HOY HACE 40 AÑOS EN LA MADRUGADA DEL GOLPE
FEDERICO FASANO MERTENS
La madrugada donde parió la dictadura más infame de la historia uruguaya, yo no me encontraba en nuestro hollado solar. Condenado a muerte por el tenebroso ‘’Escuadrón de la Muerte’’, cuya sentencia sobre mi vida fue difundida por el semanario ‘’Azul y Blanco’’ y obligado a presentarme todas las semanas ante la Justicia militar por el frustrado putsch de diciembre de 1972, mi hermano Carlos me obligó a huir a Buenos Aires, 72 horas antes del golpe. Así me lo habían aconsejado el propio Seregni y Wilson Ferreira, los mismos que me pidieron investigar el caso Amodio Pérez, visto el deterioro día a día de las condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar el golpe y el alarmante cariz que iba tomando la coyuntura.
Me llevaron casi a rastras a una ‘’corta lejanía’’ que finalmente duró 12 años. Yo quedé en Buenos Aires, mientras mi hermano Carlos volvía a continuar la lucha en territorio ocupado y cayó prisionero durante 6 dramáticos años, hasta que la solidaridad internacional lo rescató de las entrañas del Leviatán.
Ni imaginábamos la dimensión del terror que impondrían en la sociedad, este conjunto de motineros armados, que compraron el discurso de la oligarquía financiera, temerosa del ascenso de la lucha de masas que amenazaba su dominación.
En Buenos Aires me encontré a Enrique Erro y a Zelmar Michelini instalados muy cerca uno de otro en dos hoteles de la Avda. Corrientes, el Roy y el Liberty, cuyo dueño después desaparecido por la dictadura fue entrañablemente solidario con Zelmar.
Nos encontrábamos, río mediante, lejos del monóxido de la represión, en esas tierras donde se respiraba una ráfaga histórica de aire fresco al culminar 18 años de tutela militar en la Argentina, con el ascenso del peronista Héctor Cámpora a la primera magistratura del país.
El día del golpe el hotel Liberty era una romería. Un solo estado de ánimo: tristeza e incredulidad. El país más civilista de América Latina, junto con Chile, cerraba 83 años de gobiernos constitucionales (con el intervalo del golpe blando terrista y baldomirista) y retrocedía al día anterior de aquel mediodía de 1890 cuando el General Máximo Tajes le entregaba la banda presidencial al civil Julio Herrera y Obes. A la tristeza y la depresión que campeaba en el Liberty le siguió una unánime ingenuidad: ‘’el golpe no tiene destino en Uruguay, dura muy poco”.
Esa noche mi suegro murió de un infarto, mi casa fue ocupada, mis hijos fueron repartidos en residencias de familiares y amigos, mi esposa comenzó a preparar su exilio, mi hermano y su mujer pasaron a la clandestinidad.
Ese día cambió mi vida y la de millones de uruguayos.
Ese mismo día comenzó la resistencia que no se detuvo sino hasta la caída de la abominable tiranía. Y que no terminará hasta que no se haga justicia plena para que la sangre de nuestros mártires no haya sido derramada en vano.
2 jul 2013
29 jun 2013
Amnistía Internacional: a 40 años del golpe
27 de junio de 2013
Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985, aseguró Amnistía Internacional.
“A pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, dijo Guadalupe Marengo, Directora del Programa Regional para América.
La organización considera que el mayor obstáculo que enfrentan las víctimas es la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848) de 1986. Dicha Ley impide investigar o procesar a funcionarios de la policía o las fuerzas armadas por delitos cometidos con anterioridad a marzo de 1985.
Aunque la Ley de Caducidad fue declarada sin efecto por la Ley 18.831 de 2011, una decisión de la Corte Suprema de Uruguay de febrero de 2013 abrió nuevamente la puerta a la impunidad al desconocer que los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen civil y militar de aquél entonces son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, sujetos a prescripción.
“El fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia revive en la práctica los efectos de la Ley de Caducidad. El fallo es errado jurídicamente y debe ser revisado prontamente por el tribunal, pues no se halla en consonancia con las obligaciones de Uruguay bajo el derecho internacional, que también obliga claro está al Poder Judicial en su conjunto”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
Además, la decisión de la Suprema Corte se desentiende de dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) sobre casos de desapariciones forzosas. De acuerdo con la sentencia del tribunal interamericano en el caso Gelman donde sostuvo que ninguna norma, incluyendo la prescripción, puede ser alegada cuando se trata de la investigación y persecución de crímenes de derecho internacional.
El fallo de la Corte Suprema también viola expresamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un estado parte desde 2001.
“Uruguay tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser soslayadas. Pero, más importante aún, 40 años después del golpe de Estado, el país tiene una deuda con su sociedad y con las víctimas y familiares de víctimas de conductas criminales cometidas de manera generalizada y sistemática por el Estado entre 1973 y 1985”.
Información de contexto
El 27 de junio de 1973 el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas y anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas, dando inicio a un régimen autoritario que gobernaría el país hasta 1985.
Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, miembros de la Policía y el Ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos unos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales afirmaron haber sufrido tortura.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), propuesta por el gobierno presidido por Julio María Sanguinetti y aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986 establecía la amnistía de hecho para los presuntos responsables de dichos crímenes.
Sendas consultas populares sobre la norma realizadas en 1989 y 2009 mantuvieron vigente la Ley de Caducidad, pero el alcance de la misma ha sido cuestionado por varias resoluciones judiciales y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de febrero de 2013 que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011 mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales puedan investigar y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado.
Sin embargo, basándose en una errónea interpretación del principio de irretroactividad de la ley penal, declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813, que establecían el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 parece condenada al fracaso, pues el fallo en cuestión desconoce su carácter de delitos de lesa humanidad y determina que se encuentran sujetos a prescripción.
Amnistía Internacional: a 40 años del golpe “crímenes del pasado siguen impunes”
“Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985”, puntualizó Amnistía Internacional, a través de su Directora de Programa Regional para América. Guadalupe Marengo, dijo que “a pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”.
Uruguay: A 40 años del golpe de Estado, los crímenes del pasado siguen impunes.Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985, aseguró Amnistía Internacional.
“A pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, dijo Guadalupe Marengo, Directora del Programa Regional para América.
La organización considera que el mayor obstáculo que enfrentan las víctimas es la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848) de 1986. Dicha Ley impide investigar o procesar a funcionarios de la policía o las fuerzas armadas por delitos cometidos con anterioridad a marzo de 1985.
Aunque la Ley de Caducidad fue declarada sin efecto por la Ley 18.831 de 2011, una decisión de la Corte Suprema de Uruguay de febrero de 2013 abrió nuevamente la puerta a la impunidad al desconocer que los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen civil y militar de aquél entonces son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, sujetos a prescripción.
“El fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia revive en la práctica los efectos de la Ley de Caducidad. El fallo es errado jurídicamente y debe ser revisado prontamente por el tribunal, pues no se halla en consonancia con las obligaciones de Uruguay bajo el derecho internacional, que también obliga claro está al Poder Judicial en su conjunto”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
Además, la decisión de la Suprema Corte se desentiende de dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) sobre casos de desapariciones forzosas. De acuerdo con la sentencia del tribunal interamericano en el caso Gelman donde sostuvo que ninguna norma, incluyendo la prescripción, puede ser alegada cuando se trata de la investigación y persecución de crímenes de derecho internacional.
El fallo de la Corte Suprema también viola expresamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un estado parte desde 2001.
“Uruguay tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser soslayadas. Pero, más importante aún, 40 años después del golpe de Estado, el país tiene una deuda con su sociedad y con las víctimas y familiares de víctimas de conductas criminales cometidas de manera generalizada y sistemática por el Estado entre 1973 y 1985”.
Información de contexto
El 27 de junio de 1973 el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas y anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas, dando inicio a un régimen autoritario que gobernaría el país hasta 1985.
Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, miembros de la Policía y el Ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos unos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales afirmaron haber sufrido tortura.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), propuesta por el gobierno presidido por Julio María Sanguinetti y aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986 establecía la amnistía de hecho para los presuntos responsables de dichos crímenes.
Sendas consultas populares sobre la norma realizadas en 1989 y 2009 mantuvieron vigente la Ley de Caducidad, pero el alcance de la misma ha sido cuestionado por varias resoluciones judiciales y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de febrero de 2013 que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011 mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales puedan investigar y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado.
Sin embargo, basándose en una errónea interpretación del principio de irretroactividad de la ley penal, declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813, que establecían el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 parece condenada al fracaso, pues el fallo en cuestión desconoce su carácter de delitos de lesa humanidad y determina que se encuentran sujetos a prescripción.
28 jun 2013
LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES
ARTICULO TOMADO DE WWW.POSTAPORTENIA.COM.AR
Pensaba escribir unas líneas recordando a Elena Quinteros, como todos los años en la fecha de su secuestro. Pero las noticias de estos días me obligan a mucho más... se han divulgado cosas que duelen y que irritan.
Duele conocer el ínfimo porcentaje de jóvenes que sabe lo que
ocurrió en nuestro país durante la pre–dictadura y el gobierno de facto. Duele
escuchar a la mayoría decir ante cámaras que "no tiene idea".
Irrita oír las respuestas prefabricadas de los cadetes militares,
todos con la misma expresión almidonada, afirmando que "no tienen conocimiento".
Irrita leer las declaraciones del represor y torturador Nino Gavazzo
en la página de Internet de sus adeptos, ultrajando la memoria de María
Almeida de Quinteros, una mujer que dedicó su vida a la lucha por desenmascarar
las acciones aberrantes de él y tantos de sus pares. Irrita la atención
mediática que se le otorga a las falsedades hipócritas.
Entonces ?dolorida e irritada? revuelvo mis archivos, rescato
información fehaciente y aquí la vierto. Para que se enteren los que la ignoran.
Para que recuerden los olvidadizos. Para que se traguen la lengua los
difamantes. Para que la memoria desplace al olvido. Para que nuestra historia
reciente se despoje de falsedad:
RECORDEMOS LOS HECHOS, ACTUALMENTE DEMOSTRADOS
28 de junio de 1976. La maestra Elena
Quinteros ?prisionera política militante del partido Por la Victoria
del Pueblo? logra escapar de su custodia y entra al predio de la embajada de
Venezuela en Montevideo pidiendo protección (asilo político). Las fuerzas
represivas uruguayas irrumpen en los jardines de la embajada (territorio
venezolano) y se la llevan por la fuerza.
28 de junio de 1976. El embajador venezolano se
presenta en la cancillería uruguaya.
28 de junio de 1976. La cancillería venezolana
informa del incidente al embajador uruguayo en Venezuela Dr. Julio César
Lupinacci, quien llama por teléfono al ministro Dr. Juan Carlos
Blanco y se entera que investigan el hecho los ministerios del Interior
y de Defensa Nacional
29 de junio de 1976. El embajador de Venezuela,
Dr. Julio Ramos, dirige al ministro de Relaciones Exteriores
Dr. Juan Carlos Blanco, la nota que expresa:
"Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de
manifestarle que ayer 28 de junio (de 1976) me presenté ante esa Cancillería, en
donde fui recibido de inmediato por el señor Vice Ministro, doctor Guido
Michelín Salomón, con el objeto de elevar ante Vuestro Ilustrado Gobierno mi
protesta porque acababa de ser violada la Sede de la Misión que represento, a la
cual penetró un agente de seguridad civil, para por la fuerza, atrapándola por
los cabellos, sacar a una dama que venía a solicitar asilo diplomático.
Tal actitud no pudo ser impedida por ninguno de los
funcionarios Diplomáticos de esta Embajada debido a la violenta acción del
agente mencionado y de otros que se presentaron en el automóvil VW Nº 714,
siendo tan salvaje su actuación que incluso maltrataron de un codazo al
Consejero Frank Becerra.
Tan flagrante violación de nuestra soberanía no tiene para mi
Gobierno otra reparación que la inmediata entrega de la mencionada
señora
Al expresar a vuestra Excelencia las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración, apreciaré urgente respuesta a la presente
comunicación." (firma el embajador Julio Ramos)
1 de julio de 1976.Nuestra cancillería emite al
embajador de Venezuela la nota respuesta firmada por el subsecretario Dr. Guido
Michelín Salomón que expresa:
"...Tanto en la visita que el suscrito en su calidad de
Subsecretario de Relaciones Exteriores y el Director para Asuntos de Política
Exterior, Embajador Doctor Álvaro Álvarez tuvimos oportunidad de hacerle en su
residencia el 29 de junio por la tarde, como en la que vuestra Excelencia tuvo a
bien realizar al Señor Ministro de Relaciones Exteriores Doctor Juan Carlos
Blanco en su despacho en la mañana de ayer correspondiendo a la invitación de
que fuimos portadores; mi gobierno puso en conocimiento de vuestra Excelencia
por nuestro intermedio el resultado de las diligencias practicadas por las
autoridades competentes, al que me acabo de referir, y nuestra mejor disposición
para continuar las mismas a fin de obtener resultados concretos.
Mi país ?respetuoso del ordenamiento jurídico internacional
al que presta pleno acatamiento? ha puesto y pone un especial celo en el
estricto cumplimiento de las disposiciones internacionales vinculatorias
relativas a un instituto tan humanitario cual es el del asilo, que nuestra
doctrina jurídica nacional reafirmada por la inalterable e invariable posición
de mi gobierno, considera por sobre todo un derecho de la persona
humana.
Antecedentes tan claros y conocidos, de la doctrina y de la
acción de mi país en la materia, no desmentidos jamás en los hechos, deben ser
elementos de juicio suficiente para alejar del ánimo de vuestra Excelencia toda
sospecha o duda en cuanto a que mi gobierno pudiera asumir la actitud que se
describe para impedir el ejercicio del derecho de asilo.
Por último, deseo expresar a vuestra Excelencia el pesar de mi
Gobierno por sucesos tan lamentables, así como su firme propósito de no ahorrar
esfuerzos para obtener cuanto antes el esclarecimiento de los mismos que han
motivado la nota a la que tengo el honor de dar respuesta
Hago propicia la oportunidad para reiterar a vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta consideración."(firma el
subsecretario Guido Michelín Salomón)
1 de julio de 1976. El embajador Julio César
Lupinacci, arriba a nuestro país en horas de la mañana, como surge del télex
remitido por nuestra Cancillería a nuestra Embajada en Venezuela el mismo 1 de
julio.
2 de julio de 1976. El embajador de Venezuela
Julio Ramos entrega a nuestra cancillería la nueva nota dirigida al ministro Dr.
Juan Carlos Blanco, que se transcribe:
"Señor Ministro: Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia
con ocasión de notificarle que el Gobierno de mi país en el deseo de cooperar
con vuestro ilustrado Gobierno en la localización inmediata de las personas que
motivaron el incidente ocurrido el día lunes 28 de junio en la sede de la Misión
Diplomática que represento, me ha instruido para solicitar de Vuestra Excelencia
que a la mayor brevedad gestione de las autoridades competentes la
identificación de la señora Elena Quinteros de Díaz, de 31 años de edad, de
profesión Maestra de escuela y de la cual ?según información obtenida por esta
Embajada? su familia reside en la calle Los Yockys(sic), Urbanización
El Hipódromo.
Igualmente apreciaría que un señor apodado Cacho, quien
?según confirmación del señor Comisario, Jefe de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia, Pablo O. Fontana Zunino, es funcionario del Servicio
de Información e Inteligencia?, se presente a esta Misión a fin de aclarar,
ante cualquier duda, acerca de la identidad, tanto de la dama sacada del jardín
de la sede de mi Embajada, como de la persona que cometió tal tropelía.
Al anticiparle las gracias a Vuestra Excelencia por la
atención inmediata que dé a la presente comunicación, hago propicia la
oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración."(firma el embajador Julio Ramos)
2 de julio de 1976. El memorando secreto El
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco, ordena al director de
Política Exterior (Asuntos Políticos) embajador Álvaro Álvarez, al vicecanciller
Dr. Guido Michelín Salomón y al embajador en Venezuela Dr. Julio César
Lupinacci; la confección de un "memorando" (rotulado como "Secreto") sobre la
"conducta a seguir frente al 'caso Venezuela' desde el punto de vista de las
relaciones internacionales".
Se resuelve elevar el memorando al Consejo de Seguridad Nacional
(COSENA) ?que el ministro integra? para que dicho órgano de facto decida sobre
el "caso Venezuela", y las alternativas de "entregar o no entregar
a la mujer"
Así se decidió la suerte de la maestra Elena Quinteros y la
consiguiente ruptura de relaciones entre Uruguay y Venezuela, por lo que resulta
primordial conocer las partes más salientes del referido memorando:
"a) No entregar a la mujer.
No puede persistirse en la posición de alegar que la acusación
venezolana carece de elementos de juicio ante las determinaciones concretas de
datos contenidos en la última nota de Venezuela.
Este género de alternativas, si bien tiene la ventaja de no
entregar la prueba de un acto ilícito y de evitar cualquier tipo de declaración
de la misma en nuestra contra, tiene las siguientes desventajas:
1) determinaría seguramente el rompimiento de relaciones
diplomáticas con Venezuela, a estar a las declaraciones públicas del Presidente
Carlos Andrés Pérez, con las consecuencias diplomáticas, políticas y económicas
consiguientes previsibles e imprevisibles a corto, mediano y largo
plazo.
2) Deterioraría aun más la imagen del país lesionada por la
campaña internacional que es de conocimiento determinando pronunciada mengua de
nuestra 'credibilidad' como país serio.
3) Se nos presentaría como violadores de instrumentos
internacionales vigentes, sobre todo en institutos tan universalmente sensibles
como la inmunidad e inviolabilidad de las Misiones Diplomáticas y tan caras a
América como el asilo.
4) Determinaría la apertura de una brecha en nuestra posición
internacional frente a los esfuerzos para el aislamiento de nuestro país con
seguras consecuencias en el campo político y económico.
5) Traería de otros países una actitud cuando no hostil,
reticente con consecuencias imprevisibles en los diferentes campos de las
relaciones internacionales, con especial incidencia en los países
occidentales.
6) Daría políticamente la razón a la campaña internacional que
soportamos.
7) todo lo antedicho repercutiría necesariamente en los
Organismos Internacionales de que somos parte, predisponiéndolos para una acción
concreta en contra nuestra".
"b) entregar a la mujer.
Tendría las siguientes ventajas:
1) evitar el rompimiento de relaciones diplomáticas con
Venezuela y todas las consecuencias y problemas conexos.
2) Ratificaría nuestra posición de cumplidores fieles de
nuestros compromisos internacionales, y sería una consecuencia natural de lo
expresado en nuestra nota.
3) Constituirá una posición explotable internacionalmente a
nuestro favor".
Pero a su vez las siguientes desventajas:
1) Apareceríamos haciendo la entrega bajo presión de
Venezuela.
2) Reconoceríamos la comisión de un acto ilícito y tendría que
afirmarse la sanción de los responsables.
3) La mujer podría hacer declaraciones en nuestra
contra.
4) Los elementos anteriores podrían ser explotados contra
nosotros".
Después de tan "cristianas" reflexiones, Blanco señala
que:
"A)Las señaladas desventajas serán relativas, ya que
sus efectos podrían ser neutralizados en gran parte mediante un acuerdo con
Venezuela sobre la base de la entrega de la mujer, especialmente enfatizando el
hecho de que el acto ilícito fue cometido por funcionarios de jerarquía
menor.
B)El acto de entrega de por sí, en la explotación
pública de imágenes, constituye en todos los campos un elemento altamente
positivo".Y concluye, "En base a lo expuesto, nos inclinamos por el
género de alternativa basado en la entrega". (fechado el 2/7/976)
Y así el documento pasó al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA),
con las "sugerencias" de los firmantes (es regla protocolar que al superior no
se les indica ni se le advierte, solamente se le sugiere)
Entonces, con la colaboración invalorable de los firmantes de ese
memorando brutal, el COSENA decidió el destino de Elena Quinteros. Resolvió
declarar personas no gratas a los diplomáticos venezolanos "por intromisión
en nuestros asuntos internos", agraviar al gobierno de ese país y provocar
la ruptura de relaciones diplomáticas.
6 de julio de 1976. La nota de agravio
enviada por nuestra Cancillería: "Tengo el honor de dirigirme al
Señor Embajador para poner en su conocimiento que mi Gobierno ha decidido
declarar personas no gratas a Ud. y al Consejero de esa Misión Diplomática Señor
Francisco Ricardo Becerra, acordándoles el plazo de 72 horas a partir de la hora
9 a.m. del día de la fecha para hacer abandono del territorio nacional. Las
razones que motivan esta decisión de mi Gobierno se encuentran desarrolladas in
extenso en la nota No. 64/76 del día de la fecha que en forma simultánea se
entrega al Señor Embajador y de la que surge claramente que tanto Ud. como el
referido funcionario han violado flagrantemente la soberanía nacional y
lesionado gravemente la dignidad del pueblo y Gobierno uruguayo."
6 de julio de 1976.El gobierno venezolano, entonces, rompe
relaciones. "...mi Gobierno me ha ordenado participar al Uruguay, por el
alto conducto de Vuestra Excelencia, su decisión de suspender las relaciones
diplomáticas entre ambos Gobiernos, a partir de la presente fecha." "...El
Gobierno de la hermana República de Colombia ha aceptado hacerse cargo de los
intereses venezolanos en el Uruguay y de los cinco asilados que actualmente se
encuentran en esta Embajada de Venezuela." (firma el embajador Julio
Ramos)
LA LUCHA DE TOTA
Desde el día de la desaparición de Elena, su madre María Almeida
de Quinteros, apodada "Tota", nunca descansó en su búsqueda. Su vida cambió.
Jamás se había imaginado la lucha que iba a emprender para saber dónde estaba su
hija.
Pero el 7 de enero de 2001, esta incansable activista de los
desaparecidos que también fue Presidenta de la Junta Departamental de
Montevideo, falleció a los 82 años de edad.
Tota murió sin tener noticias de Elena. Su hija tenía 31 años y
era maestra titulada, aunque no ejercía por habérselo impedido las autoridades
dictatoriales.
Así escribió Kintto Lucas su Adiós a Tota
Quinteros:
"¿Dónde está el olvido? ¿Quién habla de esperas? / Que aquí yo
la busco sea como sea / adiós al cansancio, adiós a los años / adiós las
mentiras, adiós los engaños"
Los versos de Rubén entran por sus oídos, por su mente, por su
piel, andan por todos los rincones de la casa, por todas las esquinas del
barrio, por todos los barrios de su Montevideo, por cada lugarcito de un país
que espera... Los versos entran como hace tiempo, se pasean por su pensamiento,
y se hacen amigos de los recuerdos que, son como imágenes en la mirada, son
gorriones que quieren volar
Ella piensa en la vida caminada, que es como pensar en Elena, que
es como pensar en la bruma que invadió el país, que es como pensar en tantas
sonrisas que se marcharon, tantos corazones, tantas miradas
Y piensa cuando la guerra civil española, cuando París fue
bombardeada, cuando el mundial del 50, cuando su casamiento, cuando Elena se
hace maestra, cuando las marchas, cuando los enfrentamientos con la policía,
cuando el país comienza a caerse, cuando llegan los uniformes
Y piensa cuando corría 1976 ?tiempo del no se puede decir, no se
puede reunir en las esquinas, no se puede... ? cuando Elena queda tras los
fierros, cuando ya nadie da razón de su paradero...
Y piensa cuando empezó a caminamundear por su hija, que en
realidad era por todos los hijos... Cuando crece, cuando florece, cuando remonta
de sus cacerolas, cuando se hace madre de muchos...
Y piensa, cuando la huelga de hambre por la amnistía general...
cuando cada viernes, junto a las otras madres, en la Plaza Libertad, mantiene la
foto de Elena. Cuando otros versos se hacen mundo en el aire Montevideano:
"Volverá la alegría / a enredarse con tu voz. / A medirse en
tus manos / y a apoyarse en tu sudor. / Borrará duras muecas pintadas / sobre un
frágil cartón de silencio / y en aliento de murga saldrá: / a redoblar, a
redoblar, a redoblar muchachos la esperanza / que su latido insista en nuestra
sangre para que esta nunca olvide su rumbo. / Porque el corazón no quiere
entonar más retiradas".
Y piensa, sigue pensando... como quien no quiere dejar de lado los
pedacitos de recuerdos que lleva a cuesta, y se acostumbra a quererlos y
derramarlos una y otra vez entre la gente... La vida y la memoria siguen
caminado juntas...
María Almeida de Quinteros. Más conocida como Tota, nació en 1918,
en un barrio de Montevideo de origen obrero. Se casó a los 26 años y tuvo una
hija a la que dio el nombre de Elena.
A pesar de la humildad del hogar, con el apoyo de sus padres Elena
siguió los estudios de maestra. Allí comenzó su pelea por una educación mejor,
pero un régimen autoritario se iba imponiendo, y llegó la dictadura...
En 1976 Elena Quinteros fue detenida y torturada. Intentando
escapar argumentó un supuesto contacto con un compañero en un lugar cercano a la
embajada de Venezuela. Hasta allí la condujo el personal de inteligencia. Elena
saltó el pequeño muro y se introdujo en la embajada. Sus custodias corrieron
atrás. Los funcionarios de la embajada pelearon para que no la sacaran de
territorio venezolano, los policías forcejearon y se la llevaron. Después nadie
dio razón de su paradero.
Allí comenzó el trajinar de Tota en busca de su hija. Luego de un
intenso caminar denunciando la realidad que vivía el país durante la dictadura,
regresó a Uruguay en 1984. Pero el autoritarismo todavía no se terminaba. Junto
a otras madres de desaparecidos formó el Comité de Familiares de Desaparecidos,
y realizó (a pesar de sus 66 años) una huelga de hambre pidiendo la amnistía
para los presos políticos y el regreso a la democracia.
En 1989 se eligió concejal de Montevideo, y allí comenzó otra
lucha, caminando barrio por barrio, juntándose a los que no tienen casa, a los
desocupados, saliendo a las calles con la gente, siempre dispuesta a recibir el
reclamo de los habitantes de la ciudad y brindarles ayuda.
Hoy sigue buscando a Elena, todos la seguimos buscando.
Kintto Lucas
EL RESARCIMIENTO
El tiempo ha pasado. Tota ya no está y aun se oculta el lugar
donde fue sepultada Elena. Pero la Justicia se hizo cargo de Nino Gavazzo, de
Juan Carlos Blanco y otros más... hasta que poco a poco, irán cayendo todos
QUIÉN ES QUIÉN
El Ministerio de Relaciones Exteriores ?como todas las
instituciones durante la dictadura? tuvo los mandos civiles bajo órdenes
castrenses. Los funcionarios con cargos de autoridad que no lo aceptaron ¡se
fueron!, dejando atrás sus redituables veleidades cortesanas en pro de una
discreta paz interior.
Juan Carlos Blanco
Era subsecretario de José A. Mora Otero y al fallecer éste,
asumió como ministro en 1972. Fue un títere más del autoritarismo militar...
pero eso no le quita culpa. Estuvo en conocimiento total de los hechos y los
aceptó. Ni se le pasó por la cabeza renunciar a su cargo y es más... Parece
estar convencido todavía ?y hasta orgulloso? de haber cumplido con su deber.
¿Ante quién?, está por verse. Sólo me constan dos modelos que orientan su vida:
el catolicismo y la masonería.
Julio César Lupinacci
Sin defender al ministro Blanco, digo lo que sabemos perfectamente
todos los que estuvimos en Cancillería en tiempos de dictadura: el civil que
daba las cartas era él... sin estampar firmas incriminatorias.
Y continuó su carrera ascendente en el Servicio Exterior uruguayo
a la vuelta de la democracia. El presidente Lacalle lo designó embajador ante
Chile, el presidente Sanguinetti lo designó embajador ante Argentina y el
presidente Batlle lo designó embajador ante el Vaticano.
Y allá le dieron "una buena acogida" (parafraseando al
Arzobispo uruguayo Nicolás Cotugno), proponiéndole "un buen acuerdo"
entre Uruguay y el Vaticano para "defender con rigor y promover con
constancia aquellos valores que dignifican la existencia humana".
No le pesó al Papa el historial de represor, ni el fervor
ultraderechista, ni le molestó que fuera masón... ni otras cosas... Vio un
católico recalcitrante y fanático... y no hubo mejor credencial.
Después, como broche de oro, Julio César Lupinacci se jubiló por
límite de edad y fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores Didier
Opertti sobre temas del Tribunal Penal Internacional
En el interrogatorio de marzo de 2002 negó ser uno de los verdugos
de Elena Quinteros responsabilizando totalmente al ministro Blanco. Es curioso
que no realizara acción judicial alguna por difamación o injurias, ante la
divulgación de su nombre como violador de los derechos humanos.
Álvaro Álvarez. Autoritario, soberbio y
despreciativo
Ultraderechista nato, durante la dictadura se movió más cómodo que
nunca. Ignoro si pudo haber favorecido a alguien más que a sí mismo y no sé de
nadie que lo apreciara.
Cuando declaró en el juicio le cargó el fardo al ministro Blanco
?al igual que Lupinacci? y negó la responsabilidad que indiscutiblemente
también tenía.
El 19 de abril de 2005 murió sin pagar sus deudas a los 74 años.
Hubo una única y escueta participación en la página de obituarios del diario El
País... todo dicho.
Guido Michelín Salomón
De perfil bajo y poca resonancia en su accionar, como la mayoría
de los viceministros de Cancillería. Llega "de afuera" (cargo de confianza) al
asumir J. C. Blanco en 1972. A fines del 76 ?cuando mandan a Alejandro
Rovira de la cartera del Interior a "poner orden" por todo este asunto
y otras cosas? Michelín desaparece de escena, tan
discretamente como había llegado.
Poco hay para decir sobre él, salvo su apoyo incondicional al
ministro Blanco y la conocida "plana mayor" de aquella época. Así lo demuestra
su actitud con el embajador venezolano y su aporte para la confección del
memorando.
Hay sin embargo un hecho jugoso, poco conocido para la gente ajena
al Palacio Santos. Fue el año del golpe, cuando el Goyo Álvarez pisaba fuerte
desde el cuartel. Tal vez por desconocimiento del ambiente en que estaba
inmerso, Michelín no tuvo en cuenta que allá las paredes oyen, y lo que recogen
se esparce como reguero de pólvora, por lo que llamamos "radio pasillo".
Así fue que emitió un comentario sobre la virilidad de don
Gregorio, que si bien se comentaba por ahí, dicho por un jerarca tomaba otro
cuerpo y forma. Y el Goyo se enteró... el alcance de "radio pasillo" le daría
envidia a cualquier emisora real.
Fue así que una tarde, paró una camioneta del ejército en el
repecho de Cuareim, y por esa puerta entró el Goyo fusta en mano, secundado por
dos milicos armados. Atravesó el patio empedrado y subiendo la escalera,
irrumpió en el primer despacho del "patio del angelito": la Subsecretaría.
Adentro, arremetió a fustazos contra Michelín, a la vez que lo
insultaba a voz en cuello. Según cuentan los que presenciaron todo, a pesar de
protegerse agachándose detrás de su escritorio, unos cuantos fustazos se llevó.
Descargada su ira, el Goyo "se despidió" de su víctima con una frase que los
funcionarios usamos jocosamente durante mucho tiempo:
"Y no se te ocurra mandarte a mudar. Acá te quedás, porque es acá donde yo te necesito". Y aunque con ganas de irse, se tuvo que quedar, nomás.
En su declaración subraya la negativa de las fuerzas armadas y
policiales de tener implicancia en el incidente, diciendo: "no dudábamos de
lo que la embajada venezolana nos transmitía, pero chocábamos contra una pared,
una negativa total".
Hoy pertenece a la gobernación del Rotary, como Instructor
Distrital. Su responsabilidad en los hechos también quedó demostrada, pero hasta
ahora y por este caso, el único recluso sigue siendo el ministro Blanco.
EL JUICIO AL CANCILLER Y EL FALLO DEL JUEZ CAVALLI:
Los vistos y considerando del fallo comienzan señalando que
"De autos surgen elementos de convicción suficientes para entender que el
Sr. Juan Carlos Blanco Estradé está incurso como coautor, en un delito de
Privación de Libertad muy especialmente agravado pues el hecho obedece a móviles
políticos o ideológicos.
La participación del indagado fue la de coautor pues hubo una
cooperación directa en el período de la consumación. Como se dijo antes, se
trató de una cooperación material, al llevar adelante, como cabeza de la
Cancillería, un plan para distorsionar los hechos, negando la realidad"
Luego menciona el expediente administrativo de la Cancillería, el
interrogatorio de Blanco y la prueba testimonial aportada al caso, y la reunión
que Blanco mantuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el
subsecretario Guido Michelín Salomón, el asesor de la Cancillería Álvaro
Álvarez, y el embajador de Uruguay en Venezuela, Julio César Lupinacci.
"En esa reunión, se dispone por el canciller la realización de
un memorando a presentar a autoridades del gobierno analizando las ventajas o
desventajas de la entrega de quien identifican como 'la mujer'. Luego de
detallar cada una de ellas, culminan por recomendar la entrega y sugieren la
explotación publicitaria de ese acto"
"Debe decirse que existe semiplena prueba de estos hechos, en
el sentido que el Sr. Blanco, como canciller de la República, estaba por demás
enterado de la denuncia de secuestros, detenciones y desaparición de personas en
el Uruguay
El entonces canciller, sabía perfectamente la discordancia
entre las afirmaciones de quienes ejercían el mando y lo que se denunciaba en el
mundo, más precisamente, en una serie de naciones de fuerte tradición
democrática
En otras palabras, sabía por fuentes que van más allá de la
ola de rumores que sacudió Montevideo en aquellos días sobre el terrible destino
de la Sra. Quinteros (hecho notorio), que el mundo entero sostenía la verdad que
a lo largo de los años se fue confirmando, hasta ser ratificada por el propio
Sr. Blanco en esta indagatoria: la desaparición forzada por los órganos de
represión de la Sra. Quinteros"
"A pesar de las manifestaciones del indagado en el sentido que
ni sospechaba que la Sra. Elena Quinteros hubiera sido detenida por funcionarios
uruguayos, si se aprecia el texto del memorando, se verá que de ningún modo
pensó de esa forma"
Efectivamente, en el mismo se decía: "No puede persistirse en
la posición de alegar que la acusación venezolana carece de elementos de juicio
ante las determinaciones concretas de datos contenidos en la última nota de
Venezuela"
Cavalli hace referencia a la actitud que tomó y la que debió tomar
el ex canciller, lo que parece trasladable al resto de concurrentes a la reunión
donde se decidió sobre el destino de Elena Quinteros:
"Se considera que la realidad que asumió, la que puede asumir
hoy y la que debió asumir siempre (Blanco), es que los mandos de la
época habían procedido a la detención de la maestra y para ocultar el error
debían negar que la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de
ella"
"Dos vías tuvo el Sr. Blanco para elegir. La que optó fue
cooperar a propagar la verdad formal que se le decía, colaborar con los captores
e instruir al cuerpo diplomático para que salieran al mundo a decir que quienes
mentían eran los funcionarios extranjeros"
En ese sentido Cavalli agrega que"otro acto que supuso la
colaboración con las personas que privaban la libertad de la Sra. Elena
Quinteros lo constituye el libramiento de un comunicado de prensa el 6 de julio
de 1976, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores a su cargo,
desvirtuaba hechos y atribuía responsabilidad en el episodio al embajador
venezolano Ramos
Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal,
es que la colaboración antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976,
suponía además, echar la suerte de la Sra. Elena Quinteros hacia un final
presumiblemente trágico".
El Juez Cavalli dictó sentencia... y fue tratado de
"caballo" y de "burro" en el editorial del matutino El País:
"Esta desdichada sentencia jamás hubiera sido dictada por
Armando Tomassino, por su tío Julio César de Gregorio, por Álvaro Macedo, por
Francisco Gamarra, por Julio Guani ni por Pablo de María. Pero sí fue dictada
por Eduardo Cavalli. Un juez cuyo apellido nos hace recordar la célebre anécdota
parlamentaria de Emilio Frugoni, cuando le dijo al diputado Carvalho que le
sobraba la 'r' que le faltaba a su colega Buranelli...".
El extenso documento en que se basó el juez Cavalli para
sentenciar a Juan Carlos Blanco, contenía también un análisis de la
responsabilidad penal de Álvaro Alvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelín
Salomón; demostrando su colaboración con el procesado.
Pero esa será otra historia, si es que se registra en hechos, y en
vida de los tres que quedan. Porque todos estos personajes ?no sólo el ex
canciller? incurrieron en "crimen de escritorio", decidiendo quién vive y quién
muere desde un elegante y cómodo sillón, sabiendo perfectamente que Elena
Quinteros estaba en poder de las fuerzas represoras
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. No
proscribe. Sólo hace falta tiempo para que todos y cada uno de los responsables
por Elena y por todos los torturados, muertos y desaparecidos; salden su deuda
con la sociedad
Es curioso el vuelco que tienen ciertos acontecimientos con el
transcurrir del tiempo. Los mismos mentores del Plan Cóndor son los que hoy
desclasifican sus archivos y aportan datos esenciales para la inculpación de sus
antiguos protegidos
¿Quién lo hubiera dicho...? Más bien que es algo lógico; es el
histórico proceder del gran hermano del norte: primero te ayuda, después te usa
y por último te escupe.
Dicen que la mentira tiene patas cortas... pero no tanto, si es
capaz de dar zancadas de más de treinta años. Y que la justicia es ciega... pero
esta buena señora tiene ojos, aunque los use para mirar para otro lado cada vez
que puede... y mientras nadie la acorrale
Por Elena, por Tota, y para todos quienes no sabían de ellas más
que lo que fue ?y es? "conveniente" divulgar; quise expresar aquí todas las
certezas que conozco ?las recabadas y las propias? y, como homenaje a su
memoria, poner los puntos sobre las íes.
Elizabeth Oliver de Abalos
Con información de archivos del PIT/CNT, El País, La
República, Correo Socialista, Equipo Nizkor y Associated Press.
ARTICULO TOMADO DE WWW.POSTAPORTENIA.COM.ARWWW.POSTAPORTENIA.COM.AR
eliza@montevideo.com.uy
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26 jun 2013
Un nuevo comienzo
OPINION
Un nuevo comienzo
Por Atilio A. Boron *
Las grandes manifestaciones populares de
protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la
derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda, comenzando por
el PT y siguiendo por sus aliados. Si se garantizaba “pan y circo”, el pueblo
–desorganizado, despolitizado, desmoralizado– aceptaría mansamente que la
alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando el
país sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa Bolsa
Familia aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa
Confederaciones, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario
para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo
equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista), quedó hecha
añicos esta semana, lo que revela la corta memoria histórica de la clase
dominante y sus representantes, a los que se les olvidaron las grandes
movilizaciones populares exigiendo la elección directa del presidente a
comienzos de los ochenta; las que precipitaron la renuncia de Collor de Mello en
1992; y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de
Lula en el 2002. Del olvido brota la sorpresa, que enmudeció a una dirigencia
política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender –y mucho menos
contener– el tsunami político que irrumpía nada menos que en los fastos
futboleros de la Copa Confederaciones. Fue notable la falta de respuesta
gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales
y el propio gobierno federal.
Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo
la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de
liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Harían mejor en
dirigir su mirada hacia los déficit de la gestión gubernativa en todos sus
niveles, desde el municipio hasta Brasilia. Plantear que todo esto tiene que ver
con el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de San Pablo es
lo mismo que, salvando las distancias, suponer que la Revolución Francesa se
produjo porque algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en
unos centavos el precio del pan. Confunden el detonante con las causas profundas
de la rebelión popular, que dicen relacionar con la enorme deuda social de la
democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno de Lula.
Temas tales como la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo
clasista del acceso a la educación; la corrupción gubernamental (un indicador:
la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa); la
ferocidad represiva impropia de un Estado que se reclama como democrático; y la
arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las
demandas populares. ¿Cómo exigirles claridad ideológica y política a los
manifestantes (hasta hace poco llamados “¡vándalos!”) cuando tal cosa brilla por
su ausencia en el partido gobernante?, se preguntaba días atrás el analista
Carlos Eduardo Martins. Y seguía: ¿qué pasó con la reforma agraria, congelada
por la alianza con el agronegocio?; ¿por qué no se escuchan los reclamos de los
pueblos originarios?; ¿qué se está haciendo ante la bomba de tiempo de la deuda
pública, para cuyo pago se sacrifican las políticas sociales que deberían ser la
seña de identidad de un Estado realmente democrático? Martins afirma con razón
que mal podría el pueblo brasileño deslumbrarse ante los 20.000 millones de
reales del programa Bolsa Familia cuando el pago de sólo los intereses de la
deuda pública asciende 240.000 millones de reales. No se trata de disminuir la
importancia del primero, sino de poner fin a la sangría originada por una deuda
pública –ilegítima hasta la médula– que ha hecho de los banqueros y
especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia
brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil.Es imposible prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar. Más aún, como ocurrió con las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador, demostró que sus flaquezas y su inorganicidad, como las que hoy hay en Brasil, no les impedían tumbar a gobernantes que sólo gobernaban para los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección. Porque, tal vez, un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares esté dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera, sería una gran noticia para la causa de la emancipación de nuestra América.
* Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
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24 jun 2013
Fracasó convocatoria a referéndum
Diario El Pais 24/6/2013
La consulta de ayer no alcanzó el mínimo de 655.193 votos
Fracasó convocatoria a referéndum
La consulta voluntaria para convocar a un referéndum sobre la ley del aborto
en octubre fracasó ayer. La concurrencia a las urnas fue del 8,9%, cuando se
necesita al menos el 25% de las adhesiones.
Valeria Gil
La baja votación sorprendió a los promotores de la consulta, ya
que todos los precandidatos presidenciales apoyaron la convocatoria y firmaron
para que haya referéndum, entre ellos el frenteamplista Tabaré Vázquez, en
contra de la posición mayoritaria de su partido.
El de Vázquez fue el voto más esperado de la jornada. El
expresidente acostumbra a votar a primera hora de la mañana, pero ayer concurrió
sobre la hora 15 a su circuito en una escuela en Agraciada y Freire. Vázquez
votó en el entretiempo del partido Uruguay-Croacia por el Mundial Sub-20 de
Turquía, y se retiró antes de que comenzara Uruguay-Tahití por la Copa de las
Confederaciones de Brasil.
"No hay sorpresa por mi participación. En Uruguay todos saben
cuál es mi posición. No hay secretos", dijo el expresidente tras sufragar, y
recordó que durante años dijo que si llegaba a realizarse una consulta
participaría.
Vázquez es contrario al aborto y durante su gobierno (2005-2010)
vetó los artículos de la ley de salud sexual y reproductiva que lo contemplaba.
Ese veto fue justificado desde el punto de vista filosófico, médico y legal y
mereció la crítica del Partido Socialista, lo que motivó que Vázquez pidiera su
desafiliación.
"Hay que hacer cosas sin importar los costos políticos", dijo
ayer Vázquez sobre cómo tomará el Frente Amplio su adhesión al referéndum.
Por su lado, el diputado blanco y precandidato presidencial por
el movimiento Todos, Luis Lacalle Pou, votó por la mañana en la Escuela 101 de
la ciudad de Canelones.
En Paysandú, el senador y precandidato blanco por Alianza
Nacional, Jorge Larrañaga, sufragó en el liceo 5.
También votaron los otros dos precandidatos blancos: Sergio
Abreu (Dignidad Nacional) y Jorge Saravia (Concertación Republicana).
En el Partido Colorado votaron los senadores Pedro Bordaberry
(precandidato de Vamos Uruguay) y José Amorín Batlle (Batllistas de Ley).
"No estamos votando en contra o a favor de la despenalización
del aborto. Estamos pronunciándonos sobre la oportunidad de interponer un
recurso para que la gente laude", dijo Bordaberry poco después de votar.
"Es con alegría más que nada que venimos a votar, más que con
expectativas. Porque es como un voto doble, uno está votando para habilitar que
se vuelva a votar. Es una situación doble en cuanto a la votación y en cuanto a
la democracia. Decía (José) Batlle y Ordóñez que no alcanza con que el pueblo
elija a sus gobernantes, sino gobernar a los gobernantes", agregó
Bordaberry.
Amorín también dijo que adhirió a la convocatoria "para que la
ciudadanía vote", sobre la ley de despenalización del aborto.
Los dos expresidentes colorados tuvieron actitudes
diferencias: Jorge Batlle votó, Julio María Sanguinetti no.
"Tenemos una oportunidad de ser legisladores en algo que tiene
que ver con la vida misma", dijo Batlle.
Sanguinetti no concurrió a las urnas y lo explicó en una
editorial publicada en el semanario colorado Correo de los Viernes hace unas
semanas. Allí expresó que "abrir el camino de un referéndum" es un "error".
"Si el referéndum sale adelante, retornamos a un hipócrita
estado de situación, en que la norma no detenía los abortos ni los médicos
denunciaban a las mujeres que les llegaban víctimas de las malas prácticas de
tratantes clandestinos", señaló Sanguinetti.
Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo
Mieres, opinó que "es importante que la gente se exprese. El veredicto de hoy va
a abrir paso a una nueva definición".
"8 a 0".
El diputado nacionalista Pablo Abdala, impulsor de la campaña
de recolección de firmas que llevó a la consulta de ayer, reconoció sobre el
cierre de la votación (a la hora 19.30) la derrota.
"Se votó regular, pero nosotros estamos muy satisfechos con el
esfuerzo que se hizo de lograr que la sociedad reflexionara sobre este asunto
que se vincula tanto con el tema los derechos humanos. Después cuál fue la
respuesta ciudadana es otro tema y se analizará fríamente, porque es sabido que
la democracia directa siempre representa un desafío muy grande", indicó
Abdala.
El diputado dijo que no se puede juzgar la convocatoria por
los resultados y que quedó claro que "se cierra un ciclo en la medida de que la
ley fue aprobada y la instancia recursiva está concluida".
Para Abdala, "es impracticable" insistir con una campaña de
recolección de 655.193 firmas para convocar a un referéndum en octubre.
"Por este período de gobierno está claro que el tema quedó
resuelto en la medida que en pocos meses estaremos en campaña electoral y será
la sociedad la que tenga que resolver cuál es el camino correcto", indicó.
Bordaberry dijo a anoche en Subrayado de canal 10 que "hay que
escuchar la voz de la gente" y que los que llamaron a votar se sienten "como el
arquero de Tahití porque fue 8 a 0. Todos los precandidatos llamamos a votar y
los uruguayos demostraron acá que votan lo que ellos quieren, no lo que los
candidatos decimos que tienen que votar".
Sin embargo, agregó que "nunca hay un tema cerrado por
completo porque obviamente la vida evoluciona y por lo tanto lo que se cierra es
una etapa de consulta".
Para la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, el
resultado de la convocatoria de ayer es un "respaldo" a la ley de
despenalización del aborto. "Nos sentimos respaldados en la política de derechos
que hemos venido implementando", dijo Xavier.
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