Dictaduras democráticas, autoritarismo neoliberal y revueltas populares en tiempos de COVID-19
Por René Ramírez Gallegos
La era está pariendo un corazón.
No puede más, se muere de dolor,
y hay que acudir corriendo
pues se cae el porvenir
(Silvio Rodríguez, 1978)
“Dedicado a Ariel y su primer mes de vida”
En el escenario abierto por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial ha surgido un debate entre Slavoj Zizek y Byung-Chul Han. Mientras el primero señala que la pandemia es un golpe mortal al capitalismo, el filósofo sur coreano, por su parte, señala que éste mutará y se globalizará la salida asiática: capitalismo digital autoritario.
NODAL, 7 junio, 2020
La era está pariendo un corazón.
No puede más, se muere de dolor,
y hay que acudir corriendo
pues se cae el porvenir
(Silvio Rodríguez, 1978)
“Dedicado a Ariel y su primer mes de vida”
En el escenario abierto por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial ha surgido un debate entre Slavoj Zizek y Byung-Chul Han. Mientras el primero señala que la pandemia es un golpe mortal al capitalismo, el filósofo sur coreano, por su parte, señala que éste mutará y se globalizará la salida asiática: capitalismo digital autoritario.
En los siguientes apartados, se defiende la tesis de que lo que la COVID-19 generará en la región de América Latina es simplemente la aceleración de lo que ya venía sucediendo en la región. Esto es: se profundizarán en el plano político (1) las dictaduras electorales/democráticas y, en el plano económico, (2) el autoritarismo neoliberal. No obstante, en el marco del legado de los gobiernos progresistas que tuvieron lugar en los albores del siglo XXI y de las luchas históricas populares de la región tales fenómenos encontrarán una resistencia creativa popular que podrá detener y revertir en el mediano plazo los fenómenos antes mencionados (1 y 2), generando cambios estructurales al (3) intensificarse la lucha de clase ya latente en la región como consecuencia de la agudización de las contradicciones generadas por el catalizador COVID-19. Lo señalado resultará una bomba de tiempo en el marco de la crisis de acumulación que experimenta el sistema capitalista, lo que puede conducir -con altas probabilidades- a que la resolución del conflicto social sea por la vía violenta. Si es por conservadora, será a través de golpes de Estado, dictaduras; si es por la vía social, será a través de movilizaciones populares nada pacíficas. De suceder lo segundo, podría generarse en el mediano plazo el germen de nuevas formas de organización social y productiva que sean alternativas al sistema vigente las cuales podrán ser emancipadoras pero también podrán tomar rumbos distópicos.
A continuación, se desarrolla lo señalado.
Sobre la crisis de acumulación capitalista
Como es conocido la salud del capitalismo es la rentabilidad. A lo largo de la historia, las ganancias se han producido o por transferencia de riqueza (etapa mercantil) o por la generación de plusvalor del trabajo (época del capitalismo industrial) (Shaikh, 2016).
Hoy en día, asistimos a una transición en donde parece generarse una nueva acumulación originaria basada en la “minería de datos” e información de un general intellect que se transforman en valor de cambio en los circuitos financieros. . Así como en el mercantilismo la ganancia por transferencia se dio a través de procesos violentos de explotación de mano de obra esclava y de recursos naturales, hoy en día se retorna al mismo tipo de ganancia rentista a través de otro extractivismo, el cual es canalizado por medio de los procesos de financiarización de la economía: el infocognitivo.
En 1975, el 83% del valor de mercado de las 500 empresas más importantes que cotizaban en la bolsa de Estados Unidos correspondía a activos tangibles. En el 2015, este porcentaje apenas constituía el 16% debido a que el 84% del valor de las empresas correspondía a activos intangibles (Vercellone, 2017, p. 33). Vivimos la era en que el valor de cambio en el comercio mundial está enraizada en lo inmaterial.
El valor no se genera solo en el trabajo, sino que está en cada instante de la vida cotidiana que se transforma en información al ser procesado por grandes corporaciones monopólicas que contralan las autopistas informáticas y que tienen la capacidad de procesarlas y colocarlas en los circuitos financieros. Este extractivismo infocognitivo no fortuitamente se genera a través de procesos denominados “minería de datos”. Así por ejemplo, tan o más valioso que el dinero de los bancos es la información que saben los mismos sobre todas las transacciones que se hacen en los mercados financieros. Más allá del circuito financiero, el dato procesado adquiere la forma de capital. Al internet de las comunicaciones se suma el logístico y el de las cosas, lo que permitirá acrecentar un mayor nivel de extracción informacional.
La posición del Sur global es pasiva. Al mencionado extractivismo de la minería de datos se suman otros procesos igualmente violentos de expoliación: 1. La transferencia de conocimientos sur-norte por el flujo neto de migrantes calificados; 2. El aporte de la producción científica de investigaciones del sur que son apropiadas por empresas transnacionales; 3. Los procesos de biopiratería de recursos genéticos del Sur; y, 4. La extracción de saberes ancestrales y tradicionales para generar tecnologías. Estos procesos se concretan a través de construir ficticiamente las ideas, los saberes acumulados por los pueblos originarios, los conocimientos y la información de la biodiversidad como bienes escasos a través de sistemas cada vez más sofisticados de propiedad intelectual, de tecnologías digitales y de nuevos productos financieros que se negocian en las bolsas de valores. Este panorama genera una nueva biopolítica sobre los cuerpos y las vidas (humana y no humana) en donde parte sustancial de la acumulación se basa en la construcción de panópticos mundiales.
En América Latina, lo anteriormente señalado es consecuencia de un problema estructural: su matriz productiva primario exportadora, pero sobre todo la característica de tener una matriz secundaria importadora de bienes industriales y terciario importador de conocimiento. Así como contar con ingentes reservas de petróleo y –por ejemplo- no poseer industria petroquímica no es un problema exógeno sino endógeno, actualmente existe un extractivismo infocognitivo porque no se ha desarrollado soberanía cognitiva en nuestra región. Se invierte poco en ciencia, tecnología e innovación y se tienen sistemas universitarios napoleónicos que no asumen por objetivo generar nuevo conocimiento ni desarrollar tecnología innovadora. La situación narrada hace que la región sea más vulnerable en términos de soberanía a shocks externos como lo demuestra el impacto de la COVID-19. A su vez, el rentismo de las elites, sobre todo importadoras y las pertenecientes al sistema financiero, produce inmovilidad estructural productiva. ¿Para qué producir tecnología o invertir en innovación si puedo importar y generar ganancias sólo de la intermediación (sin riesgo)? En el marco de lo que sucede en el mundo se genera un estrangulamiento tecnocognitivo (Ramírez, 2019) que va más allá de los circuitos monetarios y que produce economías más vulnerables al generar un neodependentismo de la mentefactura de la periferia hacia los países “centrales”.
Mientras en la crisis del capitalismo los países industrializados o que más se han desarrollado ponen el foco de fomento productivo en el conocimiento y el desarrollo de tecnología (principalmente al principio y final de la cadena de valor), las economías de nuestra región continúan siendo primarias exportadoras y sobre todo de servicios, de pequeños comerciantes que venden productos importados (generalmente de China) u otro tipo de servicios de muy bajo valor agregado. Esto implica algo fundamental para el análisis de nuestra coyuntura. La ciudadanía en su mayoría vive de su trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo en el día a día. Pocos pueden darse el lujo de quedarse en casa. Por eso no basta con buscar garantizar que no se despida a la gente porque la mayoría de ciudadanos trabaja en el mercado informal, es cuentapropista o se encuentra subempleada. Únicamente un sector muy pequeño de la economía se logra conectar a los circuitos de las cadenas de valor global.
A lo señalado se evidencia que en las últimas décadas en el mundo continúa la tendencia sistemática de observar una tasa decreciente de la ganancia del capital, como bien lo han demostrado Esteban Maito (2013) o Michael Roberts (2014). Esto sucede a la par que se observa también uno de los momentos de mayor concentración de la riqueza y el ingreso como lo deja claro Piketty (2016). Esta concentración se debe, entre otras razones, a las nuevas prácticas que se dan en el capitalismo cognitivo que basa la ganancia en procesos de transferencia rentista y no exclusivamente de generación de ganancia “genuina” a través del plusvalor (Karabarbounis y Neiman, 2014).
En definitiva se puede observar que: 1) se tiene un retorno en el capitalismo contemporáneo de una ganancia por transferencia que no genera valor genuino; 2) existe un crecimiento en la concentración de la riqueza y de los ingresos en el mundo y en la región (incremento de la desigualdad); 3) continúa sistemáticamente decreciendo la tasa de ganancia del capital. A nivel regional se suma los siguientes fenómenos: 4) América Latina vive un estancamiento de su matriz productiva en donde se acentúa el componente secundario importador de bienes industriales e importador de bienes terciarios, con un amplio resguardos de las elites económicas de la posesión de divisas en paraísos fiscales; y, 4) la región no ha dejado de tener un mercado laboral altamente segmentado, con altos niveles de informalidad y vulnerabilidad hacia los shocks externos, en donde sus trabajadores dependen de la venta diaria ininterrumpida de su fuerza de trabajo para garantizar la supervivencia mayoritaria de sus familias. Como se verá más adelante, éstas características constituyen el caldo de cultivo de una bomba de tiempo que no tiene válvula de escape y que en cualquier momento puede explotar al agudizase las contradicciones por la sobrevivencia. Se volverá sobre este punto más adelante.
Sobre el oxímoron “dictaduras democráticas”
Para la real academia de la lengua española, un oxímoron es “la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como un silencio atronador”. El sentido literal del oxímoron suele resultar en absurdos semánticos, como dictaduras democráticas. Estas dos palabras -a priori- jamás debiesen estar juntas. No obstante, parece ser que es muy cercano a lo que describe, hoy en día, lo que sucede en muchos países de Latinoamérica y en otros lugares del mundo.
La ciencia política como disciplina académica se ocupó deliberadamente en estudiar, a partir de las dictaduras vividas en los sesenta y setenta del siglo pasado, las “transiciones a las democracias”. El oxímoron del título de este escrito propone que es necesario empezar a estudiar las “transiciones hacia nuevas formas de dictaduras”.
Desde la perspectiva democrática, este aparente absurdo simplemente se refiere a que la democracia actual, como régimen político, sería una farsa. No nos referimos aquí ni siquiera a la democracia sustantiva sino a lo que Adam Przseworki llama “democracia mínima” (Przseworki, 2010).
Estas nuevas formas de autoritarismo difieren de las vividas en el siglo pasado. Son mucho más sutiles, aunque su sofisticación desaparece a medida que la crisis del capitalismo aumenta.
Vamos por partes.
Adam Przeworski solía decir que lo mínimo que hay que garantizar en las democracias es la libre competencia electoral (Przseworki, 2010). ¿Pero qué sucede cuando existiendo procesos electorales institucionalizados tal competencia es una mentira social? Tal parece ser lo que es la norma en muchos países de la región.
En efecto, más allá del impeachment a Dilma Roussef, lo cual también es parte de las “dictaduras democráticas”, las elecciones presidenciales de Brasil dan cuenta que no se respeta la libre competencia electoral. Suele existir argumentos desde cierta izquierda que la llegada de Bolsonaro en Brasil es consecuencia del gobierno “desarrollista o poco progresista” de Lula da Silva. La pregunta es simple: ¿Hubiese ganado Bolsonaro si hubiese participado en la contienda electoral Lula da Silva? ¡Claramente, no! En las “dictaduras democráticas”, se usan las instituciones democráticas y sus mecanismos –concretamente los sistemas de justicia o los órganos electorales- para proscribir o anular la participación de los que atentan contra los intereses de acumulación de los grupos económicos principales de cada nación, quienes suelen buscar el poder del Estado para recomponer la velocidad de la tasa de ganancia perdida en los gobiernos denominados progresistas de la región. El resultado es claro: Lula encarcelado y libre cuando ya no es peligro electoral para esos intereses, Bolsonaro presidente.
El caso del Ecuador no es diferente. Más allá de la traición política más grotesca de la historia ecuatoriana y quizá de Latinoamérica, que será seguramente estudiada por las próximas generaciones, a través de procesos de persecución mediática y judicial y –en este caso- usando otro poder del Estado (el Consejo Nacional Electoral que en Ecuador es otra función estatal), no se permitió que se inscriba el movimiento político con mayor cantidad de militantes de Ecuador para competir en la última contienda electoral del 2019. Lo señalado no ha quedado en el pasado. No conformes con esto, en el año 2020 se avanza sin dilación en la proscripción del ex presidente Rafael Correa a través de procesos penales sesgados donde se fraguan pruebas y testigos falsos. El objetivo es que el “correísmo” no esté en la papeleta de votación del 2021. Así, a partir de un caso ya juzgado por el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reabrió el proceso para eliminar la inscripción de la nueva fuerza que busca canalizar los votos ir representados de la RC, denominada Fuerza Compromiso Social para preparar el escenario de exclusión de esta fuerza y sus votantes en las elecciones del 2021.
Otro ejemplo adicional es Bolivia. En el país altiplánico, luego de un proceso electoral que de acuerdo a informes técnicos del Election Data and Science Lab del MIT, dio por ganador al candidato Evo Morales en una sola vuelta, se perpetró un golpe de Estado al viejo estilo de los modelos del siglo XX con intervención directa de las fuerzas armadas. Tal situación dejó en evidencian el juego antidemocrático que históricamente ha jugado en la región la Organización de Estados Americanos (OEA) y EE. UU. como su principal actor. Al igual que los casos anteriormente señalados, proscribieron la participación del ex presidente Evo Morales, y está por verse cuándo se celebrarán elecciones que han sido suspendidas por la pandemia del COVID-19.
El caso de México es paradigmático pues las denuncias de fraudes electorales resulta la moneda corriente hace más de dos décadas desde su particular transición democrática desde el sistema de partido único. Esta no pudo repetirse en el 2018 por la amplia resistencia popular hacia este tipo de prácticas y por la incuestionable diferencia que existía entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y el candidato del PRI, José Antonio Meade.
Ahora bien, no debemos olvidar que si bien parecía cosa del pasado que las fuerzas armadas vuelvan a ser dirimentes explícitos en las democracias de la región, en los últimos meses luego de las movilizaciones populares de finales del 2019 vivimos claramente el retorno de su rol protagónico y develado. En los países en donde existe connivencia entre gobiernos civiles y actores militares pudieron éstos resistir las movilizaciones sociales de fines del 2019 como son el caso –por ejemplo- de Ecuador y Chile. En Bolivia sucedió todo lo contrario, los militares dirimieron y apoyaron explícitamente el quiebre del orden democrático y el gobierno de Evo Morales no sólo pudo terminar su período democrático como correspondía, sino que no pudo asumir el nuevo mandato que ganó en la lid electoral. Se perpetró así un golpe de Estado al conocido estilo del siglo XX.
Algunos autores no se han atrevido a hablar lisa y llanamente de dictaduras y han denominan los fenómenos narrados como un interregno de “estados de excepción”. No obstante, cuando se observan los viejos y nuevos componentes dictatoriales puestos en juego y la extensión y normalidad con la que se desenvuelven debería volver a revisarse nuestros resguardos y pruritos a llamarlos dictaduras.
Autoritarismo neoliberal
El autoritarismo neoliberal es un subproducto de la crisis de acumulación capitalista que no encuentra una mejor salida institucional para resolver el problema de la reducción de la tasa decreciente de ganancia del capital que vive la economía mundial, el respectivo incremento de la concentración de la riqueza en pocas manos, y la incapacidad de construcción de valor genuino (porque genera ganancias rentistas por trasferencias) en el capitalismo financiero naciente de tipo informacional y cognitivo.
Frente a la crisis de acumulación mundial, la actual ganancia por transferencias parece no compatible con sistemas democráticos; peor aún en economías como las latinoamericanas caracterizadas por ser históricamente rentistas. En este marco, se buscan formas ficticias de democracia institucionalizada para legitimar ganancias de capital sin creación de valor económico. En momentos de expansión y crecimiento económico tal situación puede pasar desapercibida. No es el caso de lo que sucede actualmente en la región.
Las dictaduras hoy en día suman nuevas características. Vivimos regímenes políticos mediados principalmente por la intervención de los sistemas de justicia y los medios de comunicación. La dialéctica está en romper con los gobiernos denominados progresistas o populares nacionales que basan su poder en procesos de incorporación política, social y económica de grandes mayorías históricamente excluidas. Es decir en romper la pauta de incorporación conservadora que signó las destinos de buena parte de los países de la región (Filgueira, 2013). Al no estar asegurada la victoria de las elites económicas y de las oligarquías tradicionales en procesos transparentes electorales, se recurre a dos instituciones que pueden fácil y naturalmente aislarse de la presión popular. En donde usualmente se dirime gran parte de los conflictos sociales tanto formales (sistema de justicia) como subjetivos (medios de comunicación). En efecto, el famoso principio del equilibrio de poderes liberal resultó mortalmente cuestionado. Hoy por hoy, el poder estatal, que tiene mayor jerarquía, resulta ser la función judicial; pero el que lo legitima es el poder oligopólico de los medios de comunicación (incluido el ejecutado a través de las redes sociales), que frecuentemente está relacionado al poder financiero. El “poder constituyente” del desequilibrio de poderes –hoy en día- son los medios de comunicación y los sistemas de justicia.
No podemos leer tampoco -en este marco- que el neoliberalismo que retorna en la región es igual al de los ochenta y noventa del siglo pasado. Ese sucedía en la disputa por la transición y consolidación de las democracias. El que estamos viviendo a fines de la segunda década del nuevo milenio sucede en la transición hacia nuevas formas de autoritarismo; o, siendo optimista, hacia nuevas modalidades de regímenes políticos que aún no han sido estudiados a cabalidad y menos aún identificados y formalizados todos sus componentes. En este sentido, lo que caracteriza principalmente a la época que vivimos es la idea de un autoritarismo de nuevo cuño o al menos aggiornado.
Otra gran diferencia de esta recomposición neoliberal es que, luego de los gobiernos neodesarrollistas de los tres primeros lustros del siglo XXI que buscaron edificar una arquitectura de instituciones de interés común amplia (extensa inversión pública en energía, universidades, telecomunicaciones, carreteras, salud, educación, seguridad social, etc.), la apropiación privada de la acumulación social resultó mucho más amplia y a mayor velocidad que cuando no existían o estaban desmanteladas las mismas.
No obstante, quizá uno de los problemas más significativos del nuevo neoliberalismo resulta de dónde proviene la defensa de los autoritarismos. Las dictaduras militares del siglo pasado no tenían legitimidad social y cualquier tipo de silencio provenía del miedo a la represión. Seguidamente, la “liberalización política” (democracia) vino acompañada de la “liberalización económica” (neoliberalismo), en un ejercicio “top-down”. El autoritarismo neoliberal que viven ahora nuestros países tiene una base de sustento en la propia ciudadanía que reivindica el racismo, la xenofobia, la violencia, el odio, la discriminación, la distinción, prácticas antidemocráticas o que violen derechos humanos. Las dictaduras democráticas y su correlato en el plano económico de autoritarismos neoliberales son respaldadas por fascismos sociales. Las dictaduras militares de antaño se ejecutaban a través de la función Ejecutiva de los Estados, las “dictaduras democráticas” actuales se ejecutan a través de la función Judicial y se apoyan y legitiman en los medios de comunicación (aunque como hemos señalado cada vez con mayor protagonismo reaparecen las Fuerzas Armadas y policiales). y en el sentido común que éstos alimentan en gran parte de la población. En este escenario, un grupo de las poblaciones de la región ven con buenos ojos la “mano dura” de los gobiernos para llevar adelante políticas para precautelar a la población frente al COVID-19.
Ahora bien, es necesario dejar explícito el rol autoritario que cumple la comunicación en tiempos de “big data”. La manipulación psicosocial que se ejecuta a través de los medios de comunicación y que no hace falta justificar porque está a la luz pública, son ejercicios monopólicos de abusos de poder autoritarios que llegan al inconsciente colectivo como parte de las nuevas estrategias de mercado, tanto en el ámbito económico como político. Una de las estrategias dominantes son las mentiras informativas denominadas “fake news” que circulan sobre todo en redes sociales. Se podría decir que una de las mayores luchas que enfrentan las democracias actuales son las disputas por la verdad.
Quizá un buen ilustrador de lo que se intenta explicar es lo sucedido el 11 de abril de 2019 en la Embajada del Ecuador en Londres en el arresto del fundador de Wikileaks. En tiempos de “modernidad líquida”, Jullian Assange resulta una de las personas más peligrosas en el mundo porque pone el dedo donde más duele: la opacidad del manejo de lo público y la ausencia del derecho a la privacidad en el ámbito individual (privado).
En efecto, a través de garantizar el anonimato de documentos públicos de carácter sensible, Wikileaks devela la manipulación de la información que existe en el poder político y mediático en nuestras democracias. Solo recordemos el video de tiroteos de periodistas en Baghdad; los 92 mil documentos sobre la Guerra de Afganistán o los 393 mil documentos filtrados del Pentágono sobre la Guerra de Irak donde se revela el uso sistemático de torturas o el número de muertos o los Cablegates, etc., dan cuenta de lo poco transparente de la “cosa pública”. Pero no solo aquello, Julián Assange hace una revelación que tiene que ver con el ‘capitalismo panóptico’ y su articulación con la ‘dictadura democrático-panóptica’ en su libro “Cuando Google encontró a Wikileaks”. Parece ser que sólo la desconexión garantiza el derecho a la privacidad.
Sobre las rebeliones populares del 2019
En buena parte de la región, luego de las etapas dictatoriales del siglo pasado, las transiciones hacia la democracia estuvieron signadas por la implementación de una agenda neoliberal con repercusiones devastadoras para las condiciones de vida de la mayoría de la población. Casi 25 años de políticas de despojo y desprotección produjo una estructura social altamente desigual que parecía difícil de ser modificada. Especialmente los estratos populares fueron conviviendo cada vez más con situaciones de privación material que les fueron llevando a bajar tanto sus expectativas que empezaron a aceptar como normal lo poco que podían alcanzar. En estas circunstancias surgen -en algunos países- a principios del siglo XXI gobiernos con proyectos sociales y económicos populares que favorecen a las grandes mayorías. Son momentos en la historia de estas naciones, desde el retorno a la democracia, que se consigue a la vez reducción de pobreza, de indigencia, de desigualdad, de desempleo, incremento de la clase media y democratización de derechos sociales (Ramírez, 2017). Tales avances se revirtieron desde que hubo un retorno de gobiernos conservadores en Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, entre otros y se implementó una agenda de austeridad y saqueo a las grandes mayorías, acompañada de procesos de concentración de la riqueza para las pocas y tradicionales minorías oligárquicas de los diferentes países.
No obstante, los cambios producidos durante la “década de la igualdad” habían generado dos efectos que se juntaban y que, a pesar de ser contradictorios, luchaban contra las políticas de concentración de riqueza (Ramírez y Minteguiaga, 2019). En efecto, por un lado, una década de democratización de derechos permitió un cambio estructural en las sociedades que han sido muy poco discutido y menos aún analizado: los estratos y medios bajos rompieron el umbral que se había (auto)construido en el proceso de adaptación de sus deseos a la precarizada situación en la que vivieron durante casi un cuarto de siglo. Experimentaron el acceso y disfrute de derechos y también condiciones de vida dignas. En el otro lado de la moneda, parece ser que los proyectos denominados progresistas generaron una paradoja en las clases medias altas. Estos estratos a pesar de haber salido de la pobreza, no ser pobres y haber mejorado sistemáticamente sus condiciones de vida y consumo desarrollaron expectativas de pertenecer al percentil más alto de la escala social y económica, razón por la cual subjetivamente empezaron a sentirse más pobres en términos relativos. Fenómeno denominado “la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo” (Ramírez, 2016).
El despojo producido en pocos años de políticas neoliberales de gobiernos como el del Macri en Argentina, Moreno en Ecuador, o Piñera en Chile hizo que se generen movilizaciones de aquellos sectores trabajadores, de clases pobres o medias pauperizadas que -por un lado- reclamaban vivir decentemente, en tanto que -por el otro lado- una buena parte de los mejores posicionados en la escala social demandaron que no se les “roben” ni se les “frenen” sus sueños de prosperidad sin fin.
En algunos países, las movilizaciones de octubre, noviembre, diciembre son en buena medida producto de una gran masa de ciudadanos que pudo probar la dulzura de las uvas que eran alcanzables y una porción del grupo de la población que veía que en el “túnel” de la sociedad sus condiciones de vida se habían estancado o retrocedido, mientras que observaba cómo se alejaba el pequeño grupo de la población del cual aspiraba a ser parte (los más ricos). Octubre, noviembre, diciembre de 2019 son fruto de la lucha de estos sectores sociales que veían con ansia la oportunidad de retomar el tiempo perdido en su velocidad de acumulación sin fin, frente a un proletariado (que incluye a los grupos históricamente excluidos como son los indígenas, los negros y las mujeres) que luchaba por retomar el camino de vivir dignamente y de poder seguir soñando con alcanzar -seguramente- lo inalcanzable.
Por ello, ni fin de ciclo progresista (Ecuador, Uruguay, Brasil), ni fin de ciclo de la corta noche neoliberal (Argentina). América Latina está disputando una transición social que se debate entre la vida y el capital; entre la democracia y el autoritarismo.
Debe quedar claro que, frente a los discursos del fin del ciclo progresista en la región y el inicio de un ciclo contrario de derecha como se ha señalado insistentemente por varios académicos, lo que se evidencia a través de lo precedentemente descrito es que se vive un momento de transición en disputa. Una suerte de continuo en permanente contienda. Durante la década progresista se evidenció una resistencia de las elites económicas y de aquellos que empatizaban con sus expectativas. En los gobiernos conservadores, así como se vio desplegar un neoliberalismo desbocado, también se evidenció una resistencia que reveló la productividad de las políticas (re)distributivas de los gobiernos progresistas. Si bien se puede decir que han sido muy efectivos los gobiernos conservadores en conseguir sus objetivos de acumulación de ganancias (los casos paradigmáticos quizá son Macri, Moreno y Bolsonaro), no es casualidad en ese sentido que –por ejemplo- haya ganado las elecciones Alberto Fernández en Argentina. En efecto, parece ser que uno de los cambios más estructurales que se experimentó durante los gobiernos de izquierda fue la ruptura de las expectativas adaptativas de las clases bajas y medias bajas de la población. La ciudadanía sintió que es tener derechos y que podía efectivizar una vida digna. En este marco, las rebelión de 2019 no fue resultado de fuerzas azarosas. Si no la expresión de una lucha de clases en donde los grupos económicos más concentrados vieron la oportunidad inigualable para asestar legalmente un nuevo y brutal saqueo y los sectores subalternos se resistieron a perder las conquistas alcanzadas o a soñar poder romper con el despojo sucedido durante la implementación del neoliberalismo.
Desde este lugar, debe quedar claro que será fundamentalmente la unidad de un frente progresista en cada país para frenar la instauración de un autoritarismo neoliberal mucho más fascista, racista, machista, xenófobo y regionalista que el que funcionó entre fines del siglo XX y principios del XXI. Las recomposiciones neoliberales contemporáneas han extraído grandes lecciones de las experiencias progresistas y de las nuevas formas de hacer política. Difícilmente se podrá pensar detener tal arremetida sin un pacto superior entre los movimientos sociales y movimientos políticos que buscan el bienestar del común. La separación entre ambos ha sido mortal para las democracias y para el retorno de gobiernos de derecha en la región. La insurgencia de fines del año pasado quedarán consumida en su explosividad y efervescencia más no logrará gran cosa en términos de transformación política y social si sus protagonistas no logran ponerse de acuerdo respecto a lo que realmente está en juego y a la necesidad de transitar un proceso de construcción colectiva de las fuerzas que pretendan impugnar el neoliberalismo y retomar la senda de la construcción de sociedades que buscan el bien común de sus pueblos.
Lo hasta ahora experimentado, revela que, si no se da la mencionada unidad, el futuro que se viene no sólo no se resolverá como hasta ahora bajo formatos seudo democráticos, sino que adquirirá formas explícitamente violentas. El ejercicio directo del terror por parte de quienes ocupen el Estado y su aparato represivo: el terrorismo de Estado para un proyecto de sociedad neoliberal.
La COVID-19, la fisicalidad de lo virtual y sus paradojas
Ahora bien, la llegada del COVID19 resultó ser un catalizador de las contradicciones que vive el mundo y la región.
Como se mencionó, en las últimas décadas se evidencia en el mundo una tasa decreciente de la ganancia en el capitalismo a la par que se viven los momentos de mayor concentración de la riqueza y el ingreso al estudiar el último siglo.
Si bien la crisis de acumulación de las grandes transnacionales parecía estar solucionándose por nuevas prácticas rentistas de especulación financiera, ligadas al rol que juegan las nuevas tecnologías de información en el marco de sistemas de comunicación hegemónicos y de globalización de las finanzas, éstas resultaron en buena medida también ficticias. El decrecimiento de las ganancias parecía estar solucionándose a través de un extractivismo infocognitivo rentista y especulativo de quienes tienen la propiedad del conocimiento y la información (incluida la financiera). Al ser un capitalismo rentista no genera riqueza (sino transferencia) como el capitalismo industrial. En este marco, no es casual que cada cierto tiempo –por ejemplo- cambien las reglas de juego para incrementar el tiempo de duración de la propiedad intelectual (“liberen al ratón”) o que en los nuevos tratados de libre comercio el capítulo de propiedad intelectual de los datos/información adquiera cada vez mayor relevancia.
Cuando nos articulamos en las cadenas globales como ciudadanos del Sur es para que se extraiga ya no solo trabajo “excedente” barato (en maquilas o plataformas digitales) y recursos naturales sino también datos, información (incluido el de la biodiversidad) o conocimiento. Las elites económicas nacionales, por su parte, obtienen ganancias a través de procesos rentistas sobre todo de intermediación con escaso valor agregado y protegen su dinero poniendo sus divisas en paraísos fiscales. Así se generan al menos dos economías marcadas por un abismo en nuestros países.
En este punto se produce un cortocircuito que la pandemia del coronavirus saca a la luz y rompe con el sueño de la acumulación “virtual”. Justo cuando se creía que se podía superar la crisis de acumulación a través de la digitalización de la economía (transitar del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo), el coronavirus nos recuerda que por más inteligencia artificial que haya, por más big data, por más algoritmos el corazón de la economía sigue siendo el ser humano.
En efecto, el neoliberalismo ha querido prescindir del ser humano para su acumulación. Siempre antepuso el capital sobre el ser humano. La pandemia de coronavirus recuerda al mundo que sin ser humano no hay ganancia del capital, desde para poder “explotarlo” hasta para que el capital se realice a través del consumo. Uber puede rentar en tanto haya uberistas y consumidores de uber. ¿Si todos están en casa que sucede con la ganancia por transferencia? Y ¿las redes sociales? El negocio de Twitter no es la red social sino son los datos que son vendidos a empresas que usan esos datos para algún fin comercial. La principal acumulación de información se hace a partir del propio consumo. Es por esto que incluso en empresas digitales se puede observar una drástica caída en su valor de mercado y su recuperación hasta el momento no ha retornado al punto más alto de su cotización durante el presente año. Al imperio de Facebook le tomó aproximadamente tres meses retomar el valor de sus acciones del punto más alto conseguido antes de la COVID-19. Claro está, existen plataformas que por su propia naturaleza, la COVID-19 ha generado una onda expansiva del valor de sus acciones. Nos referimos por ejemplo a Netflix, Zoom, Amazon.
A diferencia de lo que han sido otras crisis o incluso la gran depresión de los treinta (1929), la actual crisis es tanto de oferta como de demanda. No solo bastan soluciones keynesianas sino también implica pensar políticas de oferta. No obstante, ninguna de las dos será suficiente pues parece ser que la COVID-19 reclama por otros modos de producción, en el cuál se incluye otro rol del Estado.
Empero, la COVID-19 revela otras contradicciones sociales. La pandemia del siglo XXI separa lo importante de lo superficial, en imágenes que muchas de las veces resultan paradójicas.
En efecto, el coronavirus pone en el centro de debate lo que realmente tiene valor: la vida (salud) y en términos energéticos, la alimentación. Lo que deja translucir el coronavirus es la fisicalidad de lo virtual. Los robots o lo virtual podrían reemplazar el trabajo (en ciertos casos) pero no el consumo de los propios ciudadanos. Los robots simplemente no tienen necesidades por sí mismos. No solo aquello. Asimismo, al ser la fuente principal de energía los alimentos, el COVID-19 recuerda otra gran injusticia. Si bien en América Latina el sector agrícola suele ser uno de los sectores que más empleos genera cuando se analiza las diferentes ramas de actividad, las y los campesinos y agricultores (que no coincidencialmente suelen ser poblaciones con altos porcentajes de indígenas) son parte del grupo de trabajadores más explotados en el mercado laboral y, por ende, con mayores niveles de pobreza relativa. En momentos que “todos están casa”, los únicos que socialmente no pueden hacerlo son los trabajadores del ámbito de la salud que garantizan la vida misma y los agricultores que garantizan la energía para la vida. ¿Por qué en el sistema mundial si los alimentos son de los bienes más importantes y con mayor valor de uso son los que con mayor frecuencia ven deteriorarse sistemáticamente sus precios de intercambio frente a tecnologías muchas de las veces suntuarias?
Una segunda paradoja tiene que ver con que lo público y común implica recluirse en el espacio privado. Ahora resulta que “lo público es privado” o “ser solidarios siendo solitarios”. El COVID-19 destapa la crisis de la praxis y del discurso del Estado mínimo, cuya superación conllevaría la recuperación de lo público y común de la humanidad. No obstante, irónicamente la cooperación pública y común en tiempos de coronavirus es atrincherarse en cada casa y quedarse quietos sin interactuar con el otro o la otra. “Quédate en casa” es la demanda pública más común en el mundo en lo que va del 2020. Pero la paradoja no termina ahí. Si bien a la luz de las denuncias de los movimientos feministas simplemente es la contracara de “lo privado también es público”, la reclusión en las familias implica ya el aumento de la violencia en contra de las mujeres. A lo señalado hay que sumar que la “explotación” o asimétrica distribución de la carga de trabajo no remunerado que realizan las mujeres y las niñas en el hogar ha crecido durante el tiempo de confinamiento, como lo señala el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto implica hacer eco -para el post COVID-19- de las palabras de Judith Batler: “Debería haber otras formas de refugio que no dependen de una falsa idea del hogar”. El estar tanto tiempo en casa, al menos debería permitir poner en el centro del debate público la violencia intrafamiliar hacia las mujeres y las acciones necesarias para que éstas no sucedan.
Finalmente, uno de los recordatorios más importante de lo que ha producido el coronavirus y que viene de la mano de las movilizaciones de la marea verde es que lo más importante en la economía resulta ser aquello que dentro del capitalismo no suele tener valor de cambio. Nos referimos a la economía del cuidado. Cualquier diseño post COVID-19 debe tener como base a la economía del cuidado, del cuidado del otro, la otra y el nosotros/as, incluyendo la misma naturaleza. Resulta irónico, bajo lo señalado, que justamente el coronavirus afecte con mayor intensidad a los de la tercera edad quienes en la crisis de empleo han venido jugando un rol fundamental en el cuidado de los nietos y nietas y a las mujeres quienes son las que realizan principalmente las actividades del cuidado dentro del hogar.
La muerte de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas implica el achicamiento del presente y ensanchamiento del pasado en donde parece ser que queda implícito que el mundo no está preparado para que el ser humano viva tanto tiempo. Desde un punto de vista de la muerte, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas son los leprosos de la nueva pandemia del siglo XXI. Nuestros padres, madres, abuelos, abuelas hasta antes del COVID-19 eran pleno presente. Ahora parece ser que socialmente son el “potencial pasado más próximo” y que tienen menor valía social justamente por aquello: de todas formas, “ya vivieron, y mucho más tiempo que sus padres/madres”. Por fuera de los de la tercera edad, todos somos ancianos en potencia. En este sentido, la COVID-19 también parece implicar un cercenamiento del futuro.
Más allá de las paradojas y sintetizando, el COVID-19 manda diáfanamente un mensaje claro al mundo: lo que tiene mayor importancia es la vida. La vida no puede depender de que el/la ciudadano/a tenga o no ingresos para garantizar su reproducción. A su vez, la principal fuente de energía para garantizar la vida es el alimento y los que garantizan la misma son las y los agricultores y los campesinos. Todo puede parar menos el cuidado del/de la “otro/a” ni las fuentes de energía que garantizan la reproducción de la vida. Finalmente, la principal institución que permite garantizar la reproducción de la vida resulta ser la economía del cuidado de las vidas (humanas y no humanas) siendo las mujeres las que siempre han alertado la irracionalidad del actual modo de producción. ¡Que irónico, todo lo nombrado es justo lo que el capitalismo menos aprecia en su escala de valores de mercado!
Finalmente, es importante señalar que resulta irónico que el confinamiento sea utilizado como estrategia para profundizar la violencia social, los estados de excepción y con ello poder avanzar en la implementación de un (dictaduras democráticas(?)) autoritarismo neoliberal recargado. Gobiernos como Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile están usando como pretexto la COVID-19 para violar más los Estados de derecho a nombre de la protección de la salud de la sociedad. No solo aquello, justo cuando las movilizaciones estaban a la orden del día en la región éstos gobiernos aprovechan para implementar agendas autoritarias que permitan la instauración institucionalizada de mecanismos de acumulación por desposesión nunca antes visto a través de privatizaciones de los recursos estratégicos y de las instituciones de interés común. En este escenario no es de sorprenderse que empiece a generalizarse la estrategia de Bolivia o Brasil en el resto de países de la región. Las “dictaduras democráticas” parecen que pueden tender hacia simplemente “dictaduras”. Esta parece ser la única vía frente al despertar de los pueblos para poder retomar cambiar la curva de la sistemática reducción de la tasa decreciente de ganancia. En otras palabras, la crisis de acumulación solo parece resolverse por la vía autoritaria.
¿Dictadura o revolución?
Lo señalado en las secciones anteriores pone de manifiesto lo que podría ser una “solución esquina” explosiva que el COVID 19 vino a acelerar. Los cambios civilizatorios no vienen de la noche a la mañana como bien lo ha analizado Norbert Elias (Elias, 1989). El COVID-19 no es la excepción. Los días después del COVID-19 no vendrá el comunismo ni tampoco otro capitalismo.
En el marco de lo que ya ha venido sucediendo, el coronavirus acentuará la violencia de las dictaduras democráticas que quizá dejen la farsa del componente democrático, lo cual permitiría una acumulación más violenta. No es casual, que a nombre del coronavirus Bolivia posponga una salida democrática (aunque pareciera a priori justificable); que militares brasileños impongan su agenda con los “terraplanistas” anti-ciencia evangélicos en Brasil mientras miles de ciudadanos mueren en las favelas o en la Amazonía; que Perú lleve tanques de guerra a la frontera con Ecuador para que no exista un flujo migratorio del país con mayor número de contagiados y muertos de Suramérica; que Donald Trump busque invadir Venezuela; o, que en Ecuador se creen fosas comunes y que el municipio de Guayaquil done ataúdes de cartón para que los fallecidos por coronavirus gocen de una muerte “digna” luego de haber permanecido algunos días sus cuerpos botados en las calles sin tener quién les recoja por la completa inacción tanto estatal nacional como local. Seguramente también el “lawfare” se agudizará. El objetivo es que en ningún país suceda lo acontecido en Argentina en donde luego de un retorno brutal del neoliberalismo del gobierno del ex presidente Mauricio Macri retorne al poder del Estado un gobierno progresista. Seguramente se aprovechará para sacar la sentencia definitiva de Rafael Correa, en donde se siguió el libreto de Argentina de “forjar cuadernos” como pruebas de juicio y castigo. En Bolivia ya proscribieron a Evo Morales como lo hicieron es su debido momento con Lula da Silva . Lo contradictorio de todo lo mencionado es que a pesar de que se conocen todos los fraudes en los procesos electorales y las irregularidades de los procesos judiciales, la izquierda no tiene otra opción que participar en las mismas y legitimar las dictaduras electorales.
Ecuador que es uno de los casos paradigmáticos de lo que el coronavirus vino a develar, permite visualizar lo que ha implicado el desmantelamiento del Estado y la búsqueda de privatización de las instituciones de interés común (salud, educación, ciencia, universidades, seguridad social). En este país se está buscando privatizar (“monetizar” llama el gobierno para cambiar el imaginario colectivo) las empresas públicas o la explotación de los recursos naturales, como ya lo ha manifestado su ministro de energía. No sorprenderá que en los países de gobiernos conservadores aceleren procesos similares pero con mayor violencia aprovechando la “legitimidad” que les da el “estado de excepción”.
Por el lado contrario, la situación no resulta pacífica tampoco. El 2019, será recordado América Latina y quizá el mundo por un año de movilizaciones sociales masivas. La denominada década ganada tuvo un impacto estructural en sus pueblos al romper con la adaptación de expectativas a las paupérrimas circunstancias en las que solían vivir los olvidados del continente. Los de clase media, por su parte, sintieron que pueden y desean ser parte de la elite. Los gobiernos conservadores llegaron a desmantelar la materialidad conseguida por las poblaciones tanto en términos objetivos como subjetivos. En muy poco tiempo, hubo reacción en las calles para frenar las recientes recomposiciones neoliberales, que han sido y siguen siendo reprimidas violentamente por las fuerzas armadas y las policías de los países especialmente en Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. La indignación puede acrecentarse con la política de “quédate en casa” en un mercado laboral cuentapropista, informal y subempleado que vive del trabajo diario. La gran mayoría de la población económicamente activa en la región vive de su trabajo a destajo. En el mejor de los casos, en promedio, únicamente el quartil o quintil más rico tiene ahorros para subsistir (y, no por mucho tiempo). Según la CEPAL, la región tendrá tasas de decrecimiento que oscilan entre el 5 y 7%. Esto implicará una caída de la demanda que agudizará la lucha por la vida, ya no únicamente como consecuencia de la pandemia. A dicho escenario se debe sumar lo inescrupuloso que resulta cómo han atendido la problemática de los muertos ciertos gobiernos que buscan la profundización de la agenda neoliberal. Los fallecidos cada vez son más, especialmente de las clases bajas. El virus circuló primeramente a través de las clases medias altas y altas que son las que viajan y circulan por el mundo, pero la mayoría de los fallecidos son los pobres. La no posibilidad de garantizar la “sobrevivencia” o incluso una muerte digna, el deterioro de la calidad de vida que venía sucediendo antes de la COVID-19, el malestar económico que se sufre por la caída de ventas, despidos, la reducción de ingresos por el decrecimiento económico que habrá en la región producto de la pandemia, la falta de credibilidad en instituciones democráticas, más los muertos -que son “mis muertos” (mis familiares, amigos o conocidos)- por ausencia de un Estado social que garantice derechos básicos puede ocasionar un coctel que produzca una guerra civil a nivel local, nacional o regional. En el mejor de los casos, será un cambio radical (¿revolución?) a favor de las vidas (humanas y no humanas) pero que puede también tomar tintes distópicos. De no existir una intervención estructural y profunda que apague la bomba explosiva que se está generando en la sociedad, seguramente los muertos no serán por la pandemia sino por un enfrentamiento social.
Lo que se quiere señalar es que se está lejos de implementar una salida al estilo asiático con un capitalismo panóptico tecnológico controlador hasta del aire que respiramos, así como tampoco se vislumbra a primera vista una salida al estilo Zizek en donde llegará el comunismo. De no poner cartas en el asunto y de seguir manoseando las instituciones de la democracia, la salida será violenta; por derecha, a través de dictaduras duras; o, por el lado popular, vía enfrentamientos civiles de la ciudadanía con el Estado al luchar por la sobrevivencia. En el mejor de los casos, se seguirá con la farsas de democracia que existen en la región. Los gobiernos progresistas como el de Alberto Fernández o López Obrador deberán demostrar que sí existen alternativas y que lo que les diferencia de los gobiernos conservadores y neoliberales es que ponen por delante la vida. El COVID-19 simplemente es un acelerador de las partículas de las dinámicas sociales que ya venían descomponiéndose y reconfigurándose en la región.
Epílogo: Retomando el pensamiento Latinoamericano. El buen vivir como salida histórica
Con la caída del muro de Berlín, la frase de no “hay alternativas” se instauró en el imaginario mundial. No por azar, surgió la hipótesis del “fin de la historia” de Fukuyama (1995).
Con el gran acontecimiento de la segunda guerra mundial, surgió en la región el pensamiento cepalino como teoría del desarrollo que basaba su análisis en el deterioro en los términos del intercambio y en la noción de centro/periferia. Sin lugar a duda, esto dio paso a una corriente de pensamiento propio de la región que tuvo un impacto mundial. Esta teoría si bien hacía una lectura desde el Sur, tenía el mismo objetivo que las políticas realizadas en el centro: la modernización capitalista. Por su parte, el comunismo tampoco interpeló la economización de las sociedades ni el fin de la acumulación, el cual esta vez se hacía desde el Estado. No interpelaban su episteme ni su ontología.
Con la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez, diez años después en América Latina surge una ola de gobiernos de tendencia de izquierda que plantearon claramente propuestas alternativas de sociedad. Es sobre todo en Ecuador y Bolivia que se plantea, en este contexto, la necesidad de construir la sociedad del buen vivir, de la vida buena, de la vida a plenitud que, ahora más que nunca, adquiere relevancia.
La filosofía del vivir bien es una propuesta holística en la cual la economía es un componente más de la sociedad, pero no la única. El buen vivir trasciende la mirada desarrollista. Pone en el centro de prioridad a la vida, pero no a cualquier tipo de vida, sino la consecución de una vida plena, buena, digna. En el corazón, justamente propone una real crítica al capitalismo, tanto en lo teórico y metodológico, pero sobre todo en términos políticos para viabilizar la disputa de otro tipo de sociedad.
Una de las primeras características que tiene es que no parte de “tanques de pensamiento” o de académicos, intelectuales que den luz a tal potencial paradigma. Surgen de procesos históricos, democráticos, paridos por un intelecto social colectivo. Se estructuran retomando la historia de los pueblos ancestrales pero en franco diálogo con las propuestas de las poblaciones mestizas y de las luchas de los oprimidos: feministas, estudiantes, campesinos, agricultores, informales, subempleados, ecólogos.
En términos conceptuales, rompe con el individualismo teórico y metodológico que ha tenido primacía y ha sido hegemónico al menos en la disciplina económica (lo cual, no es menor al ser la disciplina hegemónica en las ciencias sociales).
En efecto, uno de los componentes constitutivos de la filosofía social de la vida buena en el proceso de deliberación democrática vivida en la región es la recuperación de la mirada y el sentido del “otro(s)”, la “otra(s)” y del “nosotros”. No es fortuito que en Ecuador y Bolivia, en sus artículos constitucionales, se coloque en el centro del debate, más allá de la democracia representativa, la necesidad de construir una democracia deliberativa, participativa y comunitaria. Tampoco es azaroso que frente a la economía de mercado se reconozca la pluralidad de economías en donde su centro sea la construcción de la economía social y solidaria que existe en virtud de que el “otro” y la “otra” viven, y en donde el Estado juega un rol fundamental en la garantía de derecho a la vida buena. Asimismo, el mandato de construir un Estado Plurinacional e Intercultural frente al monolítico Estado instrumento colonial en donde se reconozca la pluridiversidad de nacionalidades y pueblos que conforman al territorio es parte de recuperar a los “otros y otras” invisibilizados, silenciados. La “otra” también es la mujer en la sociedad del buen vivir en donde se parte del reconocimiento de la pluralidad de identidades y se reconoce –entre otros aspectos- el trabajo que implica el cuidado de “las y los otros” realizada principalmente por ellas. De la misma forma, frente al mundo xenófobo, se conmina a construir el derecho a la movilidad humana y la ciudadanía universal en donde todos “los otros” del mundo estemos incluidos. Y, en la disputa por recuperar la mirada de “el otro”, “la otra” y el nosotros se rompe con el logos antropocéntrico al colocar a la naturaleza como sujeto de derechos. Bajo esta perspectiva, la otra también implica una relación armoniosa con la naturaleza o la Pachamama. Si bien la vida es lo más relevante, esta no tiene sentido sin los otros, las otras y sin construir juntos el nosotros.
El COVID-19 pone de manifiesto que la vida es lo primero y que solos no nos salvamos. Necesitamos de la acción colectiva, de la coordinación; necesitamos del Estado; necesitamos del otro, la otra, del nosotros. A su vez, el coronavirus pone en evidencia la necesidad de construir un logos biocéntrico en donde no pueda pensarse la vida humana sin la vida no humana o de la naturaleza. Estos mensajes potentes que recordamos diariamente durante nuestra cuarentena son consustanciales a la sociedad del vivir bien.
En el marco de las urgencias que parten con la necesidad de garantizar una muerte y vida dignas y en donde se requieren propuestas inmediatas tales como el no pago de la deuda externa ilegítima e ilegal, el posponer todo pago de deuda ciudadana al sistema financiero, el garantizar estabilidad laboral y el pago de sueldos o de un ingreso ciudadano universal para romper el estado de necesidad, el garantizar bienes básicos y alimentos a los más pobres, el generar reformas tributarias radicalmente progresivas con impuestos a grandes patrimonios y herencias, es necesario recuperar el pensamiento latinoamericano y la propuesta de construir otra sociedad.
La conciencia histórica de la necesidad de un cambio radical -que frente a la necropolítica del capitalismo- ya rondaba las calles, las alamedas, los parques de nuestra América Latina antes del COVID-19. Es esa misma conciencia y lucha histórica que hará que, si bien en el corto plazo puedan profundizarse las dictaduras democráticas y el autoritarismo neoliberal, también vuelva la indignación de octubre, noviembre, diciembre del 2019 a las calles, y con ello, se retorne a poner en el centro de la sociedad lo único que tiene valor per se: la vida (buena, plena, digna) del ser humano y de la naturaleza.
En América Latina, la pandemia del COVID-19 no dará nacimiento a nada nuevo. La COVID-19 solo es un recordatorio del mundo poco humano en que vivimos. La historia la cambian los pueblos y en América Latina la semilla de la transformación se sembró hace ya algunos lustros, y será a través de la unión de movimientos sociales y políticos que se viabilizará el disfrute social de sus frutos emancipatorios. No me cabe duda de que volveremos a abrazarnos; volveremos a besarnos; y, esta vez será sin miedo al contagio. ¡Será una fiesta, será el “baile de los que ahora sobran”, y será hermoso!
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*Economista, Doctor en Sociología de la Desigualdad (Universidad de Coimbra). Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Celag
A continuación, se desarrolla lo señalado.
Sobre la crisis de acumulación capitalista
Como es conocido la salud del capitalismo es la rentabilidad. A lo largo de la historia, las ganancias se han producido o por transferencia de riqueza (etapa mercantil) o por la generación de plusvalor del trabajo (época del capitalismo industrial) (Shaikh, 2016).
Hoy en día, asistimos a una transición en donde parece generarse una nueva acumulación originaria basada en la “minería de datos” e información de un general intellect que se transforman en valor de cambio en los circuitos financieros. . Así como en el mercantilismo la ganancia por transferencia se dio a través de procesos violentos de explotación de mano de obra esclava y de recursos naturales, hoy en día se retorna al mismo tipo de ganancia rentista a través de otro extractivismo, el cual es canalizado por medio de los procesos de financiarización de la economía: el infocognitivo.
En 1975, el 83% del valor de mercado de las 500 empresas más importantes que cotizaban en la bolsa de Estados Unidos correspondía a activos tangibles. En el 2015, este porcentaje apenas constituía el 16% debido a que el 84% del valor de las empresas correspondía a activos intangibles (Vercellone, 2017, p. 33). Vivimos la era en que el valor de cambio en el comercio mundial está enraizada en lo inmaterial.
El valor no se genera solo en el trabajo, sino que está en cada instante de la vida cotidiana que se transforma en información al ser procesado por grandes corporaciones monopólicas que contralan las autopistas informáticas y que tienen la capacidad de procesarlas y colocarlas en los circuitos financieros. Este extractivismo infocognitivo no fortuitamente se genera a través de procesos denominados “minería de datos”. Así por ejemplo, tan o más valioso que el dinero de los bancos es la información que saben los mismos sobre todas las transacciones que se hacen en los mercados financieros. Más allá del circuito financiero, el dato procesado adquiere la forma de capital. Al internet de las comunicaciones se suma el logístico y el de las cosas, lo que permitirá acrecentar un mayor nivel de extracción informacional.
La posición del Sur global es pasiva. Al mencionado extractivismo de la minería de datos se suman otros procesos igualmente violentos de expoliación: 1. La transferencia de conocimientos sur-norte por el flujo neto de migrantes calificados; 2. El aporte de la producción científica de investigaciones del sur que son apropiadas por empresas transnacionales; 3. Los procesos de biopiratería de recursos genéticos del Sur; y, 4. La extracción de saberes ancestrales y tradicionales para generar tecnologías. Estos procesos se concretan a través de construir ficticiamente las ideas, los saberes acumulados por los pueblos originarios, los conocimientos y la información de la biodiversidad como bienes escasos a través de sistemas cada vez más sofisticados de propiedad intelectual, de tecnologías digitales y de nuevos productos financieros que se negocian en las bolsas de valores. Este panorama genera una nueva biopolítica sobre los cuerpos y las vidas (humana y no humana) en donde parte sustancial de la acumulación se basa en la construcción de panópticos mundiales.
En América Latina, lo anteriormente señalado es consecuencia de un problema estructural: su matriz productiva primario exportadora, pero sobre todo la característica de tener una matriz secundaria importadora de bienes industriales y terciario importador de conocimiento. Así como contar con ingentes reservas de petróleo y –por ejemplo- no poseer industria petroquímica no es un problema exógeno sino endógeno, actualmente existe un extractivismo infocognitivo porque no se ha desarrollado soberanía cognitiva en nuestra región. Se invierte poco en ciencia, tecnología e innovación y se tienen sistemas universitarios napoleónicos que no asumen por objetivo generar nuevo conocimiento ni desarrollar tecnología innovadora. La situación narrada hace que la región sea más vulnerable en términos de soberanía a shocks externos como lo demuestra el impacto de la COVID-19. A su vez, el rentismo de las elites, sobre todo importadoras y las pertenecientes al sistema financiero, produce inmovilidad estructural productiva. ¿Para qué producir tecnología o invertir en innovación si puedo importar y generar ganancias sólo de la intermediación (sin riesgo)? En el marco de lo que sucede en el mundo se genera un estrangulamiento tecnocognitivo (Ramírez, 2019) que va más allá de los circuitos monetarios y que produce economías más vulnerables al generar un neodependentismo de la mentefactura de la periferia hacia los países “centrales”.
Mientras en la crisis del capitalismo los países industrializados o que más se han desarrollado ponen el foco de fomento productivo en el conocimiento y el desarrollo de tecnología (principalmente al principio y final de la cadena de valor), las economías de nuestra región continúan siendo primarias exportadoras y sobre todo de servicios, de pequeños comerciantes que venden productos importados (generalmente de China) u otro tipo de servicios de muy bajo valor agregado. Esto implica algo fundamental para el análisis de nuestra coyuntura. La ciudadanía en su mayoría vive de su trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo en el día a día. Pocos pueden darse el lujo de quedarse en casa. Por eso no basta con buscar garantizar que no se despida a la gente porque la mayoría de ciudadanos trabaja en el mercado informal, es cuentapropista o se encuentra subempleada. Únicamente un sector muy pequeño de la economía se logra conectar a los circuitos de las cadenas de valor global.
A lo señalado se evidencia que en las últimas décadas en el mundo continúa la tendencia sistemática de observar una tasa decreciente de la ganancia del capital, como bien lo han demostrado Esteban Maito (2013) o Michael Roberts (2014). Esto sucede a la par que se observa también uno de los momentos de mayor concentración de la riqueza y el ingreso como lo deja claro Piketty (2016). Esta concentración se debe, entre otras razones, a las nuevas prácticas que se dan en el capitalismo cognitivo que basa la ganancia en procesos de transferencia rentista y no exclusivamente de generación de ganancia “genuina” a través del plusvalor (Karabarbounis y Neiman, 2014).
En definitiva se puede observar que: 1) se tiene un retorno en el capitalismo contemporáneo de una ganancia por transferencia que no genera valor genuino; 2) existe un crecimiento en la concentración de la riqueza y de los ingresos en el mundo y en la región (incremento de la desigualdad); 3) continúa sistemáticamente decreciendo la tasa de ganancia del capital. A nivel regional se suma los siguientes fenómenos: 4) América Latina vive un estancamiento de su matriz productiva en donde se acentúa el componente secundario importador de bienes industriales e importador de bienes terciarios, con un amplio resguardos de las elites económicas de la posesión de divisas en paraísos fiscales; y, 4) la región no ha dejado de tener un mercado laboral altamente segmentado, con altos niveles de informalidad y vulnerabilidad hacia los shocks externos, en donde sus trabajadores dependen de la venta diaria ininterrumpida de su fuerza de trabajo para garantizar la supervivencia mayoritaria de sus familias. Como se verá más adelante, éstas características constituyen el caldo de cultivo de una bomba de tiempo que no tiene válvula de escape y que en cualquier momento puede explotar al agudizase las contradicciones por la sobrevivencia. Se volverá sobre este punto más adelante.
Sobre el oxímoron “dictaduras democráticas”
Para la real academia de la lengua española, un oxímoron es “la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como un silencio atronador”. El sentido literal del oxímoron suele resultar en absurdos semánticos, como dictaduras democráticas. Estas dos palabras -a priori- jamás debiesen estar juntas. No obstante, parece ser que es muy cercano a lo que describe, hoy en día, lo que sucede en muchos países de Latinoamérica y en otros lugares del mundo.
La ciencia política como disciplina académica se ocupó deliberadamente en estudiar, a partir de las dictaduras vividas en los sesenta y setenta del siglo pasado, las “transiciones a las democracias”. El oxímoron del título de este escrito propone que es necesario empezar a estudiar las “transiciones hacia nuevas formas de dictaduras”.
Desde la perspectiva democrática, este aparente absurdo simplemente se refiere a que la democracia actual, como régimen político, sería una farsa. No nos referimos aquí ni siquiera a la democracia sustantiva sino a lo que Adam Przseworki llama “democracia mínima” (Przseworki, 2010).
Estas nuevas formas de autoritarismo difieren de las vividas en el siglo pasado. Son mucho más sutiles, aunque su sofisticación desaparece a medida que la crisis del capitalismo aumenta.
Vamos por partes.
Adam Przeworski solía decir que lo mínimo que hay que garantizar en las democracias es la libre competencia electoral (Przseworki, 2010). ¿Pero qué sucede cuando existiendo procesos electorales institucionalizados tal competencia es una mentira social? Tal parece ser lo que es la norma en muchos países de la región.
En efecto, más allá del impeachment a Dilma Roussef, lo cual también es parte de las “dictaduras democráticas”, las elecciones presidenciales de Brasil dan cuenta que no se respeta la libre competencia electoral. Suele existir argumentos desde cierta izquierda que la llegada de Bolsonaro en Brasil es consecuencia del gobierno “desarrollista o poco progresista” de Lula da Silva. La pregunta es simple: ¿Hubiese ganado Bolsonaro si hubiese participado en la contienda electoral Lula da Silva? ¡Claramente, no! En las “dictaduras democráticas”, se usan las instituciones democráticas y sus mecanismos –concretamente los sistemas de justicia o los órganos electorales- para proscribir o anular la participación de los que atentan contra los intereses de acumulación de los grupos económicos principales de cada nación, quienes suelen buscar el poder del Estado para recomponer la velocidad de la tasa de ganancia perdida en los gobiernos denominados progresistas de la región. El resultado es claro: Lula encarcelado y libre cuando ya no es peligro electoral para esos intereses, Bolsonaro presidente.
El caso del Ecuador no es diferente. Más allá de la traición política más grotesca de la historia ecuatoriana y quizá de Latinoamérica, que será seguramente estudiada por las próximas generaciones, a través de procesos de persecución mediática y judicial y –en este caso- usando otro poder del Estado (el Consejo Nacional Electoral que en Ecuador es otra función estatal), no se permitió que se inscriba el movimiento político con mayor cantidad de militantes de Ecuador para competir en la última contienda electoral del 2019. Lo señalado no ha quedado en el pasado. No conformes con esto, en el año 2020 se avanza sin dilación en la proscripción del ex presidente Rafael Correa a través de procesos penales sesgados donde se fraguan pruebas y testigos falsos. El objetivo es que el “correísmo” no esté en la papeleta de votación del 2021. Así, a partir de un caso ya juzgado por el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reabrió el proceso para eliminar la inscripción de la nueva fuerza que busca canalizar los votos ir representados de la RC, denominada Fuerza Compromiso Social para preparar el escenario de exclusión de esta fuerza y sus votantes en las elecciones del 2021.
Otro ejemplo adicional es Bolivia. En el país altiplánico, luego de un proceso electoral que de acuerdo a informes técnicos del Election Data and Science Lab del MIT, dio por ganador al candidato Evo Morales en una sola vuelta, se perpetró un golpe de Estado al viejo estilo de los modelos del siglo XX con intervención directa de las fuerzas armadas. Tal situación dejó en evidencian el juego antidemocrático que históricamente ha jugado en la región la Organización de Estados Americanos (OEA) y EE. UU. como su principal actor. Al igual que los casos anteriormente señalados, proscribieron la participación del ex presidente Evo Morales, y está por verse cuándo se celebrarán elecciones que han sido suspendidas por la pandemia del COVID-19.
El caso de México es paradigmático pues las denuncias de fraudes electorales resulta la moneda corriente hace más de dos décadas desde su particular transición democrática desde el sistema de partido único. Esta no pudo repetirse en el 2018 por la amplia resistencia popular hacia este tipo de prácticas y por la incuestionable diferencia que existía entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y el candidato del PRI, José Antonio Meade.
Ahora bien, no debemos olvidar que si bien parecía cosa del pasado que las fuerzas armadas vuelvan a ser dirimentes explícitos en las democracias de la región, en los últimos meses luego de las movilizaciones populares de finales del 2019 vivimos claramente el retorno de su rol protagónico y develado. En los países en donde existe connivencia entre gobiernos civiles y actores militares pudieron éstos resistir las movilizaciones sociales de fines del 2019 como son el caso –por ejemplo- de Ecuador y Chile. En Bolivia sucedió todo lo contrario, los militares dirimieron y apoyaron explícitamente el quiebre del orden democrático y el gobierno de Evo Morales no sólo pudo terminar su período democrático como correspondía, sino que no pudo asumir el nuevo mandato que ganó en la lid electoral. Se perpetró así un golpe de Estado al conocido estilo del siglo XX.
Algunos autores no se han atrevido a hablar lisa y llanamente de dictaduras y han denominan los fenómenos narrados como un interregno de “estados de excepción”. No obstante, cuando se observan los viejos y nuevos componentes dictatoriales puestos en juego y la extensión y normalidad con la que se desenvuelven debería volver a revisarse nuestros resguardos y pruritos a llamarlos dictaduras.
Autoritarismo neoliberal
El autoritarismo neoliberal es un subproducto de la crisis de acumulación capitalista que no encuentra una mejor salida institucional para resolver el problema de la reducción de la tasa decreciente de ganancia del capital que vive la economía mundial, el respectivo incremento de la concentración de la riqueza en pocas manos, y la incapacidad de construcción de valor genuino (porque genera ganancias rentistas por trasferencias) en el capitalismo financiero naciente de tipo informacional y cognitivo.
Frente a la crisis de acumulación mundial, la actual ganancia por transferencias parece no compatible con sistemas democráticos; peor aún en economías como las latinoamericanas caracterizadas por ser históricamente rentistas. En este marco, se buscan formas ficticias de democracia institucionalizada para legitimar ganancias de capital sin creación de valor económico. En momentos de expansión y crecimiento económico tal situación puede pasar desapercibida. No es el caso de lo que sucede actualmente en la región.
Las dictaduras hoy en día suman nuevas características. Vivimos regímenes políticos mediados principalmente por la intervención de los sistemas de justicia y los medios de comunicación. La dialéctica está en romper con los gobiernos denominados progresistas o populares nacionales que basan su poder en procesos de incorporación política, social y económica de grandes mayorías históricamente excluidas. Es decir en romper la pauta de incorporación conservadora que signó las destinos de buena parte de los países de la región (Filgueira, 2013). Al no estar asegurada la victoria de las elites económicas y de las oligarquías tradicionales en procesos transparentes electorales, se recurre a dos instituciones que pueden fácil y naturalmente aislarse de la presión popular. En donde usualmente se dirime gran parte de los conflictos sociales tanto formales (sistema de justicia) como subjetivos (medios de comunicación). En efecto, el famoso principio del equilibrio de poderes liberal resultó mortalmente cuestionado. Hoy por hoy, el poder estatal, que tiene mayor jerarquía, resulta ser la función judicial; pero el que lo legitima es el poder oligopólico de los medios de comunicación (incluido el ejecutado a través de las redes sociales), que frecuentemente está relacionado al poder financiero. El “poder constituyente” del desequilibrio de poderes –hoy en día- son los medios de comunicación y los sistemas de justicia.
No podemos leer tampoco -en este marco- que el neoliberalismo que retorna en la región es igual al de los ochenta y noventa del siglo pasado. Ese sucedía en la disputa por la transición y consolidación de las democracias. El que estamos viviendo a fines de la segunda década del nuevo milenio sucede en la transición hacia nuevas formas de autoritarismo; o, siendo optimista, hacia nuevas modalidades de regímenes políticos que aún no han sido estudiados a cabalidad y menos aún identificados y formalizados todos sus componentes. En este sentido, lo que caracteriza principalmente a la época que vivimos es la idea de un autoritarismo de nuevo cuño o al menos aggiornado.
Otra gran diferencia de esta recomposición neoliberal es que, luego de los gobiernos neodesarrollistas de los tres primeros lustros del siglo XXI que buscaron edificar una arquitectura de instituciones de interés común amplia (extensa inversión pública en energía, universidades, telecomunicaciones, carreteras, salud, educación, seguridad social, etc.), la apropiación privada de la acumulación social resultó mucho más amplia y a mayor velocidad que cuando no existían o estaban desmanteladas las mismas.
No obstante, quizá uno de los problemas más significativos del nuevo neoliberalismo resulta de dónde proviene la defensa de los autoritarismos. Las dictaduras militares del siglo pasado no tenían legitimidad social y cualquier tipo de silencio provenía del miedo a la represión. Seguidamente, la “liberalización política” (democracia) vino acompañada de la “liberalización económica” (neoliberalismo), en un ejercicio “top-down”. El autoritarismo neoliberal que viven ahora nuestros países tiene una base de sustento en la propia ciudadanía que reivindica el racismo, la xenofobia, la violencia, el odio, la discriminación, la distinción, prácticas antidemocráticas o que violen derechos humanos. Las dictaduras democráticas y su correlato en el plano económico de autoritarismos neoliberales son respaldadas por fascismos sociales. Las dictaduras militares de antaño se ejecutaban a través de la función Ejecutiva de los Estados, las “dictaduras democráticas” actuales se ejecutan a través de la función Judicial y se apoyan y legitiman en los medios de comunicación (aunque como hemos señalado cada vez con mayor protagonismo reaparecen las Fuerzas Armadas y policiales). y en el sentido común que éstos alimentan en gran parte de la población. En este escenario, un grupo de las poblaciones de la región ven con buenos ojos la “mano dura” de los gobiernos para llevar adelante políticas para precautelar a la población frente al COVID-19.
Ahora bien, es necesario dejar explícito el rol autoritario que cumple la comunicación en tiempos de “big data”. La manipulación psicosocial que se ejecuta a través de los medios de comunicación y que no hace falta justificar porque está a la luz pública, son ejercicios monopólicos de abusos de poder autoritarios que llegan al inconsciente colectivo como parte de las nuevas estrategias de mercado, tanto en el ámbito económico como político. Una de las estrategias dominantes son las mentiras informativas denominadas “fake news” que circulan sobre todo en redes sociales. Se podría decir que una de las mayores luchas que enfrentan las democracias actuales son las disputas por la verdad.
Quizá un buen ilustrador de lo que se intenta explicar es lo sucedido el 11 de abril de 2019 en la Embajada del Ecuador en Londres en el arresto del fundador de Wikileaks. En tiempos de “modernidad líquida”, Jullian Assange resulta una de las personas más peligrosas en el mundo porque pone el dedo donde más duele: la opacidad del manejo de lo público y la ausencia del derecho a la privacidad en el ámbito individual (privado).
En efecto, a través de garantizar el anonimato de documentos públicos de carácter sensible, Wikileaks devela la manipulación de la información que existe en el poder político y mediático en nuestras democracias. Solo recordemos el video de tiroteos de periodistas en Baghdad; los 92 mil documentos sobre la Guerra de Afganistán o los 393 mil documentos filtrados del Pentágono sobre la Guerra de Irak donde se revela el uso sistemático de torturas o el número de muertos o los Cablegates, etc., dan cuenta de lo poco transparente de la “cosa pública”. Pero no solo aquello, Julián Assange hace una revelación que tiene que ver con el ‘capitalismo panóptico’ y su articulación con la ‘dictadura democrático-panóptica’ en su libro “Cuando Google encontró a Wikileaks”. Parece ser que sólo la desconexión garantiza el derecho a la privacidad.
Sobre las rebeliones populares del 2019
En buena parte de la región, luego de las etapas dictatoriales del siglo pasado, las transiciones hacia la democracia estuvieron signadas por la implementación de una agenda neoliberal con repercusiones devastadoras para las condiciones de vida de la mayoría de la población. Casi 25 años de políticas de despojo y desprotección produjo una estructura social altamente desigual que parecía difícil de ser modificada. Especialmente los estratos populares fueron conviviendo cada vez más con situaciones de privación material que les fueron llevando a bajar tanto sus expectativas que empezaron a aceptar como normal lo poco que podían alcanzar. En estas circunstancias surgen -en algunos países- a principios del siglo XXI gobiernos con proyectos sociales y económicos populares que favorecen a las grandes mayorías. Son momentos en la historia de estas naciones, desde el retorno a la democracia, que se consigue a la vez reducción de pobreza, de indigencia, de desigualdad, de desempleo, incremento de la clase media y democratización de derechos sociales (Ramírez, 2017). Tales avances se revirtieron desde que hubo un retorno de gobiernos conservadores en Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, entre otros y se implementó una agenda de austeridad y saqueo a las grandes mayorías, acompañada de procesos de concentración de la riqueza para las pocas y tradicionales minorías oligárquicas de los diferentes países.
No obstante, los cambios producidos durante la “década de la igualdad” habían generado dos efectos que se juntaban y que, a pesar de ser contradictorios, luchaban contra las políticas de concentración de riqueza (Ramírez y Minteguiaga, 2019). En efecto, por un lado, una década de democratización de derechos permitió un cambio estructural en las sociedades que han sido muy poco discutido y menos aún analizado: los estratos y medios bajos rompieron el umbral que se había (auto)construido en el proceso de adaptación de sus deseos a la precarizada situación en la que vivieron durante casi un cuarto de siglo. Experimentaron el acceso y disfrute de derechos y también condiciones de vida dignas. En el otro lado de la moneda, parece ser que los proyectos denominados progresistas generaron una paradoja en las clases medias altas. Estos estratos a pesar de haber salido de la pobreza, no ser pobres y haber mejorado sistemáticamente sus condiciones de vida y consumo desarrollaron expectativas de pertenecer al percentil más alto de la escala social y económica, razón por la cual subjetivamente empezaron a sentirse más pobres en términos relativos. Fenómeno denominado “la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo” (Ramírez, 2016).
El despojo producido en pocos años de políticas neoliberales de gobiernos como el del Macri en Argentina, Moreno en Ecuador, o Piñera en Chile hizo que se generen movilizaciones de aquellos sectores trabajadores, de clases pobres o medias pauperizadas que -por un lado- reclamaban vivir decentemente, en tanto que -por el otro lado- una buena parte de los mejores posicionados en la escala social demandaron que no se les “roben” ni se les “frenen” sus sueños de prosperidad sin fin.
En algunos países, las movilizaciones de octubre, noviembre, diciembre son en buena medida producto de una gran masa de ciudadanos que pudo probar la dulzura de las uvas que eran alcanzables y una porción del grupo de la población que veía que en el “túnel” de la sociedad sus condiciones de vida se habían estancado o retrocedido, mientras que observaba cómo se alejaba el pequeño grupo de la población del cual aspiraba a ser parte (los más ricos). Octubre, noviembre, diciembre de 2019 son fruto de la lucha de estos sectores sociales que veían con ansia la oportunidad de retomar el tiempo perdido en su velocidad de acumulación sin fin, frente a un proletariado (que incluye a los grupos históricamente excluidos como son los indígenas, los negros y las mujeres) que luchaba por retomar el camino de vivir dignamente y de poder seguir soñando con alcanzar -seguramente- lo inalcanzable.
Por ello, ni fin de ciclo progresista (Ecuador, Uruguay, Brasil), ni fin de ciclo de la corta noche neoliberal (Argentina). América Latina está disputando una transición social que se debate entre la vida y el capital; entre la democracia y el autoritarismo.
Debe quedar claro que, frente a los discursos del fin del ciclo progresista en la región y el inicio de un ciclo contrario de derecha como se ha señalado insistentemente por varios académicos, lo que se evidencia a través de lo precedentemente descrito es que se vive un momento de transición en disputa. Una suerte de continuo en permanente contienda. Durante la década progresista se evidenció una resistencia de las elites económicas y de aquellos que empatizaban con sus expectativas. En los gobiernos conservadores, así como se vio desplegar un neoliberalismo desbocado, también se evidenció una resistencia que reveló la productividad de las políticas (re)distributivas de los gobiernos progresistas. Si bien se puede decir que han sido muy efectivos los gobiernos conservadores en conseguir sus objetivos de acumulación de ganancias (los casos paradigmáticos quizá son Macri, Moreno y Bolsonaro), no es casualidad en ese sentido que –por ejemplo- haya ganado las elecciones Alberto Fernández en Argentina. En efecto, parece ser que uno de los cambios más estructurales que se experimentó durante los gobiernos de izquierda fue la ruptura de las expectativas adaptativas de las clases bajas y medias bajas de la población. La ciudadanía sintió que es tener derechos y que podía efectivizar una vida digna. En este marco, las rebelión de 2019 no fue resultado de fuerzas azarosas. Si no la expresión de una lucha de clases en donde los grupos económicos más concentrados vieron la oportunidad inigualable para asestar legalmente un nuevo y brutal saqueo y los sectores subalternos se resistieron a perder las conquistas alcanzadas o a soñar poder romper con el despojo sucedido durante la implementación del neoliberalismo.
Desde este lugar, debe quedar claro que será fundamentalmente la unidad de un frente progresista en cada país para frenar la instauración de un autoritarismo neoliberal mucho más fascista, racista, machista, xenófobo y regionalista que el que funcionó entre fines del siglo XX y principios del XXI. Las recomposiciones neoliberales contemporáneas han extraído grandes lecciones de las experiencias progresistas y de las nuevas formas de hacer política. Difícilmente se podrá pensar detener tal arremetida sin un pacto superior entre los movimientos sociales y movimientos políticos que buscan el bienestar del común. La separación entre ambos ha sido mortal para las democracias y para el retorno de gobiernos de derecha en la región. La insurgencia de fines del año pasado quedarán consumida en su explosividad y efervescencia más no logrará gran cosa en términos de transformación política y social si sus protagonistas no logran ponerse de acuerdo respecto a lo que realmente está en juego y a la necesidad de transitar un proceso de construcción colectiva de las fuerzas que pretendan impugnar el neoliberalismo y retomar la senda de la construcción de sociedades que buscan el bien común de sus pueblos.
Lo hasta ahora experimentado, revela que, si no se da la mencionada unidad, el futuro que se viene no sólo no se resolverá como hasta ahora bajo formatos seudo democráticos, sino que adquirirá formas explícitamente violentas. El ejercicio directo del terror por parte de quienes ocupen el Estado y su aparato represivo: el terrorismo de Estado para un proyecto de sociedad neoliberal.
La COVID-19, la fisicalidad de lo virtual y sus paradojas
Ahora bien, la llegada del COVID19 resultó ser un catalizador de las contradicciones que vive el mundo y la región.
Como se mencionó, en las últimas décadas se evidencia en el mundo una tasa decreciente de la ganancia en el capitalismo a la par que se viven los momentos de mayor concentración de la riqueza y el ingreso al estudiar el último siglo.
Si bien la crisis de acumulación de las grandes transnacionales parecía estar solucionándose por nuevas prácticas rentistas de especulación financiera, ligadas al rol que juegan las nuevas tecnologías de información en el marco de sistemas de comunicación hegemónicos y de globalización de las finanzas, éstas resultaron en buena medida también ficticias. El decrecimiento de las ganancias parecía estar solucionándose a través de un extractivismo infocognitivo rentista y especulativo de quienes tienen la propiedad del conocimiento y la información (incluida la financiera). Al ser un capitalismo rentista no genera riqueza (sino transferencia) como el capitalismo industrial. En este marco, no es casual que cada cierto tiempo –por ejemplo- cambien las reglas de juego para incrementar el tiempo de duración de la propiedad intelectual (“liberen al ratón”) o que en los nuevos tratados de libre comercio el capítulo de propiedad intelectual de los datos/información adquiera cada vez mayor relevancia.
Cuando nos articulamos en las cadenas globales como ciudadanos del Sur es para que se extraiga ya no solo trabajo “excedente” barato (en maquilas o plataformas digitales) y recursos naturales sino también datos, información (incluido el de la biodiversidad) o conocimiento. Las elites económicas nacionales, por su parte, obtienen ganancias a través de procesos rentistas sobre todo de intermediación con escaso valor agregado y protegen su dinero poniendo sus divisas en paraísos fiscales. Así se generan al menos dos economías marcadas por un abismo en nuestros países.
En este punto se produce un cortocircuito que la pandemia del coronavirus saca a la luz y rompe con el sueño de la acumulación “virtual”. Justo cuando se creía que se podía superar la crisis de acumulación a través de la digitalización de la economía (transitar del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo), el coronavirus nos recuerda que por más inteligencia artificial que haya, por más big data, por más algoritmos el corazón de la economía sigue siendo el ser humano.
En efecto, el neoliberalismo ha querido prescindir del ser humano para su acumulación. Siempre antepuso el capital sobre el ser humano. La pandemia de coronavirus recuerda al mundo que sin ser humano no hay ganancia del capital, desde para poder “explotarlo” hasta para que el capital se realice a través del consumo. Uber puede rentar en tanto haya uberistas y consumidores de uber. ¿Si todos están en casa que sucede con la ganancia por transferencia? Y ¿las redes sociales? El negocio de Twitter no es la red social sino son los datos que son vendidos a empresas que usan esos datos para algún fin comercial. La principal acumulación de información se hace a partir del propio consumo. Es por esto que incluso en empresas digitales se puede observar una drástica caída en su valor de mercado y su recuperación hasta el momento no ha retornado al punto más alto de su cotización durante el presente año. Al imperio de Facebook le tomó aproximadamente tres meses retomar el valor de sus acciones del punto más alto conseguido antes de la COVID-19. Claro está, existen plataformas que por su propia naturaleza, la COVID-19 ha generado una onda expansiva del valor de sus acciones. Nos referimos por ejemplo a Netflix, Zoom, Amazon.
A diferencia de lo que han sido otras crisis o incluso la gran depresión de los treinta (1929), la actual crisis es tanto de oferta como de demanda. No solo bastan soluciones keynesianas sino también implica pensar políticas de oferta. No obstante, ninguna de las dos será suficiente pues parece ser que la COVID-19 reclama por otros modos de producción, en el cuál se incluye otro rol del Estado.
Empero, la COVID-19 revela otras contradicciones sociales. La pandemia del siglo XXI separa lo importante de lo superficial, en imágenes que muchas de las veces resultan paradójicas.
En efecto, el coronavirus pone en el centro de debate lo que realmente tiene valor: la vida (salud) y en términos energéticos, la alimentación. Lo que deja translucir el coronavirus es la fisicalidad de lo virtual. Los robots o lo virtual podrían reemplazar el trabajo (en ciertos casos) pero no el consumo de los propios ciudadanos. Los robots simplemente no tienen necesidades por sí mismos. No solo aquello. Asimismo, al ser la fuente principal de energía los alimentos, el COVID-19 recuerda otra gran injusticia. Si bien en América Latina el sector agrícola suele ser uno de los sectores que más empleos genera cuando se analiza las diferentes ramas de actividad, las y los campesinos y agricultores (que no coincidencialmente suelen ser poblaciones con altos porcentajes de indígenas) son parte del grupo de trabajadores más explotados en el mercado laboral y, por ende, con mayores niveles de pobreza relativa. En momentos que “todos están casa”, los únicos que socialmente no pueden hacerlo son los trabajadores del ámbito de la salud que garantizan la vida misma y los agricultores que garantizan la energía para la vida. ¿Por qué en el sistema mundial si los alimentos son de los bienes más importantes y con mayor valor de uso son los que con mayor frecuencia ven deteriorarse sistemáticamente sus precios de intercambio frente a tecnologías muchas de las veces suntuarias?
Una segunda paradoja tiene que ver con que lo público y común implica recluirse en el espacio privado. Ahora resulta que “lo público es privado” o “ser solidarios siendo solitarios”. El COVID-19 destapa la crisis de la praxis y del discurso del Estado mínimo, cuya superación conllevaría la recuperación de lo público y común de la humanidad. No obstante, irónicamente la cooperación pública y común en tiempos de coronavirus es atrincherarse en cada casa y quedarse quietos sin interactuar con el otro o la otra. “Quédate en casa” es la demanda pública más común en el mundo en lo que va del 2020. Pero la paradoja no termina ahí. Si bien a la luz de las denuncias de los movimientos feministas simplemente es la contracara de “lo privado también es público”, la reclusión en las familias implica ya el aumento de la violencia en contra de las mujeres. A lo señalado hay que sumar que la “explotación” o asimétrica distribución de la carga de trabajo no remunerado que realizan las mujeres y las niñas en el hogar ha crecido durante el tiempo de confinamiento, como lo señala el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto implica hacer eco -para el post COVID-19- de las palabras de Judith Batler: “Debería haber otras formas de refugio que no dependen de una falsa idea del hogar”. El estar tanto tiempo en casa, al menos debería permitir poner en el centro del debate público la violencia intrafamiliar hacia las mujeres y las acciones necesarias para que éstas no sucedan.
Finalmente, uno de los recordatorios más importante de lo que ha producido el coronavirus y que viene de la mano de las movilizaciones de la marea verde es que lo más importante en la economía resulta ser aquello que dentro del capitalismo no suele tener valor de cambio. Nos referimos a la economía del cuidado. Cualquier diseño post COVID-19 debe tener como base a la economía del cuidado, del cuidado del otro, la otra y el nosotros/as, incluyendo la misma naturaleza. Resulta irónico, bajo lo señalado, que justamente el coronavirus afecte con mayor intensidad a los de la tercera edad quienes en la crisis de empleo han venido jugando un rol fundamental en el cuidado de los nietos y nietas y a las mujeres quienes son las que realizan principalmente las actividades del cuidado dentro del hogar.
La muerte de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas implica el achicamiento del presente y ensanchamiento del pasado en donde parece ser que queda implícito que el mundo no está preparado para que el ser humano viva tanto tiempo. Desde un punto de vista de la muerte, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas son los leprosos de la nueva pandemia del siglo XXI. Nuestros padres, madres, abuelos, abuelas hasta antes del COVID-19 eran pleno presente. Ahora parece ser que socialmente son el “potencial pasado más próximo” y que tienen menor valía social justamente por aquello: de todas formas, “ya vivieron, y mucho más tiempo que sus padres/madres”. Por fuera de los de la tercera edad, todos somos ancianos en potencia. En este sentido, la COVID-19 también parece implicar un cercenamiento del futuro.
Más allá de las paradojas y sintetizando, el COVID-19 manda diáfanamente un mensaje claro al mundo: lo que tiene mayor importancia es la vida. La vida no puede depender de que el/la ciudadano/a tenga o no ingresos para garantizar su reproducción. A su vez, la principal fuente de energía para garantizar la vida es el alimento y los que garantizan la misma son las y los agricultores y los campesinos. Todo puede parar menos el cuidado del/de la “otro/a” ni las fuentes de energía que garantizan la reproducción de la vida. Finalmente, la principal institución que permite garantizar la reproducción de la vida resulta ser la economía del cuidado de las vidas (humanas y no humanas) siendo las mujeres las que siempre han alertado la irracionalidad del actual modo de producción. ¡Que irónico, todo lo nombrado es justo lo que el capitalismo menos aprecia en su escala de valores de mercado!
Finalmente, es importante señalar que resulta irónico que el confinamiento sea utilizado como estrategia para profundizar la violencia social, los estados de excepción y con ello poder avanzar en la implementación de un (dictaduras democráticas(?)) autoritarismo neoliberal recargado. Gobiernos como Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile están usando como pretexto la COVID-19 para violar más los Estados de derecho a nombre de la protección de la salud de la sociedad. No solo aquello, justo cuando las movilizaciones estaban a la orden del día en la región éstos gobiernos aprovechan para implementar agendas autoritarias que permitan la instauración institucionalizada de mecanismos de acumulación por desposesión nunca antes visto a través de privatizaciones de los recursos estratégicos y de las instituciones de interés común. En este escenario no es de sorprenderse que empiece a generalizarse la estrategia de Bolivia o Brasil en el resto de países de la región. Las “dictaduras democráticas” parecen que pueden tender hacia simplemente “dictaduras”. Esta parece ser la única vía frente al despertar de los pueblos para poder retomar cambiar la curva de la sistemática reducción de la tasa decreciente de ganancia. En otras palabras, la crisis de acumulación solo parece resolverse por la vía autoritaria.
¿Dictadura o revolución?
Lo señalado en las secciones anteriores pone de manifiesto lo que podría ser una “solución esquina” explosiva que el COVID 19 vino a acelerar. Los cambios civilizatorios no vienen de la noche a la mañana como bien lo ha analizado Norbert Elias (Elias, 1989). El COVID-19 no es la excepción. Los días después del COVID-19 no vendrá el comunismo ni tampoco otro capitalismo.
En el marco de lo que ya ha venido sucediendo, el coronavirus acentuará la violencia de las dictaduras democráticas que quizá dejen la farsa del componente democrático, lo cual permitiría una acumulación más violenta. No es casual, que a nombre del coronavirus Bolivia posponga una salida democrática (aunque pareciera a priori justificable); que militares brasileños impongan su agenda con los “terraplanistas” anti-ciencia evangélicos en Brasil mientras miles de ciudadanos mueren en las favelas o en la Amazonía; que Perú lleve tanques de guerra a la frontera con Ecuador para que no exista un flujo migratorio del país con mayor número de contagiados y muertos de Suramérica; que Donald Trump busque invadir Venezuela; o, que en Ecuador se creen fosas comunes y que el municipio de Guayaquil done ataúdes de cartón para que los fallecidos por coronavirus gocen de una muerte “digna” luego de haber permanecido algunos días sus cuerpos botados en las calles sin tener quién les recoja por la completa inacción tanto estatal nacional como local. Seguramente también el “lawfare” se agudizará. El objetivo es que en ningún país suceda lo acontecido en Argentina en donde luego de un retorno brutal del neoliberalismo del gobierno del ex presidente Mauricio Macri retorne al poder del Estado un gobierno progresista. Seguramente se aprovechará para sacar la sentencia definitiva de Rafael Correa, en donde se siguió el libreto de Argentina de “forjar cuadernos” como pruebas de juicio y castigo. En Bolivia ya proscribieron a Evo Morales como lo hicieron es su debido momento con Lula da Silva . Lo contradictorio de todo lo mencionado es que a pesar de que se conocen todos los fraudes en los procesos electorales y las irregularidades de los procesos judiciales, la izquierda no tiene otra opción que participar en las mismas y legitimar las dictaduras electorales.
Ecuador que es uno de los casos paradigmáticos de lo que el coronavirus vino a develar, permite visualizar lo que ha implicado el desmantelamiento del Estado y la búsqueda de privatización de las instituciones de interés común (salud, educación, ciencia, universidades, seguridad social). En este país se está buscando privatizar (“monetizar” llama el gobierno para cambiar el imaginario colectivo) las empresas públicas o la explotación de los recursos naturales, como ya lo ha manifestado su ministro de energía. No sorprenderá que en los países de gobiernos conservadores aceleren procesos similares pero con mayor violencia aprovechando la “legitimidad” que les da el “estado de excepción”.
Por el lado contrario, la situación no resulta pacífica tampoco. El 2019, será recordado América Latina y quizá el mundo por un año de movilizaciones sociales masivas. La denominada década ganada tuvo un impacto estructural en sus pueblos al romper con la adaptación de expectativas a las paupérrimas circunstancias en las que solían vivir los olvidados del continente. Los de clase media, por su parte, sintieron que pueden y desean ser parte de la elite. Los gobiernos conservadores llegaron a desmantelar la materialidad conseguida por las poblaciones tanto en términos objetivos como subjetivos. En muy poco tiempo, hubo reacción en las calles para frenar las recientes recomposiciones neoliberales, que han sido y siguen siendo reprimidas violentamente por las fuerzas armadas y las policías de los países especialmente en Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. La indignación puede acrecentarse con la política de “quédate en casa” en un mercado laboral cuentapropista, informal y subempleado que vive del trabajo diario. La gran mayoría de la población económicamente activa en la región vive de su trabajo a destajo. En el mejor de los casos, en promedio, únicamente el quartil o quintil más rico tiene ahorros para subsistir (y, no por mucho tiempo). Según la CEPAL, la región tendrá tasas de decrecimiento que oscilan entre el 5 y 7%. Esto implicará una caída de la demanda que agudizará la lucha por la vida, ya no únicamente como consecuencia de la pandemia. A dicho escenario se debe sumar lo inescrupuloso que resulta cómo han atendido la problemática de los muertos ciertos gobiernos que buscan la profundización de la agenda neoliberal. Los fallecidos cada vez son más, especialmente de las clases bajas. El virus circuló primeramente a través de las clases medias altas y altas que son las que viajan y circulan por el mundo, pero la mayoría de los fallecidos son los pobres. La no posibilidad de garantizar la “sobrevivencia” o incluso una muerte digna, el deterioro de la calidad de vida que venía sucediendo antes de la COVID-19, el malestar económico que se sufre por la caída de ventas, despidos, la reducción de ingresos por el decrecimiento económico que habrá en la región producto de la pandemia, la falta de credibilidad en instituciones democráticas, más los muertos -que son “mis muertos” (mis familiares, amigos o conocidos)- por ausencia de un Estado social que garantice derechos básicos puede ocasionar un coctel que produzca una guerra civil a nivel local, nacional o regional. En el mejor de los casos, será un cambio radical (¿revolución?) a favor de las vidas (humanas y no humanas) pero que puede también tomar tintes distópicos. De no existir una intervención estructural y profunda que apague la bomba explosiva que se está generando en la sociedad, seguramente los muertos no serán por la pandemia sino por un enfrentamiento social.
Lo que se quiere señalar es que se está lejos de implementar una salida al estilo asiático con un capitalismo panóptico tecnológico controlador hasta del aire que respiramos, así como tampoco se vislumbra a primera vista una salida al estilo Zizek en donde llegará el comunismo. De no poner cartas en el asunto y de seguir manoseando las instituciones de la democracia, la salida será violenta; por derecha, a través de dictaduras duras; o, por el lado popular, vía enfrentamientos civiles de la ciudadanía con el Estado al luchar por la sobrevivencia. En el mejor de los casos, se seguirá con la farsas de democracia que existen en la región. Los gobiernos progresistas como el de Alberto Fernández o López Obrador deberán demostrar que sí existen alternativas y que lo que les diferencia de los gobiernos conservadores y neoliberales es que ponen por delante la vida. El COVID-19 simplemente es un acelerador de las partículas de las dinámicas sociales que ya venían descomponiéndose y reconfigurándose en la región.
Epílogo: Retomando el pensamiento Latinoamericano. El buen vivir como salida histórica
Con la caída del muro de Berlín, la frase de no “hay alternativas” se instauró en el imaginario mundial. No por azar, surgió la hipótesis del “fin de la historia” de Fukuyama (1995).
Con el gran acontecimiento de la segunda guerra mundial, surgió en la región el pensamiento cepalino como teoría del desarrollo que basaba su análisis en el deterioro en los términos del intercambio y en la noción de centro/periferia. Sin lugar a duda, esto dio paso a una corriente de pensamiento propio de la región que tuvo un impacto mundial. Esta teoría si bien hacía una lectura desde el Sur, tenía el mismo objetivo que las políticas realizadas en el centro: la modernización capitalista. Por su parte, el comunismo tampoco interpeló la economización de las sociedades ni el fin de la acumulación, el cual esta vez se hacía desde el Estado. No interpelaban su episteme ni su ontología.
Con la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez, diez años después en América Latina surge una ola de gobiernos de tendencia de izquierda que plantearon claramente propuestas alternativas de sociedad. Es sobre todo en Ecuador y Bolivia que se plantea, en este contexto, la necesidad de construir la sociedad del buen vivir, de la vida buena, de la vida a plenitud que, ahora más que nunca, adquiere relevancia.
La filosofía del vivir bien es una propuesta holística en la cual la economía es un componente más de la sociedad, pero no la única. El buen vivir trasciende la mirada desarrollista. Pone en el centro de prioridad a la vida, pero no a cualquier tipo de vida, sino la consecución de una vida plena, buena, digna. En el corazón, justamente propone una real crítica al capitalismo, tanto en lo teórico y metodológico, pero sobre todo en términos políticos para viabilizar la disputa de otro tipo de sociedad.
Una de las primeras características que tiene es que no parte de “tanques de pensamiento” o de académicos, intelectuales que den luz a tal potencial paradigma. Surgen de procesos históricos, democráticos, paridos por un intelecto social colectivo. Se estructuran retomando la historia de los pueblos ancestrales pero en franco diálogo con las propuestas de las poblaciones mestizas y de las luchas de los oprimidos: feministas, estudiantes, campesinos, agricultores, informales, subempleados, ecólogos.
En términos conceptuales, rompe con el individualismo teórico y metodológico que ha tenido primacía y ha sido hegemónico al menos en la disciplina económica (lo cual, no es menor al ser la disciplina hegemónica en las ciencias sociales).
En efecto, uno de los componentes constitutivos de la filosofía social de la vida buena en el proceso de deliberación democrática vivida en la región es la recuperación de la mirada y el sentido del “otro(s)”, la “otra(s)” y del “nosotros”. No es fortuito que en Ecuador y Bolivia, en sus artículos constitucionales, se coloque en el centro del debate, más allá de la democracia representativa, la necesidad de construir una democracia deliberativa, participativa y comunitaria. Tampoco es azaroso que frente a la economía de mercado se reconozca la pluralidad de economías en donde su centro sea la construcción de la economía social y solidaria que existe en virtud de que el “otro” y la “otra” viven, y en donde el Estado juega un rol fundamental en la garantía de derecho a la vida buena. Asimismo, el mandato de construir un Estado Plurinacional e Intercultural frente al monolítico Estado instrumento colonial en donde se reconozca la pluridiversidad de nacionalidades y pueblos que conforman al territorio es parte de recuperar a los “otros y otras” invisibilizados, silenciados. La “otra” también es la mujer en la sociedad del buen vivir en donde se parte del reconocimiento de la pluralidad de identidades y se reconoce –entre otros aspectos- el trabajo que implica el cuidado de “las y los otros” realizada principalmente por ellas. De la misma forma, frente al mundo xenófobo, se conmina a construir el derecho a la movilidad humana y la ciudadanía universal en donde todos “los otros” del mundo estemos incluidos. Y, en la disputa por recuperar la mirada de “el otro”, “la otra” y el nosotros se rompe con el logos antropocéntrico al colocar a la naturaleza como sujeto de derechos. Bajo esta perspectiva, la otra también implica una relación armoniosa con la naturaleza o la Pachamama. Si bien la vida es lo más relevante, esta no tiene sentido sin los otros, las otras y sin construir juntos el nosotros.
El COVID-19 pone de manifiesto que la vida es lo primero y que solos no nos salvamos. Necesitamos de la acción colectiva, de la coordinación; necesitamos del Estado; necesitamos del otro, la otra, del nosotros. A su vez, el coronavirus pone en evidencia la necesidad de construir un logos biocéntrico en donde no pueda pensarse la vida humana sin la vida no humana o de la naturaleza. Estos mensajes potentes que recordamos diariamente durante nuestra cuarentena son consustanciales a la sociedad del vivir bien.
En el marco de las urgencias que parten con la necesidad de garantizar una muerte y vida dignas y en donde se requieren propuestas inmediatas tales como el no pago de la deuda externa ilegítima e ilegal, el posponer todo pago de deuda ciudadana al sistema financiero, el garantizar estabilidad laboral y el pago de sueldos o de un ingreso ciudadano universal para romper el estado de necesidad, el garantizar bienes básicos y alimentos a los más pobres, el generar reformas tributarias radicalmente progresivas con impuestos a grandes patrimonios y herencias, es necesario recuperar el pensamiento latinoamericano y la propuesta de construir otra sociedad.
La conciencia histórica de la necesidad de un cambio radical -que frente a la necropolítica del capitalismo- ya rondaba las calles, las alamedas, los parques de nuestra América Latina antes del COVID-19. Es esa misma conciencia y lucha histórica que hará que, si bien en el corto plazo puedan profundizarse las dictaduras democráticas y el autoritarismo neoliberal, también vuelva la indignación de octubre, noviembre, diciembre del 2019 a las calles, y con ello, se retorne a poner en el centro de la sociedad lo único que tiene valor per se: la vida (buena, plena, digna) del ser humano y de la naturaleza.
En América Latina, la pandemia del COVID-19 no dará nacimiento a nada nuevo. La COVID-19 solo es un recordatorio del mundo poco humano en que vivimos. La historia la cambian los pueblos y en América Latina la semilla de la transformación se sembró hace ya algunos lustros, y será a través de la unión de movimientos sociales y políticos que se viabilizará el disfrute social de sus frutos emancipatorios. No me cabe duda de que volveremos a abrazarnos; volveremos a besarnos; y, esta vez será sin miedo al contagio. ¡Será una fiesta, será el “baile de los que ahora sobran”, y será hermoso!
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*Economista, Doctor en Sociología de la Desigualdad (Universidad de Coimbra). Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
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