Juegos de espías en todo el mundo
06/11/13 - POR brasilcomn
POR GERMÁN ARANDA
La semana pasada, el diario El Mundo armó un gran revuelo al publicar un reportaje que mostraba que 60 millones y medio de llamadas fueron interceptadas por los servicios de espionaje estadounidenses en suelo español en tan sólo un mes, durante diciembre de 2012 y enero de este año.
Formaba parte de la serie de filtraciones internacionales que vienen publicándose en diversos medios del mundo a partir de los documentos del ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden, que decidió renunciar a su vida como informático del espionaje norteamericano para mostrarle al mundo los abusos de la superpotencia en este ámbito. Ahora, mientras todos hablan de él y muchos defienden su causa, Snowden vive exiliado en Rusia por miedo a las represalias de su país, que seguramente le llevaría a la cárcel por traición y por revelar documentos secretos.
El ex analista de la NSA Edward Snowden es responsable de las filtraciones que revelaron el espionaje que lleva adelante Estados Unidos.
Una publicación similar había provocado una tormenta política en Francia y la NSA reaccionó asegurando que en ambos países se habían malinterpretado los documentos, aunque no aportó pruebas al respecto y el periodista Glenn Greenwald, único poseedor de los documentos de Snowden desde que se conocieron en Hong Kong, volvió a mostrar los textos que sustentaban la versión de los periodistas que firmaban el artículo en El Mundo: él y el autor de este post.
La fiscalía española abrió una investigación por lo que podría suponer un crimen contra la privacidad. El gobierno español expresó abiertamente su indignación y que “podría romperse el clima de confianza” con Estados Unidos, pero lo hizo poco antes de que se conociera la colaboración de los servicios secretos españoles y europeos con el espionaje de metadatos estadounidense. El máximo representante del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) comparecerá hoy ante el Congreso y a puerta cerrada.
Se trata de un escándalo parecido al que agitó en septiembre pasado a Brasil, cuando se conoció primero el espionaje a 2300 millones de comunicaciones en el país y, después, el seguimiento de las llamadas de la presidenta Dilma Rousseff y de sus asesores; además de las comunicaciones de la petrolera Petrobras, la mayor empresa del país.
La indignación de Rousseff fue tal que canceló un viaje oficial a Estados Unidos y no reparó en recriminaciones hacia Washington en su último discurso ante la Asambleade las Naciones Unidas, organismo que por cierto también fue espiado por la NSA.
Pese a que su enfado fue grande y a que el caso de Brasil -por el momento- es más grave que el de España o Francia, ya que implica directamente a empresas y a su jefa de Estado, Estados Unidos demostró con su reacción más sonora (una declaración del director de la NSA, el general Keith Alexander, y el reconocimiento de excesos por parte del Secretario de Estado, John Kerry) que todavía se toma mucho más en serio al Viejo Continente que a la sexta potencia del mundo.
Dilma Rousseff fue también blanco del espionaje de la NSA. Eraldo Peres/Associated Press
Esta semana empezó con la publicación por parte del diario Folha de São Paulo de que Brasil habría espiado, a través de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), a diplomáticos de Rusia, Irán, Irak y también de Estados Unidos. Según el gobierno, se trató de operaciones que tenían el objetivo de proteger secretos que eran del interés del Estado brasileño e indicó que lo hizo también para cerciorarse de que dichos países no estaban llevando a cabo tareas de espionaje. O sea, era contraespionaje.
Más o menos las cosas son así: yo te espío para saber si me espías y de esta manera se arremolina un bucle infinito de desconfianza. Claro que no es lo mismo fiscalizar un lugar y tomar nota de las rutinas profesionales de un embajador mediante la observación, que pinchar teléfonos de millones de ciudadanos, políticos y empresas.
Queda claro, en cualquier caso, que el verbo espiar se conjuga en todas las personas cuando hablamos de países. De manera individual y con cooperación: yo espío, tú espías, él espía, nosotros espiamos, vosotros espiáis, ellos espían.
El periodista Ricardo Bonalume Neto escribió ayer en Folha que “espiar no es pecado, lo malo es ser descubierto”, y con esa frase me vino de repente el olor a escuela, a pupitre y a folio en blanco, el silencio inusual de una clase el día del examen. “Lo malo no es copiarse, lo malo es que te pillen”, te decían los profesores más pragmáticos mientras pensaban un castigo.
Y, por cierto, la práctica no era tan diferente: recopilar información de diferentes fuentes externas, el pupitre vecino o la “chuleta” (papel pequeño con apuntes que se lleva oculto para usarlo en los exámenes) de turno en este caso, sin ser visto. Pues bien, espías del mundo, les hemos pillado. Solo falta evaluar, como hacía el profesor, cuán malo es aquello que andan haciendo a escondidas y qué tipo de medidas están en nuestras manos, las de los ciudadanos, para defendernos de los abusos y de la ambigüedad de los gobiernos, que hoy se recriminan el espionaje en público y mañana colaboran para espiar mejor a un tercero.
El debate sobre la privacidad en internet está prácticamente en su infancia y queda un largo y complicado camino por recorrer. Todavía no sabemos exactamente cómo protegernos (¿encriptar las comunicaciones es suficiente?) ni cómo conseguir que se frenen estos abusos (¿basta con manifestarse y que los gobiernos lleguen a acuerdos de cara a la galería?). Pero el primer paso, que se hable de ello, era también difícil y necesario.
8 nov 2013
6 nov 2013
CIDH exige explicaciones sobre tratos inhumanos en Guantánamo
CIDH exige explicaciones sobre tratos inhumanos en Guantánamo
30.10.2013
GUANTÁNAMO (Uypress) — Torturas, tratos degradantes, violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, son algunos de los elementos que expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación que viven los presos en Guantánamo y exigió explicaciones al gobierno de Estados Unidos.
"La información que poseemos indica que hay una violación generalizada y sistemática de derechos humanos en Guantánamo", afirmó este lunes el comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, en la apertura del 149º período de audiencias en Washington.
Entre los vejámenes padecidos por las personas privadas de su libertad, detenidos en su mayoría sin condena judicial, el organismo internacional enumeró: la alimentación forzada a prisioneros en huelga de hambre; tratos crueles e inhumanos; aplicación sistemática de torturas como el 'sumbarino seco' y 'submarino húmedo', entre otros.
Escobar Gil se abocó en particular al caso de 106 detenidos que llegaron a participar de una huelga de hambre que había comenzado en febrero de este año y que las autoridades determinaron que había "finalizado" en septiembre, cuando los 46 presos que resistían "fueron alimentados a la fuerza".
"Hay denuncias sobre alimentación forzada de prisioneros en Guantánamo que se encuentran en huelga de hambre", manifestó el comisionado. "Eso hiere cánones éticos y constituye trato inhumano y cruel", agregó.
"Queremos saber qué investigaciones se están realizando al respecto" y "qué iniciativas se han tomado para atender a las demandas de los prisioneros", pero además indicó que "todos los pedidos de visitas (a Guantánamo) sin condiciones que hemos presentado han sido rechazados. Queremos saber cuándo se van a permitir visitas sin condiciones previas".
Además de no respetar la medida de huelga de hambre, la organización se suma a la denuncia de los defensores de estos detenidos, que expresa la injusta "detención ilimitada desde hace 11 años sin juicio ni condena y un episodio en que los guardias de la cárcel revisaron varios ejemplares del Corán de una forma que consideraron blasfema".
Los abogados evalúan también remitirse a la Convención Internacional contra la Tortura por los padecimientos sufridos dentro de Guantánamo.
Por su parte, en la audiencia de este lunes, el abogado estadounidense Omar Farah, del Centro de Derechos Constitucionales (CCR), aseguró que en Guantánamo hay "14 hombres que se niegan a consumir alimentos, y todos ellos han sido forzados" a hacerlo, informó AFP.
El comisionado Escobar Gil también recordó que el presidente Barack Obama afirmó hace años que pretendía cerrar este centro de reclusión durante su segundo mandato, y pidió informaciones sobre los pasos concretos en ese sentido.
"La CIDH ha recomendado el cierre del establecimiento que funciona en la base de Guantánamo. Quisiéramos que el gobierno de Estados Unidos nos concretara qué pasos se están dando para cerrar este centro, y cuándo esto se va a producir", afirmó.
Un nuevo argumento para justificar la demora de respuestas por parte del gobierno estadounidense fue esgrimido durante la audiencia: el representante adjunto de Estados Unidos ante la CIDH, Lawrence Gumbiner, señaló que "debido al cierre administrativo del gobierno, respetuosamente proponemos a la Comisión presentar respuestas por escrito en un plazo de 30 días".
El Relator Especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, calificó esta excusa como "decepcionante". "Me parece que es injustificado decir que no pueden responder por el cierre administrativo del gobierno durante dos semanas. Este caso lleva una década. Desde el año 2004 estamos pidiendo visitas sin condiciones a los prisioneros", dijo.
"Que yo sepa, el personal de Guantánamo y todo el personal del Pentágono no fue afectado por el cierre temporario del gobierno", añadió.
Bachelet revela que fue interrogada por el jefe de la policía secreta de Pinochet
Bachelet revela que fue interrogada por el jefe de la policía secreta de Pinochet
RODRIGO CEA Santiago de Chile -
A 40 días de las elecciones presidenciales en Chile, la candidata de la centroizquierda y expresidenta Michelle Bachelet reveló que fue interrogada por Manuel Contreras, el máximo líder de la DINA - la policía secreta de Augusto Pinochet - que operó entre 1973 y 1977. En una entrevista con el canal de televisión CNN Chile, Bachelet dijo que sintió una “indignación profunda” cuando en septiembre escuchó a Contreras decir que ella nunca estuvo en Villa Grimaldi. El recinto fue uno de los principales centros de detención y tortura de la dictadura militar (1973-1990), un periodo que dejó 3.214 ejecutados políticos y un millar de desaparecidos hasta hoy.
Ubicado en un sector precordillerano de Santiago de Chile, por Villa Grimaldi pasaron 4.500 personas de las cuales 18 fueron asesinadas y 211 permanecen desaparecidas. Antes de partir al exilio en 1974, Bachelet estuvo dos meses detenida en el campo de concentración junto a su madre, Ángela Jeria, quien fue torturada en ese lugar.
“Él me interrogó personalmente”, señaló la exdirectora de ONU mujeres, quien hoy se perfila –según todas las encuestas– como la vencedora en las elecciones del próximo 17 de noviembre. Condenado a 360 años de cárcel más dos cadenas perpetuas por la muerte de más de 1.500 opositores al régimen pinochetista, Contreras aseguró que Bachelet nunca estuvo en Villa Grimaldi. Las declaraciones eran parte de una serie de entrevistas emitidas el 10 de septiembre, cuando el país atravesaba un ambiente de agitación política debido al 40 aniversario del golpe de Estado que terminó con el Gobierno de Salvador Allende en 1973.
En la entrevista, el exmilitar dijo, además, que los gendarmes que lo custodiaban en el Penal Cordillera estaban para “sostenerle el bastón” y negó haber participado en cualquier delito. Las declaraciones generaron malestar entre familiares de las víctimas de la dictadura y –por orden del presidente Sebastián Piñera– significaron el cierre del cómodo penal donde Contreras permanecía junto a otros 10 militares. Antes del traslado a la cárcel de Punta Peuco –donde hoy se encuentra Contreras junto a otros 44 militares condenados por violaciones a los derechos humanos–, uno de sus compañeros de prisión, el general retirado Odlanier Mena, se suicidó con un disparo en la cabeza mientras gozaba de un permiso penitenciario que le permitía estar en su hogar durante los fines de semana.
“Nunca estuve de acuerdo con los lugares privilegiados”, agregó Michelle Bachelet sobre las regalías con que contaban los reclusos en el clausurado Penal Cordillera y las que hoy tienen en Punta Peuco, donde los internos disponen de habitaciones individuales, televisores, computadoras, una biblioteca y un sector para tratamientos terapéuticos: una realidad muy distinta a la del resto de las cárceles del país. Consultada por un eventual cierre del recinto, la candidata presidencial del pacto Nueva Mayoría dijo que este podría realizarse tras un análisis profundo “porque condiciones políticas probablemente hay, pero no sé si habrá condiciones carcelarias”.
Sobre la opción de indultar a militares condenados por violaciones a derechos humanos que hoy están enfermos, Bachelet señaló que los casos se deben analizar uno a uno. Consultada por la situación de Marcelo Moren Brito, coronel en retiro del Ejército y exagente de la DINA -quien la habría interrogado en Villa Grimaldi –, Bachelet aseguró que un eventual indulto presidencial para él no se trata de una cuestión personal. “Lo que importa, y es lo que tengo que evaluar muy bien, es cuál es la señal que estamos dando al país. Hoy no lo tengo claro”, dijo.
RODRIGO CEA Santiago de Chile -
A 40 días de las elecciones presidenciales en Chile, la candidata de la centroizquierda y expresidenta Michelle Bachelet reveló que fue interrogada por Manuel Contreras, el máximo líder de la DINA - la policía secreta de Augusto Pinochet - que operó entre 1973 y 1977. En una entrevista con el canal de televisión CNN Chile, Bachelet dijo que sintió una “indignación profunda” cuando en septiembre escuchó a Contreras decir que ella nunca estuvo en Villa Grimaldi. El recinto fue uno de los principales centros de detención y tortura de la dictadura militar (1973-1990), un periodo que dejó 3.214 ejecutados políticos y un millar de desaparecidos hasta hoy.
Ubicado en un sector precordillerano de Santiago de Chile, por Villa Grimaldi pasaron 4.500 personas de las cuales 18 fueron asesinadas y 211 permanecen desaparecidas. Antes de partir al exilio en 1974, Bachelet estuvo dos meses detenida en el campo de concentración junto a su madre, Ángela Jeria, quien fue torturada en ese lugar.
“Él me interrogó personalmente”, señaló la exdirectora de ONU mujeres, quien hoy se perfila –según todas las encuestas– como la vencedora en las elecciones del próximo 17 de noviembre. Condenado a 360 años de cárcel más dos cadenas perpetuas por la muerte de más de 1.500 opositores al régimen pinochetista, Contreras aseguró que Bachelet nunca estuvo en Villa Grimaldi. Las declaraciones eran parte de una serie de entrevistas emitidas el 10 de septiembre, cuando el país atravesaba un ambiente de agitación política debido al 40 aniversario del golpe de Estado que terminó con el Gobierno de Salvador Allende en 1973.
En la entrevista, el exmilitar dijo, además, que los gendarmes que lo custodiaban en el Penal Cordillera estaban para “sostenerle el bastón” y negó haber participado en cualquier delito. Las declaraciones generaron malestar entre familiares de las víctimas de la dictadura y –por orden del presidente Sebastián Piñera– significaron el cierre del cómodo penal donde Contreras permanecía junto a otros 10 militares. Antes del traslado a la cárcel de Punta Peuco –donde hoy se encuentra Contreras junto a otros 44 militares condenados por violaciones a los derechos humanos–, uno de sus compañeros de prisión, el general retirado Odlanier Mena, se suicidó con un disparo en la cabeza mientras gozaba de un permiso penitenciario que le permitía estar en su hogar durante los fines de semana.
“Nunca estuve de acuerdo con los lugares privilegiados”, agregó Michelle Bachelet sobre las regalías con que contaban los reclusos en el clausurado Penal Cordillera y las que hoy tienen en Punta Peuco, donde los internos disponen de habitaciones individuales, televisores, computadoras, una biblioteca y un sector para tratamientos terapéuticos: una realidad muy distinta a la del resto de las cárceles del país. Consultada por un eventual cierre del recinto, la candidata presidencial del pacto Nueva Mayoría dijo que este podría realizarse tras un análisis profundo “porque condiciones políticas probablemente hay, pero no sé si habrá condiciones carcelarias”.
Sobre la opción de indultar a militares condenados por violaciones a derechos humanos que hoy están enfermos, Bachelet señaló que los casos se deben analizar uno a uno. Consultada por la situación de Marcelo Moren Brito, coronel en retiro del Ejército y exagente de la DINA -quien la habría interrogado en Villa Grimaldi –, Bachelet aseguró que un eventual indulto presidencial para él no se trata de una cuestión personal. “Lo que importa, y es lo que tengo que evaluar muy bien, es cuál es la señal que estamos dando al país. Hoy no lo tengo claro”, dijo.
4 nov 2013
Comienza el juicio por el asesinato del obispo Angelelli
De esta forma, desde el lunes serán juzgados el multicondenado represor Luciano Menéndez y el comodoro Luis Estrella, por homicidio calificado y asociación ilícita agravada.
En tanto, los otros tres acusados en la causa, Jorge Albano Harguindeuy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero fallecieron por lo cual se les declaró la extinción de la acción penal.
El tribunal estará integrado por José Camilo Quiroga Uriburu como presidente y los jueces de Cámara Subrogantes Carlos Julio Lascano del Tribunal Federal 1 de Córdoba y Juan Carlos Reynaga del Tribunal Federal de Catamarca.
Por el Ministerio Público actuarán los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes; los querellantes serán Miguel Angel Morales por la Organización Tiempo Latinoamericano; Pedro Goyochea y Mirta Sánchez por el Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca Los hechos que se ventilarán ocurrieron el 4 de agosto de 1976 cuando el entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, regresaba desde la ciudad de Chamical, donde había participado de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados y que pertenecían a su diócesis Carlos Murias y Gabriel Longueville.
Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando a la altura de Punta de Los Llanos (100 kilómetros al sur de la capital), según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco que supuestamente era un Peugeot 504 se cruzó por delante de la camioneta lo que provocó que la camioneta saliera de la ruta y volcara.
Producto del vuelco, Angelelli salió despedido y falleció prácticamente en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro del vehículo inconsciente.
El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca.
Los dos imputados que llegaron vivos al juicio están acusados por el asesinato de Angelelli y el intento de asesinato del sacerdote Pinto, testigo clave del caso para desbaratar la versión oficial de la dictadura de que la muerte del obispo riojano se produjo en un accidente automovilístico.
El demorado juicio oral por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, cometido el 4 de agosto de 1976 durante la dictadura cívico militar, comenzará este lunes 4 de noviembre en La Rioja contra dos de los cinco represores imputados originariamente, ya que tres de ellos fallecieron.
Esa versión dictatorial, aceptada durante años por la jerarquía eclesiástica, pretendía que Angelelli y Pinto se accidentaron.
No obstante, Pinto declaró que después del vuelco, tras haber permanecido inconsciente en el lugar, vio el cuerpo de Angelelli a poca distancia con signos de lesiones graves en la nuca.
La autopsia confirmó que Angelelli murió a consecuencia de un golpe de elemento contundente en el hueso occipital, además de haber sufrido otras heridas y lesiones, incluida la fractura de varias costillas.
Durante la instrucción de la causa, se estableció que Angelelli fue asesinado porque, desde julio de 1976, investigó por cuenta propia los homicidios de Murias y Longueville.
Cuando fue asesinado, el obispo llevaba una carpeta con importante información sobre el asesinato de los dos sacerdotes, que responsabilizaba por el crimen a represores de la dictadura, en especial militares de la base de la Fuerza Aérea en Chamical.
El juicio por el homicidio de Murias y Longueville concluyó en diciembre de 2012 con la condena a prisión perpetua de Menéndez, Estrella y el policía Domingo Benito.
Archivada durante la dictadura, la causa por el asesinato de Angelelli fue reabierta en 1986 en La Rioja, pero se frustró a raíz de las leyes de impunidad, derogadas recién en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Reabierta en 2009, María Elena Coseano, sobrina del obispo asesinado, se presentó como querellante en la causa junto con el Obispado de La Rioja y las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación.
En tanto, los otros tres acusados en la causa, Jorge Albano Harguindeuy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero fallecieron por lo cual se les declaró la extinción de la acción penal.
El tribunal estará integrado por José Camilo Quiroga Uriburu como presidente y los jueces de Cámara Subrogantes Carlos Julio Lascano del Tribunal Federal 1 de Córdoba y Juan Carlos Reynaga del Tribunal Federal de Catamarca.
Por el Ministerio Público actuarán los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes; los querellantes serán Miguel Angel Morales por la Organización Tiempo Latinoamericano; Pedro Goyochea y Mirta Sánchez por el Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca Los hechos que se ventilarán ocurrieron el 4 de agosto de 1976 cuando el entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, regresaba desde la ciudad de Chamical, donde había participado de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados y que pertenecían a su diócesis Carlos Murias y Gabriel Longueville.
Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando a la altura de Punta de Los Llanos (100 kilómetros al sur de la capital), según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco que supuestamente era un Peugeot 504 se cruzó por delante de la camioneta lo que provocó que la camioneta saliera de la ruta y volcara.
Producto del vuelco, Angelelli salió despedido y falleció prácticamente en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro del vehículo inconsciente.
El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca.
Los dos imputados que llegaron vivos al juicio están acusados por el asesinato de Angelelli y el intento de asesinato del sacerdote Pinto, testigo clave del caso para desbaratar la versión oficial de la dictadura de que la muerte del obispo riojano se produjo en un accidente automovilístico.
El demorado juicio oral por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, cometido el 4 de agosto de 1976 durante la dictadura cívico militar, comenzará este lunes 4 de noviembre en La Rioja contra dos de los cinco represores imputados originariamente, ya que tres de ellos fallecieron.
Esa versión dictatorial, aceptada durante años por la jerarquía eclesiástica, pretendía que Angelelli y Pinto se accidentaron.
No obstante, Pinto declaró que después del vuelco, tras haber permanecido inconsciente en el lugar, vio el cuerpo de Angelelli a poca distancia con signos de lesiones graves en la nuca.
La autopsia confirmó que Angelelli murió a consecuencia de un golpe de elemento contundente en el hueso occipital, además de haber sufrido otras heridas y lesiones, incluida la fractura de varias costillas.
Durante la instrucción de la causa, se estableció que Angelelli fue asesinado porque, desde julio de 1976, investigó por cuenta propia los homicidios de Murias y Longueville.
Cuando fue asesinado, el obispo llevaba una carpeta con importante información sobre el asesinato de los dos sacerdotes, que responsabilizaba por el crimen a represores de la dictadura, en especial militares de la base de la Fuerza Aérea en Chamical.
El juicio por el homicidio de Murias y Longueville concluyó en diciembre de 2012 con la condena a prisión perpetua de Menéndez, Estrella y el policía Domingo Benito.
Archivada durante la dictadura, la causa por el asesinato de Angelelli fue reabierta en 1986 en La Rioja, pero se frustró a raíz de las leyes de impunidad, derogadas recién en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Reabierta en 2009, María Elena Coseano, sobrina del obispo asesinado, se presentó como querellante en la causa junto con el Obispado de La Rioja y las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación.
Las luchas y sus pliegues
EMILIO CAFASSI
Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Escritor, Ex Decano
Las luchas y sus pliegues
Publicado el 27/10/2013 -
El domingo pasado, las llamadas redes sociales convocaron en Montevideo a una reunión informal o inorgánica de apoyo a la precandidatura presidencial por el Frente Amplio uruguayo (FA) de la senadora Constanza Moreira.
No pude viajar como hubiera sido mi deseo para sumarme a la iniciativa en la plaza Líber Seregni. Sin embargo pude ver algunos de los tantos videos que varios asistentes tomaron con sus celulares y subieron a las mismas redes que actuaron de vasos comunicantes a la par que convocantes. Habría varios aspectos a destacar de lo registrado en ellos. Pero me detendré en la culminación de la breve alocución de la senadora. En respuesta tácita a la poco feliz ponderación que el ministro de Defensa realizó de la centralidad de la lucha de clases en detrimento de otras disputas por la igualdad y la inclusión, reivindicó la defensa de todas las luchas. No solo lo comparto sino que creo, además, que buena parte de los combates que atraviesan a las clases sociales tendrán un protagonismo creciente, aun en circunstancias de crisis capitalista global como la actual. Pero más aún, que buena parte de estas luchas se precisan entre sí y mucho la solidaridad social hacia ellas.
Sin embargo, creo simultáneamente importante evitar que este principio ocluya un análisis cualitativo de los alcances y de las metodologías que cada conflicto pone en juego. Ninguna forma organizativa ni ninguna reivindicación, ni menos aún un discurso, pueden dejar de contener a la vez componentes conservadores y ciertas ratificaciones de -al menos- parte del statu quo. Lo ideal es tratar de identificarlas y explicitarlas como primer paso para poder acotarlas, porque siempre acecha el riesgo de hacer de ciertas necesidades, virtud. Lo peor inversamente es negarlas. Intenté por ejemplo señalarlo cuando analicé el matrimonio igualitario. Un derecho que debe ser apoyado entusiastamente porque iguala posibilidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero que a la vez ratifica y naturaliza una institución arcaica, reaccionaria y de propósitos de control biopolítico y de regulación económica y consolidación de la estructura desigual de la propiedad. Mi conclusión no reniega del amor, sino acotadamente de la intervención del Estado en algo tan privado y subjetivo como él. Reconocer que cada lucha, aun con propósitos emancipatorios, tiene su costado conservador, no debería desestimularla sino preparar las condiciones para su reanudación en un nivel superior para ir despojándose en cada nueva etapa de las posibles capas conservadoras que la van envolviendo. Es inevitable, lo que no supone que sea invisible. Cuando en la esfera ceñidamente sindical se discuten salarios o duración de la jornada laboral, se ratifica en la querella la relación salarial y la apropiación privada del sobreproducto social, o en términos más genéricos, el capitalismo. No propongo evitar la puja salarial sino solo tener presente lo que convalida.
Pero más rigurosamente aun, hay luchas puntuales desarrolladas en el contexto de culturas políticas determinadas que pueden llegar a desarrollar prácticas y discursos retrógrados encubiertos en aparentes perspectivas revolucionarias. En estos días se desarrolla un conflicto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que lo ejemplifica. Se articula ideológicamente en una interrelación sucesiva de mitos y sacralización de formatos organizativos surgidos en otros contextos sociales e institucionales y en simplificaciones manipulatorias. La razón aparente es la disconformidad con el estatuto universitario que establece formas de representación estamental a través de claustros, cosa nada exclusiva en una universidad. Sostienen que debería regir el principio ciudadano de un hombre (deberíamos entender que también incluye a las mujeres, aunque pervive el uso sexista del lenguaje) igual a un voto. Pero más allá de la disparatada reivindicación que dejaría la universidad a merced de los estudiantes dado que son la inmensa mayoría (300.000 en el caso de la UBA), cualquier modificación estatutaria solo puede lograrse a través de la representación a cuyo ejercicio los propios “luchadores” se candidatearon, con éxito dispar, mediante la compulsa electoral prevista hace un par de meses. Claro que no con las reglas de contabilidad que proponen, sino con aquellas a las que se avinieron a competir y que no cuestionaron con anterioridad, sino que por el contrario dedicaron todos los esfuerzos militantes con las más tradicionales armas de campaña, sin otra lucha que la propaganda y la ideología. El impedimento por la fuerza de asunción de las autoridades, tal el camino actualmente elegido, no solo no modifica estatuto alguno, sino que tampoco logra impedir a largo plazo tal asunción, como ya sucedió en ocasiones previas y comienza a reiterarse en estos días.
El sustento ideológico-manipulatorio de esta dinámica deviene de la mistificación concatenada de variables que pueden haber jugado algún papel coyuntural en la historia y que se dogmatizan descontextualizadamente. El primero de ellos es el papel de la fuerza y la suposición de contar con ella. Si algo caracteriza regularmente a los desposeídos y oprimidos es la debilidad, no la fortaleza. Por un lado respecto al monopolio estatal de la fuerza pública y por otro lado respecto a cualquier otra forma de violencia que pueda ejercerse en la dirección inversa, realimentando la barbarie. Se añaden además las consecuencias, no solo onerosas sino también demoralizantes del sedimento vandálico que en la práctica suele acompañar estas tácticas, cuyo caso extremo se verificó en una reciente toma de un colegio secundario de la universidad.
El segundo es el deslizamiento desde la vieja tradición de tomas del espacio físico que permitía la expansión del ámbito de debate, organización y actividad movilizada, hacia la apropiación edilicia y expulsión de actores por parte de oligarquías partidarias burocratizadas que ejercen el control policíaco de los espacios, el tránsito y pautan las actividades. Redunda en la expulsión de todo actor universitario que se proponga cualquier otra forma de ejercicio, acción, circulación o expresión que la autorizada por los tomadores. El tercer componente del trípode mitológico en la esfera organizativa y táctica lo constituye la pretendida legitimación asamblearia de las acciones. Las dificultades para su implementación no se reconocen solo en la magnitud, cosa que ya Rousseau preveía, así como Weber lo enfatizaba un siglo más tarde, sino en la falacia de atribuir la potestad de ejercicio del poder de decisión, mediante una implementación circunscripta a los aparatos. Para poder adoptar decisiones en una asamblea son indispensables una serie de prerrequisitos e institutos reguladores que ni siquiera se conciben teóricamente. Semejante modo de concebir la democraticidad alberga la peregrina creencia de que habría un lugar único que garantizaría por sí solo el ordenamiento y la distribución del poder de decisión en la totalidad comunitaria. Un lugar de índole paradisíaco donde todos pueden participar de las decisiones, sin que siquiera se fije por ejemplo una hora de finalización. En la práctica solo decide de madrugada el sector de activistas incansablemente asambleísticos que a la vez en el caso de mi facultad, en el mejor de los casos, no supera el centenar entre 25.000 estudiantes.
En términos ideológicos más amplios, la aplicación del principio de ciudadanía al ámbito educativo en general y universitario en particular, lleva al absurdo de desacoplar el conocimiento de los procesos de producción, cosa no exclusivamente universitaria. Pero en su caso, si la función de la universidad es producir y distribuir conocimiento, su aplicación traslada la mayoritaria capacidad de decisión e influencia en quienes menos lo producen y distribuyen. Peor aún, inviabiliza la posibilidad de aplicar formas organizativas más democráticas en entes autónomos del Estado. No me cabe dudas de que las instituciones de salud deben democratizarse y poder contemplar en sus órganos de gobierno a los usuarios. Pero el principio ciudadano aplicado a este ámbito disuelve el peso que necesariamente deben tener los profesionales de la salud en las decisiones. Sucesivamente con el resto de las instituciones públicas que deben contemplar tanto a productores (y sus saberes) como a consumidores y usuarios en alguna proporción.
Personalmente creo que el estatuto de mi universidad debe ser reformado en muchos aspectos, entre ellos incorporando actores comunitarios no contemplados como el personal administrativo o los auxiliares docentes de forma autónoma de los graduados. Y también de los profesores y auxiliares interinos que son tales por las demoras en la sustanciación de concursos. No me simpatiza, además, la alianza que casi seguramente triunfará en el rectorado, cosa que no me impide reconocer la legitimidad que las reglas de juego vigentes le otorga.
En el caso de este conflicto que traigo a colación se desarrolla una paradoja extra, ya que estas acciones violentas se desarrollan en las facultades con representantes más sensibles a las reformas estatutarias, y curiosamente no se realiza protesta alguna en aquellas más conservadoras, logrando con la combinación de ambas la conservación más plena del statu quo. No debería ser una sorpresa el descubrimiento de que la casi totalidad de los estudiantes que llevan a cabo estas luchas, pertenecen a la izquierda orgánica argentina. Como tampoco que -entre otras cosas gracias a estas prácticas y los dogmatismos en los que se sustentan- sus cosechas electorales en la vida ciudadana vengan siendo insignificantes a lo largo de varias décadas. Difícilmente se logre seducir y persuadir con el imaginario que sus acciones proyectan.
Por supuesto que nada se lograría con represión a pesar de los grandes perjuicios que ella comporta para la institución y la sociedad. Son las organizaciones y sus métodos los que deben autoexaminarse y reformarse y no los procedimientos -siempre violentos- que pretenden evitar las consecuencias.
Más ampliamente aún, no solo es indispensable auscultar los residuos conservadores que toda lucha parcial contiene sino, además, preguntarse por el nivel de solidaridad social y conquistas a los que convocan.
Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Escritor, Ex Decano
Las luchas y sus pliegues
Publicado el 27/10/2013 -
El domingo pasado, las llamadas redes sociales convocaron en Montevideo a una reunión informal o inorgánica de apoyo a la precandidatura presidencial por el Frente Amplio uruguayo (FA) de la senadora Constanza Moreira.
No pude viajar como hubiera sido mi deseo para sumarme a la iniciativa en la plaza Líber Seregni. Sin embargo pude ver algunos de los tantos videos que varios asistentes tomaron con sus celulares y subieron a las mismas redes que actuaron de vasos comunicantes a la par que convocantes. Habría varios aspectos a destacar de lo registrado en ellos. Pero me detendré en la culminación de la breve alocución de la senadora. En respuesta tácita a la poco feliz ponderación que el ministro de Defensa realizó de la centralidad de la lucha de clases en detrimento de otras disputas por la igualdad y la inclusión, reivindicó la defensa de todas las luchas. No solo lo comparto sino que creo, además, que buena parte de los combates que atraviesan a las clases sociales tendrán un protagonismo creciente, aun en circunstancias de crisis capitalista global como la actual. Pero más aún, que buena parte de estas luchas se precisan entre sí y mucho la solidaridad social hacia ellas.
Sin embargo, creo simultáneamente importante evitar que este principio ocluya un análisis cualitativo de los alcances y de las metodologías que cada conflicto pone en juego. Ninguna forma organizativa ni ninguna reivindicación, ni menos aún un discurso, pueden dejar de contener a la vez componentes conservadores y ciertas ratificaciones de -al menos- parte del statu quo. Lo ideal es tratar de identificarlas y explicitarlas como primer paso para poder acotarlas, porque siempre acecha el riesgo de hacer de ciertas necesidades, virtud. Lo peor inversamente es negarlas. Intenté por ejemplo señalarlo cuando analicé el matrimonio igualitario. Un derecho que debe ser apoyado entusiastamente porque iguala posibilidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero que a la vez ratifica y naturaliza una institución arcaica, reaccionaria y de propósitos de control biopolítico y de regulación económica y consolidación de la estructura desigual de la propiedad. Mi conclusión no reniega del amor, sino acotadamente de la intervención del Estado en algo tan privado y subjetivo como él. Reconocer que cada lucha, aun con propósitos emancipatorios, tiene su costado conservador, no debería desestimularla sino preparar las condiciones para su reanudación en un nivel superior para ir despojándose en cada nueva etapa de las posibles capas conservadoras que la van envolviendo. Es inevitable, lo que no supone que sea invisible. Cuando en la esfera ceñidamente sindical se discuten salarios o duración de la jornada laboral, se ratifica en la querella la relación salarial y la apropiación privada del sobreproducto social, o en términos más genéricos, el capitalismo. No propongo evitar la puja salarial sino solo tener presente lo que convalida.
Pero más rigurosamente aun, hay luchas puntuales desarrolladas en el contexto de culturas políticas determinadas que pueden llegar a desarrollar prácticas y discursos retrógrados encubiertos en aparentes perspectivas revolucionarias. En estos días se desarrolla un conflicto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que lo ejemplifica. Se articula ideológicamente en una interrelación sucesiva de mitos y sacralización de formatos organizativos surgidos en otros contextos sociales e institucionales y en simplificaciones manipulatorias. La razón aparente es la disconformidad con el estatuto universitario que establece formas de representación estamental a través de claustros, cosa nada exclusiva en una universidad. Sostienen que debería regir el principio ciudadano de un hombre (deberíamos entender que también incluye a las mujeres, aunque pervive el uso sexista del lenguaje) igual a un voto. Pero más allá de la disparatada reivindicación que dejaría la universidad a merced de los estudiantes dado que son la inmensa mayoría (300.000 en el caso de la UBA), cualquier modificación estatutaria solo puede lograrse a través de la representación a cuyo ejercicio los propios “luchadores” se candidatearon, con éxito dispar, mediante la compulsa electoral prevista hace un par de meses. Claro que no con las reglas de contabilidad que proponen, sino con aquellas a las que se avinieron a competir y que no cuestionaron con anterioridad, sino que por el contrario dedicaron todos los esfuerzos militantes con las más tradicionales armas de campaña, sin otra lucha que la propaganda y la ideología. El impedimento por la fuerza de asunción de las autoridades, tal el camino actualmente elegido, no solo no modifica estatuto alguno, sino que tampoco logra impedir a largo plazo tal asunción, como ya sucedió en ocasiones previas y comienza a reiterarse en estos días.
El sustento ideológico-manipulatorio de esta dinámica deviene de la mistificación concatenada de variables que pueden haber jugado algún papel coyuntural en la historia y que se dogmatizan descontextualizadamente. El primero de ellos es el papel de la fuerza y la suposición de contar con ella. Si algo caracteriza regularmente a los desposeídos y oprimidos es la debilidad, no la fortaleza. Por un lado respecto al monopolio estatal de la fuerza pública y por otro lado respecto a cualquier otra forma de violencia que pueda ejercerse en la dirección inversa, realimentando la barbarie. Se añaden además las consecuencias, no solo onerosas sino también demoralizantes del sedimento vandálico que en la práctica suele acompañar estas tácticas, cuyo caso extremo se verificó en una reciente toma de un colegio secundario de la universidad.
El segundo es el deslizamiento desde la vieja tradición de tomas del espacio físico que permitía la expansión del ámbito de debate, organización y actividad movilizada, hacia la apropiación edilicia y expulsión de actores por parte de oligarquías partidarias burocratizadas que ejercen el control policíaco de los espacios, el tránsito y pautan las actividades. Redunda en la expulsión de todo actor universitario que se proponga cualquier otra forma de ejercicio, acción, circulación o expresión que la autorizada por los tomadores. El tercer componente del trípode mitológico en la esfera organizativa y táctica lo constituye la pretendida legitimación asamblearia de las acciones. Las dificultades para su implementación no se reconocen solo en la magnitud, cosa que ya Rousseau preveía, así como Weber lo enfatizaba un siglo más tarde, sino en la falacia de atribuir la potestad de ejercicio del poder de decisión, mediante una implementación circunscripta a los aparatos. Para poder adoptar decisiones en una asamblea son indispensables una serie de prerrequisitos e institutos reguladores que ni siquiera se conciben teóricamente. Semejante modo de concebir la democraticidad alberga la peregrina creencia de que habría un lugar único que garantizaría por sí solo el ordenamiento y la distribución del poder de decisión en la totalidad comunitaria. Un lugar de índole paradisíaco donde todos pueden participar de las decisiones, sin que siquiera se fije por ejemplo una hora de finalización. En la práctica solo decide de madrugada el sector de activistas incansablemente asambleísticos que a la vez en el caso de mi facultad, en el mejor de los casos, no supera el centenar entre 25.000 estudiantes.
En términos ideológicos más amplios, la aplicación del principio de ciudadanía al ámbito educativo en general y universitario en particular, lleva al absurdo de desacoplar el conocimiento de los procesos de producción, cosa no exclusivamente universitaria. Pero en su caso, si la función de la universidad es producir y distribuir conocimiento, su aplicación traslada la mayoritaria capacidad de decisión e influencia en quienes menos lo producen y distribuyen. Peor aún, inviabiliza la posibilidad de aplicar formas organizativas más democráticas en entes autónomos del Estado. No me cabe dudas de que las instituciones de salud deben democratizarse y poder contemplar en sus órganos de gobierno a los usuarios. Pero el principio ciudadano aplicado a este ámbito disuelve el peso que necesariamente deben tener los profesionales de la salud en las decisiones. Sucesivamente con el resto de las instituciones públicas que deben contemplar tanto a productores (y sus saberes) como a consumidores y usuarios en alguna proporción.
Personalmente creo que el estatuto de mi universidad debe ser reformado en muchos aspectos, entre ellos incorporando actores comunitarios no contemplados como el personal administrativo o los auxiliares docentes de forma autónoma de los graduados. Y también de los profesores y auxiliares interinos que son tales por las demoras en la sustanciación de concursos. No me simpatiza, además, la alianza que casi seguramente triunfará en el rectorado, cosa que no me impide reconocer la legitimidad que las reglas de juego vigentes le otorga.
En el caso de este conflicto que traigo a colación se desarrolla una paradoja extra, ya que estas acciones violentas se desarrollan en las facultades con representantes más sensibles a las reformas estatutarias, y curiosamente no se realiza protesta alguna en aquellas más conservadoras, logrando con la combinación de ambas la conservación más plena del statu quo. No debería ser una sorpresa el descubrimiento de que la casi totalidad de los estudiantes que llevan a cabo estas luchas, pertenecen a la izquierda orgánica argentina. Como tampoco que -entre otras cosas gracias a estas prácticas y los dogmatismos en los que se sustentan- sus cosechas electorales en la vida ciudadana vengan siendo insignificantes a lo largo de varias décadas. Difícilmente se logre seducir y persuadir con el imaginario que sus acciones proyectan.
Por supuesto que nada se lograría con represión a pesar de los grandes perjuicios que ella comporta para la institución y la sociedad. Son las organizaciones y sus métodos los que deben autoexaminarse y reformarse y no los procedimientos -siempre violentos- que pretenden evitar las consecuencias.
Más ampliamente aún, no solo es indispensable auscultar los residuos conservadores que toda lucha parcial contiene sino, además, preguntarse por el nivel de solidaridad social y conquistas a los que convocan.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)