El "deerecho a reparar" smartphones, televisores, computadoras y lavarropas
Por Natalí Risso
16 de diciembre de 2020
Con la reciente aprobación del "derecho a reparar", el Parlamento europeo pretende darle fin a la obsolescencia programada. Es decir, a la limitación de la vida útil de un dispositivo electrónico voluntariamente para obligar a su reposición y por lo tanto asegurar las ventas de las empresas. La normativa pretende limitar los productos electrónicos de un solo uso, obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.
Entre las distintas medidas que aborda la iniciativa se encuentra el respaldo a la producción sostenible. Además, demanda un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos, una batalla que actualmente es motivo de debate entre los principales fabricantes. Como primera medida, el Parlamento obligará a establecer un etiquetado que determine la durabilidad de los productos a través de un índice de reparación del dispositivo: una información "clara y precisa" que deberá ser ofrecida al usuario antes de realizar la compra.
Medio ambiente
La propuesta surge de un reclamo que los ciudadanos europeos realizan hace tiempo. De acuerdo a una encuesta realizada por la Unión Europea en 2014, el 77 por ciento de los europeos repararían sus productos antes que reemplazarlos y el 79 por ciento cree que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación o reemplazar componentes.
Dentro de los principales argumentos que sostiene el parlamento para justificar la votación de la norma se encuentran la defensa a los consumidores que siempre se encuentran en una relación vulnerable frente a las empresas, el cuidado del medio ambiente al evitar la disminución de recursos naturales, necesarios para la producción de nuevos dispositivos y la producción de basura electrónica. También habla del efecto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en el mercado, y de cómo ha demostrado la necesidad de establecer nuevos modelos de negocio más sostenibles.
Primero Francia
Francia tomó la delantera en la aplicación de la normativa, que comenzará a regir a partir de enero de 2021. Los fabricantes franceses deberán informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar un producto. Se implementará como una etiqueta con una puntuación del uno al diez que que represente lo fácil que es reparar el dispositivo, siendo diez el valor máximo. Por el momento se aplicará a lavarropas, notebooks, smartphones, televisores y cortadoras de pasto. El índice francés tiene como objetivo ir incorporando variables y transformarse, para 2024, en un índice que informe no solo sobre la reparabilidad, también sobre su fiabilidad y solidez.
