivia, donde un 44% de los habitantes percibió progreso en el 2018 -el indicador más alto en Latinoamérica-, se desató una crisis política que provocó la renuncia del presidente Evo Morales.
Esa crisis aún no concluye y ahora está pasando factura a la economía, con negocios cerrados y desabastecimiento de alimentos. Las protestas en Chile o Ecuador se encendieron por decisiones económicas, pero revelaron un malestar más profundo en la población. En el caso de Chile es la desigualdad, el acceso a la educación o las insuficientes pensiones para la jubilación. Para los latinoamericanos, el principal problema, tanto familiar como de país, es económico, lo que evidencia el poco espacio que tienen los gobiernos para aplicar medidas de ajuste.
Los políticos necesitan llegar a acuerdos con la sociedad antes de tomar medidas, caso contrario se pone en riesgo la gobernabilidad.
El Comercio
