4 mar 2015

El Gobierno español justifica su apoyo a la dictadura argentina

Sin objeciones ni correcciones. Para el Gobierno de Mariano Rajoy, el apoyo económico y político ofrecido por la transición española a la dictadura argentina no tuvo absolutamente nada de extraño, a pesar incluso de que esas relaciones hayan sido mantenidas como secretas durante los últimos 40 años, o que el régimen del dictador Jorge Rafael Videla acumulase más de 30.000 asesinatos de disidentes políticos y medio millar de robos de bebés.

1398707107423videla-detallec4
La justificación de La Moncloa llega como respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien en noviembre pasado presentó una consulta escrita al Gobierno.
En su iniciativa, el parlamentario se hacía eco de las investigaciones difundidas por el diario Público, que dio a conocer las relaciones entre el Rey Juan Carlos I y el gobierno de Adolfo Suárez con el régimen argentino.
“¿Cuál fue la colaboración económica y política del gobierno español con la dictadura del general Videla en Argentina?”, preguntó Llamazares. El plazo de respuesta expiró el 13 de diciembre, por lo que el diputado de IU tuvo que presentar un recurso de amparo a la Cámara.
Lo mismo ha ocurrido con una pregunta formulada por el también diputado de IU Joan Josep Nuet, quien incidió especialmente en las 56 condecoraciones otorgadas por el Rey Juan Carlos a los militares argentinos, otro de los aspectos descubiertos por este periódico.
De momento, La Moncloa sólo ha respondido (fuera de plazo) a Llamazares. En su respuesta, el Ggobierno del PP sostiene que “las relaciones bilaterales entre España y Argentina” durante los años de Videla “se mantuvieron conforme con el principio de universalidad de relaciones diplomáticas entre Estados y similares a las mantenidas con el resto de países del continente iberoamericano”.
La justificación no termina ahí. Un párrafo después, el ejecutivo liderado por Rajoy sugiere que una dictadura tendría, a los ojos de España, la misma validez que un gobierno democrático. “La relación bilateral en esa época –añade- fue además consecuente con el hecho de que Argentina es una de las naciones con las que España tiene lazos históricos y culturales más intensos, que van más allá de la permanencia en el poder de un tipo u otro de gobierno, al asentarse las relaciones diplomáticas no entre éstos, sino entre Estados”.
Archivos desclasificados
Asimismo, el Gobierno indica que los archivos sobre los españoles desparecidos en Argentina entre 1976 y 1983 fueron desclasificados en 1997 “a efectos exclusivamente judiciales”, a raíz de una solicitud formulada por el juez Baltasar Garzón. Según ha podido confirmar Público, esos documentos fueron incorporados en la causa judicial que se tramitó en la Audiencia Nacional española sobre los crímenes cometidos por la sangrienta dictadura de Videla.
Las puertas de la embajada de España en Buenos Aires volvieron a abrirse en abril de 2013, cuando el ministerio de Asuntos Exteriores entregó a la Audiencia Nacional dos soportes informáticos con “documentación digitalizada obrante en la Embajada y Consulados generales de España en Argentina (sitos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario) relativa a los desaparecidos entre los años 1970 y 1980”.
Sin embargo, Público ha podido confirmar que en los discos duros entregados por el Ejecutivo faltaban varios telegramas e informes reservados de la diplomacia española en los años más duros, cuando miles de personas eran torturadas y lanzadas vivas al mar.
Danilo Albin / Público

El incendio intencional de Iron Mountain destruyó 25 mil cajas de documentación que comprobarían la fuga de divisas del banco HSBC

En A Cara Lavada, el titular de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos, analizó la situación de Iron Mountain, luego de conocerse que el incendio que mató a 10 personas y destruyó importante documentación en febrero del año 2014, fue intencional, según lo demostraron las pericias.Audio Player




Gonella explicó que “la intervención de la Procelac no fue motivado en determinar si el hecho fue voluntario o no, eso lo lleva adelante la fiscal Marcela Sánchez” y continuó: “Una vez que se produce el hecho, el entonces presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, presentó a la Procuración General de la Nación, una lista de empresas, personas físicas y jurídicas, autorizadas a operar en el mercado bursátil que tendrían documentación archivada en el deposito de Iron Mountain”

“Desde allí la Procelac, inició la investigación para tener certeza acerca de qué empresas, que personas jurídicas o físicas, que habían sido denunciadas por delitos económicos por la Procelac o estaban siendo investigadas, guardaban información en ese lugar, para saber si se podía afectar potencialmente la investigación por la pérdida e investigación relevante”

“Una vez recibidas las repuestas, de la información pedida a todo el sistema financiero y bursátil, emitimos la conclusiones y conocimos la empresas que encabezaban la lista y allí aparece el HSBC con 25 mil cajas destruidas en los depósitos 7 y 8 donde se produce el foco de incendio, y un total de 56 mil cajas guardadas en todo el universo de Iron Mountain”

“Con el resultado de esta pericia, en el cual se demuestra que le incendio es intencional, cobra relevancia la investigación, sobre todo con el HSBC, que está siendo investigado por fuga de divisas, una vez que se presenta la denuncia de Afip, desde HSBC salen a decir que la información requerida, por la Afip, se destruyó en el incendio”

Sobre los dichos del auditor general de Buenos Aires, de que Iron Mountain tenía préstamos del HSBC Suiza, Gonella, no pudo confirmar ese dato: “Tenemos información macro, pero no el detalle concreto de la información destruida”, dijo.-

“La investigación buscaba tener certeza de cuales son las empresas que guardaban la información y si se respetaban parámetros internacionales para el almacenamiento de información económica tal cual exige el GAFI”

“Hemos descubierto que Iron Mountain manejaba bajos estándares para garantizar la seguridad de la información que es relevante” y reveló que “la investigación, culmina con una recomendación al universo de organismos supervisores de la actividad económica y la primera respuesta que obtuvimos fue de la CNV que dictó una resolución en este sentido”

“La relación entre el gobierno porteño y Iron Mountain llama la atención sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Económico”
En Mañana Más, el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó la necesidad de continuar investigando que empresas depositaban su información en los depósitos de Iron Mountain, que el viernes pasado se confirmó fueron incendiados intencionalmente.


En diálogo con Roberto Caballero, Epszteyn sostuvo que “el HSBC es uno de los principales clientes de Iron Mountain. En el momento en el cual surgió la denuncia por la organización de la fuga de divisas y las cuentas en suiza, el HSBC dio como repuesta a la AFIP que no podía dar información porque toda esa información había sido quemada en el incendio, que ahora se confirma que estamos en presencia de un atentado intencional”.

Asimismo, el funcionario recordó que “no es la primera vez que esta empresa está involucrada en este tipo de hechos porque en otras parte del mundo y siempre de manera intencional se produjeron incendios, en los Estados Unidos en New Jersey tres veces, en Italia, en Ottawa, en Londres”.

La semana pasada, el informe pericial de la Policía Federal confirmó que el siniestro ocurrido el 5 de febrero de 2014, en el que murieron 10 personas entre bomberos y agentes de Defensa Civil, fue generado de manera intencional.

Para Epszteyn, “la diferencia con Argentina es que en ninguno de los casos anteriores se pudo saber quiénes eran aquellos que guardaban la documentación dentro de Iron Mountain. En Argentina está comenzando a saberse, y yo creo que hay una relación directa con estas empresas”.

El Auditor exigió que se continúe con la investigación de las causas del incendio y subrayó la relación de Iron Mountain con el gobierno porteño: “Es una empresa que fue de alguna manera la nave insignia del marketing político del macrismo en lo que tuvo que ver con el lanzamiento del polo tecnológico en Parque Patricios”.

“La relación entre el gobierno porteño y esta empresa llama mucho la atención sobre todo en el área del ministerio de Desarrollo Económico”, agregó.

Por último, el funcionario pidió que se investigue también “por qué este lugar estaba habilitado”, y reveló que “paradójicamente el gobierno porteño dice que el expediente de habilitación está extraviado”.

“Se habla poco de esta situación y hay intereses concretos que se mueven para tratar de que de esto no se hable”, remató.

Mujica se despidió con una indemnización millonaria a Clarín


El ex presidente uruguayo firmó un decreto en el cual se autoriza el pago de u$s 7 millones a dos empresas del Grupo Clarín en un resarcimiento por un reordenamiento de la grilla.


4G :"el apuro por licitar la red "nos costará u$s 7 millones",
El pago de 7 millones de dólares es en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que responsabiliza al Ejecutivo uruguayo de no haber cumplido con los pasos correspondientes a la hora de publicar un decreto en 2012 que limitaba la cantidad de señales con las que operan Bersabel SA (Cablevisión) y Visión Satelital –ambas del multimedio–.
Si bien el decreto aún no fue publicado por cuestiones burocráticas pero no sufrirá modificaciones respecto de la oferta inicial ya que luego de "15 días a la vista de los interesados" el Grupo sólo habría presentado una nota en donde no realiza objeciones, por lo que descartan que Clarín recurra.
El conflicto se remonta al 2012 cuando Uruguay publicó un decreto para limpiar la banda de UHF con el fin de licitar el despliegue de 4G. En esa "limpieza", redujo de 27 a 10 los canales de las empresas de Clarín y, además, las cambió de lugar. El multimedio apeló señalando que el Ejecutivo incumplió en dar vista de la decisión a los interesados para que formularan sus descargos y, dos años más tarde, obtuvo un fallo favorable.
Sergio De Cola, titular de la Dirección nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), aseguró que el fallo del TCA "es inapelable, hay que acatarlo y buscar una solución", y que esa solución pasó por "una compensación económica". En este punto, el funcionario dijo que el Grupo "reclamó 20 canales y u$s 14 millones de compensación" y que luego de analizarlo y de "aceptar" que algunos canales puedan ser interferidos por la TDA, el Gobierno contraofertó un pago de u$s 7 millones y 16 canales.
De Cola hace una "mea culpa" al afirmar que el apuro por licitar la red "nos costará u$s 7 millones", pero señaló que esto termina siendo "un acuerdo razonable, donde todos ganamos o todos salimos igualmente insatisfecho".

Intentona golpista contra Venezuela


3 marzo 2015 
venezuela-estados unidosSimpática ave de la fauna amazónica, el tucano es bien conocido por su espectacular pico de vistoso color. Pero también es el nombre de un agresivo “pájaro de acero” fabricado por el constructor brasileño Embraer, cuya denominación militar es EMB 312, y cuyos dos modelos más vendidos son: el T-27 en su versión de entrenamiento, y el AT-27 armado para ataques a tierra. Es una de las aeronaves de entrenamiento más vendidas en el mundo. La aviación militar de Venezuela, por ejemplo, posee una treintena de Tucanos.
Y precisamente uno de esos Tucanos militares, artillado para atacar, debía bombardear el Palacio de Miraflores, en Caracas, el pasado 12 de febrero. Y matar al Presidente Nicolás Maduro. Tenía asimismo por misión atacar el Ministerio de Defensa, destruir el edificio que alberga los estudios del canal de televisión internacional TeleSUR para sembrar el caos y la confusión.
Según reveló el propio presidente Maduro, la intentona de golpe fue desarticulada gracias a la habilidad de los organismos de inteligencia bolivarianos. Ello permitió el arresto de un grupo de oficiales de la aviación y de civiles uniformados. “Se trata –declaró el mandatario venezolano– de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación para provocar un ataque y un atentado golpista contra la democracia y la estabilidad de nuestra patria; es un coletazo del llamado ‘Golpe azul’ (1) de hace un año, en febrero-marzo de 2014”.
Nicolás Maduro contó que uno de los oficiales involucrados estaba “comprometido”, desde el año pasado, con grupos de la ultraderecha venezolana que buscaban generar de nuevo disturbios violentos en el país. El presidente reveló que, después de una serie de investigaciones, las autoridades militares exigieron que ese oficial fuera cesado de las Fuerzas Armadas. “Pero hace unas semanas –explicó el mandatario– varios opositores lo contactaron de nuevo, le pagaron una suma importante en dólares y le confiaron varias misiones. Al mismo tiempo, la Embajada de Estados Unidos le concedía un visado con fecha del 3 de febrero, y le garantizaba que, ‘si eso falla, ya sabes, tienes el visado para entrar en EE.UU. por cualquiera de nuestras fronteras’”.
A partir de ese momento –siguió relatando Nicolás Maduro– ese oficial contactó con cuatro compañeros más para ejecutar las misiones “trazadas desde Washington”. Una de ellas consistía en grabar en vídeo unas declaraciones del general de aviación Oswaldo Hernández Sánchez en la cárcel en la que se halla detenido por haber intentado ya dar un golpe de Estado en 2014.
“La orden era grabar un vídeo de este general a quien apodan ‘El Oso’ y, el 12 de febrero, en los actos de conmemoración (2) hacer despegar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores, y otros ‘objetivos tácticos’ como el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la sede del canal TeleSUR. La orden de iniciar la acción putschista se disparaba en el momento en que un diario de la oposición publicase lo que ellos llamaban el ‘programa de gobierno de transición’” (3).
Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, y Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de la capital, aportaron en Caracas, el 13 de febrero pasado, más detalles de la intentona golpista. Ambos dirigentes chavistas confirmaron que los oficiales detenidos habían admitido que la publicación de un “Manifiesto” en la prensa era una de las señales para lanzar la tentativa, cuyo nombre de código era: “Operación Jericó” (4).
Ambos revelaron que, según las declaraciones de los detenidos, los golpistas tenían la intención de “liquidar” desde el primer instante, además de al presidente Nicolás Maduro, a los propios Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, y a dos personalidades bolivarianas: Tibisay Lucena, presidenta del CNE, y Tareck El Aissami, ex ministro del Interior y actual gobernador del Estado Aragua.
Por otra parte, identificaron, además de al general Oswaldo Hernández, alias ‘El Oso’, a los otros presuntos cabecillas de la conspiración, a saber: el capitán Héctor José Noguera Figueroa; el coronel José Suárez Rómulo; el primer teniente Ricardo Antich Zapata (presuntamente encargado de los contactos con la Embajada de Estados Unidos), y el primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón (5). También mostraron parte del arsenal incautado, en particular armas de alto calibre como fusiles semi-automáticos AR-15, ametralladoras y granadas. Asimismo revelaron que se habían descubierto mapas de la ciudad de Caracas con varios “objetivos tácticos” marcados: el Palacio de Miraflores, los Ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia y Paz; el Consejo Nacional Electoral, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el canal TeleSUR.
Cabello y Rodríguez designaron como “autores intelectuales” de la intentona golpista y del proyecto de magnicidio a dos personalidades de la oposición: Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas (detenido el pasado 19 de febrero), y Julio Borges, diputado opositor. También afirmaron tener pruebas de la participación de personal de la embajada estadounidense: “Una funcionaria de la embajada llamaba a las esposas de los generales venezolanos y les decía que el nombre de su esposo estaba en la lista de personas sancionadas por el Congreso de los EE. UU. Y que el visado de toda su familia para ingresar en territorio estadounidense había sido invalidado. Buscando crear zozobra en las familias de los oficiales”, explicó Jorge Rodríguez.
El presidente Maduro dijo, por su parte, tener en su posesión el “plan de gobierno” redactado por los golpistas, en el que se eliminaban los poderes públicos y se amenazaba a los cubanos de las misiones de servicio social (salud, educación, deporte). “También hablan –dijo Maduro– de privatizar PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima), de disolver todos los poderes públicos, de suspender las garantías democráticas, de liberalizar el sistema de cambio y de regalar los dólares otra vez a la oligarquía”. El Presidente añadió que, en ese “Plan de gobierno”, los golpistas “lanzan una amenaza contra lo que ellos llaman ‘los colectivos’ –que nosotros sabemos que es el pueblo venezolano–, anunciando que, cuando lleguen al poder, actuarán contra ellos con toda la fuerza militar. Y a los cubanos de las misiones en Venezuela, les dan veinticuatro horas para presentarse ante las oficinas del nuevo gobierno de facto o ‘se enfrentarán a las consecuencias’(…)”
A pesar de todos estos detalles y pruebas aportados por las máximas autoridades venezolanas, los medios de comunicación internacionales (incluso en América Latina) han dado poco crédito a este anuncio de intento de golpe de Estado. Esta ‘incredulidad’ forma parte –desde hace quince años– de la estrategia de los grandes medios de comunicación dominantes en guerra contra la revolución bolivariana, para desacreditar a las autoridades bolivarianas. Indiferente a esa hostil actitud, el presidente Nicolás Maduro ha seguido explicando, con perseverancia pedagógica y con toda clase de pruebas, cómo, desde el fallecimiento de Hugo Chávez (hace exactamente dos años), y desde su elección (el 14 de abril de 2014), un “golpe lento” está en marcha para intentar derrocarlo.
Esta vez, el golpe se iba a ejecutar en cuatro fases (6). La primera comenzó a principios del mes de enero de 2015, cuando el presidente Maduro realizaba una larga gira por el extranjero (China, Irán, Qatar, Arabia Saudí, Argelia y Rusia). Esta fase se realizó con el apoyo de sectores del empresariado que impulsaron campañas de acaparamiento de alimentos básicos y productos de primera necesidad, con el fin de crear escasez y malestar, preparando las condiciones para que los ciudadanos salieran a las calles a protestar y a saquear supermercados. Lo cual no se produjo.
En la segunda fase, los grandes medios de comunicación internacionales intensificaron la difusión de reportajes, noticias y artículos que daban una imagen distorsionada de la realidad venezolana. Haciendo creer que, en el país del “socialismo del siglo XXI”, se estaba produciendo una auténtica “crisis humanitaria”. El presidente Maduro denunció, en esta ocasión, el detestable papel desempeñado, en esa fase de la “operación Jericó”, por varios periódicos españoles (El País, ABC).
La tercera etapa debía estar protagonizada por un “traidor”, que, en la televisión y en los grandes medios de comunicación, haría un llamamiento solemne a la rebelión. Aunque el presidente no aclaró quién sería ese “traidor”, alertó a los ciudadanos: “No quiero alarmar a nadie pero estoy obligado a decir la verdad (…) Están buscando a un traidor y pido al pueblo que esté alerta”.
La cuarta fase del golpe es la que se desveló el 12 de febrero, con la participación de un grupo de oficiales putchistas de la aviación militar, financiados desde el extranjero. Entonces se anunciaría el “Programa de gobierno de transición”. Y se enterraría la revolución de Chávez.
Pero incluso en cuatro fases, el golpe fracasó. Y la revolución bolivariana sigue viva.
(1) El ala más derechista de la oposición venezolana –liderada por personalidades ultraconservadoras como Leopoldo López (detenido el 20 de febrero de 2014), Antonio Ledesma (detenido el 19 de febrero de 2015) y María Corina Machado (ex diputada)– lanzó un movimiento llamado “la Salida” que fomentó una suerte de “golpe blando” o “golpe azul” con la intención de derrocar al Presidente Nicolás Maduro mediante la financiación de violentas protestas callejeras (las “guarimbas”) que causaron 43 muertos, 878 heridos e incontables daños.
(2) El 12 de febrero, en Venezuela, es el Día de la Juventud; se conmemora la batalla de la Victoria, durante la guerra de Independencia, en la que unos mil estudiantes de Caracas hicieron frente a las tropas españolas y las derrotaron.
(3) El manifiesto se publicó el 11 de febrero pasado en el diario opositor caraqueño El Nacional, en página 5, con el titulo: “Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición”. Léase: http://www.voluntadpopular.com/index.php/ver-noticia/8-noticias/2330-llamado-a-los-venezolanos-a-un-acuerdo-nacional-para-la-transicion
(4) En alusión a la Biblia, y más precisamente al Libro de Josué, donde se cuenta que, cuando Josué, a la cabeza de los israelitas, llegó ante las murallas imponentes de la ciudad de Jericó, Dios le dijo que ordenara a los sacerdotes tocar las trompetas: Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de Jericó se derrumbarán, y cada uno entrará sin impedimento.
(5) Los demás oficiales golpistas serían : la capitana Laided Salazar De Zerpa, alias “Manuelita”; los capitanes Andrés Ramón Thompson Martínez, Nerio Alfonso Cordova Moreno; Carlos Manuel Osuna Saraco alias “Guillermo”; el mayor Cesar Pérez Carrero; el primer teniente Wilfredo Amado Castillo Colmenares; el primer teniente Javier Salazar Moncada; el primer teniente Miguel Ángel Salazar Molina; el primer teniente Carlos Esqueda Martínez; y el primer teniente Jofre de Jesús Pineda Trejo.
(6) Léase, sitio web de TeleSUR, Caracas, 12 de febrero de 2014.http://www.telesurtv.net/news/Gobierno-venezolano-desmantela-atentado-golpista-20150212-0053.html

“ALTA CONEXIDAD” ENTRE EL MAYO Y LA FUGA DEL HSBC

Delitos de guante blanco que la "justicia" no investiga

Echegaray también recordó a Beraja


“Existe un alto grado de conexidad entre los nombres de las personas que fugaron dinero a través del HSBC y los integrantes del Banco Mayo, que quebró a fines de los ’90”, señaló ayer Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer la evolución de la recaudación durante febrero. “Una vez que se tengan reunidas esas pruebas las pondremos, como hacemos siempre, a disposición de la Justicia”, agregó el funcionario.
El Banco Mayo cerró en 1998 con un pasivo estimado en 200 millones de pesos, que en ese momento equivalían a la misma cantidad de dólares. En el marco de esa causa, el ex titular de la entidad bancaria, Rubén Beraja, estuvo detenido dos años y fue liberado por la Cámara de Casación Penal. El domingo durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas, la presidenta Cristina Fernández se refirió a Beraja, quien también fue titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como “vaciador de bancos y encubridor” del atentado perpetrado contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentina (AMIA). Beraja le respondió ayer que “usar la cadena nacional para atacar a un ciudadano que no se puede defender es un abuso de poder intolerable”.
La reciente referencia presidencial al ex banquero y la información que deslizó Echegaray dan pie para pensar que Beraja puede enfrentar próximamente nuevos problemas judiciales, si es que efectivamente se lo vincula a cuentas en Suiza no declaradas (a través de las cuales habría fugado dinero y evadido impuestos en el país).
Beraja tiene un largo historial en materia judicial. En el capítulo financiero, está procesado por la quiebra del Banco Mayo, acusado de cometer irregularidades en la entrega de créditos a empresas por más de 20 millones de dólares que nunca fueron recuperados, en el marco de la causa por el vaciamiento de esa entidad bancaria. Por ese motivo ya estuvo preso entre fines de 2003 y octubre de 2005 por administración fraudulenta y estafa calificada en perjuicio de la administración pública ya que, además de los ahorristas, el Estado también resultó perjudicado en 320 millones de dólares por los redescuentos que el Banco Central dio al Banco Mayo. Beraja fue liberado de prisión por la Cámara de Casación Penal. La AFIP analiza un listado de 4040 nombres de titulares y apoderados de cuentas revelado por el ex empleado del HSBC Hervé Falciani. La causa está en el juzgado de María Verónica Straccia.
Además, Beraja fue titular de la DAIA y está acusado en la causa AMIA II, por encubrimiento del atentado de 1994 a través de pistas falsas. El domingo, CFK nombró a Beraja en la parte de su discurso en la que se enfocó en la necesidad de que comience el juicio oral contra los acusados de desviar la investigación original.